Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Según establece el art. 1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015), podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar: Mediante ley o reglamentariamente. Sólo mediante ley. Reglamentariamente. Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.

Las Universidades Públicas, según la Ley 39/2015: Se regirán por las previsiones de esta Ley. Se regirán por las previsiones de esta Ley y supletoriamente por su normativa específica. Se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley. Se regirán por su normativa específica, al no tener la consideración de Administraciones Públicas.

No tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, según la Ley 39/2015: Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Cuando un reglamento así lo declare expresamente, los patrimonios independientes o autónomos. Cuando la ley así lo declare expresamente, las uniones y entidades sin personalidad jurídica.

Según establece la Ley 39/2015, deberá acreditarse la representación (señale la incorrecta): Para interponer recursos. Para desistir de acciones. Para gestiones de mero trámite. Para formular solicitudes.

Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite, según la Ley 39/2015 (señale la incorrecta): Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Las entidades sin personalidad jurídica. Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. Las personas físicas.

La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, según establece la Ley 39/2015: Presencialmente, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. Presencialmente, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma reglamentaria. Ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma reglamentaria. Ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.

Según la Ley 39/2015, las Corporaciones de Derecho Público se regirán por: Su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o cedidas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley. La presente Ley, y supletoriamente por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o cedidas por una Administración Pública. La presente Ley, y supletoriamente por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública. Su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley.

Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, según la Ley 39/2015: Quedarán sujetas a lo dispuesto en todas las normas de esta ley. Quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. No están sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley, salvo cuando ejerzan potestades administrativas. No están sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley.

Según la Ley 39/2015, las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales: Serán titulares de intereses legítimos individuales y colectivos. Serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. No serán titulares de intereses legítimos colectivos. Serán titulares de intereses legítimos individuales y colectivos en los términos que la Ley reconozca.

Según establece la Ley 39/2015, en los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en: La presente Ley o, en su defecto, en legislación autonómica correspondiente. La presente Ley. En la legislación autonómica correspondiente. La legislación autonómica correspondiente o, en su defecto, en la presente Ley.

Según la Ley 39/2015, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender cuando: Para la resolución del procedimiento sea recomendable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional. Deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios. Cuando exista un procedimiento finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate. Todas las respuestas anteriores son correctas.

En los procedimientos iniciados de oficio, una vez vencido el plazo para dictar y notificar resolución, en procedimientos en los que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, la Ley 39/2015 establece que: Los interesados que hubieren comparecido podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo. Se producirá la prescripción. Se producirá la caducidad. Los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

Los plazos expresados en días, según la Ley 39/2015, se contarán a partir de: El día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. El día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el día en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. El día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. El día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el día en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

La técnica jurídica mediante la cual “los actos nulos o anulables que contengan elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste”, se denomina: Conversión. Conservación. Convalidación. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

¿En qué supuesto de los siguientes, la Ley 39/2015 admite la posibilidad de suspender la ejecución de un acto, una vez iniciado el procedimiento de revisión de oficio?: a) En el supuesto de que, de ejecutarse el acto, pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. b) Que la impugnación del acto se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho recogidas en la ley. c) La ejecución de un acto, en ningún caso, puede ser suspendida. d) Son correctas las respuestas a) y b) anterior.

Según la Ley 39/2015 ¿cómo podrá la Administración revisar de oficio un acto anulable?: Solamente previo dictamen del Consejo de Estado. Nunca. Previa declaración de lesividad y posterior impugnación ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. Solamente si lo solicitan de modo expreso los interesados.

Según la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos, expresos o presuntos: De gravamen o desfavorables. Dictados por órganos manifiestamente incompetentes. No declarativos de derecho y los de gravamen. Ninguna de las respuestas es correcta.

Según la Ley 39/2015, si un acto administrativo nulo ha derivado firme, por no haber sido recurrido en tiempo y forma: Solamente cabe contra el mismo el recurso administrativo de reposición. Solamente cabe contra el mismo la revisión de oficio en el plazo de 4 años. No cabe contra el mismo la revisión de oficio. Cabe contra el mismo la revisión de oficio, sin límite de tiempo.

Según la Ley 39/2015, el procedimiento de responsabilidad patrimonial: Se puede iniciar de oficio exclusivamente. Se podrá iniciar aunque el derecho de los particulares haya prescrito. Se puede iniciar a instancia de parte o de oficio. Se puede iniciar exclusivamente por reclamación.

Según la Ley 39/2015, el derecho a reclamar la indemnización por los daños ocasionados por la Administración prescribe: A los tres meses. A los seis meses. Al año. No caduca.

Según la Ley 39/2015, el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra dicho acuerdo: Se podrá interponer recurso de súplica. No procederá recurso alguno. Cabe recurso extraordinario de revisión. Se puede interponer recurso de reposición.

