La presente Ley tiene por objeto regular: (señala la incorrecta) Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
Cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley: Solo mediante ley. Reglamentariamente. Mediante ley o reglamentariamente. Ninguna es correcta.
Podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar: Solo mediante ley. Reglamentariamente. Mediante ley o reglamentariamente. Ninguna es correcta.
La presente Ley se aplica al sector público, que comprende (señala la incorrecta): La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Las Entidades que integran la Administración Local. El sector público institucional. El sector privado corporativo.
El sector público institucional se integra por: Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas. Las Universidades públicas. Todas son correctas.
Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas: Quedarán sujetas a lo dispuesto en todas las normas de esta Ley. Quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas No están sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley, salvo cuando ejerzan potestades administrativas. No están sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley.
Las Universidades públicas: Se regirán únicamente por su normativa específica. Se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley. Se regirán por las previsiones de esta Ley y supletoriamente por su normativa específica. Se regirán únicamente por las previsiones de esta Ley.
Tienen la consideración de Administraciones Públicas: (señala la incorrecta) La Administración General del Estado. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Las Entidades que integran la Administración Local. Los organismos públicos y entidades de derecho privado que integran el sector público
institucional.
Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por: Su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas
por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley. La presente Ley, y supletoriamente por su normativa específica en el ejercicio de las funciones
públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública. Su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas
por Ley o cedidas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley. La presente Ley, y supletoriamente por su normativa específica en el ejercicio de las funciones
públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o cedidas por una Administración Pública.
El título preliminar de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas tiene: Un artículo. Dos artículos. Tres artículos. Cuatro artículos.
El título preliminar de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas se denomina: De los interesados en el procedimiento. De la actividad de las Administraciones Públicas. Disposiciones generales. De los actos administrativos.
El sector público institucional se integra por: Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho privado vinculados o independientes
de las Administraciones Públicas. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de
las Administraciones Públicas. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o independientes
de las Administraciones Públicas. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho privado vinculados o dependientes de
las Administraciones Públicas.
A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones
Públicas (señala la incorrecta): Las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya
actuación no esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que
ejerza la patria potestad, tutela o curatela. cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin
personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o
colectivos. Los que, habiendo iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por
la decisión que en el mismo se adopte. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la
resolución y se personen en el procedimiento durante el trámite de audiencia. Todas son correctas.
Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales: Serán titulares de intereses legítimos individuales y colectivos en los términos que
reglamentariamente se establezca. Serán titulares de intereses legítimos individuales y colectivos. No serán titulares de intereses legítimos colectivos. Serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.
Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible el
derecho-habiente sucederá en tal condición: Si el procedimiento no ha alcanzado la fase de instrucción. Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de audiencia. Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de información pública. Cualquiera que sea el estado del procedimiento.
Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y
defensa de los derechos o intereses de que se trate: Tienen capacidad de obrar limitada. Pueden actuar sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. No tienen capacidad de obrar. Ninguna es correcta.
Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante: Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tácita en
contra del interesado. Entendiéndose con el interesado las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en
contra del interesado. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra
del interesado. Entendiéndose con el interesado las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o
tácita en contra del interesado.
Podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas: Las personas físicas con o sin capacidad de obrar y las personas jurídicas, aunque no esté
previsto en sus Estatutos. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, aunque no esté previsto en
sus Estatutos. Las personas físicas con o sin capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté
previsto en sus Estatutos. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté
previsto en sus Estatutos.
Se presumirá la representación para: Formular solicitudes. Los actos y gestiones de mero trámite. Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. Interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona.
La representación podrá acreditarse: Mediante cualquier título jurídico. Mediante resolución judicial especial. Únicamente mediante poder notarial. Mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
Se entenderá acreditada la representación realizada: Mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal. Mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia electrónica en la
correspondiente sede electrónica. A través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la
Administración Pública competente. Todas son correctas.
Deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante
y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento: El órgano competente para la iniciación del procedimiento. El órgano competente para la instrucción del procedimiento. El órgano competente para la tramitación del procedimiento. El órgano competente para la terminación del procedimiento.
La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado
el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo
de: 5 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 10 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 15 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 20 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
Las Administraciones Públicas podrán habilitar: Con carácter general a personas jurídicas autorizadas para la realización de determinadas
transacciones electrónicas en representación de los interesados. Con carácter general o específico a personas jurídicas autorizadas para la realización de
determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de
determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Con carácter general a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de
determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados.
Dispondrá/n de un registro electrónico general de apoderamientos: La Administración General del Estado. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Las Entidades Locales. Todas son correctas.
En el registro electrónico general de apoderamientos, deberán inscribirse, al menos, los de
carácter general otorgado por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento
administrativo a favor de representante: Apud acta. Presencialmente. Electrónicamente. Todas son correctas.
Respecto a los registros electrónicos de apoderamientos no es correcto: En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la
Administración General del Estado. En ellos no constará el bastanteo realizado del poder. Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros particulares
en cada Organismo. Cada Organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos.
Será/n interoperable/s con los registros electrónicos generales y particulares de
apoderamientos: Los registros mercantiles. Los registros de la propiedad. Los protocolos notariales. Todas son correctas.
Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de
apoderamientos deberán contener, al menos: (señala la incorrecta) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número
de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante y del apoderado. Causas de anulación del apoderamiento. Período de tiempo por el cual se otorga el poder. Tipo de poder según las facultades que otorgue.
Respecto a los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de
apoderamientos pueden ser: Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier
actuación administrativa y ante cualquier Administración. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación
administrativa ante una Administración u Organismo concreto. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la
realización de determinados trámites especificados en el poder. Todas son correctas.
Señala la correcta: La falta o insuficiente acreditación de la representación impedirá que se tenga por realizado el
acto de que se trate. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de
apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y
cada una de las Administraciones, serán preferiblemente interoperables entre sí. El interesado no podrá comparecer por sí mismo en un procedimiento en el que haya designado
representante.
El acto administrativo está sujeto al principio de legalidad: Siempre. Cuando se trate de actos reglados Según los casos. No necesariamente.
Cuando la Administración actúa como persona de Derecho Privado: Solo puede ser controlada por los Tribunales Contencioso-Administrativos. No dicta actos administrativos. Su actividad es puramente discrecional. Puede actuar sin límite alguno, como cualquier particular.
Un acto complejo es aquel: En el que intervienen, sucesivamente, en virtud de la tutela administrativa, dos órganos
administrativos. Que se adopta por un órgano colegiado. En cuyo proceso de elaboración se ha evacuado el dictamen de un órgano consultivo. En cuya emisión de voluntad han de intervenir, como mínimo, dos órganos administrativos.
El interés público convierte a los actos administrativos en: Susceptibles de impugnación directa. Reglados, en parte. Discrecionales. Nada de lo anterior.
El contenido eventual del acto supone: Que éste puede estar condicionado. Que se presume en todos los actos del mismo tipo. Que es connatural con el acto de que se trate. Su carácter reglado.
Un acto general debe: Publicarse. Notificarse a los interesados. Tener un contenido normativo. Elaborarse por un órgano colegiado.
La compulsión sobre las personas: Deriva de la propia esencia del acto administrativo. Deriva del principio de ejecutividad de los actos administrativos. Deriva de la posibilidad en manos de la Administración de ejecutar forzosamente algunos actos
administrativos. Es similar al lanzamiento administrativo.
El acto que da fin a un expediente administrativo es un/una: Propuesta. Acto definitivo. Informe con propuesta de resolución. Acto trámite.
Un ejemplo de acto de trámite es un/una: Decisión con que concluye el procedimiento. Renuncia. Informe emitido en un procedimiento. Ninguno de ellos lo es.
