L40.6

Señale la afirmación correcta sobre los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) Serán nombrados y separados por Real Decreto del Presidente del Gobierno. b) Son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgánicamente del Ministerio competente por razón de la materia. c) Tienen la condición de alto cargo. d) Representan ordinariamente al Estado en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma.

Señale, de entre las siguientes funciones, cuál corresponde a los Ministros, según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) Otorgar premios y recompensas propios del Departamento y proponer las que correspondan según sus normas reguladoras. b) Convocar y resolver los concursos de personal funcionario. c) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento. d) Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo, tendrán la consideración de: a) Poderes públicos. b) Órganos superiores. c) Unidades vinculantes. d) Órganos administrativos.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se fijará por: a) Real Decreto del Consejo de Ministros. b) Real Decreto del Presidente del Gobierno. c) Ley ordinaria. d) Orden del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Según lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Administración General del Estado en el exterior son órganos directivos: a) El Consejero de Política Exterior, los embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales. b) El Consejero Ejecutivo de Política Exterior, los embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales. c) Los embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales. d) Los embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales y el jefe de la oficina consular.

Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y salvo las excepciones previstas en esa misma ley, la organización de la Administración General del Estado responde: a) A los principios de división funcional en Departamentos ministeriales, organismos autónomos y entes públicos y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y Subdelegaciones del Gobierno en las provincias. b) A los principios de división funcional en Departamentos ministeriales, en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y Subdelegaciones del Gobierno en las provincias. c) A los principios de división funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas. d) A los principios de división funcional en Organización Central, Organización Territorial y Administración General del Estado en el exterior.

Corresponde a los órganos superiores de la Administración General del Estado, según lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) Establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad. b) Establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad, así como su desarrollo y ejecución. c) El desarrollo y ejecución de los planes de actuación de la organización. d) La evaluación de la gestión realizada por el órgano directivo competente, sin perjuicio del control establecido por la Ley General Presupuestaria.

Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿a quién de los siguientes órganos le corresponde la competencia de desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento?. a) Los Secretarios de Estado. b) Los Subsecretarios. c) Los Directores Generales. d) Los Subdirectores Generales.

Según el artículo 40 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas, en relación con sus sistemas de identificación: a) Podrán hacer pública la relación de certificados electrónicos utilizados, incluyendo las características de los sellos electrónicos y los prestadores que los expiden. b) Podrán identificarse mediante el uso de un certificado electrónico reconocido o cualificado. c) Deberán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en una firma electrónica reconocida o cualificada que reúna los requisitos exigidos por la legislación de certificado electrónico. d) Podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.

Conforme al artículo 32.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿a quién le corresponde fijar el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad?. a) Al Ministerio de Justicia. b) Al Consejo de Ministros. c) Al Consejo de Estado. d) Al Tribunal Constitucional.

Conforme al artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la graduación de la sanción administrativa considerará especialmente los siguientes criterios: a) La inexistencia de intencionalidad y no reincidencia en la comisión de infracciones administrativas. b) La no reincidencia en la comisión de infracciones administrativas. c) El grado de culpabilidad o la inexistencia de intencionalidad. d) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.

De acuerdo con la definición contenida en el artículo 38 de la Ley 40/2015, 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en ejercicio de sus competencias es: a) Un portal de internet. b) Una carpeta ciudadana. c) Una sede electrónica. d) Un código seguro de verificación.

11. Según el artículo 55 bis de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿qué criterio debe observarse en el nombramiento de las personas titulares de las Secretarías de Estado y de los órganos directivos?. a) Debe asegurarse que, en cada departamento ministerial, las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40 %. b) Debe asegurarse que, en el conjunto de la Administración General del Estado, las personas de cada sexo no superen el 70% ni sean menos del 30 %. c) Debe asegurarse que, en el conjunto de la Administración General del Estado, las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40 %. d) En las Secretarías de Estado se aplica el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, y en el resto de los órganos directivos de cada departamento ministerial, el de paridad.

12. Según el artículo 82.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local: a) Es un registro público administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de todas las entidades del sector público institucional, y su integración, gestión y publicación dependen de la Intervención General de la Administración del Estado. b) Es un registro público administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de todas las entidades del sector público institucional, y su integración, gestión y publicación dependen de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. c) Es un registro administrativo interno, que recoge la clasificación de todas las entidades del sector público institucional y su gestión depende del Tribunal de Cuentas. d) Es un registro administrativo interno, que recoge la clasificación de todas las entidades del sector público institucional y su gestión depende de la Subdirección General de Datos del Empleo Público.

