Test LCSP - Libro Esquema

¿Cuál de las siguientes es la Ley de Contratos?. Ley 9/2017 de 8 de diciembre. Ley 9/2017 de 8 de noviembre. Ley 9/2017 de 18 de noviembre. Ninguna es correcta.

La Ley de Contratos consta de. Un título Preliminar y Tres libros. Un título Preliminar y Cuatro Libros. Cinco libros numerados. Ninguna es correcta.

El libro Segundo lleva por rúbrica: Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos. De los contratos de las Administraciones Públicas. De los contratos de otros entes del sector público. Ninguna es correcta.

En la Ley de Contratos, la organización administrativa para la gestión de la contratación se regula en el libro. Primero. Tercero. Cuarto. Ninguna es correcta.

La Ley de Contratos, tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de: libertad de acceso a las licitaciones. publicidad y transparencia de los procedimientos. no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. Todas son correctas.

Es objeto de la Ley de contratos. La regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar. La regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos del sector público, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar. La regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos públicos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar. Ninguna es cierta.

Son contratos del sector público. los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades del sector público. los contratos onerosos o gratuitos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades del sector público. los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebre exclusivamente la Administración Pública. Ninguna es cierta.

Se considera que forman parte del sector público, las fundaciones cuando. el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter permanente. el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter permanente o transitorio. el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 25 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter permanente. Ninguna es cierta.

¿ Cuáles de las siguientes entidades tendrán la consideración de Administraciones Públicas?. Los Organismos Autónomos. Las Universidades Públicas. Las Autoridades Administrativas independientes. Todas son correctas.

Determina la falsa. Son poderes adjudicadores las Administraciones Públicas. Son poderes adjudicadores las Fundaciones Públicas. No son poderes adjudicadores las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Son poderes adjudicadores las entidades con personalidad jurídica propia que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador, bien financien mayoritariamente su actividad; bien controlen su gestión; o bien nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.

Determina la correcta de acuerdo con la Ley de Contratos. Los partidos políticos, las organizaciones sindicales, y las organizaciones empresariales y asociaciones profesionales, además de las fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos, cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador, y respecto de los contratos sujetos a regulación armonizada deberán actuar conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación sin perjuicio del respeto a la autonomía de la voluntad y de la confidencialidad cuando sea procedente. Quedarán sujetos a la Ley de Contratos las Corporaciones de derecho público cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

Para que los convenios queden excluidos de la regulación de contratos se exige que las entidades intervinientes no han de tener vocación de mercado. De acuerdo con la Ley de contratos, ¿Cuándo se presume?. Cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje superior al 20 por ciento de las actividades objeto de colaboración. Cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por ciento de las actividades objeto de colaboración. Cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje superior al 10 por ciento de las actividades objeto de colaboración. Cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 10 por ciento de las actividades objeto de colaboración.

Determina la correcta de acuerdo con la Ley de Contratos. Están incluidos los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión, compra, venta o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros en el sentido establecido por las Directivas europeas aplicables. Están incluidos los Contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, que tendrán siempre el carácter de contratos administrativos y se regirán por la legislación patrimonial. Están excluidos , los Contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o servicios, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial. Todas son correctas.

¿Cuáles de los siguientes están excluidos de la Ley de Contratos?. La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral. Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general. Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación. Todas son correctas.

Están excluidos de la Ley de Contratos. Contratos que tengan por objeto servicios relacionados con campañas políticas, cuando sean adjudicados por un partido político. La prestación de servicios sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

De acuerdo con la Ley y en cuanto a la concesión de obras. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones del contrato de obras, excluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra , o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones del contrato de obras, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra , o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones del contrato de obras, excluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste únicamente en el derecho a explotar la obra. Ninguna es cierta.

En el contrato de concesión de obras. El derecho de explotación de las obras, podrá implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. El derecho de explotación de las obras, deberá implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras no abarcando el riesgo de demanda. El derecho de explotación de las obras, deberá implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Ninguna es cierta.

Respecto al contrato de concesión de servicios, determina la correcta de acuerdo con la LCSP. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación no sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de contratos. ¿ Cuáles de los siguientes se consideran contratos de suministro?. Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente. Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos. Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. Todas son correctas.

Los contratos de ordenador desarrollados a medida se consideran. Se excluyen de la Ley de contratos. Contratos de concesión de servicios. Contratos de suministro. Contratos de servicios.

De acuerdo con la Ley de Contratos, son contratos de servicios aquellos. cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, excluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. cuyo objeto son prestaciones de dar consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. Ninguna es cierta.

No se consideran contratos sometidos a regulación armonizada. Los declarados secretos o reservados, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o en los que lo exija la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado, cuando la protección de los intereses esenciales de que se trate no pueda garantizarse mediante la aplicación de las normas que rigen los contratos sujetos a regulación armonizada. Aquellos cuyo objeto principal sea permitir a los órganos de contratación la puesta a disposición o la explotación de redes públicas de comunicaciones o la prestación al público de uno o varios servicios de comunicaciones electrónicas. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

El sujeto contratante en los contratos SARA es. Cualquier entidad del sector público. Solo las Administraciones Públicas. Un poder adjudicador. Ninguna es cierta.

Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado. sea igual o superior a 214.000 euros. sea igual o superior a 5.530.000 euros. sea igual o superior a 5.350.000 euros. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de Contratos, están sujetos a regulación armonizada los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a. 144.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 139.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 214.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. Ninguna es cierta.

Cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales serán SARA cuando su valor estimado sea igual o superior a. 139.000 euros. 214.000 euros. 750.000 euros. Ninguna es cierta.

Los contratos de obra celebrados por la Administración Pública son. Contratos del sector público o privado. Contratos SARA en todo caso. Contratos Administrativos. Ninguna es cierta.

Los contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros celebrado por una Administración pública son. Contratos SARA en todo caso. Contratos Administrativos. Contratos subvencionados. Contratos Privados.

Determina la correcta. Los contratos administrativos se regirán, solo en cuanto a su preparación y adjudicación, por la Ley de Contratos y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos especiales se les serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por la Ley de Contratos y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos especiales se les serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por la Ley de Contratos y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos especiales se les serán de aplicación, en primer término, por la Ley 39/2015. Ninguna es cierta.

Los contratos celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones Públicas. Son contratos administrativos. Son contratos privados. Son contratos SARA. Ninguna es cierta.

Los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se regirán: En cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LC con carácter general, y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Tercero de la LC con carácter general, y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LC con carácter general (regulan la preparación y la adjudicación), y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo y en ningún caso, por las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. Ninguna es cierta.

Los contratos privados que celebren los poderes adjudicadores que no pertenezcan a la categoría de Administraciones Públicas, cuyo objeto esté comprendido en el ámbito de la LC: Se regirán por lo dispuesto en el Título I del Libro Primero de la misma, en cuanto a su preparación y adjudicación. Se regirán por lo dispuesto en el Título I del Libro Segundo de la misma, en cuanto a su preparación y adjudicación. Se regirán por lo dispuesto en el Título I del Libro Tercero de la misma, en cuanto a su preparación y adjudicación. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de Contratos. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 20.000 euros, cuando se trate de contratos de obras. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de obras.

De acuerdo con la Ley de Contratos. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 25.000 euros, cuando se trate de contratos de suministros o servicios. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministros o servicios. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministros o servicios. Ninguna es correcta.

La extinción de los contratos administrativos serán competencia del. Orden Civil. Orden Contencioso Administrativo. Orden Contencioso solo en el caso de que sean SARA. Ninguna es correcta.

Las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las AAPP serán competencia del. Orden Civil. Orden Contencioso Administrativo. Orden Contencioso solo en el caso de que sean SARA. Ninguna es correcta.

Corresponde al orden jurisdiccional contencioso administrativo: Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. Los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos administrativos de resolución de los recursos especiales en materia de contratación. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores, conoce. El orden civil. El orden contencioso administrativo. El orden civil o el contencioso según el tipo de contrato. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de Contratos. Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa que al menos recoja aquellos contratos que no quedarán sujetos a una regulación armonizada. Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en todo caso en un ejercicio presupuestario y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada. Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada. Ninguna es cierta.

En cuanto al Plazo, determina la correcta. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con tres meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a tres meses. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley ¿ Podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes?. En todo caso. Excepcionalmente, en casos motivados dejando constancia en el expediente. En ningún caso. Ninguna es cierta.

La prórroga del contrato no será obligatoria para el contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución por haberse demorado la Administración en el abono del precio más. De cuatro meses. De seis meses. De tres meses. Ninguna es cierta.

Determina la correcta. Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de tres años, incluyendo las posibles prórrogas que acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias. Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cuatro años, incluyendo las posibles prórrogas que acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias. Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas que acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias. Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, excluyendo las posibles prórrogas que acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias.

La duración de los contratos de arrendamiento de bienes muebles no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas de. Dos años. Tres años. Cinco años. Diez años.

La duración de los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios, no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de: Veinticinco años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio. Cuarenta años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio. Diez años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio. Ninguna es correcta.

La duración de los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios, no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de: Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios. Diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios. Cuarenta años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios. Ninguna es correcta.

Los contratos menores. No podrán tener una duración superior a un año. No podrán ser objeto de prórroga. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

Los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir, necesariamente, ¿ Qué menciones de las siguientes?. Definición del objeto y tipo del contrato, teniendo en cuenta en la definición del objeto las consideraciones sociales, ambientales y de innovación. El precio cierto, o el modo de determinarlo. La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas. Todas las menciones son ciertas.

Salvo que se encuentre recogida en los pliegos, ¿ Debe incluirse como mención en el contrato la obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación?. No. Si. Excepcionalmente. Solo en el contrato de obras.

Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan con su. Adjudicación. Formalización. Ejecución. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de contratos. Los contratos subvencionados que deban considerarse sujetos a regulación armonizada, se perfeccionarán de conformidad con la legislación por la que se rijan. Las partes deberán notificar su formalización al órgano que otorgó la subvención. Los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan con su formalización. Las dos primeras son ciertas. Las dos primeras son falsas.

De acuerdo con la Ley de contratos. En todo caso, los contratos del sector público se entenderán celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación. Salvo que se indique otra cosa en su clausulado, los contratos del sector público se entenderán celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación. Salvo que se indique otra cosa en su clausulado, los contratos del sector público se entenderán celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del contratista adjudicatario. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de contratos. Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente en ningún caso. Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de urgencia. Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia. Ninguna es cierta.

Son causas de nulidad de Derecho Administrativo. Las indicadas en el artículo 47 de la Ley 39/2015. La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional; o la falta de habilitación empresarial o profesional cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato; o la falta de clasificación, cuando esta proceda, debidamente acreditada, del adjudicatario; o el estar este incurso en alguna de las prohibiciones para contratar. La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en los servicios de información similares de las Comunidades Autónomas, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el medio de publicidad en que sea preceptivo. Todas son correctas.

¿Es causa de nulidad la carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con la Ley General Presupuestaria, o en las normas presupuestarias?. No la contempla la Ley de Contratos. En todo caso. Si, salvo los supuestos de emergencia. Si, salvo los supuestos de urgencia.

De acuerdo con la LCSP, será nulo: Todas aquellas disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos emanados de cualquier poder adjudicador que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración. El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los contratos en los artículos 204 y 205 de la LC. Haber llevado a efecto la formalización del contrato, en los casos en que se hubiese interpuesto el recurso especial en materia de contratación, sin respetar la suspensión automática del acto recurrido en los casos en que fuera procedente, o la medida cautelar de suspensión acordada por el órgano competente para conocer del recurso especial en materia de contratación que se hubiera interpuesto. Los encargos que acuerden los poderes adjudicadores para la ejecución directa de prestaciones a través de medios propios, cuando no observen alguno de los requisitos, relativos a la condición de medio propio.

