¿Quiénes se consideran interesados en el procedimiento administrativo según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? Quienes lo promuevan como titulares de derechos o libertades individuales. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Aquellos cuyas libertades individuales, puedan resultar afectadas por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Aquellos cuyos derechos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
¿Quiénes están obligados en todo caso a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? Las entidades con personalidad. Las personas físicas. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. Quienes ejerzan una actividad profesional, sin necesidad de colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.
En relación al plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa a la que se hace mención en el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala la respuesta incorrecta: Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de seis meses. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses.
El artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece: Son anulables las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria inferior. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Son nulas las disposiciones reglamentarias que vulneren lo establecido en una resolución administrativa. Las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula en su artículo 39 los efectos de los actos de las Administraciones públicas: (señala la respuesta correcta) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Siempre se podrá otorgar eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, no siendo necesario que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
Señala la respuesta correcta según queda regulada la notificación en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Toda notificación deberá contener un extracto de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos. El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos y libertades sean afectados por aquéllos. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o interponga cualquier recurso que proceda. A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga sólo el intento de notificación debidamente acreditado.
Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: La notificación por medios electrónicos se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. La notificación por medios electrónicos se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido quince días hábiles contados a partir del día siguiente desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. La notificación por medios electrónicos se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales contados a partir del día siguiente desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. La notificación por medios electrónicos se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
¿Es posible ampliar el plazo de subsanación y mejora de la solicitud, según queda regulado en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? Sí, salvo la excepción recogida en la propia ley, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano. No, este plazo no podrá ser ampliado ni a petición del interesado ni a iniciativa del órgano. Si, salvo la excepción recogida en la propia ley, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta diez días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano. No, salvo se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, en este caso podrá ser ampliado hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano.
Señala la respuesta correcta, según queda establecido en el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y no vinculantes. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido, no se podrán proseguir las actuaciones. El informe emitido fuera de plazo deberá no ser tenido en cuenta a adoptar la correspondiente resolución.
Indica la respuesta correcta según la Ley 39/2015 (art.77), de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a treinta, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, podrá acordar un periodo de información pública que en ningún caso podrá ser inferior a quince días. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados, el instructor del mismo acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior siete días.
Señala la respuesta correcta según queda regulada en la Ley 39/2015 (art.106), de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean nulos conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público. La declaración de lesividad podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
Señala la respuesta incorrecta respecto al recurso de alzada según la Ley 39/2015, de 1 de octubre (art. 121), del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Las resoluciones y los actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de quince días Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.
El artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas recoge, respecto al recurso de alzada, que: El plazo para la interposición del recurso de alzada será de tres meses, si el acto fuera expreso. Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recursos de alzada en el plazo de tres meses a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido ese plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso. Contra la resolución de un recurso de alzada se podrá interponer recurso potestativo de reposición.
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