Según la Ley 39/2015, el órgano encargado de resolver el recurso de alzada es: El órgano judicial correspondiente. El órgano superior jerárquico del que dictó el acto recurrido. Indistintamente, el órgano que dictó el acto o el superior jerárquico si lo hubiere. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

¿Cuál de los siguientes no es un derecho de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas?: a) b) c) d). El acceso a la información pública, archivos y registros. A obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica que figuran en la Ley 39/2015. A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2105 y en el resto del ordenamiento jurídico. A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de cualquier Administración.

Según la Ley 39/2015, el error en la calificación del recurso administrativo por parte del recurrente: Impedirá su tramitación. Provocará su subsanación o requerimiento de la Administración. No será obstáculo para su tramitación si se deduce su verdadero carácter. Necesitará su correcta calificación por el recurrente.

Una de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el recurso de alzada, según la Ley 39/2015: Sólo puede interponerse ante el superior jerárquico del que dictó el acto impugnado. Si se interpone ante el órgano que dictó el acto impugnado, dicho órgano deberá comunicarlo al órgano superior jerárquico a los efectos que procedan. Puede interponerse ante el órgano que dictó el acto impugnado o ante el competente para resolverlo. Debe interponerse siempre ante el órgano que dictó el acto impugnado.

La Ley 39/2105 establece que, contra la resolución del recurso de reposición: No podrá interponerse nuevamente dicho recurso. No podrá ya interponerse recurso contencioso-administrativo. No cabrá recurso alguno. Puede interponerse nuevamente dicho recurso en los supuestos previstos por la Ley.

Según la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso: Podrá suponer la suspensión del acto impugnado. Supondrá la renuncia a la vía jurisdiccional. Nunca suspenderá la eficacia del acto impugnado. Impedirá la posterior utilización de la vía contenciosa.

¿Puede una Administración Pública impugnar sus propios actos en vía contenciosoadministrativa?: No, porque puede revisar de oficio sus propios actos. Sí, declarándolos previamente lesivos. Sí, en cualquier caso. No, porque es parte interesada en el asunto.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se aplica al sector público. Este sector no incluye: Las Entidades que integran la Administración Local. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Las Corporaciones de Derecho Público. El sector público institucional.

Cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en la Ley 39/2015: Mediante ley o reglamentariamente. Sólo mediante ley. Reglamentariamente. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Señale la incorrecta. Tienen la consideración de Administraciones Públicas, según la Ley 39/2015: La Administración General del Estado. Las Entidades que integran la Administración Local. Las Universidades Públicas. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

Forman parte del sector público institucional, según la Ley 39/2015: Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho privado cuando ejerzan potestades administrativas. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho públicos vinculados o independientes de las Administraciones Públicas. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho privado vinculados o independientes de las Administraciones Públicas.

Señale la incorrecta. A los efectos previstos en la Ley 39/2015, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Los menores de edad incapacitados para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

Podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas: Las personas físicas con o sin capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, aunque ello no esté previsto en sus Estatutos. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos. Las personas físicas con o sin capacidad de obrar y las personas jurídicas, aunque ello no esté previsto en sus Estatutos.

Según la Ley 39/2015, la falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de: 15 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 10 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 5 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 20 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

Según establece la Ley 39/2015, los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada: Máxima de 5 años a contar desde la fecha de inscripción. Mínima de 10 años a contar desde la fecha de inscripción. Máxima de 10 años a contar desde la fecha de inscripción. Mínima de 5 años a contar desde la fecha de inscripción.

Los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas, según la Ley 39/2015: Requerirán, en todo caso, de firma electrónica. No requerirán, en ningún caso, de firma electrónica. No requerirán de firma electrónica, salvo aquellos que se publiquen con carácter informativo. No requerirán de firma electrónica si se publican con carácter meramente informativo y aquellos que no formen parte de un expediente administrativo.

Cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles, según la Ley 39/2015: Salvo que reglamentariamente se disponga otro cómputo. Salvo que por Ley se disponga otro cómputo. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo. Salvo que una norma con rango de ley, una norma de la Unión Europea o de Derecho Internacional dispongan otro cómputo.

Según la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes órganos puede adoptar las medidas provisionales en un procedimiento administrativo común?: El órgano administrativo que lo inicie. El órgano administrativo competente para resolver. El órgano administrativo que lo instruya. El órgano administrativo que fije el plazo de solicitudes.

¿Cuál es el plazo de emisión de un informe, establecido por la Ley 39/2015, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor?: Treinta días. Quince días. Diez días. Veinte días.

