LEY 12/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE, igualdad Andalucía

La integración de la perspectiva de género en Andalucía ha supuesto avances muy importantes. En este sentido, la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas establece como obligatorios: El informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos aprobados por el Consejo de Gobierno. El enfoque de género en los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Ambas son correctas.

El objetivo principal de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía es: Garantizar la cooperación de la Administración del Estado con la Administración Autonómica para el cumplimiento de la transversalidad en clave de género. Garantizar la cooperación de la Administración del Estado con la Administración Autonómica para el cumplimiento de la interseccionalidad en clave de género. Ninguna es correcta.

La Ley 12/2007 será de aplicación: A la Administración de la Junta de Andalucía y al sistema universitario andaluz. A las entidades de la Administración local y a las personas físicas y jurídicas en los términos establecidos por la ley. Ambas son correctas.

En la representación equilibrada: Se garantiza la presencia de mujeres y hombres de forma que, el conjunto de personas que se refiera a cada sexo ni supere el setenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. Se garantiza la presencia de mujeres y hombres de forma que, el conjunto de personas que se refiera a cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. Se garantiza la presencia de mujeres y hombres de forma que, el conjunto de personas que se refiera a cada sexo ni sea menos del sesenta por ciento ni sea más del cuarenta por ciento.

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará. Acto de discriminación por razón de sexo. Acoso sexual. Acto de discriminación por razón de género.

Se entiende por lenguaje sexista: Las expresiones que discriminan a la mujer por razón de su sexo. El uso discriminatorio del lenguaje que se hace por razón de sexo. El uso discriminatorio del lenguaje que se hace por razón de género.

Entre los Principios generales de actuación de los poderes públicos de Andalucía para la consecución del objeto de la Ley 12/2007, en el marco de sus competencias, están exactamente: La incorporación del principio de igualdad de género y la coeducación en el sistema educativo. La especial protección de la maternidad y el impulso de los Planes de Conciliación. Ambas son correctas.

En la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas, la transversalidad de género implica que: Se consideren sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las mujeres. Se consideren sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las mujeres y de los hombres. Ninguna es correcta.

Para garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, los poderes públicos de Andalucía incorporarán: La evaluación del impacto de género en el desarrollo de sus competencias. Las medidas necesarias para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Ninguna es correcta.

La periodicidad de formulación y aprobación del Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía: No será inferior a dos años. No será inferior a cuatro años. No será superior a cuatro años.

El Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres, también incorporará entre sus líneas directrices una estrategia de apoyo a las mujeres: Extranjeras. Con discapacidad. Del ámbito rural.

Las entidades locales de Andalucía: Aprobarán sus propios planes de igualdad. Quedarán sujetas de forma íntegra al contenido de los planes estratégicos autonómicos. Ninguna es correcta.

Los poderes públicos de Andalucía integrarán la perspectiva de género en el desarrollo y aplicación de las políticas sociales, estableciendo medidas o programas específicos, entre otros, para: Impulsar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de mujeres y hombres. Mujeres al frente de familias monoparentales. Mujeres y hombres con hijos e hijas a cargo.

Los poderes públicos de Andalucía integrarán la perspectiva de género en los planes o programas de lucha contra la pobreza y la exclusión social, incorporando medidas que incidan en las causas de la feminización de la pobreza, con especial incidencia en: Familias con personas dependientes. Familias monoparentales y en víctimas de violencia de género. Ambas son correctas.

Los poderes públicos de Andalucía adoptarán las acciones necesarias para la atención social: A prostitutas y víctimas de trata y explotación sexual. A los hijos e hijas de las prostitutas y víctimas de trata y explotación sexual. A las víctimas de acoso por razón de sexo.

Los poderes públicos de Andalucía garantizarán la integración de las políticas de género: En las políticas de acción contra la pobreza. En las políticas de conciliación. En las políticas migratorias.

Los poderes públicos de Andalucía programarán acciones destinadas a mujeres en situación de soledad, que específicamente son: Mujeres mayores. Mujeres extranjeras sin apoyo familiar. Ambas son ciertas.

Según la Ley 12/2007, en el diseño de políticas de atención a las personas dependientes en Andalucía, los poderes públicos de Andalucía integrarán la perspectiva de género en: Las medidas para la igualdad de las cuidadoras y los cuidadores. El acceso permanente a la información, formación y asesoramiento de las cuidadoras. Los planes o programas que promuevan y favorezcan la eliminación de las desigualdades de género que se producen en el cuidado de las personas.

En relación a la inclusión social, los poderes públicos de Andalucía desarrollarán acciones con enfoque de género dirigidas a quienes se encuentre en situación de especial vulnerabilidad, especialmente: En el acceso a recursos económicos y alimentarios. En el acceso al empleo y la formación. Ambas son ciertas.

Para la atención social a las mujeres prostituidas y víctimas de trata y explotación sexual, los poderes públicos de Andalucía: Realizarán campañas de información y sensibilización. Desarrollarán de forma reglamentaria las medidas de atención al tráfico y explotación sexual de las mujeres. Elaborarán un Plan integral para la erradicación de la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas.