LEY 39/2015

La Ley del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, al regular las especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores, dispone que cuando la resolución sea ejecutiva: Se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso potestativo de reposición. Se suspenderá cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Se suspenderá cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso potestativo de reposición. Se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa.

La Ley del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, al regular la terminación resolución en los procedimientos sancionadores, dispone que cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario el pago voluntario por el presunto responsable: En cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada y a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de infracción. No implicara en ningún caso la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción. Implicará la terminación del procedimiento en todo caso. En cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, incluido en lo relativo a la reposición de la situación alterada y a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de infracción.

Señale la respuesta incorrecta respecto al desistimiento y renuncia por los interesados: Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o mas interesados, el desistimiento o la renuncia afectará a todos los que la hubiesen formulado. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente suscitarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen estos su continuación en el plazo de: Un mes desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. Veinte días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. Quince días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. Diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.

El procedimiento de declaración de oficio de la nulidad de los actos administrativos: Será resuelto por el Consejo de Estado u órgano equivalente de la comunidad Autónoma. Podrá iniciarse a solicitud de interesado o por iniciativa propia de las Administraciones Pública. Requiere la previa declaración de lesividad del acto para el interés público. Se inicia exclusivamente por reclamación del interesado.

Como regla general podrá entenderse desestimado un recurso de alzada: Transcurrido un mes desde su interposición. Trascurrido un mes desde su interposición y una vez obtenida la preceptiva certificación de acto presunto. Trascurrido tres meses desde su interposición y una vez obtenida la preceptiva certificación de acto presunto. Trascurrido tres meses desde que se interpuso sin que recaiga resolución.

Señale la respuesta que no es correcta. A tenor del artículo 98 de la Ley 39 /2015 (LPACAP). Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que: Se produzca la suspensión de la ejecución del acto. Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que no quepa ningún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. Una disposición establezca lo contrario. Se necesite aprobación o autorización superior.

Contra los actos firmes en vía administrativa cabe: Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso de súplica. Recurso extraordinario de revisión.

En el cómputo de plazos del procedimiento administrativo de la Ley 39/2015 no es cierto que: Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que estas son hábiles. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en que residiese el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.

De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. b) Son anulables las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria. c) a) y b) son correctas. d) a y b) son falsas.

De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: La Administración podrá convalidar los actos nulos o anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, no podrá ser convalidado el acto, en ningún caso. Todas son correctas.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas (en adelante LPACAP), las Universidades públicas: Tienen la consideración de Administraciones públicas indirectas. Forman parte del sector público institucional. Son entidades autónomas no incluidas en el sector público institucional. Están totalmente excluidas de la propia Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Conforme establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, cuando los plazos se señalen por días: Se entiende que son hábiles, excluyendo del cómputo los domingos y festivos, pero no los sábados. Se entiende que son naturales, excluyendo del cómputo los domingos y festivos, pero no los sábados. Se entiende que son hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, domingos y festivos. Se entiende que son naturales, excluyendo del cómputo los domingos y festivos, pero no los sábados.

La conversión de los actos viciados, la conservación de actos y trámites y la convalidación, vienen recogidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: En los artículos 50, 51 y 52. En los artículos 51, 52 y 53. En los artículos 49, 50 y 51. En los artículos 52, 53 y 54.