De acuerdo con la Ley de contratos, la declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando sea firme. No llevará en todo caso consigo la del mismo contrato. Llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor. Llevará en casos excepcionales la del mismo contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor. Ninguna es correcta.

De acuerdo con la Ley, es susceptible de Recurso especial en materia de contratación los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a. Dos millones de Euros. Cien Mil Euros. Un millón de Euros. Tres Millones de Euros.

De acuerdo con la Ley, es susceptible de Recurso especial en materia de contratación los contratos de servicios y suministros cuyo valor estimado sea superior a. Dos millones de Euros. Cien Mil Euros. Un millón de Euros. Tres Millones de Euros.

¿ Qué actos son susceptibles de Recurso especial en materia de contratación?. Los acuerdos de adjudicación. La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no cumplan los requisitos legales. Los acuerdos de rescate de concesiones. Todas son correctas.

De acuerdo con la Ley de Contratos. Contra las actuaciones como susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial, procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios. No se dará este recurso en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia. La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter obligatorio y será gratuito para los recurrentes. Todas son correctas.

¿A quién se adscribe el Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuales?. Contra las actuaciones como susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial, procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios. A las Cortes Generales. Al Ministerio de Justicia. Al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

De acuerdo con la LCSP. Podrán las Comunidades Autónomas atribuir la competencia para la resolución de los recursos al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias. En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población y las Diputaciones Provinciales podrán crear un órgano especializado y funcionalmente independiente que ostentará la competencia para resolver los recursos. El Pleno de la Corporación será el competente para acordar su creación y nombrar y remover a sus miembros. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

La duración del nombramiento de Presidente y Vocales del TACRC. será de cinco años y no podrá prorrogarse. será de seis años y no podrá prorrogarse. será de seis años y podrá prorrogarse. será de cinco años y podrá prorrogarse.

En cuanto al REMC. Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso. El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de diez días hábiles. Para la subsanación de los defectos que puedan afectar al escrito de recurso, se requerirá al interesado a fin de que, en un plazo de diez días hábiles desde el siguiente a su notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, quedando suspendida la tramitación del expediente con los efectos previstos en la Ley 39/2015. Todas son correctas.

En cuanto al REMC. Una vez interpuesto el recurso quedará en suspenso la tramitación del procedimiento cuando el acto recurrido sea el de adjudicación, salvo en el supuesto de contratos basados en un acuerdo marco o de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, sin perjuicio de las medidas cautelares que en relación a estos últimos podrían adoptarse. Una vez recibidas las alegaciones de los interesados, o transcurrido el plazo señalado para su formulación, y el de la prueba, en su caso, el órgano competente deberá resolver el recurso dentro de los cinco días hábiles siguientes, notificándose a continuación la resolución a todos los interesados. En todo caso la estimación del recurso que conlleve anulación de cláusulas o condiciones de los pliegos o documentación contractual de naturaleza análoga, determinará la anulación de los actos del expediente de contratación relacionados con su aprobación. Todas son correctas.

En cuanto al REMC. Transcurridos seis meses contados desde el siguiente a la interposición del recurso sin que se haya notificado su resolución, el interesado podrá considerarlo desestimado a los efectos de interponer recurso contencioso-administrativo. Transcurridos tres meses contados desde el siguiente a la interposición del recurso sin que se haya notificado su resolución, el interesado podrá considerarlo desestimado a los efectos de interponer recurso contencioso-administrativo. Transcurridos dos meses contados desde el siguiente a la interposición del recurso sin que se haya notificado su resolución, el interesado podrá considerarlo estimado a los efectos de interponer recurso contencioso-administrativo. Ninguna es cierta.

En cuanto al REMC, en caso de que el órgano competente aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso o en la solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al responsable de la misma. El importe de la multa será de entre. 10.000 y 30.000 euros. 1.000 y 3.000 euros. 1.000 y 30.000 euros. 1.000 y 50.000 euros.

En cuanto al REMC. La resolución será directamente ejecutiva. Contra la resolución dictada en este procedimiento no cabe recurso alguno. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

De acuerdo con la Disposición adicional duodécima, los plazos establecidos en la Ley de Contratos se entenderán referidos a. días hábiles, salvo que en la misma se indique expresamente que deben computarse los días naturales No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, este se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. días naturales, salvo que en la misma se indique expresamente que solo deben computarse los días hábiles No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, este se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. días naturales, salvo que en la misma se indique expresamente que solo deben computarse los días hábiles No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, no se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de Contratos. La representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. La representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. Los órganos de contratación no podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de Contratos. Los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. El concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación. Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación. Todas son correctas.

En cuanto al responsable del contrato establece la incorrecta. Los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan. El responsable del contrato deberá ser una persona jurídica, ajena a la entidad contratante. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo. En los casos de concesiones de obra pública y de concesiones de servicios, la Administración designará una persona que actúe en defensa del interés general, para obtener y para verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, especialmente en lo que se refiere a la calidad en la prestación del servicio o de la obra.

Toda la información contenida en los perfiles de contratante se publicará en formatos abiertos y reutilizables, y permanecerá accesible al público durante un periodo de tiempo no inferior a. 2 años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información. 3 años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información. 4 años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información. 5 años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información.

¿ Qué información relativa a los contratos que debe publicarse en el perfil del contratante está mal formulada?. Los anuncios de información previa, de convocatoria de las licitaciones, de adjudicación y de formalización de los contratos, los anuncios de modificación y su justificación, los anuncios de concursos de proyectos y de resultados de concursos de proyectos, con las excepciones establecidas en las normas de los negociados sin publicidad. Los medios a través de los que, en su caso, se ha publicitado el contrato y los enlaces a esas publicaciones. El objeto detallado del contrato, su duración, el presupuesto base de licitación y el importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. El número e identidad de los licitadores participantes en el procedimiento.

La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos. Mensualmente. Anualmente. Trimestralmente. Semestralmente.

De acuerdo con la Ley de Contratos, en cuanto a los contratos menores, quedan exceptuados de la publicación. Aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a mil euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores. Aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a tres mil euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores. Aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores. Aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a diez mil euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores.

De acuerdo con la Ley de contratos. La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior a 50.000 euros, IVA excluido, serán objeto, asimismo, de publicación en el perfil de contratante. La información relativa a los encargos de importe superior a 5.000 euros deberá publicarse al menos anualmente. La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior a 30.000 euros, IVA excluido, serán objeto, asimismo, de publicación en el perfil de contratante.La información relativa a los encargos de importe superior a 5.000 euros deberá publicarse al menos trimestralmente. La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior a 50.000 euros, IVA incluido, serán objeto, asimismo, de publicación en el perfil de contratante. La información relativa a los encargos de importe superior a 5.000 euros deberá publicarse al menos trimestralmente. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de contratos. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

De acuerdo con la Ley de Contratos, adicionalmente, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá exigir a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de. contratos de servicios que abran una sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. contratos de obras que abran una sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro de la Propiedad. contratos de obras que abran una sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. Ninguna es correcta.

Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto,. sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la formalización del contrato a su favor. sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor. sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública en ningún momento. Ninguna es cierta.

Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por las empresas, estimase que existen indicios fundados de colusión entre ellas. Los trasladará a la Comisión Nacional de los Valores y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que, previa sustanciación de procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. Los trasladará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que, previa sustanciación de procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. Los trasladará al Ministerio Fiscal suspendiendo el procedimiento. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de contratos. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados mancomunadamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes solidarios que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y podrán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de contratos. La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción. Los empresarios que estén interesados en formar las uniones, podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, que especificará esta circunstancia. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

De acuerdo con la Ley de contratos, determina la correcta en cuanto a las prohibiciones para contratar. No podrán contratar con las entidades del sector público las personas por haber sido condenada mediante sentencia por delito de terrorismo. No podrán contratar con las entidades del sector pública las personas por haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, incluso cuando en este haya adquirido eficacia un convenio o se haya iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. No podrán contratar con las entidades del sector público las personas por no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social ; o en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad; o en el caso de empresas de más de 150 trabajadores, no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad. No podrán contratar con las entidades del sector público las personas por estar afectadas por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley General de Subvenciones, o en la Ley General Tributaria.

Son circunstancias que impedirán a los empresarios contratar con las entidades del sector público: Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos por causa imputable al adjudicatario. Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de ejecución, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una entidad del sector público. Todas son ciertas.

Determina la correcta de acuerdo con la Ley de contratos. En los casos en que por sentencia penal firme así se prevea, la duración de la prohibición de contratar será la prevista en la misma. En los casos en los que esta no haya establecido plazo, esa duración no podrá exceder de tres años desde la fecha de la condena por sentencia firme. En el resto de los supuestos, el plazo de duración no podrá exceder de tres años. En los casos en que por sentencia penal firme así se prevea, la duración de la prohibición de contratar será la prevista en la misma. En los casos en los que esta no haya establecido plazo, esa duración no podrá exceder de cinco años desde la fecha de la condena por sentencia firme. En el resto de los supuestos, el plazo de duración no podrá exceder de dos años. En los casos en que por sentencia penal firme así se prevea, la duración de la prohibición de contratar será la prevista en la misma. En los casos en los que esta no haya establecido plazo, esa duración no podrá exceder de cinco años desde la fecha de la condena por sentencia firme. En el resto de los supuestos, el plazo de duración no podrá exceder de tres años. Ninguna es cierta.

Como regla general, el procedimiento para la declaración de la prohibición de contratar no podrá iniciarse si hubiesen transcurrido más de. Un año. Dos años. Seis meses. Tres años.

De acuerdo con la Ley de Contratos,. La inscripción de la prohibición de contratar en el Registro de Licitadores correspondiente caducará pasados 2 meses desde que termine su duración, debiendo procederse de oficio a su cancelación en dicho Registro tras el citado plazo. La inscripción de la prohibición de contratar en el Registro de Licitadores correspondiente caducará pasados 6 meses desde que termine su duración, debiendo procederse de oficio a su cancelación en dicho Registro tras el citado plazo. La inscripción de la prohibición de contratar en el Registro de Licitadores correspondiente caducará pasados 3 meses desde que termine su duración, debiendo procederse de oficio a su cancelación en dicho Registro tras el citado plazo. Ninguna es correcta.

De acuerdo con la Ley de Contratos. Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos se indicarán en el anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del contrato, debiendo estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo. En los contratos de obras, de servicios, concesión de obras y concesión de servicios, así como en los contratos de suministro que incluyan servicios o trabajos de colocación e instalación, podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación. Las dos primeras son ciertas. Las dos primeras son falsas.

En cuanto a la clasificación determina la correcta. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 100.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 300.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Ninguna es correcta.

En cuanto a la clasificación, determina la correcta. Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 100.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Ninguna es correcta.

De acuerdo con la Ley de contratos. Para los Por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública podrá exceptuarse la necesidad de clasificación para determinados tipos de contratos de obras en los que este requisito sea exigible, debiendo motivarse dicha excepción en las circunstancias especiales y excepcionales concurrentes en los mismos. Por Decreto podrá exceptuarse la necesidad de clasificación para determinados tipos de contratos de obras en los que este requisito sea exigible, debiendo motivarse dicha excepción en las circunstancias especiales y excepcionales concurrentes en los mismos. Por Real Decreto podrá exceptuarse la necesidad de clasificación para determinados tipos de contratos de obras en los que este requisito sea exigible, debiendo motivarse dicha excepción en las circunstancias especiales y excepcionales concurrentes en los mismos. Ninguna es correcta.

