Ley 31/1995 y Normativa Igualdad de género.

¿Qué se entiende por "riesgo laboral"?. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. La posibilidad de que un trabajador sufra una enfermedad en el trabajo. La posibilidad de que un trabajador sufra acoso. El riesgo que supone el ir a trabajar.

Indica cuál es la definición de prevención: La probabilidad racional de que un riesgo se materialice de forma inminente. El estudio de los procesos potencialmente peligrosos para el trabajo. Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.

Según establece el art. 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se define como daños derivados del trabajo: La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. El que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.

Señala la respuesta incorrecta: La Ley de Prevención de Riesgos Laborales se aplica a los operativos de Seguridad Civil en casos de catástrofe. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales se aplica a las sociedades cooperativas. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales se aplica a la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. En los establecimientos penitenciarios, se adaptarán a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales aquellas actividades cuyas características justifiquen una regulación especial.

Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la severidad del daño y: La probabilidad de que se produzca. La cantidad de trabajadores de la empresa. La existencia o no de equipos individuales de protección. Las condiciones de trabajo.

Entre los principios de la acción preventiva recogidos por el art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no figura: Evitar los riesgos. Evaluar los riesgos que se puedan evitar. Tener en cuenta la evolución de la técnica. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos: La protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. Soportar el coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. Desarrollar una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva.

El art. 21 de LPRL establece los requisitos y el procedimiento para que los representantes legales de los trabajadores acuerden la paralización de la actividad de los trabajos que están o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente si el empresario no adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. La medida será adoptada por: Acuerdo por mayoría absoluta de sus miembros. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de 48 horas, anulará o ratificará la paralización acordada. Acuerdo por mayoría de 2/3 de sus miembros. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de 24 horas, anulará o ratificará la paralización acordada. Acuerdo por mayoría de sus miembros. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de 48 horas, anulará o ratificará la paralización acordada. Acuerdo por mayoría de sus miembros. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de 24 horas, anulará o ratificará la paralización acordada.

El posible cambio de puesto de trabajo con riesgo para una trabajadora embarazada: Deberá realizarse en caso de imposibilidad de adaptación del propio puesto. Se hará previo informe en tal sentido del Servicio de Prevención. Se determinará por el empresario, y dará información a los representantes de los trabajadores. Se extenderá al período de lactancia.

¿Cuándo se deben utilizar los EPI?. Siempre. Cuando los riesgos no hayan sido evaluados. Cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse. Cuando el trabajador lo estime oportuno.

Según el art. 32 de la LPRL, en relación con las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, es cierto que: En ningún caso podrán desarrollar para empresas las funciones correspondientes a los servicios de prevención. Podrán desarrollar, para las empresas a ellas asociadas, las funciones correspondientes a los servicios de prevención, sin ningún tipo de restricción. Podrán desarrollar, para las empresas a ellas asociadas, las funciones correspondientes a los servicios de prevención, siempre que hayan sido objeto de acreditación por la Administración Laboral y previa aprobación de la Administración Sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter sanitario. Podrán desarrollar, libremente, las funciones correspondientes a los servicios de prevención de las empresas que así se los soliciten.

En las empresas de hasta 30 trabajadores el Delegado de Prevención será: El propio empresario. El trabajador más antiguo. El trabajador de mayor cualificación. El delegado de personal.

Según la LPRL, se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con: 30 o más trabajadores. 50 o más trabajadores. 75 o más trabajadores. 100 o más trabajadores.

Las obligaciones establecidas en la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, son de aplicación a: A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. A todos los ciudadanos españoles, ya sea en territorio español o territorio de cualquier país extranjero. A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, con nacionalidad española. A toda persona, física o jurídica, que resida en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad.

Según el art. 4 de la LO 3/2007, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres: Es un deber de las Administraciones Públicas. Es una fuente formal del Derecho. Es un principio informador del ordenamiento jurídico. Es un objetivo fundamental del procedimiento administrativo.

La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable, se considera: Discriminación directa. Acoso sexual. Discriminación indirecta. Violencia de género.

Conforme el art. 7.4 de la LO 3/2007, el condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará: Acto de discriminación por razón de sexo. Creación de un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Anulable y si efecto. Indemnizable.

Para prevenir la realización de conductas discriminatorias en los acto y las cláusulas de los negocios jurídicos, el art. 10 de la LO 3/2007 prevé la existencia de un sistema de sanciones eficaz y: Proporcionado. Comprensible. Cuantificable. Disuasorio.

La capacidad y la legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos que versen sobre la defensa del derecho de igualdad entre mujeres y hombres, corresponden a: La persona acosada, únicamente. Cualquier ciudadano. Las personas físicas y jurídicas con interés legítimo. Cualquier persona jurídica.

Según el art. 15 de la LO 3/2007, el principio de igualdad de trato y oportunidad entre mujeres y hombres informará la actuación de todos los Poderes Públicos, con carácter: General. Transversal. Integral. Global.

Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación de Consejo de Ministros deberán incorporar: Un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Una estadística o encuesta que posibilite el conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones y condiciones, de mujeres y hombres en el ámbito de acción del proyecto o plan. Un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Un informe sobre su impacto por razón de género.

Según la Ley 11/2006, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres de las Illes Balears, deben crearse unidades para la igualdad en todas las consejerías y en los consejos insulares, sí como en los municipios de más de: 5.000 habitantes. 10.000 habitantes. 20.000 habitantes. 2.000 habitantes.

Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración de la CAIB y de los entes que integran su sector público instrumental, así como las comisiones de valoración de méritos para la provisión de puestos de trabajo, respetarán el principio de representación equilibrada de mujeres y hombres: En todo caso. Excepto por razones fundamentales y objetivas debidamente motivadas. Siempre que las bases de la convocatoria así lo manifiesten expresamente. Excepto que las bases de la convocatoria expresamente disponga otra cosa.

A los efectos de la Ley 11/2016, ¿Qué concepto se entiende como la toma en consideración de las diferencias entre mujeres y hombres en un ámbito o una actividad para el análisis, la planificación, el diseño y la ejecución de políticas, teniendo en cuenta la manera en que las diversas actuaciones, situaciones y necesidades afectan a las mujeres?. La corresponsabilidad. La conciliación de la vida laboral y la vida personal. La perspectiva de género. El impacto de género.

El Gobierno de las Illes Balears deberá aprobar el plan estratégico de igualdad de mujeres y hombres: Para cada curso legislativo. En los primeros 20 días de enero de cada año. En el primer año de cada legislatura. Cada 3 años.