Ley 39/2015, de 1 de octubre, PACAP (III)

¿Quién puede iniciar de oficio un procedimiento administrativo?. Solo los ciudadanos. Cualquier órgano de la Administración competente. Los tribunales de justicia. Solo el Presidente del Gobierno.

El procedimiento administrativo se inicia mediante: Acto de instrucción. Solicitud del interesado o de oficio. Resolución final. Publicación en el BOE.

¿Cuál de los siguientes es un requisito para la iniciación del procedimiento?. Que siempre sea de oficio. Que se identifique el órgano competente. Que haya sentencia judicial previa. Que sea publicado en prensa.

La ordenación del procedimiento se refiere a: La resolución final. La organización y planificación de las actuaciones del procedimiento. La notificación al interesado. La presentación de recursos.

El principio de eficacia implica que: Todos los procedimientos deben durar al menos un año. Los actos se deben realizar con la mayor celeridad posible. Solo los ciudadanos pueden presentar solicitudes. Los procedimientos son públicos pero opcionales.

Durante la instrucción, el órgano competente puede: Declarar nula la ley aplicable. Practicar pruebas y solicitar informes. Modificar el procedimiento de otro órgano. Impugnar resoluciones judiciales.

Si un procedimiento se inicia a solicitud de un ciudadano, la Administración debe: Esperar seis meses antes de actuar. Admitirlo y notificarlo al interesado. Rechazarlo automáticamente. Derivarlo a un tribunal.

El procedimiento simplificado se aplica: A todos los procedimientos de forma obligatoria. A procedimientos de tramitación sencilla y con resolución rápida. Solo a sanciones penales. A procedimientos iniciados por tribunales.

¿Qué característica distingue al procedimiento simplificado?. Su duración máxima de 6 meses. Reducción de trámites y plazos respecto al procedimiento ordinario. Que solo puede iniciarse de oficio. Que no requiere resolución.

La finalización del procedimiento administrativo se produce con: La iniciación del procedimiento. La emisión de la resolución que pone fin al procedimiento. La práctica de pruebas. La notificación de informes internos.

Una resolución administrativa debe ser: Oral y secreta. Motivada y notificada al interesado. Publicada únicamente en la prensa. Firmada solo por el interesado.

Durante la instrucción, los interesados tienen derecho a: Participar y presentar alegaciones. Dictar resoluciones finales. Designar al órgano competente. Evitar que se practiquen pruebas.

La ordenación del procedimiento puede incluir: La planificación de plazos y actuaciones. La presentación de recursos judiciales. La iniciación de procedimientos penales. La declaración de nulidad de leyes.

Si un procedimiento simplificado se inicia de oficio, debe: Concluir en menos de 24 horas. Adaptarse a los principios de eficacia y celeridad. Ser obligatorio para todos los ciudadanos. Evitar notificar a los interesados.

Los plazos del procedimiento pueden ser interrumpidos o suspendidos: Nunca. Sí, por causas legalmente previstas. Solo por voluntad del interesado. Solo si lo decide un tribunal.

El procedimiento administrativo común se caracteriza por: Ser idéntico en todos los países de la UE. Seguir reglas uniformes para todas las Administraciones públicas en España. No estar regulado por ninguna ley. Ser exclusivamente de tramitación judicial.

El principio de impulso de oficio significa: Que los ciudadanos deben dirigir todas las actuaciones. Que la Administración dirige y controla el procedimiento. Que los tribunales supervisan la ordenación de la Administración. Que el procedimiento termina automáticamente.

En la iniciación, si falta algún requisito esencial, la Administración: Puede subsanarlo o requerir al interesado para completarlo. Nunca puede iniciar el procedimiento. Debe iniciar un procedimiento judicial. Puede imponer sanciones automáticamente.

Una actuación de ordenación puede consistir en: Notificar a los interesados. Practicar pruebas. Planificar recursos humanos y materiales. Todas las anteriores.

La Ley 39/2015 establece que la resolución que pone fin al procedimiento: Puede ser tácita o expresa. Siempre debe ser judicial. Nunca requiere notificación. Solo se aplica en procedimientos simplificados.