Ley 19/2013 de 9 de diciembre. Estructura y Preámbulo

Cuál es la estructura de la Ley 19/2013 de 19 de diciembre : Preámbulo + T. Preliminar + T. I: Transparencia de la actividad pública + T.II: Buen Gobierno + T.III: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno + 8 Disposiciones adicionales + 9 Disposiciones finales. Preámbulo + T. Preliminar + T. I: Transparencia de la actividad pública + T.II: Publicidad activa + T.III: Buen Gobierno + T.IV: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno + 4 Disposiciones adicionales + 9 Disposiciones finales. Preámbulo + T. Preliminar + T. I: Transparencia de la actividad pública + T.II: Publicidad activa + T.III: Buen Gobierno + 4 Disposiciones adicionales + 8 Disposiciones finales. Preámbulo + T. Preliminar + T. I: Ámbito subjetivo de aplicación + T.II: Publicidad activa + T.III: Derecho de acceso a la información pública + 9 Disposiciones adicionales + 4 Disposiciones finales.

La Ley 19/2013 de 9 de diciembre consta de: 23 artículos. 39 artículos. 40 artículos. 79 artículos.

El Título I de la Ley 19/2913 de 9 de diciembre incluye: 7 artículos. 3 capítulos. 3 artículos. 5 capítulos.

El Capítulo I del Título I de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre hace referencia a: Ámbito subjetivo de aplicación. Publicidad Activa. Derecho de acceso a la información. Buen Gobierno.

El Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre hace referencia a: Publicidad activa. Ámbito subjetivo de aplicación. Derecho de acceso a la información pública. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

El Capítulo III del Título I de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre hace referencia a: Derecho de acceso a la información pública. Ámbito subjetivo de aplicacion. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Buen Gobierno.

La Sección I del Capítulo III del Título I de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre hace referencia a: Régimen General. Ámbito subjetivo de aplicación. Buen Gobierno. Régimen de impugnaciones.

La Sección II del Capítulo III del Título I de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre hace referencia a: Ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Buen Gobierno. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Régimen general.

La Sección III del Capítulo III del Título I de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre hace referencia a: Régimen de impugnaciones. Régimen general. Buen Gobierno. Publicidad activa.

El Título II de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre hace referencia a: Buen Gobierno. Transparencia de la actividad pública. Publicidad activa. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

El Título III de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre hace referencia a: Consejo de Transparencia de Buen Gobierno. Buen Gobierno. Publicidad activa. Derecho de acceso a la información pública.

Son ejes fundamentales de toda acción política: La transparencia. El acceso a la información pública. Las normas de buen gobierno. Todas son correctas.

Son objetivos de la presente Ley: Incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública –que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas. Reconocer y garantizar el acceso a la información –lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública-. Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento –regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo–. Todas son correctas.

¿Por qué se dice que la Ley “avanza y profundiza” en las obligaciones de publicidad activa?. Hasta la Ley, las normas de transparencia existentes resultaban insuficientes y no satisfacían las exigencias sociales y políticas del momento. Hasta la Ley, las normas de transparencia existentes resultaban suficientes aunque era necesario refundirlas en una sola norma. Ambas son correctas. Ninguna es correcta.

Elige la opción falsa: En el ordenamiento jurídico español ya existen normas sectoriales que contienen obligaciones concretas de publicidad activa para determinados sujetos. Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. Esta Ley constituye un paso fundamental y necesario que se verá acompañado en el futuro con el impulso y adhesión por parte del Estado tanto a iniciativas multilaterales en este ámbito como con la firma de los instrumentos internacionales ya existentes en esta materia. En España, anteriormente a la presente Ley no se regulaba el derecho de acceso a la información pública.

En cuanto a los ámbitos donde La Ley amplía y refuerza las obligaciones de publicidad activa podemos decir que: En materia de información institucional, exige a los sujetos la publicación de información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les resulta de aplicación y su estructura organizativa, además de sus instrumentos de planificación y la evaluación de su grado de cumplimiento. En materia de información de relevancia jurídica y que afecte directamente al ámbito de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, la ley contiene un amplio repertorio de documentos que, al ser publicados, proporcionarán una mayor seguridad jurídica. En el ámbito de la información de relevancia económica, presupuestaria y estadística, se establece un amplio catálogo que debe ser accesible y entendible para los ciudadanos, dado su carácter de instrumento óptimo para el control de la gestión y utilización de los recursos públicos. Todas son correctas.

La Ley también regula el derecho de acceso a la información pública que, no obstante, ya ha sido desarrollado en otras disposiciones de nuestro ordenamiento como por ejemplo: el art. 105.b de la CE de 1978. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Todas son correctas.

Elige la opción falsa: En el ordenamiento jurídico español ya existen normas sectoriales que contienen obligaciones concretas de publicidad activa para determinados sujetos (por ejemplo, en materia de contratos, subvenciones, presupuestos o actividades de altos cargos). El derecho de acceso a la información pública que ya ha sido desarrollado en otras disposiciones de nuestro ordenamiento (por ej. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrolla en su artículo 37 el derecho de los ciudadanos a acceder a los registros y documentos que se encuentren en los archivos administrativos. Con un alcance sectorial otras normas contemplan el acceso a la información pública (ej.: Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente). La Ley parte de un vacío absoluto en cuanto a transparencia de la actividad pública.

Elige la opción correcta: Con un alcance sectorial otras normas contemplan el acceso a la información pública (ej.: Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, que regula el uso privado de documentos en poder de Administraciones y organismos del sector público). España ha liderado las iniciativas multilaterales en el ámbito de la transparencia, en particular, los instrumentos internacionales ya existentes en esta materia y la Ley es una demostración de ello. La Ley no avanza y profundiza en las obligaciones de publicidad activa, ya que es las primera vez que se establecen en nuestro ordenamiento. Con anterioridad a la Ley de Transparencia en el ordenamiento jurídico español ya existían normas que contienen obligaciones concretas de publicidad activa para determinados sujetos, aunque eran normas de alcance sectorial.

Elige la opción correcta: Ley regula e incrementa la transparencia pública de todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas mediante: la publicidad activa y el acceso a la información pública. Para cumplir el objetivo de que los ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de responsabilidad, la Ley consagra un régimen sancionador estructurado en infracciones en materia de conflicto de intereses, y en el ámbito disciplinario. Con anterioridad a la Ley de Transparencia en el ordenamiento jurídico español ya existían normas que contienen obligaciones concretas de publicidad activa para determinados sujetos, aunque eran normas de alcance sectorial. Anteriormente a la Ley, en España había una mejor fiscalización de la actividad pública.