De acuerdo con la Ley de contratos. No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia. Excepcionalmente, cuando así sea conveniente para los intereses públicos, la contratación de la Administración General del Estado y los entes organismos y entidades de ella dependientes con personas que no estén clasificadas podrá ser autorizada por el Ministro de Hacienda y Función Pública, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. En el ámbito de las Comunidades Autónomas, la autorización será otorgada por los órganos que estas designen como competentes. Las dos primeras son ciertas. Las dos primeras son falsas.

Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se adoptarán, con eficacia general frente a todos los órganos de contratación, por. Los Consejos Clasificadores de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Estos acuerdos podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Ministro de Hacienda y Función Pública. Las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Estos acuerdos podrán ser objeto de recurso de reposición ante el Ministro de Hacienda y Función Pública. Las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Estos acuerdos no podrán ser objeto de recurso alguno. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de Contratos, la clasificación de las empresas tendrá una vigencia indefinida en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en que se basó su concesión. No obstante, para la conservación de la clasificación: deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada dos años, el de la solvencia técnica y profesional. deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada cinco años, el de la solvencia técnica y profesional. deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de contratos. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

Los empresarios no españoles que no sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. Deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Mediante testimonio judicial en todo caso. Ninguna es correcta.

De acuerdo con la Ley de Contratos. En los contratos sujetos a una regulación armonizada, cuando los órganos de contratación exijan la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantías de calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con discapacidad, deberán hacer referencia a los sistemas de aseguramiento de la calidad basados en la serie de normas en la materia, certificados por organismos conformes a las normas europeas relativas a la certificación. En los contratos administrativos, cuando los órganos de contratación exijan la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantías de calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con discapacidad, deberán hacer referencia a los sistemas de aseguramiento de la calidad basados en la serie de normas en la materia, certificados por organismos conformes a las normas europeas relativas a la certificación. En los contratos sujetos a una regulación armonizada, cuando los órganos de contratación exijan la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantías de calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con discapacidad, deberán hacer referencia a los sistemas de aseguramiento de la calidad basados en la serie de normas en la materia, certificados por organismos conformes a las normas internacionales relativas a la certificación. Ninguna es cierta.

De acuerdo con el tenor literal de la Ley de contratos. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a los órganos de contratación de la Administración General del Estado, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de contratos. La inscripción en el Registro de Licitadores de una Comunidad Autónoma acreditará idénticas circunstancias a efectos de la contratación con la misma, con las entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los restantes entes, organismos o entidades del sector público dependientes de una y otras. La prueba del contenido de los Registros de Licitadores se efectuará mediante certificación del órgano encargado del mismo, que podrá expedirse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

De acuerdo con la Ley de contratos. Los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea, referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el certificado, constituirán una presunción de aptitud con respecto a los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren. Los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados no miembros de la Unión Europea, referidos a empresarios establecidos en el Estado no miembro que expide el certificado, constituirán una presunción de aptitud con respecto a los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren. Los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea, referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el certificado, no constituirán una presunción de aptitud con respecto a los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de contratos. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, se producirá la rescisión automática del contrato. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que no quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Ninguna es cierta.

Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato, no considerándose a estos efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. El enunciado es incorrecto. Ninguna es correcta.

De acuerdo con la Ley de contratos, determina la correcta. El órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, únicamente en los contratos de concesión de obras. El órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. El órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de obras. El órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de servicios.

A los efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, ¿ Qué motivos de los siguientes se consideran validos?. El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir injustificadamente la competencia. El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

A efectos de la Ley de Contratos, ¿Qué se entiende por presupuesto base de licitación?. Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite mínimo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. Ninguna es cierta.

Respecto al valor estimado. En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará el importe total, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones. En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones. En el caso de los contratos concesión de obras, el órgano de contratación tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones. Ninguna es cierta.

En cuanto al valor estimado, en el caso de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, el órgano de contratación tomará. el importe bruto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por las obras y los servicios objeto del contrato, así como de los suministros relacionados con estas obras y servicios. el importe neto de la cifra de negocios, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por las obras y los servicios objeto del contrato, así como de los suministros relacionados con estas obras y servicios. el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por las obras y los servicios objeto del contrato, así como de los suministros relacionados con estas obras y servicios. Ninguna es cierta.

¿Qué conceptos de los siguientes deben incluirse en el cálculo del valor estimado?. Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato. Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, la cuantía de los mismos. En el caso de que, se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el anuncio de licitación la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que este pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza previstas. Todas las anteriores.

De acuerdo con la Ley de Contratos,. El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado en todo caso deberá figurar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. La estimación deberá hacerse teniendo en cuenta los precios habituales en el mercado, y estar referida al momento del envío del anuncio de licitación o, en caso de que no se requiera un anuncio de este tipo, al momento en que el órgano de contratación inicie el procedimiento de adjudicación del contrato.. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

En el precio. Se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en casos excepcionales se indicará como partida independiente. Se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente. Se entenderá excluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de contratos. Los precios fijados en los contratos del sector público podrán ser revisados, cuando deban ser ajustados, al alza o a la baja, para tener en cuenta las variaciones económicas de costes que acaezcan durante la ejecución del contrato. Los contratos, cuando su naturaleza y objeto lo permitan, podrán incluir cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, debiendo establecerse con precisión los supuestos en que se producirán estas variaciones y las reglas para su determinación, de manera que el precio sea determinable en todo caso. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

De acuerdo con la Ley de contratos. En los contratos celebrados con precios provisionales procederá la revisión de precios. Se permite el pago aplazado del precio en los contratos de las Administraciones Públicas, excepto en los supuestos en que el sistema de pago se establezca mediante la modalidad de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra, así como en los casos en que esta u otra Ley lo autorice expresamente. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

La revisión de precios podrá llevarse a cabo. En los contratos de obra. En los contratos de suministro de energía. En los contratos en los que el periodo de recuperación de la inversión sea igual o superior a 5 años. Todas son correctas.

Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el. 10 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 10 por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. No obstante, la condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será exigible a efectos de proceder a la revisión periódica y predeterminada en los contratos de concesión de servicios. 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido cinco años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los cinco primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. No obstante, la condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será exigible a efectos de proceder a la revisión periódica y predeterminada en los contratos de concesión de servicios. 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. No obstante, la condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será exigible a efectos de proceder a la revisión periódica y predeterminada en los contratos de concesión de servicios. Ninguna es correcta.

De acuerdo con la Ley de contratos. Las Cortes Generales podrán aprobar, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, fórmulas tipo de revisión periódica y predeterminado. El Consejo de Ministros podrá aprobar, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, fórmulas tipo de revisión periódica y predeterminado. El Ministro de Hacienda y Función Pública podrá aprobar, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, fórmulas tipo de revisión periódica y predeterminado. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley. En el procedimiento de contratación procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo justifique motivadamente en el expediente. En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía definitiva, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. Ninguna es correcta.

En los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se determinará el importe de la misma, que. no podrá ser inferior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución. no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución. no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución. Ninguna es correcta.

Determina la correcta. En el caso de división en lotes, la garantía provisional se fijará atendiendo exclusivamente al importe de los lotes para los que el licitador vaya a presentar oferta y no en función del importe del presupuesto total del contrato. En los acuerdos marco y en los sistemas dinámicos de adquisición, el importe de la garantía provisional, de exigirse, se fijará a tanto alzado por la Administración Pública, sin que en ningún caso pueda superar el 5 por 100 del valor estimado del contrato. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la. Publicación del contrato. Perfección del contrato. Adjudicación del contrato. Ejecución del contrato.

A salvo de lo dispuesto para el contrato de concesión de obras y concesión de servicios, acuerdos marcos y sistemas dinámicos de contratación , los licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, presenten las mejores ofertas,. podrán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 3 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

La exención de la garantía definitiva. Será posible en el caso de contrato de obras y en de concesión de obras. No será posible en el caso de contratos de obras, ni de concesión de obras. No será posible en el caso de contratos de concesión de servicios, ni de concesión de obras. Ninguna es correcta.

En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares que, además de la garantía definitiva, se preste una complementaria de hasta un. 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta , incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100 del citado precio. 10 por 100 del precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta , excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, pudiendo alcanzar la garantía total un 15 por 100 del citado precio. 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta , excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100 del citado precio. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de contratos. En la concesión de obras y en la concesión de servicios el importe de la garantía definitiva se fijará en cada caso por el órgano de contratación en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en función de la naturaleza, importancia y duración de la concesión de que se trate. Los pliegos que rijan los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición establecerán si la garantía definitiva se fija estimativamente por la Administración o se fija para cada contrato basado en relación con su importe de adjudicación. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar en el plazo de. 10 días, la constitución de la garantía definitiva. 10 días hábiles, la constitución de la garantía definitiva. 15 días hábiles, la constitución de la garantía definitiva. Ninguna es cierta.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía que corresponda, en el plazo de. diez días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. quince días hábiles desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. Ninguna es cierta.

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de. cinco días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. Diez días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. Ninguna es cierta.

El acuerdo de devolución de la garantía deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de. Seis meses desde la finalización del plazo de garantía. Tres meses desde la finalización del plazo de garantía. dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Ninguna es cierta.

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades Cuando el valor estimado del contrato sea. inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o a 10.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, el plazo se reducirá a seis meses. inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, el plazo se reducirá a tres meses. inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, el plazo se reducirá a seis meses. El enunciado no es correcto.

Determina la correcta. Para hacer efectivas las garantías, tanto provisionales como definitivas, la Administración contratante tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que derive su crédito. Cuando la garantía no sea bastante para cubrir las responsabilidades a las que está afecta, la Administración procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de recaudación. Las dos primeras son ciertas. Las dos primeras son falsas.

En cuanto a las consultas preliminares del mercado, señala la falsa. Los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. Antes de iniciarse la consulta, el órgano de contratación publicará en el perfil de contratante ubicado en la Plataforma de contratación del Sector Público o servicio de información equivalente a nivel autonómico, el objeto de la misma. Cuando el órgano de contratación haya realizado las consultas, hará constar en un informe las actuaciones realizadas. En el informe se relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas. En todo caso, durante el proceso de consultas, el órgano de contratación podrá revelar a los participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes.

En cuanto a las consultas preliminares. La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación que en su caso se tramite. La participación en la consulta impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación que en su caso se tramite. La participación en la consulta impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación que en su caso se tramite, salvo en casos excepcionales debidamente motivadas. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de Contratos, señala la falsa. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que deberá ser publicado en el Diario Oficial correspondiente. El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio para los contratos adjudicados por lotes. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de procedimientos para adjudicar los contratos basados en acuerdos marco invitando a una nueva licitación a las empresas parte del mismo, los pliegos, serán sustituidos por el documento de licitación.

De acuerdo con la Ley de contratos. En el caso de que el procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea negociado, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán sustituidos por el documento descriptivo. En el caso de que el procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán sustituidos por el documento de licitación pública. En el caso de que el procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán sustituidos por el documento descriptivo. Ninguna es correcta.

Al expediente. Deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia de financiación, y la fiscalización previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Podrá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia de financiación, y la fiscalización previa de la intervención en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Ninguna es correcta.

De acuerdo con la Ley de Contratos. Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. La resolución aprobando el expediente de contratación, implicará también la aprobación del gasto, salvo en el supuesto excepcional de que el presupuesto no hubiera podido ser establecido previamente, o que las normas de desconcentración o el acto de delegación hubiesen establecido lo contrario, en cuyo caso deberá recabarse la aprobación del órgano competente. La resolución deberá ser objeto de publicación en el perfil de contratante. Todas son correctas.

De acuerdo con la Ley de Contratos. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. Ninguna es cierta.

En cuanto a los contratos menores, señala la falsa. En los contratos menores de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. Los contratos menores se publicarán en el perfil del contratante. La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos mensualmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario. Quedan exceptuados de la publicación, aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores.

