Ley 33/2011, General de Salud Pública - 3

El artículo 32 define la salud laboral como: El bienestar físico, psíquico y social relacionado con el trabajo. Un concepto que excluye los riesgos psicosociales. Responsabilidad exclusiva del trabajador. Un área sin relación con la salud pública.

Según el artículo 33, la vigilancia de la salud laboral debe incluir: Protocolos específicos según los riesgos del puesto. Exámenes médicos genéricos sin adaptación al riesgo. Solo cuestionarios voluntarios. La eliminación de todos los reconocimientos médicos.

El artículo 34 establece que en salud laboral deben participar: Trabajadores y empresarios a través de sus representantes. Únicamente los servicios médicos privados. Exclusivamente las inspecciones de trabajo. Ningún agente social.

Según el artículo 35, la evaluación de impacto en salud es obligatoria para: Normas, planes o proyectos seleccionados por su impacto significativo. Todas las actividades económicas sin excepción. Solo proyectos de construcción. Ninguna actuación pública.

El artículo 36 sobre sanidad exterior establece que corresponde al Ministerio de Sanidad: Controlar sanitariamente el tránsito internacional de viajeros y bienes. Limitarse a la gestión de hospitales fronterizos. Ignorar los riesgos internacionales. Delegar todas las competencias en las comunidades autónomas.

Según el artículo 37, las funciones de sanidad exterior incluyen: Vigilancia higiénico-sanitaria en puertos y aeropuertos internacionales. Solo la gestión de turismo médico. Exclusivamente la emisión de certificados de nacimiento. Ninguna acción sobre medios de transporte.

El artículo 38 establece que los servicios de sanidad exterior pueden: Excluir la colaboración con otras autoridades. Esperar siempre a una denuncia formal. Limitarse a horario administrativo. Actuar de oficio o a petición ante riesgos para la salud pública.

Según el artículo 39, el Ministerio de Sanidad debe actuar como: Únicamente como receptor pasivo de datos. Un organismo sin conexión con la OMS. Centro de enlace para información de salud pública internacional. Responsable exclusivo de la política interior.

El artículo 40 sobre el Sistema de Información en Salud Pública exige integrar: Datos sobre condicionantes de salud, estado de salud y políticas públicas. Ningún indicador internacional. Solo información hospitalaria. Exclusivamente datos económicos.

Según el artículo 41, el acceso a datos personales para salud pública: Siempre necesita autorización judicial previa. No requiere consentimiento cuando sea estrictamente necesario para proteger la salud poblacional. Debe hacerse público sin restricciones. Es incompatible con la protección de datos.

Según el artículo 44, la Estrategia de Salud Pública debe aprobarse por: El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con vigencia quinquenal. Cada hospital de manera independiente. Las empresas privadas del sector salud. Los ayuntamientos sin coordinación.

El artículo 45 crea el Consejo Asesor de Salud Pública como órgano: De consulta y participación adscrito al Ministerio de Sanidad. Para gestionar directamente hospitales. Que reemplaza a las comunidades autónomas. De control financiero exclusivo.

Según el artículo 47, el Centro Estatal de Salud Pública tiene como función principal: La contratación de personal sin cualificación. La construcción de nuevos hospitales. Asesoramiento técnico y evaluación de intervenciones en salud pública. La gestión de seguros privados.

El artículo 48 establece que los profesionales de salud pública deben: Ejercer sin necesidad de actualización. Trabajar solo en el sector privado. Mantener formación continua adecuada a su nivel de responsabilidad. Evitar cualquier tipo de especialización.

Según el artículo 49, las prioridades de investigación en salud pública las determina: La Estrategia de Salud Pública. Cada investigador de forma independiente. Las empresas farmacéuticas privadas. Los bancos comerciales.

El artículo 50 obliga a las Administraciones a: Facilitar investigación en salud pública con acceso a datos oficiales. Restringir toda investigación científica. Privatizar los resultados de estudios públicos. Eliminar la formación profesional.

Según el artículo 52, la autoridad sanitaria estatal puede: Adoptar medidas extraordinarias ante riesgos evidentes para la salud. Actuar solo en horario administrativo. Ignorar alertas internacionales. Delegar todas sus competencias.

El artículo 53 establece que los agentes de la autoridad sanitaria pueden: Multar sin fundamento legal. Tomar muestras y practicar inspecciones para verificar el cumplimiento normativo. Cerrar empresas sin motivación. Ignorar protocolos internacionales.

Según el artículo 56, las infracciones se califican considerando: El riesgo para la salud y el beneficio económico obtenido. Solo el número de empleados de la empresa. La ubicación geográfica del infractor. El color de los productos implicados.

El artículo 57 tipifica como infracción muy grave: No tener página web corporativa. Usar uniforme sin logo oficial. Realizar trámites administrativos. La realización de conductas que produzcan daños muy graves a la salud.

