En los procedimientos iniciados por el interesado, la obligación de dictar resolución expresa, se sujetará al siguiente régimen: En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto no podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo deberá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas: El silencio tendrá un efecto desestimatorio El inicio será siempre a solicitud del interesado Tras iniciar un procedimiento de oficio se requerirá informe a la unidad causante del daño. La propuesta de resolución deberá ser motivada.
En el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial: Será necesario que no haya prescrito el derecho a reclamación del interesado No puede iniciarse de oficio este tipo de procedimientos El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con el traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados El acuerdo de iniciación se notificará a la unidad causante del daño.
Indique la respuesta más correcta. El inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial podrá ser A solicitud del interesado, de oficio o a petición razonada de otros órganos A solicitud del interesado o a petición razonada de otros órganos Únicamente a solicitud del interesado De oficio o a petición razonada de otros órganos.
El derecho a reclamar de los interesados: No prescribe Prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización. Prescribirá a los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste el efecto lesivo En cualquier caso, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance del daño.
Durante la instrucción del procedimiento de responsabilidad patrimonial Será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de 10 días el plazo de emisión. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 20.000 € será preceptivo solicitar dictamen del Consejo General de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la administración de Justicia, será preceptivo el informe del Ministerio Fiscal, que será evacuado en el plazo máximo de 3 meses. Todas las anteriores son correctas.
En los procedimientos de responsabilidad patrimonial Será necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda. Previamente a la resolución será necesario el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma La resolución únicamente requerirá el informe del servicio causante del daño, además de los trámites generales del Capítulo IV del Título IV de la ley 39/2015. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.
La ley 39/2015 señala en su artículo 116, que será causa e inadmisión del recurso: Ser competente el órgano administrativo. El recurso deberá remitirse al órgano responsable, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano incompetente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Ser competente el órgano administrativo y estar en plazo para la interposición del recurso.
El artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo dice: Con carácter general para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, no es suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad. Para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, con carácter particular, deberá acreditar previamente su identidad sólo a través de un DNI. Con carácter general para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos. Con carácter general para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será insuficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos.
En relación con la comparecencia de las personas en las oficinas públicas, el artículo 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo dice: En los casos que proceda comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente sólo fecha y hora, así como los efectos de no atenderla. En los casos que proceda comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente el lugar, fecha y hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla. En los casos que proceda comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente sólo el objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla. La comparecencia de personas ante las oficinas públicas no procede en ningún caso.
El articulo 25 nos habla sobre la falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio: En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado resolución no exime al responsable del departamento del cumplimiento de la obligación de notificarlo. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa exime a la Administración del cumplimiento de la obligación de resolver. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación de resolver. En los procedimientos iniciados de oficio y transcurridos 3 meses del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa exime a la Administración del cumplimiento de la obligación de resolver.
Requisitos de los actos administrativos. Motivación: Serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: los actos que no limiten derechos subjetivos e intereses legítimos Serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones y actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. Serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: los actos que no se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos Serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho los actos que limiten derechos objetivos e intereses legítimos.
Según el artículo 40 de la ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: Toda notificación deberá de ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, no deberá contener el texto íntegro de la resolución, únicamente se indicará si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. Toda notificación deberá de ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, deberá contener el texto íntegro de la resolución, únicamente se indicará si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. Toda notificación deberá de ser cursada dentro del plazo de 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, deberá contener el texto íntegro de la resolución, únicamente se indicará si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. Toda notificación deberá de ser cursada dentro del plazo de 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, no deberá contener el texto íntegro de la resolución, únicamente se indicará si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
Según el artículo 42 de la ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante para que pueda acceder al contenido de la misma de forma voluntaria. Todas las notificaciones que se practiquen en papel podrán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante para que pueda acceder al contenido de la misma de forma voluntaria. Todas las notificaciones que se practiquen en papel no podrán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante. Ninguna notificación que se practique en papel podrá ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u organismo.
El art. 2 de la Ley 39/2015 establece que esta es de aplicación al sector público institucional, el cual está integrado por: La administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y las entidades que integran la Administración local. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. Las universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta ley. b) y c) son correctas.
El art.4 de la Ley 39/2015 establece que se consideran interesados en el procedimiento administrativo: Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan verse afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Los que sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte a), b) y c) son correctas.
En el art. 21 de la Ley 39/2015 establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa. En su apartado 3 señala que cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será: Un mes. Dos meses. Tres meses. Seis meses.
El art. 24 de la Ley 39/2015 regula el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. En su apartado 2 establece: La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento La estimación por silencio administrativo no tiene la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. a) y c) son correctas.
El art. 39 de la Ley 39/2015 establece que los actos de las administraciones públicas sujetos a Derecho Administrativo: … se presumirán válidos pero no producirán efectos, salvo que en ellos se disponga otra cosa. … se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos disponga otra cosa. … no se presumirán válidos, salvo que en ellos se disponga otra cosa. … no se presumirán válidos y no producirán efectos.
En el art.13 de la Ley 39/2015 establece que quienes tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. A comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la Administración. A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. a), b) y c) son correctas.
El art. 109 de la Ley 39/2015 establece que: Las administraciones públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Las administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Las administraciones públicas no pueden declarar la nulidad de los actos administrativos, en ningún caso. a) y b) son correctas.
En el artículo 112 de la Ley 39/2015 establece que contra las resoluciones podrán interponerse por los interesados los siguientes recursos: Recurso a mano alzada Recurso ordinario de revisión Recurso potestativo de reposición a) y c) son correctas.
Según el art. 128 de la Ley 39/2015 , el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde, entre otros, a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en: La Constitución y la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local. La Constitución y los Estatutos de Autonomía. La Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local. Los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Según el art. 129 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, actuarán de acuerdo con los principios de: Necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia Necesidad, ejecutividad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Necesidad, eficiencia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficacia. Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia.
De conformidad con el art. 132, de la Ley 39/2015, el Plan Normativo de las Administraciones Públicas de hará público: Cada dos años Anualmente Una vez cada cuatro años. Al principio del mandato.
La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas contiene: 133 artículos, 5 disposiciones adicionales, 5 transitorias, 1 derogatoria y 7 finales. 135 artículos, 4 disposiciones adicionales, 5 transitorias, 1 derogatoria y 7 finales 137 artículos, 4 disposiciones adicionales, 5 transitorias, 1 derogatoria y 7 finales Ninguna es correcta.
El archivo de los documentos correspondientes a procedimientos administrativos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 39/2015: Se regirán por lo dispuesto en la normativa anterior Se regirán por lo dispuesto en la presente norma Se regirán indistintamente por una u otra norma Todas son correctas .
¿A quién o a quienes obliga los términos y plazos establecidos en la ley 39/2015? Obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos. Obligan únicamente a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Obligan únicamente a los interesados Las tres respuestas anteriores son correctas.
¿En qué artículo de la ley 39/2015 se regula la ampliación de los plazos establecidos?: Artículo 30 Artículo 32 Artículo 33 Artículo 31.
A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados: La presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil La presentación en un día inhábil se entenderá presentada fuera de plazo. La presentación de un documento en un día hábil se entenderá realizada en la primera hora del siguiente día hábil. Todas las respuestas son correctas. .
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