De acuerdo con la Ley de contratos. Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. Podrán ser objeto de tramitación excepcional los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. Podrán ser objeto de tramitación de emergencia los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. Ninguna es cierta.

En la tramitación urgente. El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un diez días, contado desde la formalización. El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de quince días hábiles, contado desde la formalización. El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes, contado desde la formalización. Ninguna es cierta.

En cuanto a la tramitación de emergencia. El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la LC, salvo el de la existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria. El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la LC, incluso el de la existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, antes de adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria. El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la LC, incluso el de la existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria. Ninguna es cierta.

En cuanto a la tramitación de emergencia, si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al. Consejo de Ministros en el plazo máximo de quince días. Consejo de Ministros en el plazo máximo de quince días hábiles. Consejo de Ministros en el plazo máximo de treinta días. Ninguna es cierta.

En cuanto a la tramitación de emergencia, el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones, contado desde la adopción del acuerdo, no podrá ser superior a. Un mes. Diez días. Quince días hábiles. Tres meses.

En la tramitación urgente. Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan en la tramitación, que dispondrán de un plazo de tres días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes. Cuando la complejidad del expediente o cualquier otra causa igualmente justificada impida cumplir el plazo antes indicado, los órganos que deban evacuar el trámite lo pondrán en conocimiento del órgano de contratación que hubiese declarado la urgencia. En tal caso el plazo quedará prorrogado hasta diez días. Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan en la tramitación, que dispondrán de un plazo de cinco días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes. Cuando la complejidad del expediente o cualquier otra causa igualmente justificada impida cumplir el plazo antes indicado, los órganos que deban evacuar el trámite lo pondrán en conocimiento del órgano de contratación que hubiese declarado la urgencia. En tal caso el plazo quedará prorrogado hasta quince días. Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan en la tramitación, que dispondrán de un plazo de cinco días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes. Cuando la complejidad del expediente o cualquier otra causa igualmente justificada impida cumplir el plazo antes indicado, los órganos que deban evacuar el trámite lo pondrán en conocimiento del órgano de contratación que hubiese declarado la urgencia. En tal caso el plazo quedará prorrogado hasta diez días. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de contratos. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento negociado, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor precio, y utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de obras especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento. Ninguna es cierta.

La Ley de contratos introduce un nuevo procedimiento ¿ Cómo se denomina?. Asociación para la innovación. Innovación contractual. Dialogo para la innovación. Dialogo asociativo.

De acuerdo con la Ley de contratos. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y con un valor estimado inferior a 60.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones de la LC relativas a la preparación y adjudicación del contrato. Las dos primeras son ciertas. Las dos primeras son correcta.

¿Podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro?. En ningún caso. En ningún caso, salvo en los contratos reservados. En ningún caso, salvo en la tramitación de urgencia. En ningún caso, salvo en la tramitación de emergencia.

¿ Dónde se notificarán hechos que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la Competencia?. A la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a las autoridades autonómicas de competencia,. A la Comisión Nacional de los Valores y la Competencia o, en su caso, a las autoridades autonómicas de competencia,. A la Comisión Nacional de la Economía, Competencia y Competitividad o, en su caso, a las autoridades autonómicas de competencia,. Ninguna es cierta.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.Este deber se mantendrá durante un plazo de. tres años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo. cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo. cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo menor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo. diez años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo.

De acuerdo con la Ley. Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa con el fin de dar a conocer aquellos contratos de obras, suministros o servicios que, no estando sujetos a regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar en el plazo de 12 meses. Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa con el fin de dar a conocer aquellos contratos de obras, suministros o servicios que, estando sujetos a regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar en el plazo de 18 meses. Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa con el fin de dar a conocer aquellos contratos de obras, suministros o servicios que, estando sujetos a regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar en el plazo de 12 meses. Ninguna es correcta.

De acuerdo con la Ley. Los anuncios de información previa se publicarán, con el contenido establecido en el Anexo II. A, a elección del órgano de contratación, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el perfil de contratante del órgano de contratación alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público o servicio de información equivalente a nivel autonómico. Los anuncios de información previa se publicarán, con el contenido establecido en el Anexo III. A, a elección del órgano de contratación, en el «Boletín Oficial del Estado» o en el perfil de contratante del órgano de contratación alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público o servicio de información equivalente a nivel autonómico. Los anuncios de información previa se publicarán, con el contenido establecido en el Anexo III. A, a elección del órgano de contratación, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el perfil de contratante del órgano de contratación alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público o servicio de información equivalente a nivel autonómico. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de Contratos. El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas, a excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, se publicará en el perfil de contratante. Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada la licitación deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea», debiendo los poderes adjudicadores poder demostrar la fecha de envío del anuncio de licitación. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

De acuerdo con la Ley de contratos. Cuando las proposiciones solo puedan realizarse después de una visita sobre el terreno o previa consulta «in situ» de la documentación que se adjunte al pliego, los plazos mínimos para la presentación de las ofertas y solicitudes de participación, se ampliarán de forma que todos los que interesados afectados puedan tener conocimiento de toda la información necesaria para preparar aquellas. La presentación de proposiciones o la recepción de la documentación en formato electrónico necesaria para la presentación de las mismas en cualquier procedimiento, no podrá suponer la exigencia de cantidad alguna a los licitadores. Las dos primeras son ciertas. Las dos primeras son falsas.

De acuerdo con la Ley de contratos, en los expedientes no declarados urgentes. Los órganos de contratación proporcionarán a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 5 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones o de las solicitudes de participación, salvo que en los pliegos que rigen la licitación se estableciera otro plazo distinto. Los órganos de contratación proporcionarán a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 3 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones o de las solicitudes de participación, salvo que en los pliegos que rigen la licitación se estableciera otro plazo distinto. Los órganos de contratación proporcionarán a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones o de las solicitudes de participación, salvo que en los pliegos que rigen la licitación se estableciera otro plazo distinto. Ninguna es correcta.

En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes. el plazo de seis días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas será de 5 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y restringido. el plazo de seis días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas será de 4 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y restringido. el plazo de seis días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas será de 3 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y restringido. Ninguna es correcta.

En cuanto a la proposición establece la falsa. Su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de apertura de las proposiciones, sin perjuicio de lo dispuesto para la subasta electrónica, en el procedimiento de diálogo competitivo o en el procedimiento de asociación para la innovación. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sobre admisibilidad de variantes y sobre presentación de nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrónica. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. En la proposición no deberá indicarse el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

De acuerdo con la Ley de contratos. Las proposiciones en el procedimiento abierto podrán ir acompañadas de una declaración responsable que se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación , que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación. Las proposiciones en el procedimiento abierto deberán ir acompañadas de una declaración responsable que se ajustará al formulario de documento interno único de contratación , que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación. Las proposiciones en el procedimiento abierto deberán ir acompañadas de una declaración responsable que se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación , que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación. Ninguna es cierta.

¿Qué debe constar en la declaración responsable?. Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación de la proposición y de aquella. Que no está incursa en prohibición de contratar. La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá ser «habilitada» , en los casos en que el órgano de contratación haya optado por realizar las notificaciones a través de la misma. Esta circunstancia deberá recogerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Todas son correctas.

De acuerdo con la Ley, en cuanto a las proposiciones. En todos los supuestos en que en el procedimiento se exija la constitución de garantía definitiva, se aportará el documento acreditativo de haberla constituido. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará la información requerida en estos casos en el formulario del documento europeo único de contratación. Adicionalmente se aportará el compromiso de constituir la unión temporal. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

De acuerdo con la Ley de contratos. Además de la declaración responsable, las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. Las dos primeras son ciertas. Las dos primeras son falsas.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las deberán concurrir en la. fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. fecha inicial de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. fecha de publicación del anuncio y subsistir en el momento de perfección del contrato. Ninguna es correcta.

En los casos en que se establezca la intervención de mesa de contratación, esta calificará la declaración responsable y la documentación. Cuando esta aprecie defectos subsanables, dará un plazo de. diez días al empresario para que los corrija. Cinco días al empresario para que los corrija. tres días al empresario para que los corrija. Ninguna es cierta.

En cuanto a la Admisibilidad de variantes. Cuando en la adjudicación no hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes que ofrezcan los licitadores, siempre que las variantes se prevean en los pliegos. La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes se indicará en el anuncio de licitación del contrato precisando sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación. Las dos primeras son ciertas. Las dos primeras son falsas.

En cuanto a la subasta electrónica. La subasta electrónica podrá emplearse exclusivamente en los procedimientos abiertos, siempre que las especificaciones del contrato que deba adjudicarse puedan establecerse de manera precisa en los pliegos que rigen la licitación y que las prestaciones que constituyen su objeto no tengan carácter intelectual, como los servicios de ingeniería, consultoría y arquitectura. La subasta electrónica podrá emplearse en los procedimientos abiertos, en los restringidos, y en las licitaciones con negociación, siempre que las especificaciones del contrato que deba adjudicarse puedan establecerse de manera precisa en los pliegos que rigen la licitación y que las prestaciones que constituyen su objeto no tengan carácter intelectual, como los servicios de ingeniería, consultoría y arquitectura. La subasta electrónica podrá emplearse en los procedimientos abiertos, en los restringidos, y en las licitaciones con negociación, siempre que las especificaciones del contrato que deba adjudicarse puedan establecerse de manera precisa en los pliegos que rigen la licitación y que las prestaciones que constituyen su objeto tengan carácter intelectual, como los servicios de ingeniería, consultoría y arquitectura. Ninguna es cierta.

Entre la fecha de envío de las invitaciones y el comienzo de la subasta electrónica habrán de transcurrir, al menos,. dos días hábiles. dos días. Tres días hábiles. Tres días.

De acuerdo con la Ley. La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. Previa justificación en el expediente, los contratos se podrán adjudicar con arreglo a criterios basados en un planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia, sobre la base del precio o coste, como el cálculo del coste del ciclo de vida. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

¿ En qué supuestos de los siguientes procederá, en todo caso, más de un criterio de adjudicación?. Cuando el órgano de contratación considere que la definición de la prestación es susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas o por reducciones en su plazo de ejecución. Aquellos para cuya ejecución facilite el órgano, organismo o entidad contratante materiales o medios auxiliares cuya buena utilización exija garantías especiales por parte de los contratistas. Contratos de concesión de obras y de concesión de servicios. Todas son ciertas.

En los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad deberán representar. al menos, el 50 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las oferta. al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las oferta. al menos, el 75 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las oferta. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de contratos. Cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, este deberá ser exclusivamente el precio. Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, en su determinación, siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos. Las dos primeras son ciertas. Las dos primeras son falsas.

En los procedimientos de adjudicación, abierto o restringido, celebrados por los órganos de las Administraciones Públicas, la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática,. a un comité formado por expertos con cualificación apropiada, que cuente con un mínimo de cinco miembros; o encomendar esta a un organismo técnico especializado, debidamente identificado en los pliegos. a un comité formado por expertos con cualificación apropiada, que cuente con un máximo de tres miembros; o encomendar esta a un organismo técnico especializado, debidamente identificado en los pliegos. a un comité formado por expertos con cualificación apropiada, que cuente con un mínimo de tres miembros; o encomendar esta a un organismo técnico especializado, debidamente identificado en los pliegos. Ninguna es cierta.

Determina la falsa. En todo caso, la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello. Salvo cuando se tome en consideración el precio exclusivamente, deberá precisarse en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo la ponderación relativa atribuida a cada uno de los criterios de valoración, que podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud máxima adecuada. En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios, estableciendo un umbral mínimo del 65 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo. Cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos, estos se enumerarán por orden decreciente de importancia.

De acuerdo con la Ley de Contratos. Salvo en casos excepcionales, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquel no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

De acuerdo con la Ley. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo. Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. Las dos primeras son ciertas. Las dos primeras son falsas.