Según el artículo 55.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, indique la respuesta correcta en relación con la figura de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas: a) Son órganos superiores, con rango de Subdirector General. b) Son órganos directivos, con rango de Subsecretario. c) Son órganos superiores, con rango de Director General. d) Son órganos directivos, con rango de Director General.

Según lo establecido en el artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se consideran órganos superiores de los Ministerios: a) Los Subsecretarios y Secretarios Generales Técnicos. b) Los Ministros y Secretarios de Estado. c) Los Ministros exclusivamente. d) Los Secretarios Generales y Directores Generales.

Según el artículo 95.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál de los siguientes es considerado un servicio común de los organismos públicos?. a) La contratación privada. b) La gestión de bienes muebles. c) La asistencia técnica. d) Las publicaciones.

Según el artículo 108.4 ter de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Consejo Rector de cada agencia estatal: a) Aprueba la propuesta de contrato inicial de gestión, en el plazo de tres meses desde su constitución. b) Aprueba la propuesta de contrato inicial de gestión, en el plazo de seis meses desde su constitución. c) Aprueba la propuesta del contrato inicial de gestión, en el plazo de un año desde su constitución. d) Aprueba la propuesta del contrato inicial de gestión, en el plazo de ocho meses desde su constitución.

Según el artículo 99 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los organismos autónomos se rigen, entre otras normas: a) Por el Derecho privado en materia patrimonial. b) Por el Derecho administrativo y por su ley de creación. c) Por el Derecho laboral común. d) Por el régimen mercantil general.

De acuerdo con el artículo 103 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, indique la afirmación correcta en relación con las entidades públicas empresariales de ámbito estatal: a) Son entidades privadas que gestionan fondos públicos. b) No tienen personalidad jurídica propia. c) Son entidades con personalidad jurídica propia y patrimonio propio. d) Son entidades con personalidad jurídica propia, financiadas mayoritariamente a través de los Presupuestos Generales del Estado.

11. Según lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen por: a) Acuerdo del Consejo de Ministros. b) Real Decreto del Consejo de Ministros. c) Real Decreto del Presidente del Gobierno. d) Orden Ministerial.

13. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la transformación de una entidad pública empresarial en agencia estatal deberá efectuarse: a) Mediante Real Decreto, aunque suponga modificación de la Ley de creación. b) Por Orden Ministerial. c) Por Ley. d) Mediante Decreto, aunque suponga modificación de la Ley de creación.

Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la opción correcta en relación con las Autoridades Administrativas Independientes de ámbito estatal: a) Carecen de personalidad jurídica propia aunque gozan de poderes especiales para la supervisión de carácter interno sobre sectores económicos. b) No tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión externa sobre un determinado sector o actividad económica. c) Su desempeño requiere de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado. d) Actuarán en el desarrollo de su actividad para el cumplimiento de sus fines con interés empresarial o comercial.

De conformidad con el artículo 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale qué entidades NO forman parte del sector público institucional estatal: a) Las fundaciones del sector público. b) Los consorcios. c) Las universidades públicas no transferidas. d) Las sociedades administrativas independientes.

Según el artículo 59 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos de nivel inferior a Subdirección General, se crean, modifican y suprimen: a) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior. b) A través de las relaciones de puestos de trabajo. c) Por orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. d) Por Ley del Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados.

Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la transformación de una entidad pública empresarial en agencia estatal deberá efectuarse: a) Mediante Real Decreto, aunque suponga modificación de la Ley de creación. b) Por Orden Ministerial. c) Por Ley. d) Mediante Decreto, aunque suponga modificación de la Ley de creación.

Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el sector público institucional está integrado por: a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas; las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de la Ley 40/2015 que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas; las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la Ley 40/2015; y las Entidades que integran la Administración Local. b) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas; las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de la Ley 40/2015 que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas; y las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la Ley 40/2015. c) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas; las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de la Ley 40/2015 que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas; y las Entidades que integran la Administración Local. d) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas; las Entidades que integran la Administración Local; y las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la Ley 40/2015.

Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un plazo: a) No inferior a dos años, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de adscripción. b) No superior a seis meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de adscripción. c) No superior a doce meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario del mismo año a aquel en que se produjo el cambio de adscripción. d) No inferior a cuatro años, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de adscripción.