Las competencias administrativas hacen referencia a/al/a las: Ente administrativo de que se trate. Atribuciones que por Ley se conceden a una Administración Pública. Atribuciones que se otorgan a un órgano administrativo. Nada de lo anterior.
El contenido de un acto administrativo ha de ser: Ilícito y determinado. Posible y lícito. Determinado o determinable e ilícito. Imposible y lícito.
Las cláusulas accesorias de un acto administrativo forman parte del contenido: Natural del acto. Implícito del mismo. Legal del acto. Eventual del acto.
Cuando algo necesariamente forma parte de un acto, hablamos de contenido: Natural. Legal. Eventual. Implícito.
Los actos deben motivarse: Siempre. Nunca. Cuando decidan un procedimiento. Cuando la Ley lo prescriba.
No tienen por qué motivarse los actos que: Resuelvan recursos. Limiten derechos subjetivos. Se separen del dictamen de órganos consultivos. Todos los anteriores deben motivarse.
En la notificación de todo acto administrativo no es necesario que conste siempre: Su texto íntegro. Los recursos que contra el mismo procedan. Los motivos en que se basa la decisión. El plazo de interposición de los recursos.
Para que surta efecto una notificación defectuosa: Basta con que transcurra el plazo de recurso del acto a que se refiere. El particular ha de actuar de forma que se deduzca el conocimiento del contenido de la
resolución. La Administración ha de demostrar que se hizo. En ninguno de los tres casos anteriores se subsana.
Una notificación por vía telemática: No se admite en nuestro ordenamiento jurídico. Requiere previo consentimiento del interesado para hacer de esta forma. Es la regla general. Se deja al arbitrio de la Administración.
La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado cuando: Los interesados en un procedimiento sean desconocidos. Se ignore el lugar de la notificación. Intentada la notificación no se hubiese podido practicar. Todas son correctas.
Respecto a la pregunta anterior, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en: El boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia. El tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado. El tablón de edictos del Ayuntamiento del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente. Todas son correctas.
Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando (señala la incorrecta): Así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. El acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas. La Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, no siendo necesaria en este caso la notificación individualizada. Se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo.
Respecto a la publicación no es correcto: La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que se exigen respecto de las notificaciones. En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto. La publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar. La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deba practicarse en tablón de anuncios o edictos, se entenderá cumplida por su publicación en dichos tablones de anuncios o edictos.
Se limitará a publicar en el Diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto, si el órgano competente apreciase que: La notificación por medio de anuncios lesiona derechos o intereses legítimos. La publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos a) y b) son correctos. a) y b) son incorrectos.
Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes (señala la incorrecta): Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Los que tengan un contenido imposible. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes
(señala la incorrecta): Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Los dictados prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen las reglas
esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Cualquiera que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley o
reglamentaria.
Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas (señala la incorrecta): Que vulneren la Constitución. Que vulneren las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. Que regulen materias reservadas a la Ley. Que establezcan la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas
de derechos individuales.
Respecto a la anulabilidad Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del
ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder. El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos
formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas implicará
la anulabilidad del acto en cualquier caso. Todas son correctas.
Señala la incorrecta: La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que
sean independientes del primero. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del
mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella
el acto administrativo no hubiera sido dictado. Los actos nulos o anulables que contengan los elementos constitutivos de otro distinto no
producirán los efectos de éste. El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de
aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la
infracción.
Respecto a la convalidación no es correcto: La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que
adolezcan. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3
para la retroactividad de los actos administrativos Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá
realizarse por el órgano competente siempre que no sea superior jerárquico del que dictó el acto
viciado. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante
el otorgamiento de la misma por el órgano competente.
Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la
notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por
medio de: Un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. Un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia. Un anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado. Un anuncio en un periódico de difusión nacional.
El título III de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas se denomina: De los interesados en el procedimiento. De la actividad de las Administraciones Públicas. De los actos administrativos. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común.