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta para que presente documentación justificativa de medios, garantías…., dentro del plazo de. diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. diez días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. quince días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. quince días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

En conexión con la pregunta anterior, de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá. que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 5 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido. que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA incluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido. que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitivo, si se hubiera constituido. Ninguna es cierta.

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los. cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. diez días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. quince días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. Ninguna es correcta.

De acuerdo con la Ley. No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial, fuera preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del contrato a otro licitador, se concederá a este un plazo de diez días para que cumplimente los trámites que resulten oportunos. Las dos primeras son ciertas. Las dos primeras son falsas.

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de. 5 días. 10 días. 15 días. Ninguna es cierta.

En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria,. lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también en todo caso, a la Comisión Europea de esta decisión. lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea». lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato sea subvencionado. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de contratos. Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación. Las dos primeras son ciertas. Las dos primeras son falsas.

De acuerdo con la Ley de contratos. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. Solo los contratos SARA, deberán formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en escritura pública que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. Ninguna es correcta.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación , la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran. Cinco días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Las Comunidades Autónomas podrán incrementar este plazo, sin que exceda de un mes. quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Las Comunidades Autónomas podrán incrementar este plazo, sin que exceda de un mes. quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Las Comunidades Autónomas podrán incrementar este plazo, sin que exceda de veinte días. Ninguna es correcta.

Si el Recurso no es susceptible de Recurso especial en materia de contratación, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los. cinco días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. diez días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de contratos. La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a cinco días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación. La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a diez días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación. La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de contratos. Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de formalización deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea». En los contratos celebrados por la Administración General del Estado, o por las entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de Administraciones Públicas el anuncio de formalización se publicará además, en el plazo anterior, en el «Boletín Oficial del Estado». Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

En todo caso, previa la decisión de no publicar unos determinados datos relativos a la celebración del contrato, los órganos de contratación deberán solicitar la emisión de. informe por la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno en el que se aprecie si el derecho de acceso a la información pública prevalece o no frente a los bienes que se pretenden salvaguardar con su no publicación, que será evacuado en un plazo máximo de diez días. informe por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el que se aprecie si el derecho de acceso a la información pública prevalece o no frente a los bienes que se pretenden salvaguardar con su no publicación, que será evacuado en un plazo máximo de tres días. informe por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el que se aprecie si el derecho de acceso a la información pública prevalece o no frente a los bienes que se pretenden salvaguardar con su no publicación, que será evacuado en un plazo máximo de cinco días. informe por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el que se aprecie si el derecho de acceso a la información pública prevalece o no frente a los bienes que se pretenden salvaguardar con su no publicación, que será evacuado en un plazo máximo de diez días.

En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada. El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y a veinte días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. El plazo de presentación de proposiciones no será superior a treinta y cinco días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y a treinta días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y a veinte días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y a treinta días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, en los contratos de obras, suministros y servicios, si el órgano de contratación hubiese enviado un anuncio de información previa, el plazo general de presentación de proposiciones podrá reducirse a. Veinte días. Treinta días. Quince días. Diez días.

En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, en los contratos de obras, suministros y servicios, cuando el plazo general de presentación de proposiciones sea impracticable por tratarse de una situación de urgencia, el órgano de contratación podrá fijar otro plazo que no será inferior a. quince días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación. veinte días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación. treinta días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación. cinco días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación.

En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, si el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por medios electrónicos, podrá reducirse el plazo general de presentación de proposiciones en. Quince días. Diez días. cinco días. Tres días.

En los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince días, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante. En los contratos de obras y de concesión de obras y concesión de servicios, el plazo será, como mínimo, de. Treinta días. Treinta y cinco días. Veintiséis días. El enunciado no es correcto.

En el procedimiento abierto, de acuerdo con la Ley. La Mesa de contratación calificará la documentación acreditativa de los requisitos previos que podrá presentarse por los licitadores en sobre o archivo electrónico distinto al que contenga la proposición. El órgano de contratación calificará la documentación acreditativa de los requisitos previos que deberá presentarse por los licitadores en sobre o archivo electrónico distinto al que contenga la proposición. La Mesa de contratación calificará la documentación acreditativa de los requisitos previos que deberá presentarse por los licitadores en sobre o archivo electrónico distinto al que contenga la proposición. Ninguna es cierta.

En el procedimiento abierto, de acuerdo con la Ley, la apertura de la oferta económica se realizará. En acto público en todo caso. En acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos. Excepcionalmente en acto público. Ninguna es cierta.

En el procedimiento abierto, de acuerdo con la Ley de contratos. Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego. Se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios destinatarios de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales y ambientales. Las dos primeras son ciertas. Las dos primeras son falsas.

En el procedimiento abierto, de acuerdo con la. La propuesta de adjudicación crea derechos en favor del licitador propuesto frente a la Administración. Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá indemnizar los daños y perjuicios causados. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá solicitar informe previo a la Junta consultiva de contratación administrativa. Ninguna es cierta.

En el procedimiento abierto, de acuerdo con la Ley de contratos, cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de. Quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. Veinte días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. Dos meses a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. Tres meses a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

En el procedimiento abierto, de acuerdo con la Ley de contratos, cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de. Quince días a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Treinta días a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Tres meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

De acuerdo con la Ley, los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos condiciones. Una de ellas consiste en que. Su valor estimado sea igual o inferior a 200.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea inferior a 139.000 euros. Su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea inferior a 150.000 euros. Su valor estimado sea igual o inferior a 3.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a 139.000 euros. Su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea inferior a 139.000 euros.

De acuerdo con la Ley, los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos condiciones. Una de ellas consiste en que. Entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinte por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total. Entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cincuenta y cinco por ciento del total. Entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cuarenta por ciento del total. Entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total.

De acuerdo con la Ley, en la tramitación simplificado. El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil de contratante. Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta tiene que estar disponible por medios electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en dicho perfil de contratante. Las dos primeras son ciertas. Las dos primeras son falsas.

De acuerdo con la Ley, en la tramitación simplificada. El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser superior a quince días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. En los contratos de obras el plazo será como mínimo de veinte días. El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a quince días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. En los contratos de obras el plazo será como mínimo de diez días. El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a quince días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. En los contratos de obras el plazo será como mínimo de veinte días. El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. En los contratos de obras el plazo será como mínimo de veinte días.

En la tramitación simplificada señala la falsa. Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. No procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores. Las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación. En ningún caso, será público el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos.

En la tramitación simplificada, en los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las proposiciones se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo. no superior a tres días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración. no superior a cinco días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración. no superior a siete días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración. no superior a diez días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración.

En la tramitación abierta simplificada, cumplidos los trámites , la Mesa procederá al requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que en el plazo de. 3 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación constituya la garantía definitiva. 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación constituya la garantía definitiva. 10 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación constituya la garantía definitiva. 15 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación constituya la garantía definitiva.

En contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual , el plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a. diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. Cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado el plazo será de 5 días hábiles. diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. Cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado el plazo será de 5 días hábiles. quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. Cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado el plazo será de 5 días hábiles. Quince días, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. Cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado el plazo será de 5 días hábiles.

En contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros,. La valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante dispositivos informáticos, o con la colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano de contratación. No se requerirá la constitución de garantía definitiva. La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación. Todas son ciertas.

En el procedimiento restringido, y de acuerdo con la Ley, establece la falsa. En el procedimiento restringido cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de participación en respuesta a una convocatoria de licitación. Solo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán contemplar primas o compensaciones por los gastos en que incurran los licitadores al presentar su oferta en contratos de servicios en los casos en los que su presentación implique la realización de determinados desarrollos. En este procedimiento estará prohibida toda negociación de los términos del contrato con los solicitantes o candidatos.

De acuerdo con la Ley de contratos, el procedimiento restringido,. Es especialmente adecuado cuando se trata de servicios intelectuales de especial complejidad, como es el caso de algunos servicios de consultoría, de arquitectura o de ingeniería. No es adecuado cuando se trata de servicios intelectuales de especial complejidad, como es el caso de algunos servicios de consultoría, de arquitectura o de ingeniería. Está prohibido cuando se trata de servicios intelectuales de especial complejidad, como es el caso de algunos servicios de consultoría, de arquitectura o de ingeniería. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley, en el procedimiento restringido, en los procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada el plazo de presentación de las solicitudes de participación deberá ser el suficiente para el adecuado examen de los pliegos y de las circunstancias y condiciones relevantes para la ejecución del contrato, todo ello en atención al alcance y complejidad del contrato. En cualquier caso, no podrá ser inferior a. quince días, contados a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. veinte días, contados a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. veintiséis días, contados a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. treinta días, contados a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

De acuerdo con la Ley, en el procedimiento restringido, en los procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, cuando el plazo general de presentación de solicitudes sea impracticable por tratarse de una situación de urgencia, el órgano de contratación para los contratos de obras, suministros y servicios podrá fijar otro plazo que no será inferior a. quince días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación. diez días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación. Veinte días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación. Treinta días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación.

De acuerdo con la Ley, en el procedimiento restringido, si se trata de contratos no sujetos a regulación armonizada, el plazo para la presentación de solicitudes de participación será, como mínimo, de. diez días, contados desde la publicación del anuncio de licitación. quince días, contados desde la publicación del anuncio de licitación. veinte días, contados desde la publicación del anuncio de licitación. Treinta días, contados desde la publicación del anuncio de licitación.

En el procedimiento restringido, como regla general, el órgano de contratación señalará el número mínimo de empresarios a los que invitará a participar en el procedimiento, que no podrá ser inferior a. Tres. Siete. Cinco. Diez.

En cuanto al procedimiento restringido. Si así lo estima procedente, el órgano de contratación podrá fijar el número máximo de candidatos a los que se invitará a presentar oferta. Los criterios o normas objetivos y no discriminatorios con arreglo a los cuales se seleccionará a los candidatos, así como el número mínimo y, en su caso, el número máximo de aquellos a los que se invitará a presentar proposiciones se indicarán en el anuncio de licitación. El órgano de contratación, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, seleccionará a los que deban pasar a la siguiente fase, a los que invitará, simultáneamente y por escrito, a presentar sus proposiciones. Todas son correctas.

De acuerdo con la Ley, el plazo general de presentación de proposiciones en los procedimientos restringidos relativos a contratos sujetos a regulación armonizada será el suficiente para la adecuada elaboración de las proposiciones en función del alcance y complejidad del contrato. En cualquier caso no será inferior a. diez días, contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita. quince días, contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita. veinte días, contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita. treinta días, contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita.

De acuerdo con la Ley, en cuanto al plazo general de presentación de proposiciones en los procedimientos restringidos relativos a contratos sujetos a regulación armonizada, podrá reducirse cuando se hubiera envidado el anuncio de información previa a. Cinco días. Diez días. Quince días. Treinta días.

En los contratos SARA, cuando el plazo general de presentación de proposiciones sea impracticable por tratarse de una situación de urgencia, el órgano de contratación podrá fijar otro plazo que no será inferior a. cinco días contados desde la fecha del envío de la invitación escrita. diez días contados desde la fecha del envío de la invitación escrita. Quince días contados desde la fecha del envío de la invitación escrita. Veinte días contados desde la fecha del envío de la invitación escrita.

En los contratos SARA, si el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por medios electrónicos, podrá reducirse el plazo general de presentación de proposiciones en. Tres días. Cinco días. Diez días. Ninguna es correcta.

