Ley 39/20015 y Ley Orgánica 3/2018

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos sancionadores se pueden iniciar: De oficio, a petición de parte interesada, o por denuncia. Siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente. Por denuncia o de oficio, por acuerdo del órgano competente. Únicamente por denuncia.

En relación con los principios que rigen el procedimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, señale la respuesta FALSA: Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. El daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.

Pepe García es requerido para subsanar la solicitud de inicio del procedimiento. De conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.¿De qué plazo dispondrá Pepe para impugnar la resolución del procedimiento administrativo mediante la interposición de recurso de alzada?: Un mes. Dos meses. Tres meses. Seis meses.

Si Lupe Martínez tuviera la condición de interesado en un procedimiento administrativo y el órgano competente para resolver decidiera la realización las actuaciones complementarias, señale, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la respuesta CORRECTA: El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de quince días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes antes de la realización de las mismas. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes antes de la realización de las mismas.

Según el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, ¿qué plazo tiene el responsable para atender la solicitud del derecho de acceso presentada por el interesado?. 15 días a partir de la recepción de la solicitud. 20 días a partir de la recepción de la solicitud. 1 mes a partir de la recepción de la solicitud. 2 meses a partir de la recepción de la solicitud.

De acuerdo con al ley 39/2015, contra los actos firmes en vía administrativa cabe interponer: Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de revisión. Recurso de apelación.

Según el artículo 21 de la ley 39/2015 de 1 de octubre: La administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquier que sea su forma de terminación. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la ley 39/2015. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo nunca podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno menor o así venga previsto en el derecho de la UE. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para notificar la resolución expresa, éste será de tres meses.

De acuerdo con el artículo 35 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses generales. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de emergencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. Las tres respuestas anteriores son correctas.

Según el artículo 3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa cuál de las siguientes cuestiones no corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo: Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos, así como los actos de los propios concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional de conformidad con la legislación sectorial correspondiente. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad. Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración. Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.

Según el artículo 46.5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa el plazo para interponer recurso de lesividad será: De un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. De 10 días a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. De 20 días a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. De dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.

Según el artículo 82, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál es el plazo en el que los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes?: Diez días . Quince días. Ni inferior a diez días ni superior a quince días. Ni inferior a diez días ni superior a treinta días.

Según el artículo 90, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar finalizará cuando: Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso-administrativo. Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo no se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada. Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo el órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella. Todas son correctas.

Respecto a los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento de datos, según el artículo 46. bis de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para su prestación: Deberán disponer de un representante en la Unión Europea. Deberán cumplir los protocolos de seguridad y normalización establecidos por la Autoridad Europea de Protección de Datos. Deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea. Deberán disponer de protocolos de seguridad de datos personales auditados por una entidad acreditada por Comité Europeo de Protección de Datos.

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en su artículo 5 sobre el deber de confidencialidad establece: Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como los afectados a los que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, estarán sujetos al deber de confidencialidad. La obligación sobre el deber de confidencialidad finalizará cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. La obligación general sobre el deber de confidencialidad será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable. La obligación sobre el deber de confidencialidad no será imputable al intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable del tratamiento de los datos.

Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en su Título III, capítulo 2, sobre el ejercicio de los derechos, se recogen, entre otros, los siguientes: Derecho de acceso, derecho de garantía y derecho a la portabilidad. Derecho de oposición, derecho de supresión y derecho de comisión. Derecho a la limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad. Derecho de rectificación y derecho de tratamiento.

Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en su Título III, artículo 11, cuando los datos personales sean obtenidos del afectado, el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la siguiente información básica: La identidad completa del afectado y de su representante, en su caso. La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 y los datos mínimos de filiación. La finalidad del tratamiento de datos y las categorías de datos objeto del mismo. La identidad del responsable del tratamiento y la finalidad del mismo.