El Título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas tiene: 1 capítulo. 2 capítulos. 3 capítulos. 4 capítulos.
El Título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas comprende los artículos: 34 a 52. 30 a 47. 28 a 41. 32 a 49.
Respecto a la iniciativa legislativa: El Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa mediante la elaboración y aprobación
de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales. Las Cortes Generales ejercerán la iniciativa legislativa mediante la elaboración de los
anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley al Gobierno de la Nación
para su aprobación. El Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa mediante la elaboración de los
anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales para
su aprobación. Las Cortes Generales ejercerán la iniciativa legislativa mediante la elaboración y aprobación de
los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley al Gobierno de la Nación.
Señala la incorrecta: La iniciativa legislativa se ejercerá por los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas
en los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía El Gobierno de la Nación podrá aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos en
los términos previstos en la Constitución. Los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas no podrán aprobar normas
equivalentes a reales decretos-leyes y reales decretos legislativos en su ámbito territorial Ninguna es correcta.
El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde a (señala la incorrecta): El Gobierno de la Nación Los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas. Los órganos de gobierno locales. Las asambleas parlamentarias del Gobierno y de las Comunidades Autónomas.
Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán: Vulnerar la Constitución. Vulnerar las leyes Regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la
competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas. Todas son correctas.
Los reglamentos y disposiciones administrativas, sin perjuicio de su función de desarrollo o
colaboración con respecto a la ley (señala la incorrecta): Podrán tipificar infracciones administrativas. No podrán tipificar delitos o faltas. No podrán establecer penas o sanciones. No podrán establecer tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o
patrimoniales de carácter público.
Respecto a la potestad reglamentaria, las disposiciones administrativas se ajustarán al orden
de jerarquía que establezcan: Los reglamentos. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de
rango superior. Las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango
superior. Los reglamentos. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de
rango inferior. Las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango
inferior.
En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones
Públicas actuarán de acuerdo con los principios de: Legalidad, eficacia, celeridad, contradicción, transparencia, e igualdad. Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. Legalidad, eficacia, proporcionalidad, contradicción, transparencia, y eficiencia. Legalidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, publicidad y transparencia.
La iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una
identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar
su consecución: En virtud de los principios de necesidad y eficacia. En virtud del principio de proporcionalidad. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica. En aplicación del principio de transparencia.
La iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la
necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos
restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios: A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica. En aplicación del principio de transparencia. En virtud de los principios de necesidad y eficacia. En virtud del principio de proporcionalidad.
La iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento
jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable,
predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en
consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas: A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica. En aplicación del principio de eficiencia. En aplicación del principio de transparencia. En virtud de los principios de necesidad y eficacia.
Señala la incorrecta: Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trámites
adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados atendiendo
a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta. Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter
general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del
Gobierno, o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter general y no
precisará de justificación. Las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos que
tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas,
cuando la naturaleza de la materia así lo exija.
Las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la
normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, definirán
claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o
exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una
participación activa en la elaboración de las normas: En aplicación del principio de eficiencia. En aplicación del principio de transparencia. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica. En virtud de los principios de necesidad y eficacia.
La iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y
racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos: En aplicación del principio de eficiencia. En aplicación del principio de transparencia. En virtud del principio de proporcionalidad. En virtud de los principios de necesidad y eficacia.
Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se
deberá: Cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos. Supeditar al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera. a) y b) son correctas. a) y b) son incorrectas.
Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para: Adaptarla a los principios de buena regulación. Comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos. Comprobar si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en
ellas. Todas son correctas.
El resultado de la evaluación normativa se plasmará en un informe: Que se hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa
reguladora de la Administración correspondiente. Que se hará público, con el detalle y periodicidad que determine el órgano de la Administración
correspondiente Que no se hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano que no determine la normativa
reguladora de la Administración correspondiente. Que no se hará público, con el detalle y periodicidad que determine el órgano de la
Administración correspondiente.
