ley 39/2015, 1 de octubre, P.A.C.

En qué fecha es publicado en el BOE dando también su entrada en vigor: 1 de octubre de 2015. 2 de octubre de 2015. 3 de octubre de 2015.

Ámbito subjetivo de aplicación: Sector público. Sector privado. Ambas son correctas.

Tendrán capacidad de obrar ante las Adms. Públicas: Personas físicas exclusivamente. Menores de edad, siempre que quieran. Cuando la ley, así lo declare expresamente: grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios autonómicos o independientes.

Se consideran interesados en el Proc. adm.: Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos colectivos. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se tome. Aquellos, cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento cuando haya recaído resolución definitiva.

Los interesados podrán identificarse/relacionarse electrónicamente ante las Adm. púb., serán admitidos los sistemas siguientes: Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica o de sello electrónico. Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Adm. Públicas consideren válido. Ambas son correctas.

No es un derecho de las personas en sus relaciones con las Adm. Públicas: A ser tratados con respeto y diferencia. A exigir las responsabilidades de las Adm. Púb. y autoridades. A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica.

Las personas físicas, podrán elegir si se comunican a través de med. elect. o no, salvo que estén obligados a ello, estarán obligados: Los empleados de las Adm. Quienes representen a un interesado que no esté obligado a hacerlo. Quienes ejerzan una actividad.

Lengua de los procedimientos: La lengua de los procedimientos será siempre el castellano. Los interesados que se dirijan a órganos de la Adm. Gral. del Estado con sede en el territorio de una CCAA, podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. La Adm. no traducirá al castellano los documentos que se encuentren en una lengua diferente, aunque así lo solicite el interesado.

Los documentes que los interesados dirigan a los órganos de las Adm. Púb. a efectos de registro, además del propio registro electrónico de la Adm. y cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes, también podrán presentarse en: (señala la falsa). Oficinas de correos. Representaciones diplomáticas y oficinas consulares del extranjero en España. Oficinas de asistencia en materia de registros.

Señale la respuesta incorrecta: Los interesados que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido, tendrán el deber de proporcionarlos a la Adm. La correspondiente citación de la personas a comparecer, hará constar lugar, fecha y hora, medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla siempre que estén obligados a ello. Los interesados serán responsables de la tramitación de los procedimientos.

El plazo máximo en el cuál la Administración está obligada a dictar resolución expresa no podrá exceder de: 1 mes. 3 meses. 6 meses.

Se podrá suspender el plazo máximo para resolver cuando: (chequea). Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional. Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la U.E. Cuando exista un procedimiento finalizado en el ámbito de la U.E. que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate. Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subasanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios. Cuando se soliciten informes preceptivos exclusivamente a un órgano de la misma Administración. Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio. Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirigentes propuestos por los interesados.

Se suspenderá el plazo para resolver: Cuando una Administración requiera a otra para que anule o revise un acto que entiende que es ilegal. Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento. Ambas son correctas.

Se podrá ampliar el plazo máximo para resolver cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles, pudiendo ser éste superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Verdadero. Falso.

Silencio Administrativo, cuando el interesado presenta la solicitud, vence el plazo para resolver y no contestan, esta se considerará como ESTIMADA, salvo: que una ley, tratado de la U.E. o derecho internacional establezcan lo contrario. que la petición no sea relacionada con servicio público, dominio, dañino para el medio ambiente o de patrimonio. impugnación de actos y disposiciones, o revisión de oficio a solicitud de la Administración.

En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver. Verdadero. Falso.

La Administración, ¿podrá exigir a los interesados la presentación de documentos originales?. Sí, siempre. No. No, salvo que con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.

Cuando los plazos se señales por horas, se entiende que estas son: Hábiles. Naturales. Naturales, hasta un máximo de 24h, donde pasará a expresarse en días.

Cuando el cómputo de plazos sea expresa en días, estos se entenderán como hábiles, excluyendose de este cómputo: Sábados y domingos. Los declarados festivos. Ambas son correctas.