¿Cuál de las siguientes formas no es un modo de terminación del procedimiento administrativo común, según la Ley 39/2015?: Caducidad. Allanamiento. Renuncia. Resolución.

Respecto al inicio del procedimiento a solicitud del interesado, según la Ley 39/2015, no es correcto: Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales podrán no ser admitidos por el órgano al que se dirijan. Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Los modelos y sistemas de presentación masiva, de uso voluntario, estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y en las oficinas de asistencia en materia de registros de las Administraciones Públicas.

Según la Ley 39/2015, ¿qué implica la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas?: La nulidad de pleno derecho. La nulidad del acto cuando así lo disponga la naturaleza del término o plazo. La anulabilidad del acto en todo caso. La anulabilidad del acto cuando así lo disponga la naturaleza del término o plazo.

Según la Ley 39/2015, ¿cuándo puede negarse un ciudadano a presentar documentos ante la Administración actuante?: En ningún caso. Cuando ya los hubiere aportado anteriormente a cualquier Administración. Cuando la Administración le solicite un documento original. En cualquier caso porque no es una obligación jurídica.

En la Ley 39/2015 ¿qué plazo se fija como supletorio de duración máxima de los procedimientos, cuando las normas reguladoras de los mismos no lo fijen?: 3 meses. 6 meses. 3 meses, sin que puedan excederse los 6 meses. No hay ningún plazo, debe regularse en cada procedimiento.

La presentación de una denuncia, según la Ley 39/2015: Confiere la condición de interesado en el procedimiento cuando aporte elementos de prueba que permitan iniciarlo. Confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. No confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según la Ley 39/2015, ¿Cuáles de los siguientes actos no requieren ser motivados?: Los que se separen del dictamen no vinculante de órganos consultivos. Los acuerdos de suspensión de actos, en todo caso. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Los actos que no limiten intereses legítimos.

Según la Ley 39/2015, para declarar la nulidad de un acto administrativo en el procedimiento de revisión de oficio: La Administración no necesita ningún requisito. La Administración necesita el dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. La Administración necesita la previa declaración de lesividad del acto. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Si los particulares presuntamente lesionados no se personan en el procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado de oficio, en el plazo establecido al efecto, según la Ley 39/2015: Se acordará el archivo de actuaciones. Se producirá la prescripción. Se producirá la caducidad. Se instruirá el procedimiento.

Según la Ley 39/2015, ¿qué plazo tiene el Consejo de Estado para emitir dictamen en el seno de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando dicho dictamen sea preceptivo?: Diez días. Veinte días. Treinta días. Dos meses.

Según la Ley 39/2015, contra las disposiciones administrativas de carácter general: No cabrá recurso en vía administrativa. Caben todos los recursos administrativos, menos el de revisión. Sólo cabe el llamado recurso administrativo de súplica. Sólo cabe el recurso de reposición, si después se pretende acudir a la vía contencioso-administrativa.

Según la Ley 39/2015, ¿en cuáles de los siguientes actos no se agota la vía administrativa?: Los emanados de los Ministros. Los emanados de los Directores Generales en las materias de su competencia, siempre que no sean en materia de personal. Los emanados de los Secretarios de Estado. Los actos administrativos de los órganos del Gobierno.

Según la Ley 39/2015, ¿qué actos de trámite no son susceptibles de recurso de alzada o potestativo de reposición?: Los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto. Los que produzcan indefensión. Los que produzcan perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Los que pueden alterar la continuidad del procedimiento.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el recurso potestativo de reposición no es correcta, según la Ley 39/2015?: No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta. Se interpone contra actos firmes en vía administrativa. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.

Según la Ley 39/2015, ¿cuándo es posible la revocación de oficio de los actos de gravamen o desfavorables?: Cuando no sea contraria al ordenamiento jurídico, al principio de igualdad y al interés público. Siempre. Siempre que sea solicitada también por los interesados. Siempre que sea consecuencia de una dispensa o exención permitida.

Si un acto es impugnado basándose en una causa del art. 47 de la Ley 39/2015: Será declarado nulo automáticamente. Podrá suspenderse su ejecución. No podrá suspenderse su ejecución. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según la Ley 39/2015, no es un medio de ejecución forzosa: Multa coercitiva. Apremio sobre el patrimonio. Ejecución solidaria. Compulsión sobre las personas.

Según la Ley 39/2015, en los casos de desestimación de una solicitud por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo: Sólo podrá ser estimatoria. Se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio administrativo. Será nula de pleno derecho. Será anulable.

Según la Ley 39/2015, el acto por el cual el interesado se aparta del procedimiento concreto que se tramita, se denomina: Renuncia. Prescripción. Caducidad. Desistimiento.

