L39-40 TECNICO DIP

Según el artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son anulables: Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Los actos administrativos que tengan un contenido imposible. Las disposiciones administrativas que regulen materias reservadas a la ley. Los actos administrativos dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia o del territorio.

Conforme al artículo 77.2 de la Ley 39/2015, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo: No superior a 30 ni inferior a 10. No inferior a 15 días. No inferior a 30 días. No superior a 10 días ni inferior a 5.

De conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015, el plazo para formular alegaciones en un periodo de información pública en ningún caso podrá ser inferior a: 10 días. 20 días. 15 días. 1 mes.

Conforme a la Ley 39/2015, ¿un acto anulable puede ser revisado de oficio por la administración pública una vez transcurrido cuatro años desde que se dictó?. Sí, cuando así lo dictamine el Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente. Sí, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado. No. Las respuestas a y b son ciertas.

De conformidad con el artículo 96.1 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento: Cuando así lo aconsejen razones de eficiencia. Cuando así lo considere razonadamente el órgano instructor del procedimiento. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. Las respuestas a y c son ciertas.

Según el artículo 103 de la Ley 39/2015, cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos: Actos en que, no procediendo la compulsión sobre la persona del obligado, la Administración la estimara conveniente. Actos cuya ejecución el obligado no pueda encargar a otra persona. Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado. Las respuestas a y c son correctas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, entre los principios que deberán regir la actuación de las Administraciones Públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria se incluyen los siguientes: Los principios de simplificación, oportunidad y proporcionalidad. Los principios de necesidad, oportunidad y seguridad jurídica. Los principios de congruencia, eficacia y transparencia. Los principios de eficacia, eficiencia y transparencia.

Según el artículo 128 apartado 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los reglamentos y disposiciones administrativas: Podrán establecer penas o sanciones. No podrán tener función de desarrollo o colaboración con respecto a la Ley. No podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas. Podrán crear tributos específicos sobre materias que regulen.

D. Francisco XX es interesado en un procedimiento y el instructor ha practicado un periodo de prueba. D. Francisco XX solicita al instructor la apertura de un periodo de pruebas extraordinario. ¿Es posible esta solicitud?. No, solo cabe hacerla de oficio. El periodo de prueba solo cabe de oficio y por un periodo no superior a 30 dias ni inferior a 10 días. Si, el instructor podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba por un plazo no superior a 10 días. Si, el instructor podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba por un plazo no superior a 50 días.

La Diputación de Cáceres inicia de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial a consecuencia de una denuncia de un interesado. El acuerdo de iniciación del procedimiento lo notifica a los particulares presuntamente lesionados. ¿Qué plazo dará a los mismos para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo?. 10 días. 15 días. 20 días. 30 días.

Un abogado, en representación de una persona jurídica, presenta una solicitud de subvención ante una Administración Pública de forma presencial. Dicha Administración le requiere la presentación de su solicitud de forma electrónica. A estos efectos, qué fecha de presentación de la solicitud se considerará: Aquella en la que se ha presentado presencialmente. Aquella en la que se ha realizado la subsanación. Aquella en la que se ha notificado al interesado el requerimiento. El día siguiente de la notificación al interesado del requerimiento.

En un procedimiento administrativo, la Administración Pública que lo está tramitando decide no dar trámite de audiencia al interesado. ¿Es correcta esta decisión?. No, siempre hay que dar trámite de audiencia al interesado. Si, siempre que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. Si, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando así lo decide la Administración. Si, el trámite de audiencia solo es preceptivo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

La Diputación de Cáceres incoa un procedimiento sancionador a D. Jaime XX, el cual reconoce su responsabilidad. Ante dicho reconocimiento ¿Qué actuación debe llevar a cabo la Diputación?. Resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Instruir el procedimiento a los efectos de averiguar si D. Jaime es responsable o no. Resolver el procedimiento no imponiendo sanción a D. Jaime. Instruir el procedimiento solicitando pruebas testificales que acrediten que D. Jaime es responsable.