Las Administraciones Públicas (señala la incorrecta): Promoverán la aplicación de los principios de buena regulación. Cooperarán para promocionar el análisis económico en la aplicación de las normas. Cooperarán para evitar la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la
actividad económica. Todas son correctas.
Habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y
produzcan efectos jurídicos (señala la incorrecta): Las normas con rango de ley. Los reglamentos. Las disposiciones administrativas. Todas son correctas.
Respecto a la publicidad de las normas no es correcto: Las Administraciones Públicas tendrán que establecer otros medios de publicidad
complementarios al diario oficial correspondiente. La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la
Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá los mismos efectos
que los atribuidos a su edición impresa. La publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del Organismo
competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se
determinen reglamentariamente. Ninguna es correcta.
Las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas
legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente: Semanalmente. Mensualmente. Trimestralmente. Anualmente.
Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en: La sede electrónica del Organismo competente. El Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente. El Boletín Oficial del Estado. El Diario oficial correspondiente.
Se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente
en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la futura norma acerca de los problemas que se pretenden
solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la
norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias: Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento. Con carácter posterior a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley. Con carácter posterior a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento.
Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en
este artículo en el caso de: Normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o la
Administración autonómica. Normas presupuestarias u organizativas de la Administración local o de las organizaciones
dependientes o vinculadas a éstas. Que concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. Todas son correctas.
Podrá omitirse la consulta pública a los sujetos y las organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la futura norma cuando la propuesta normativa: No tenga un impacto significativo en la actividad económica. No imponga obligaciones relevantes a los destinatarios. Regule aspectos parciales de una materia. Todas son correctas.
El Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas se denomina: De la revisión de los actos en vía administrativa. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. De los actos administrativos.
El Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas: No tiene capítulos. Tiene 1 capítulo. Tiene 2 capítulos. Tiene 3 capítulos.
El Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas comprende los artículos: 130 a 148. 113 a 126. 118 a 139. 127 a 133.
Las Administraciones Públicas declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que
hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los
supuestos previstos en el artículo 47.1: En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia, y previo dictamen
favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma,
si lo hubiere. En cualquier momento, a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia o a solicitud de
interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente
de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen
favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma,
si lo hubiere.
Las Administraciones Públicas podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas
en los supuestos previstos en el artículo 47.2: De oficio o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere. De oficio, previo dictamen favorable o no del Consejo de Estado u órgano consultivo
equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere. De oficio, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de
la Comunidad Autónoma si lo hubiere. De oficio o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable o no del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.
El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a
trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen
del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando: Las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1. Carezcan manifiestamente de fundamento En el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes
sustancialmente iguales. Todas las respuestas anteriores son correctas.
Respecto a la revisión de disposiciones y actos nulos cuando el procedimiento se hubiera
iniciado de oficio, el transcurso del plazo: De 1 mes desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. De 2 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. De 3 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. De 6 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.
Respecto a revisión de disposiciones y actos nulos si el procedimiento se hubiera iniciado a
solicitud de interesado transcurrido el plazo máximo sin dictarse resolución: Se producirá la invalidez del mismo. Se podrá entender la misma estimada por silencio administrativo. Se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo. Se producirá la caducidad del mismo.
Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo: Los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el
artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público. Los actos no favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el
artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público. Los actos favorables para los interesados que no sean anulables conforme a lo dispuesto en el
artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público. Los actos no favorables para los interesados que no sean anulables conforme a lo dispuesto en el
artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público.
La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurrido: 6 meses desde que se dictó el acto administrativo. 1 año desde que se dictó el acto administrativo. 2 años desde que se dictó el acto administrativo. 4 años desde que se dictó el acto administrativo.
La declaración de lesividad: Exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. Requerirá previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de
la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. Exigirá la oportuna autorización por el órgano competente en materia de Hacienda Pública. Requerirá en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de
las Comunidades Autónomas.
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