En los procedimientos restringidos relativos a contratos no sujetos a regulación armonizada, el plazo para la presentación de proposiciones no será inferior a. cinco días, contados desde la fecha de envío de la invitación. diez días, contados desde la fecha de envío de la invitación. quince días, contados desde la fecha de envío de la invitación. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de contratos. En los procedimientos con negociación la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras negociar las condiciones del contrato con al menos 5 candidatos. En los procedimientos con negociación la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos. En los procedimientos con negociación la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, sin negociar las condiciones del contrato. Ninguna es cierta.

Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento de licitación con negociación en los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios cuando se dé, ¿ Qué situaciones de las siguientes?. Cuando para dar satisfacción a las necesidades del órgano de contratación resulte imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponible en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los licitadores. Cuando el contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas vinculadas a la naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, o por los riesgos inherentes a la misma. Cuando se trate de contratos de servicios sociales personalísimos que tengan por una de sus características determinantes el arraigo de la persona en el entorno de atención social, siempre que el objeto del contrato consista en dotar de continuidad en la atención a las personas que ya eran beneficiarias de dicho servicio. Todas son correctas.

En los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios , cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado, o cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado. Se puede aplicar el procedimiento negociado sin publicidad. Se puede aplicar el procedimiento negociado, y será obligatorio publicar un anuncio. No se puede aplicar el procedimiento negociado. Ninguna es cierta.

En los casos en que concurra una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, que demande una pronta ejecución del contrato que no pueda lograrse mediante la aplicación de la tramitación de urgencia ¿ En qué contratos se podrá utilizar el procedimiento negociado sin publicidad?. No se permite. Se exige publicidad en este caso. Solo en suministros y servicios. En obras, suministros y servicios. En obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios.

¿En qué supuestos de los siguientes podemos acudir en los contratos de suministros al negociado sin publicidad?. Cuando se trate de la adquisición en mercados organizados o bolsas de materias primas de suministros que coticen en los mismos. Cuando se trate de un suministro concertado en condiciones especialmente ventajosas con un proveedor que cese definitivamente en sus actividades comerciales, o con los administradores de un concurso, o a través de un acuerdo judicial o un procedimiento de la misma naturaleza. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

Como regla general, en caso de que se decida limitar el número de empresas a las que se invitará a negociar, el órgano de contratación y los servicios dependientes de él, en todo caso, deberán asegurarse de que el número mínimo de candidatos invitados será de. Cinco. Tres. Diez. Dos.

Determina la falsa en el procedimiento negociado. Los órganos de contratación deberán articular el procedimiento en fases sucesivas. Los órganos de contratación informarán por escrito a todos los licitadores cuyas ofertas no hayan sido excluidas, de todo cambio en las especificaciones técnicas u otra documentación de la contratación, y les darán plazo suficiente para que presenten una nueva oferta revisada. No se negociarán los requisitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni tampoco los criterios de adjudicación. En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación.

En el procedimiento negociado,. A petición del licitador que haya presentado una oferta admisible, la mesa de contratación, o en su defecto, los servicios dependientes del órgano de contratación, comunicará lo antes posible y en todo caso dentro de los cinco días siguientes al de recepción de la solicitud por escrito de aquel, el desarrollo de las negociaciones, salvo determinados datos amparándose en la excepción de confidencialidad. A petición del licitador que haya presentado una oferta admisible, la mesa de contratación, o en su defecto, los servicios dependientes del órgano de contratación, comunicará lo antes posible y en todo caso dentro de los diez días siguientes al de recepción de la solicitud por escrito de aquel, el desarrollo de las negociaciones, salvo determinados datos amparándose en la excepción de confidencialidad. A petición del licitador que haya presentado una oferta admisible, la mesa de contratación, o en su defecto, los servicios dependientes del órgano de contratación, comunicará lo antes posible y en todo caso dentro de los quince días siguientes al de recepción de la solicitud por escrito de aquel, el desarrollo de las negociaciones, salvo determinados datos amparándose en la excepción de confidencialidad. Ninguna es correcta.

En el diálogo competitivo,. La mesa especial de diálogo competitivo dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta. El órgano de contratación dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta. La mesa especial de diálogo competitivo dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, sin solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta. Ninguna es correcta.

¿En qué supuestos de los siguientes permite la Ley acudir al procedimiento de dialogo competitivo?. Cuando para dar satisfacción a las necesidades del órgano de contratación resulte imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponible en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los licitadores. Cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o soluciones innovadoras. Cuando en los procedimientos abiertos o restringidos seguidos previamente solo se hubieren presentado ofertas irregulares o inaceptables. Todas son ciertas.

En el dialogo competitivo, en caso de que se decida limitar el número de empresas a las que se invitará a dialogar, el órgano de contratación en todo caso deberá asegurase de que el número mínimo de candidatos capacitados para ejecutar el objeto del contrato será de. Cinco. Tres. Diez. Ninguna es correcta.

En el dialogo competitivo. La mesa especial del diálogo competitivo desarrollará con los candidatos seleccionados un diálogo cuyo fin será determinar y definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades. En el transcurso de este diálogo, podrán debatirse todos los aspectos del contrato con los candidatos seleccionados. La mesa no podrá revelar a los demás participantes las soluciones propuestas por un participante u otros datos confidenciales que este les comunique sin previo consentimiento de este. Todas son correctas.

A petición del licitador que haya sido descartado en la fase de diálogo, la mesa informará lo antes posible y en todo caso dentro de los. cinco días siguientes al de recepción de la solicitud por escrito de aquel, del desarrollo del diálogo con los licitadores. diez días siguientes al de recepción de la solicitud por escrito de aquel, del desarrollo del diálogo con los licitadores. quince días siguientes al de recepción de la solicitud por escrito de aquel, del desarrollo del diálogo con los licitadores. Ninguna es cierta.

En el dialogo competitivo. El órgano de contratación evaluará las ofertas presentadas por los licitadores en función de los criterios de adjudicación establecidos en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo y seleccionará la oferta que presente la mejor relación calidad precio. La mesa evaluará las ofertas presentadas por los licitadores en función de los criterios de adjudicación establecidos en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo y seleccionará la oferta que presente el precio más bajo. La mesa evaluará las ofertas presentadas por los licitadores en función de los criterios de adjudicación establecidos en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo y seleccionará la oferta que presente la mejor relación calidad precio. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de contratos,. La asociación para la innovación es un procedimiento que tiene como finalidad el desarrollo de productos o servicios innovadores y la compra ulterior de los suministros, servicios resultantes, siempre que correspondan a los niveles de rendimiento y a los costes máximos acordados entre los órganos de contratación y los participantes. La asociación para la innovación es un procedimiento que tiene como finalidad el desarrollo de productos, servicios u obras innovadores y la compra ulterior de los suministros, servicios u obras resultantes, siempre que correspondan a los niveles de rendimiento y a los costes mínimos acordados entre los órganos de contratación y los participantes. La asociación para la innovación es un procedimiento que tiene como finalidad el desarrollo de productos, servicios u obras innovadores sin compra ulterior de los suministros, servicios u obras resultantes, siempre que correspondan a los niveles de rendimiento y a los costes máximos acordados entre los órganos de contratación y los participantes. La asociación para la innovación es un procedimiento que tiene como finalidad el desarrollo de productos, servicios u obras innovadores y la compra ulterior de los suministros, servicios u obras resultantes, siempre que correspondan a los niveles de rendimiento y a los costes máximos acordados entre los órganos de contratación y los participantes.

Los contratos que se adjudiquen por el procedimiento de asociación para la innovación, se regirán. En la fase de investigación y desarrollo, por las normas que se establezcan reglamentariamente, así como por las prescripciones contenidas en los correspondientes pliegos, y supletoriamente por las normas del contrato de suministros. En la fase de investigación y desarrollo, por las normas que se establezcan reglamentariamente, así como por las prescripciones contenidas en los correspondientes pliegos, y supletoriamente por las normas del contrato de concesión servicios. En la fase de investigación y desarrollo, por las normas que se establezcan reglamentariamente, así como por las prescripciones contenidas en los correspondientes pliegos, y supletoriamente por las normas del contrato de servicios. Ninguna es cierta.

Los contratos que se adjudiquen por el procedimiento de asociación para la innovación, se regirán. En la fase de ejecución de las obras, servicios o suministros derivados de este procedimiento, exclusivamente por los pliegos. En la fase de ejecución de las obras, servicios o suministros derivados de este procedimiento, por las normas correspondientes al contrato de servicios. En la fase de ejecución de las obras, servicios o suministros derivados de este procedimiento, por las normas correspondientes al contrato relativo a la prestación de que se trate. Ninguna es cierta.

El plazo mínimo para la recepción de las solicitudes en contratos no SARA no podrá ser inferior a. veinte días contados desde la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. quince días contados desde la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. treinta días contados desde la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. Diez días contados desde la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante.

En cuanto al procedimiento de asociación para la innovación. A los efectos de seleccionar a los candidatos, los órganos de contratación aplicarán, en particular, criterios objetivos de solvencia relativos a la capacidad de los candidatos en los ámbitos de la investigación y del desarrollo, así como en la elaboración y aplicación de soluciones innovadoras. Solo los empresarios a los que invite el órgano de contratación tras evaluar la información solicitada podrán presentar proyectos de investigación e innovación destinados a responder a las necesidades señaladas por el órgano de contratación que no puedan satisfacerse con las soluciones existentes. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

En el procedimiento de asociación para la innovación, los órganos de contratación podrán limitar el número de candidatos aptos que hayan de ser invitados a participar en el procedimiento, siendo. tres el número mínimo de empresarios a los que se invitará a negociar. cinco el número mínimo de empresarios a los que se invitará a negociar. siete el número mínimo de empresarios a los que se invitará a negociar. Ninguna es cierta.

En el procedimiento de asociación para la innovación ¿Los contratos se adjudicarán con arreglo al criterio de la mejor relación calidad- precio?. Preferentemente. No necesariamente. Únicamente. En ningún caso.

En el procedimiento de asociación para la innovación. Salvo que se disponga de otro modo, los órganos de contratación negociarán con los candidatos seleccionados las ofertas iniciales y todas las ofertas ulteriores presentadas por estos, excepto la oferta definitiva, con el fin de mejorar su contenido. No se negociarán los requisitos mínimos ni los criterios de adjudicación. Las negociaciones durante los procedimientos de las asociaciones para la innovación podrán desarrollarse en fases sucesivas V a fin de reducir el número de ofertas que haya que negociar, aplicando los criterios de adjudicación especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y recogidos en el anuncio de licitación. El órgano de contratación indicará claramente en el anuncio de licitación y en los pliegos de cláusulas administrativas particulares si va a hacer uso de esta opción. Todas son ciertas.

De acuerdo con la Ley. En todo caso, la resolución de la asociación para la innovación o la reducción del número de candidatos participantes dará lugar a indemnización, sin perjuicio de la contraprestación que, en las condiciones establecidas en el pliego, corresponda por los trabajos realizados. En ningún caso, la resolución de la asociación para la innovación o la reducción del número de candidatos participantes dará lugar a indemnización, sin perjuicio de la contraprestación que, en las condiciones establecidas en el pliego, corresponda por los trabajos realizados. En casos excepcionales debidamente motivados, la resolución de la asociación para la innovación o la reducción del número de candidatos participantes dará lugar a indemnización, sin perjuicio de la contraprestación que, en las condiciones establecidas en el pliego, corresponda por los trabajos realizados. Ninguna es cierta.

En la asociación para la innovación, en el caso de que la adquisición de las obras, servicios o suministros conlleve la realización de prestaciones sucesivas, aquella solo se podrá llevar a cabo durante un periodo máximo de. cuatro años a partir de la recepción de la resolución sobre la adquisición. Cinco años a partir de la recepción de la resolución sobre la adquisición. Tres años a partir de la recepción de la resolución sobre la adquisición. Diez años a partir de la recepción de la resolución sobre la adquisición.