Según el artículo 58, las sanciones por infracciones muy graves pueden alcanzar: Exactamente 1.000 euros sin variación. Solo el 10% del valor del producto. Hasta el quíntuplo del valor de mercado de los productos implicados. El costo de un informe técnico.

El artículo 59 establece que las infracciones leves prescriben a: 1 año desde su comisión. 5 días hábiles. 10 años ininterrumpidos. Nunca prescriben.

Según el artículo 60, el plazo máximo para resolver un expediente sancionador es de: 48 horas continuas. 9 meses desde su inicio. 1 mes natural. 3 años prorrogables.

El artículo 61 determina que las sanciones muy graves las impone: El Ministro de Sanidad. Un funcionario de nivel básico. Cualquier ciudadano. Una empresa auditora.

La disposición adicional sexta amplía la asistencia sanitaria pública a: Españoles residentes no cubiertos por otras normas. Exclusivamente a turistas extranjeros. Ningún colectivo adicional. Solo a funcionarios públicos.

Según la disposición final cuarta, la competencia sobre sanidad exterior es: Privada. Municipal. Compartida con las autonomías. Exclusiva del Estado.

Un restaurante manipula alimentos sin medidas higiénicas. ¿Qué artículo justifica su sanción?. Artículo 57 (infracciones graves en salud pública). Artículo 44 (estrategias de planificación). Artículo 31 (coordinación ambiental). Artículo 16 (promoción en centros educativos).

Una empresa oculta datos sobre emisiones tóxicas. ¿Qué medida puede tomar la autoridad sanitaria?. Decomiso de productos y cierre preventivo (artículo 54). Subvencionar a la empresa. Destruir toda la documentación. Ignorar la denuncia.

Un centro sanitario rechaza compartir datos para vigilancia epidemiológica. Infringe: Artículo 6 (igualdad). Artículo 17 (medidas de fomento). Artículo 41 (Sistema de Información en Salud Pública). Artículo 22 (coordinación asistencial).

¿Qué título de la ley regula los criterios para centros de referencia nacional?. Título I, artículo 4 (derechos). Título II, artículo 31 (sanidad ambiental). Título V, artículo 52 (autoridad sanitaria). Título VI, artículo 55 (infracciones).

Una comunidad autónoma no notifica alertas epidemiológicas. Vulnera: Artículo 7 (intimidad). Artículo 29 (autorizaciones). Artículo 13 (coordinación en la Red de Vigilancia). Artículo 48 (formación profesional).

Un laboratorio falsifica resultados de análisis de agua. ¿Qué sanción aplica?. Amonestación verbal. Subvención estatal. Cierre opcional. Multa de hasta 600.000€ (artículo 58 para infracciones muy graves).

Según el artículo 35, un proyecto urbanístico debe evaluar: Ningún factor sanitario. Solo el costo económico. Su impacto en salud y desigualdades sociales. Exclusivamente la belleza arquitectónica.

El principio de precaución (artículo 3.d) permite: Esperar décadas a tener evidencia absoluta. Ignorar alertas internacionales. Solo actuar tras demandas judiciales. Prohibir actividades con indicios de riesgo grave, aunque no haya certeza científica.

Un trabajador es discriminado en un programa de salud laboral por su discapacidad. Vulnera: Artículo 6 (derecho a la igualdad) y artículo 32 (salud laboral). Artículo 15 (recursos materiales). Artículo 23 (colaboración asistencial). Artículo 39 (salud internacional).

La disposición adicional cuarta establece que el Centro Estatal de Salud Pública: Se crea reestructurando unidades existentes aumentando créditos presupuestarios. Requiere nuevo presupuesto ilimitado. Se crea reestructurando unidades existentes sin aumentar créditos presupuestarios. Gestiona directamente clínicas privadas.

Según la disposición derogatoria única, quedan derogados: Los reglamentos municipales. Artículos 19-22 de la Ley 14/1986 (General de Sanidad). La Constitución Española. Toda la legislación europea.

La Ley 33/2011 modifica la Ley 41/2002 para: Suprimir la historia clínica electrónica. Privatizar todos los datos sanitarios. Eliminar el consentimiento informado. Garantizar acceso a historias clínicas con fines epidemiológicos (artículo 16.3).

La disposición final segunda modifica la Ley 16/2003 para: Reducir las prestaciones sanitarias. Incluir la evaluación de impacto en salud en la cartera de servicios (artículo 11.2). Eliminar la atención primaria. Privatizar la salud pública.

Según la disposición final sexta, la ley entra en vigor: Solo en algunas comunidades autónomas. 5 años después de su aprobación. Al día siguiente de su publicación en el BOE, excepto el artículo 48.4 (12 meses después). Nunca entra en vigor.