Ley 39/2015, de 1 de octubre, PACAP (IV)

Según la Ley 39/2015, ¿qué derecho fundamental tienen las personas en relación con los archivos y registros de las administraciones públicas?. Derecho a modificar los documentos oficiales. Derecho de acceso a la información contenida en archivos y registros. Derecho a destruir información inexacta. Derecho a obtener documentos sin identificación.

El derecho de acceso a archivos y registros se puede ejercer: Solo de forma presencial. Solo de forma electrónica. De forma presencial o electrónica. Ninguna de las anteriores.

¿Quién puede solicitar información de los archivos y registros de la administración?. Cualquier ciudadano. Solo funcionarios. Solo representantes políticos. Solo abogados.

La Administración debe garantizar que los ciudadanos puedan acceder a sus datos personales: Solo si lo solicita un juez. De manera libre, gratuita y en condiciones de igualdad. Solo mediante pago de tasas administrativas. Solo en casos de emergencia.

La Ley 39/2015 establece que los registros electrónicos tienen la misma validez que los registros: Solo si se imprimen. Presenciales. De papel antiguo. Ninguna validez legal.

La comparecencia de los ciudadanos ante la administración: Es obligatoria en todos los procedimientos. Puede realizarse por medios electrónicos, salvo que la ley indique lo contrario. Solo es válida si se hace presencialmente. Es optativa en cualquier caso.

La Administración debe informar al ciudadano sobre los procedimientos: Solo al inicio del procedimiento. Solo cuando el ciudadano lo solicita. De manera clara, comprensible y suficiente. Nunca, el ciudadano debe investigar.

¿Qué derecho protege que los ciudadanos puedan colaborar en procedimientos administrativos?. Derecho de acceso. Derecho de participación. Derecho a impugnar documentos. Derecho a modificar archivos.

Los registros electrónicos deben permitir: La eliminación de documentos sin justificación. La identificación y autenticación del ciudadano. La creación de documentos falsos. La copia solo interna de documentos.

¿Qué debe garantizar la Administración respecto a la información de los ciudadanos?. Solo la confidencialidad. Acceso, integridad, confidencialidad y disponibilidad. Solo la disponibilidad. Solo el acceso público.

La Ley 39/2015 establece que la Administración debe facilitar la colaboración del ciudadano: Solo si hay cargos extra. A través de sistemas electrónicos y simplificación de trámites. Solo mediante comparecencia física. Solo para casos judiciales.

El derecho de acceso a los registros electrónicos puede limitarse: Cuando exista interés público protegido. Cuando lo solicite cualquier ciudadano. Nunca. Solo en documentos de más de 10 años.

En caso de discrepancia entre un ciudadano y la Administración sobre sus datos, el ciudadano puede: Exigir la destrucción inmediata. Solicitar su corrección, actualización o cancelación. Modificar directamente los registros. Ignorar la Administración.

¿Qué requisito es fundamental para ejercer los derechos de acceso a los registros electrónicos?. Ser funcionario. Identificación y autenticación del ciudadano. Estar acompañado de abogado. Realizar el trámite presencial.

La Ley 39/2015 establece que los ciudadanos tienen derecho a recibir información: Solo si pagan una tasa. De manera gratuita y clara. Solo si son mayores de edad. Solo en la sede de la Administración.

Los registros de entrada y salida de documentos administrativos tienen como finalidad: Controlar y certificar la presentación de documentos. Permitir el acceso público irrestricto. Evitar que los ciudadanos participen. Facilitar la destrucción de documentos.

La Administración puede requerir la colaboración del ciudadano: Solo mediante comparecencia física. Para facilitar la veracidad y completitud de los procedimientos. Solo mediante correo postal. Ninguna de las anteriores.

El derecho a colaborar en procedimientos permite: Entregar documentos, aportar información y realizar observaciones. Modificar documentos oficiales. Cancelar procedimientos. Solicitar que otros ciudadanos no participen.

La Administración debe garantizar la autenticidad de los registros electrónicos mediante: Sellos, firmas electrónicas y sistemas seguros. Contraseñas compartidas. Copias en papel solo internas. Documentos sin control.

La Ley 39/2015 establece que los ciudadanos pueden relacionarse con la Administración: Solo presencialmente. Por medios electrónicos, garantizando seguridad, autenticidad y validez jurídica. Solo mediante correo postal. Solo a través de intermediarios.