De acuerdo con la Ley de contratos. Los contratos del Sector público se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por la Ley de Contratos y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos especiales les serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por la Ley de Contratos y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos especiales les serán de aplicación, en primer término, las normas de Derecho privado. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por la Ley de Contratos y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos especiales les serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas. Ninguna es cierta.

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas. deberá darse audiencia al contratista. No deberá darse audiencia al contratista. Deberá obtenerse en todo caso dictamen previo del Consejo de estado. Ninguna es cierta.

¿ En qué supuestos será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma?. En la interpretación, nulidad y resolución de los contratos. En la interpretación, nulidad y resolución de los contratos cuando se formule oposición por parte del contratista. Exclusivamente en la interpretación, nulidad y resolución cuando el precio del contrato sea igual o superior a 6.000.000 de euros. Ninguna es cierta.

Será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en. Las modificaciones de los contratos cuando estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros. Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros. Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 600.000 de euros. Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros.

Será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a. 5.000 euros. 150.000 euros. 10.000 euros. 50.000 euros.

En cuanto a las prerrogativas, los acuerdos que adopte el órgano de contratación: No pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. Pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. Pondrán fin a la vía administrativa y no serán inmediatamente ejecutivos. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de contratos, los pliegos o el documento descriptivo podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser. Inferiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato. superiores al 20 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato. superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 25 por cien del precio del contrato. superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso,. por su suspensión o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo. por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas generales o en el documento descriptivo. por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de contratos. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en mora del contratista precisará intimación previa por parte de la Administración. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

De acuerdo con la Ley de contratos. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 10 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la suspensión del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de contratos y en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del mes siguiente a la producción del hecho, al órgano de contratación para que este, oído el contratista, informe sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al órgano de contratación para que este, oído el contratista, informe sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad no interrumpe el plazo de prescripción de la acción. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al órgano de contratación para que este, oído el contratista, informe sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción. Ninguna es correcta.

De acuerdo con la Ley. El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las condiciones señaladas en los respectivos pliegos, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

De acuerdo con la Ley de contratos. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los diez días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los quince días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados.

De acuerdo con la Ley de contrato, si la Administración se demorase en el precio, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días: los intereses de demora y el índice de garantía de competitividad en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. los intereses de demora previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Ninguna es cierta.

Sin perjuicio de la liquidación y la certificación final de las obras (210.4 y 243.1),la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los. treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio. sesenta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio. diez días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio. quince días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.

De acuerdo con la Ley de contratos. Si la demora en el pago fuese superior a dos meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con 15 días de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de contratos. Si la demora de la Administración fuese superior a tres meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. Si la demora de la Administración fuese superior a cuatro meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. Ninguna es cierta.

En cuanto al procedimiento para la reclamación del pago, la Ley establece que, transcurrido el plazo, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de. Quince días , la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contenciosoadministrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contenciosoadministrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. Tres meses, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contenciosoadministrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. Ninguna es cierta.

Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los abonos a cuenta que procedan por la ejecución del contrato, ¿ En qué supuestos de los siguientes podrán ser embargados?. Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución del contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos. Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y suministradores referidas a la ejecución del contrato. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

De acuerdo con la Ley de contratos,. Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán ceder el mismo conforme a derecho. Para que la cesión del derecho de cobro sea efectiva frente a la Administración, no será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

De acuerdo con la Ley de contratos, el incumplimiento de las obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades que deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al. 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 20 por cien del precio del contrato. 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 10 por cien del precio del contrato. 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 40 por cien del precio del contrato. 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia. hasta un máximo del diez por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad. hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad. hasta un máximo del cincuenta por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad. hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas generales se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad.

Los órganos de contratación, ¿podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial?. En circunstancias excepcionales debidamente motivadas. Si. De forma expresa, clara e inequívoca. En ningún caso. Si. Previo informe de la Junta consultiva.

¿ En qué supuestos de los siguientes se podría modificar el contrato?. Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales. Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato. Cuando las modificaciones no sean sustanciales. Todas son correctas.

De acuerdo con la LC, se puede modificar el contrato , cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato. ¿ Qué se exige en la Ley en cuanto al precio?. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas, del 15 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas, del 20 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas, del 70 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

En los supuestos de modificación del contrato previstas en el pliego, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del. 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA incluido. 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA incluido. 50 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

Determina la correcta. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por ser la demora en el pago superior a 6 meses, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por ser la demora en el pago superior a 4 meses, se extenderá un acta, siempre de oficio, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por ser la demora en el pago superior a 4 meses, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel. Ninguna es cierta.

Acordada la suspensión, ¿ Qué abonará la Administración al contratista en cuanto a los daños y perjuicios?. Un 2 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato. Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato. Un 5 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato. Un 10 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato.

En cuanto a la suspensión de los contratos: El derecho a reclamar prescribe en un mes contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato. El derecho a reclamar prescribe en tres meses contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato. El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato. El derecho a reclamar prescribe a los cinco años contados desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato.

De acuerdo con la LC, el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación. En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un. acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro de los diez días siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características. acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro de los quince días siguientes a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características. acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características. acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro de los tres meses siguientes a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características.

¿ Qué causa de resolución de las siguientes es falsa?. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior a 4 meses (o el plazo inferior que se hubiera fijado por las CCAA). Ninguna es cierta.

La resolución por impago de salarios,. Solo se acordará, con carácter general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la subrogación y el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 2 por ciento del precio de adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada directamente por el órgano de contratación de oficio. Solo se acordará, con carácter general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la subrogación y el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 3 por ciento del precio de adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada directamente por el órgano de contratación de oficio. Solo se acordará, con carácter general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la subrogación y el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 por ciento del precio de adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada directamente por el órgano de contratación de oficio. Solo se acordará, con carácter general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la subrogación y el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 10 por ciento del precio de adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada directamente por el órgano de contratación de oficio.

De acuerdo con la LC. Serán obligatorias para la Administración y para el contratista las restantes modificaciones no previstas en el contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en cuantía que exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. Serán potestativas para la Administración y para el contratista las restantes modificaciones no previstas en el contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en cuantía que exceda del 50 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. Serán potestativas para la Administración y para el contratista las restantes modificaciones no previstas en el contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en cuantía que exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. Ninguna es cierta.

Determina la correcta en cuanto a la resolución. Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual la Administración no podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores. La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. Las dos primeras son ciertas. Las dos primeras son falsas.

Los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de. 1 año. 3 meses. 6 meses. 8 meses.

En cuanto a la resolución. El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del contrato determinará para aquella, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

Cuando la resolución se acuerde por la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, el contratista tendrá derecho a una indemnización del. 3 por ciento del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista o este rechace la modificación contractual propuesta por la Administración. 5 por ciento del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista o este rechace la modificación contractual propuesta por la Administración. 15 por ciento del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista o este rechace la modificación contractual propuesta por la Administración. Ninguna es correcta.

En cuanto a la cesión es necesario que el órgano de contratación la autorice de forma previa y expresa. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de. dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse desestimada por silencio administrativo. dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo. tres meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo. tres meses, trascurrido el cual deberá entenderse desestimada por silencio administrativo.

Como regla general para la cesión es requisito. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 10 por 100 del importe del contrato o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya efectuado su explotación durante al menos una cuarta parte del plazo de duración del contrato. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, cuando se trate de un contrato de obras o concesión de servicios, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato.

¿ Qué requisitos se exigen para la cesión?. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. Las dos primeras son ciertas. Las dos primeras son falsas.

Si los pliegos hubiesen impuesto a los licitadores la obligación de comunicar las condiciones de la subcontratación, los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran. veinte días desde que se hubiese cursado la notificación salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Treinta días desde que se hubiese cursado la notificación salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Diez días desde que se hubiese cursado la notificación salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Quince días desde que se hubiese cursado la notificación salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos.

En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación requerirá. siempre autorización expresa del órgano de contratación. autorización expresa del órgano de contratación salvo urgencia debidamente motivadas. siempre autorización expresa de la Junta consultiva. Ninguna es cierta.

La infracción de las condiciones tendrá, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera previsto en los pliegos: La imposición de una penalidad de hasta un 80 por 100 del importe del subcontrato. La resolución del contrato, siempre y cuando figure de manera precisa, clara e inequívoca. Las dos primeras son ciertas. Las dos primeras son falsas.

Determina la correcta en cuanto a la subcontratación. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. Todas son ciertas.

En cuanto al pago a los subcontratistas y suministradores, señala la falsa. Los plazos fijados no podrán ser más desfavorables que los previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y se computarán desde la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios por el contratista principal, siempre que el subcontratista o el suministrador hayan entregado la factura en los plazos legalmente establecidos. La aceptación deberá efectuarse en un plazo máximo de quince días desde la entrega de los bienes o la prestación del servicio. Dentro del mismo plazo deberán formularse, en su caso, los motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no se realizase en dicho plazo, se entenderá que se han aceptado los bienes o verificado de conformidad la prestación de los servicios. En caso de demora en el pago, el subcontratista o el suministrador tendrá derecho al cobro de los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.

En cuanto al pago a subcontratistas y suministradores, y de acuerdo con la Ley. Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades serán obligatorias, en los contratos de obras y en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 3 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas. Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades serán obligatorias, en los contratos de obras y en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 50 por ciento del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas. Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades serán obligatorias, en los contratos de obras y en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 2 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas. Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades serán obligatorias, en los contratos de obras y en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas.

De acuerdo con la LC, para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos las Administraciones Públicas podrán concluir. acuerdos básicos, articular sistemas dinámicos, o centralizar la contratación de obras, servicios y suministros en servicios especializados. acuerdos marco, articular sistemas simplificados, o centralizar la contratación de obras, servicios y suministros en servicios especializados. acuerdos marco, articular sistemas dinámicos, o centralizar la contratación de obras, concesión de servicios y suministros en servicios especializados. acuerdos marco, articular sistemas dinámicos, o centralizar la contratación de obras, servicios y suministros en servicios especializados.

La duración de un acuerdo marco no podrá exceder de. Cuatro años. cuatro años, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados. cinco años. cinco años, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados.

La posibilidad de adjudicar contratos con base en un acuerdo marco estará condicionada a que en el. plazo de quince días desde su formalización, se hubiese remitido el correspondiente anuncio de la misma a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, en el caso de que se trate de contratos sujetos a regulación armonizada y efectuado su publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación, y en el «Boletín Oficial del Estado» en el caso de los acuerdos marco celebrados en la Administración General del Estado. plazo de treinta días desde su formalización, se hubiese remitido el correspondiente anuncio de la misma a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, en el caso de que se trate de contratos no sujetos a regulación armonizada y efectuado su publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación, y en el «Boletín Oficial del Estado» en el caso de los acuerdos marco celebrados en la Administración General del Estado. plazo de treinta días desde su formalización, se hubiese remitido el correspondiente anuncio de la misma a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, en el caso de que se trate de contratos sujetos a regulación armonizada y efectuado su publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación, y en el «Boletín Oficial del Estado» en el caso de los acuerdos marco celebrados en la Administración General del Estado. Ninguna es cierta.

Determina la correcta, de conformidad con la Ley de contratos. Los órganos de contratación podrán articular sistemas dinámicos de adquisición de servicios y suministros de uso corriente cuyas características, generalmente disponibles en el mercado, satisfagan sus necesidades, siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada. Los órganos de contratación podrán articular sistemas dinámicos de adquisición de obras, servicios y suministros de uso corriente cuyas características, generalmente disponibles en el mercado, satisfagan sus necesidades, siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada. Los órganos de contratación podrán articular sistemas dinámicos de adquisición de obras, servicios y suministros de uso no corriente cuyas características, generalmente disponibles en el mercado, satisfagan sus necesidades, siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada. Los órganos de contratación podrán articular sistemas dinámicos de adquisición de suministros de uso corriente cuyas características, generalmente disponibles en el mercado, satisfagan sus necesidades, siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.