Según la Ley 39/2015, señale cuál de los siguientes extremos no es necesario que conste en un escrito de interposición de recursos administrativos: La razón de la impugnación. El expediente de referencia. La Unidad administrativa a la que se dirige. La identificación del medio de notificaciones.

Según la Ley 39/2015, transcurrido el plazo para interponer el recurso de alzada, el acto administrativo deviene: Definitivo a todos los efectos. Firme a todos los efectos. Nulo a todos los efectos. Anulable a todos los efectos.

Según la Ley 39/2015, ¿en qué motivos pueden los interesados fundar el recurso potestativo de reposición?: Sólo en motivos de anulabilidad. Sólo en motivos de nulidad de pleno derecho. No es necesario basarlo en ningún motivo. En cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 47 y 48.

Según la Ley 39/2015, el recurso, los informes y las propuestas, a efectos de trámite de audiencia de los interesados: Tienen el carácter de documentos nuevos. No tienen el carácter de documentos nuevos. Sólo tienen el carácter de documentos nuevos los informes. Sólo tienen el carácter de documentos nuevos las propuestas.

Según la Ley 39/2015, la mejora o modificación voluntarias de las solicitudes (señale la incorrecta): Podrá ser recabada por el órgano competente. Se levantará acta sucinta. Dicha acta se incorporará al procedimiento. Se dará al interesado un plazo de 10 días.

Una de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos: Sólo se podrá acordar de oficio. Cabe recurso contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento. Se podrán reducir todos los plazos a la mitad, incluidos los relativos a la presentación de solicitudes e instancias. Se podrá acordar cuando razones de interés público lo aconsejen.

Según la Ley 39/2015, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando éste no acceda a su contenido, desde la puesta a disposición de la notificación, en el plazo de: Diez días hábiles. Diez días naturales. Cinco días hábiles. Cinco días naturales.

Según la Ley 39/2015, una de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los recursos administrativos: Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión. Contra la resolución del recurso de reposición se podrá interponer de nuevo dicho recurso. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la condición de finalizadores del procedimiento, no agotan la vía administrativa. Los actos de los Directores Generales de la Administración General del Estado no ponen fin a la vía administrativa en relación con sus competencias en materia de personal, a diferencia de los de los Subsecretarios.

Según la Ley 39/2015, el derecho de los ciudadanos a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas se circunscribe a las autoridades y personal: Bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Que deban tramitar los actos que pongan fin a la vía administrativa. Que deban resolver los recursos administrativos que presenten. Bajo cuya responsabilidad se resuelvan los procedimientos.

En uno de los siguientes supuestos, con arreglo a la Ley 39/2915, se puede producir la remoción de un funcionario de su puesto de trabajo: Cuando incumpla el mandato legal de guardar el orden riguroso de incoación en asuntos de naturaleza homogénea a la hora de despachar los expedientes. Cuando impida a los interesados el cumplimiento del trámite de audiencia. Cuando en el periodo de la prueba injustificadamente rechace, como instructor del procedimiento, las propuestas por los interesados. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según la Ley 39/2015, ¿cuál no es uno de los trámites admitidos en la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común?: Subsanación de la solicitud. Informe del servicio jurídico. Realización de pruebas que hayan sido admitidas. Resolución.

En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciarlo considere que, de acuerdo con su normativa reguladora: Existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción de grave. Existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción de leve. Existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción de muy grave. Son correctas las respuestas a) y b) anteriores.

Según la ley 39/2015, no será causa de inadmisión de un recurso administrativo: Carecer el recurso manifiestamente de fundamento. Ausencia de calificación del recurso por parte del recurrente. Carecer de legitimación el recurrente. Tratarse de un acto no susceptible de recurso.

Según la Ley 39/2015, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios (señale la incorrecta): Eficiencia. Necesidad. Legalidad. Proporcionalidad.

¿Cuál de los siguientes extremos, según la Ley 39/2015, es imprescindible que conste en una notificación?: El texto íntegro de la resolución. La fecha de inicio del expediente. La fecha de terminación del procedimiento. La identificación de la autoridad firmante.

¿Cómo deben motivarse los actos que pongan fin a un procedimiento selectivo, de acuerdo con la Ley 39/2015?: Siempre por escrito. De manera individualizada. En la forma que establezcan las normas que regulen su convocatoria. En el tablón de anuncios del órgano convocante.

Según la Ley 39/2015, la publicación de los actos administrativos, se requiere cuando: Se separan del dictamen de órganos consultivos. Limitan derechos subjetivos. Existe una pluralidad indeterminada de destinatarios. El procedimiento se incoa de oficio.

¿Qué artículo de la Ley 39/2015 establece los casos en los que debe motivarse un acto administrativo?: El artículo 53. El artículo 35. El artículo 55. El artículo 36.