Los plazos expresados en días, se contarán............, a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación. a partir del mismo día. a partir del día siguiente. a los 2 días después.

Cuando los plazos se expresen en días o años, y en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que este finaliza: El último día del mismo mes. El primer día del mes siguiente al que correspondiese. No se podrán expresar plazos en meses o años que no tengan día equivalente para la finalización de este.

Cuando la presentación de un documento se realice en un día inhábil: Se entenderá realizada en la 1ª hora del 1er día hábil siguiente. No se pueden presentar documentos los días inhábiles. Ninguna es correcta.

Las Administraciones podrán conceder ampliaciones de plazos: De oficio. A petición de los interesados. Ambas son correctas.

Tramitación de urgencia: Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia (se reducirán a la mitad los plazos establecidos), salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia (se reducirán a la mitad los plazos establecidos), salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, a petición del interesado, aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia (se reducirán a la mitad los plazos establecidos), salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

La forma de los actos administrativos será: Por escrito, a través de medios electrónicos. Ambas son correctas. Podrán ser de forma verbal, no están obligados a dejar constancia por escrito.

Qué significa que un acto deba ser motivado: Que la Administración deberá dar explicaciones sobre la decisión tomada en un acto. Que la Administración se hace responsable del cumplimiento en el plazo de la tramitación de un acto. Que antes de la ejecución de un acto por parte de una Administración pública, este deberá ser aprobado por la Administración General del Estado.

Las resoluciones administrativas de carácter particular: No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general. Podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general. Podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, siempre y cuando esta proceda de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.

Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de: 10 días, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 15 días, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 20 días, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos: Aquellas notificaciones en las que el acto a notificar, vaya acompañado de elementos que sean susceptibles de conversión en formato electrónico. Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. Ambas son correctas.

Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de presentarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma, cualquier persona, que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad: Mayor de 14 años. Mayor de 16 años. Mayor de 18 años.

En caso de no ser atendida la notificación, en el domicilio del interesado: No se intentará más veces, dándose la notificación como atendida, y continuando con el proceso. Se intentará una vez más, en hora y día distinto a la semana siguiente. Se intentará una vez más, en los 3 días siguientes (en caso de que el 1er intento se haya realizado antes de las 15:00, el segundo intento deberá realizarse a partir de esa hora y viceversa).

Cuando una notificación sea de carácter obligatorio, o elegida por el interesado, se entenderá rechazada, desde la puesta a disposición de la notificación, sin que se haya accedido a su contenido, cuando hayan transcurrido: 15 días hábiles. 15 días naturales. 10 días naturales.

Se realizará la publicación de notificaciones: Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos. Cuando sea un proceso selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. Ambas son correctas.

Serán nulos de pleno derecho: (chequea). Los actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Los dictados por un órgano manifiestamente competente. Los que tengan un contenido imposible. Cualquier otro que se establezca en cualquier disposición. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones: Dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites. No estará obligado a la conservación de aquellos actos y trámites. Deberá deshacerse de todo acto o trámite que sea nulo o haya sido anulado.

Cuando un procedimiento hubiera sido iniciado de oficio, se producirá la caducidad del mismo, cuando hayan pasado desde su inicio sin dictarse resolución: 6 meses. 4 meses. 12 meses.

El interesado, podrá interponer contra las resoluciones y los actos de trámite, (si estos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos): El recurso de alzada. El recurso potestativo de reposición. Ambas son correctas.

La ley 39/2015, de P.A.C. de las Administraciones Públicas, contiene: 133 Artículos. 169 Artículos. 151 Artículos.

Los actos anulables: Pueden ser convalidados por la Administración, subsanando los vicios de que adolezcan. Nunca se pueden subsanar. Sólo se pueden subsanar los que tengan contenido imposible.

Los recursos Administrativos se regulan en la: Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.