En cuanto al sistema dinámico de adquisición. Serán admitidos en el sistema todos los solicitantes que cumplan los criterios de selección, sin que pueda limitarse el número de candidatos admisibles en el sistema. Todas las comunicaciones que se realicen en el contexto de un sistema dinámico de adquisición se harán utilizando únicamente medios electrónicos. Las dos primeras son ciertas. Las dos primeras son falsas.

En cuanto al sistema dinámico de adquisición. La participación en el sistema será gratuita para las empresas, a las que no se podrá cargar ningún gasto. Los órganos de contratación informarán a la Junta Consultiva de cualquier cambio del periodo de vigencia establecido en el anuncio de licitación. Las dos primeras son ciertas. Las dos primeras son falsas.

En el sistema dinámico de adquisición, el plazo mínimo para la presentación de las solicitudes de participación será de. quince días, contados a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. treinta días, contados a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. diez días, contados a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley. Las entidades del sector público podrán centralizar la contratación de servicios y suministros, atribuyéndola a servicios especializados. Las entidades del sector público podrán centralizar la contratación de suministros, atribuyéndola a servicios especializados. Las entidades del sector público podrán centralizar la contratación de obras, servicios y suministros, atribuyéndola a servicios especializados. Las entidades del sector público podrán centralizar la contratación de servicios, gestión de servicios y suministros, atribuyéndola a servicios especializados.

Respecto al órgano de contratación. Los Ministros y los Secretarios de Estado son los órganos de contratación de la Administración General del Estado y, en consecuencia, están facultados para celebrar en su nombre los contratos en el ámbito de su competencia. Corresponden al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Junta de Contratación Centralizada, las funciones de órgano de contratación del sistema estatal de contratación centralizada. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

En cuanto a las Juntas de contratación, señala la falsa. La composición de las Juntas de Contratación se fijará reglamentariamente, debiendo figurar entre sus vocales un funcionario que tenga atribuido, legal o reglamentariamente, el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor. En ningún caso podrán formar parte de las Juntas de Contratación ni emitir informes de valoración de las ofertas los cargos públicos representativos, los altos cargos, el personal de elección o designación política ni el personal eventual. En ningún caso, podrán formar parte de las Juntas de Contratación personal funcionario interino. Tampoco podrá formar parte de las Juntas de Contratación el personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate.

Los órganos de contratación de las entidades del sector público estatal que tengan la consideración de poder adjudicador necesitarán la autorización del Consejo de Ministros para celebrar. Cuando el valor estimado del contrato, sea igual o superior a seis millones de euros. Cuando el valor estimado del contrato, sea igual o superior a diez millones de euros. Cuando el valor estimado del contrato, sea igual o superior a doce millones de euros. Ninguna es cierta.

Los órganos de contratación de las entidades del sector público estatal que tengan la consideración de poder adjudicador necesitarán la autorización del Consejo de Ministros para celebrar , cuando el pago de los contratos se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere. Dos años. Tres años. Cuatro años. Cinco años.

De acuerdo con la Ley de contratos. Las competencias en materia de contratación podrán ser desconcentradas por Ley, en cualesquiera órganos, sean o no dependientes del órgano de contratación. Las competencias en materia de contratación podrán ser desconcentradas por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, en cualesquiera órganos, siempre que sean dependientes del órgano de contratación. Las competencias en materia de contratación podrán ser desconcentradas por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, en cualesquiera órganos, sean o no dependientes del órgano de contratación. Ninguna es cierta.

En cuanto a las mesas de contratación, señala la correcta. Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación, los órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una mesa de contratación. En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la mesa será obligatoria para el órgano de contratación, salvo cuando se fundamente en la existencia de una imperiosa urgencia. En los contratos de obras de valor estimado inferior a 90.000 euros, y en contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros, será potestativa la constitución de la mesa. Todas son correctas.

De acuerdo con la Ley de contratos, para asistir al órgano de contratación en los procedimientos de diálogo competitivo o de asociación para la innovación que se sigan por las Administraciones Públicas, se constituirá una mesa con la composición estudiada a la que se incorporarán personas especialmente cualificadas en la materia sobre la que verse el diálogo o la asociación para la innovación, designadas por el órgano de contratación. El número de estas personas. será igual o superior a la mitad de los componentes de la Mesa y participarán en las deliberaciones con voz y voto. será igual o superior a un tercio de los componentes de la Mesa y participarán en las deliberaciones con voz y voto. será igual o superior a un tercio de los componentes de la Mesa y participarán en las deliberaciones sin voz y voto. Ninguna es correcta.

De acuerdo con la Ley de contratos ¿ Cuál es el punto de referencia de cooperación con la Comisión Europea en lo que se refiere a la aplicación de la legislación relativa a la contratación pública?. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. El Comité Consultivo de contratación pública. La Comisión Interdisciplinar en materia contractual. Ninguna es correcta.

De acuerdo con la LC. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado elaborará y remitirá a la Comisión Europea cada tres años un informe referido a todos los poderes adjudicadores estatales, autonómicos y locales , respecto de la licitación pública y ejecución de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado elaborará y remitirá a la Comisión Europea cada tres meses un informe referido a todos los poderes adjudicadores estatales, autonómicos y locales , respecto de la licitación pública y ejecución de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios que estén sujetos a regulación armonizada. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado elaborará y remitirá a la Comisión Europea cada tres años un informe referido a todos los poderes adjudicadores estatales, autonómicos y locales , respecto de la licitación pública y ejecución de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios que estén sujetos a regulación armonizada. Ninguna es correcta.

De acuerdo con la LC, se crea. En el seno de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, la Comisión de Cooperación en materia de contratación pública para asumir, en ejercicio de sus competencias, compromisos específicos en áreas de acción común de las distintas Administraciones Públicas. En el seno de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Comité de cooperación en materia de contratación pública para asumir, en ejercicio de sus competencias, compromisos específicos en áreas de acción común de las distintas Administraciones Públicas. En el seno de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Comité de coordinación en materia de contratación pública para asumir, en ejercicio de sus competencias, compromisos específicos en áreas de acción común de las distintas Administraciones Públicas. Ninguna es correcta.

En el marco del principio de lealtad institucional que rige las relaciones entre las Administraciones Públicas contemplado con carácter básico en el artículo 3 de la Ley 40/2015, y con la finalidad de que la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado pueda cumplir con las obligaciones respecto a la Comisión Europea, las Comunidades Autónomas remitirán en formato electrónico al Comité de Cooperación, ¿ Qué documentación de la siguiente?. Un informe comprensivo sobre participación de las PYME, datos estadísticos de contratación, órganos encargados de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en virtud del derecho de la UE, iniciativas adoptadas para proporcionar orientación gratuita sobre la aplicación de la normativa UE con una periodicidad mínima de tres años. Un informe comprensivo de las cuestiones relacionadas en el epígrafe siguiente relatico a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión con una periodicidad mínima de tres años. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

De acuerdo con la Ley de contratos. Se crea la Oficina Independiente de Revisión y Supervisión de la Contratación como órgano colegiado, con la finalidad de velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades, en relación con la contratación pública. Se crea la Oficina Independiente de Control de la Contratación como órgano colegiado, con la finalidad de velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades, en relación con la contratación pública. Se crea la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación como órgano colegiado, con la finalidad de velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades, en relación con la contratación pública. Ninguna es cierta.

A efectos puramente organizativos y presupuestarios, la Oficina se adscribe al. Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Subsecretaría del Departamento. Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría General del Departamento. Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Subsecretaría del Departamento. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de Contratos. Los titulares de la presidencia y de las vocalías de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación serán preferentemente funcionarios de carrera, pertenecientes al Subgrupo A1, que cuenten, al menos, con 10 años de experiencia profesional en materias relacionadas con la contratación pública. Los titulares de la presidencia y de las vocalías de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación serán funcionarios de carrera, pertenecientes al Subgrupo A1, que cuenten, al menos, con 10 años de experiencia profesional en materias relacionadas con la contratación pública. Los titulares de la presidencia y de las vocalías de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación serán funcionarios de carrera, pertenecientes al Subgrupo A1, que cuenten, al menos, con 15 años de experiencia profesional en materias relacionadas con la contratación pública. Ninguna es cierta.

De acuerdo con la Ley de contratos. La Comisión Nacional de Evaluación, órgano colegiado integrado en la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, tiene como finalidad analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos de concesión de servicios. La Oficina Nacional de Evaluación, órgano colegiado integrado en la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, tiene como finalidad analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de obras y contratos y servicios. La Oficina Nacional de Evaluación, órgano colegiado integrado en la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, tiene como finalidad analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos de concesión de servicios. Ninguna es correcta.

Determina la correcta. Cada Comunidad Autónoma deberá adherirse a la Oficina Nacional de Evaluación para que realice dichos informes o si hubiera creado un órgano u organismo equivalente solicitará estos informes preceptivos al mismo cuando afecte a sus contratos de concesión. La Estrategia Nacional de Contratación Pública , es el instrumento jurídico vinculante, aprobado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, que se basará en el análisis de actuaciones de contratación realizadas por todo el sector público incluyendo todos los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras comprendidas en el sector público estatal, autonómico o local, así como las de otros entes, organismos y entidades pertenecientes a los mismos que no tengan la naturaleza de poderes adjudicadores. Las dos primeras son correctas. Las dos primeras son falsas.

De acuerdo con la Ley de contratos. La primera Estrategia se aprobará por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación en el plazo de nueve meses desde la publicación de la Ley de Contratos en el «Boletín Oficial del Estado.». En el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla podrá elaborarse una estrategia de contratación pública que deberá ser coherente con la estrategia nacional de contratación. Las dos primeras son ciertas. Las dos primeras son falsas.

En los casos previstos en la Ley de contratos, ¿Dentro de qué plazo deberá remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente del que se derive?. Dentro de los dos meses siguientes a la formalización del contrato. Dentro de los tres meses siguientes a la ejecución del contrato. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato. Dentro de los seis meses siguientes a la adjudicación del contrato.

De acuerdo con la Ley, los contratos de obras se remiten al Tribunal de Cuentas u órgano de fiscalización de la Comunidad cuando. Su valor estimado exceda de 600.000 Euros. Su valor estimado exceda de 6.000.000 Euros. Su valor estimado exceda de 150.000 Euros. Su valor estimado exceda de 450.000 Euros.

De acuerdo con la Ley, los contratos de suministros se remiten al Tribunal de Cuentas u órgano de fiscalización de la Comunidad cuando. Su valor estimado exceda de 600.000 Euros. Su valor estimado exceda de 6.000.000 Euros. Su valor estimado exceda de 150.000 Euros. Su valor estimado exceda de 450.000 Euros.

De acuerdo con la Ley, los contratos de concesiones de obras y concesiones de servicios se remiten al Tribunal de Cuentas u órgano de fiscalización de la Comunidad cuando. Su valor estimado exceda de 600.000 Euros. Su valor estimado exceda de 6.000.000 Euros. Su valor estimado exceda de 150.000 Euros. Su valor estimado exceda de 450.000 Euros.

De acuerdo con la Ley, los contratos de servicios se remiten al Tribunal de Cuentas u órgano de fiscalización de la Comunidad cuando. Su valor estimado exceda de 600.000 Euros. Su valor estimado exceda de 6.000.000 Euros. Su valor estimado exceda de 150.000 Euros. Su valor estimado exceda de 450.000 Euros.

¿ Qué horizonte temporal tendrá la Estrategia Nacional de Contratación Pública?. 2 años. 3 años. 4 años. 5 años.