LEY 39/2015

Por lo que respecta a los actos administrativos, la Ley 39/2015, de a de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que: su contenido se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será indeterminado y adecuado a los fines de aquéllos. Los actos administrativos producen efectos desde el día siguiente a la fecha en que se dicten. No pueden tener eficacia retroactiva en ningún caso. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.

Según el artículo 35 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que limiten derechos objetivos o intereses legítimos. Los actos que no rechacen pruebas propuestas por los interesados. Los que considere el órgano competente. Los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.

Respecto a las notificaciones, Ley 39/2015 dispone que: Se practicarán preferentemente en papel. Deberán contener el texto íntegro de la resolución, la expresión de los recursos que procedan, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca su puesta a disposición en la sede electrónica de la Administración. La notificación por medios electrónicos se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido un mes desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Conforme al artículo 47 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son nulos de pleno derecho los actos de las AP: Los que tengan un contenido posible. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Los que no sean constitutivos de infracción penal. Los que lesionen derechos reconocidos en cualquier norma.

En la iniciación del procedimiento administrativo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que: EI órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, podrá disponer su acumulación a otros con sustancial o íntima conexión. Se entiende por petición razonada, la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano, sea o no administrativo. En el caso de las denuncias, no será necesario expresar la identidad de la persona que la presenta. Las medidas provisionales nunca se modificarán durante .la tramitación del procedimiento.

Conforme al artículo 73 de la Ley 3912015, de a. de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si los interesados no cumplimentan los trámites en el plazo establecido: Se les tendrá por desistidos en el procedimiento. Se les concederá un nuevo plazo no inferior a cinco días ni superior a diez. Se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. Se archivará el procedimiento sin más trámite.

De acuerdo con el artículo 83 de la Ley 39/2015, respecto al trámite de información pública: El órgano al que corresponda la instrucción del procedimiento acordará un período de información pública. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado. La no comparecencia en este trámite impedirá a los ciudadanos interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. En el anuncio de este trámite se determina el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser superior a veinte días.

Según la ley 39/2015, en la resolución del procedimiento administrativo: En el caso de procedimientos de carácter sancionador, el órgano competente para resolver formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. La Administración podrá abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso. La aceptación de informes no vinculantes servirá de motivación a la resolución, pero no se incorporarán al texto de la misma.

Respecto a los recursos administrativos, la ley 39/2015 establece que: Contra las disposiciones administrativas de carácter general se puede presentar recurso extraordinario de revisión. La interposición del recurso deberá expresar el acto que se recurre y la razón de su impugnación. El error de la calificación del recurso por parte del recurrente provocará el archivo inmediato del mismo. La interposición de cualquier recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado.

Cuando la ley 39/2015, regula los recursos administrativos, dispone que: El plazo para interponer el recurso de alzada será de 3 meses. Tanto el recurso de alzada como el recurso potestativo de reposición deberán interponerse ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. Contra la resolución de un recurso de alzada podrán interponerse otros recursos administrativos, salvo el recurso extraordinario de revisión. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición será de un mes.

La notificación por medios electrónicos se entenderá rechazada: Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido sólo si este medio de notificación ha sido expresamente elegido por el interesado. Cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido sólo si este medio de notificación ha sido expresamente elegido por el interesado. Cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Ninguna es correcta.

En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos: Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente realizada. Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad determinada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es suficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente realizada. Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento de concurrencia no competitiva de cualquier tipo. Ninguna es correcta.

En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio. administrativo. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la prescripción. Todas son correctas.

Iniciado un procedimiento, el órgano competente para resolver podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas, entre ellas: Prestación de fianzas. Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos. La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas. Todas son correctas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación en papel se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación y no hubiese nadie para hacerse cargo de la misma: En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las catorce horas, el segundo intento deberá realizarse después de las catorce horas y viceversa, dejando en todo caso, al menos, un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las catorce horas, el segundo intento deberá realizarse después de las catorce horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de dos horas entre ambos intentos de notificación. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso, al menos, un margen de diferencia de dos horas entre ambos intentos de notificación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes,. Éstos no serán de uso obligatorio por los interesados que podrán utilizar el que consideren oportuno siempre que cumpla los requisitos de contenido establecidos en el artículo 66.1 de la Ley 39/2015. Éstos no serán de uso obligatorio por los interesados que podrán utilizar el que consideren oportuno siempre que cumpla los requisitos de contenido establecidos en el artículo 67.1 de la Ley 39/2015. En todo caso éstos son de uso obligatorio por los interesados. Ninguna es correcta.

El capítulo III del Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, lleva por nombre: Iniciación del procedimiento. Ordenación del procedimiento. Garantías del procedimiento. Instrucción del procedimiento.

Conforme al artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en: El plazo de 1 mes a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo de 2 meses a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo de 3 meses a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

¿En qué circunstancias de entre las siguientes podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión?. Cuando al dictar dichos actos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. Todas son correctas.

Si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto: La ejecución del acto impugnado se entenderá aplazada. La ejecución del acto impugnado se entenderá cancelada. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida. La ejecución del acto impugnado se archivará.

Contra la resolución de un recurso de alzada: Cabe recurso de reposición. No cabrá en ningún caso otro recurso administrativo. No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015. No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en el artículo 122.1 de la Ley 39/2015.

El plazo establecido en la Ley 39/2015 como requerimiento para que un interesado pueda subsanar una solicitud. Nunca puede ser ampliado. Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, podrá ser ampliado en cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, podrá ser ampliado en cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, podrá ser ampliado en diez días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

Ponen fin a la vía administrativa según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: Las resoluciones de los recursos de alzada cuando sean favorables. Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 113.2.c). Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. Todas son correctas.

Usted trabaja para una Administración Pública. Según. la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para realizar una notificación a un ciudadano (persona física): debe realizar la notificación a través de medios electrónicos (por ejemplo, email), porque los ciudadanos están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (art. 14.2 y art.41.1). debe realizar la notificación a través del medio (electrónico o en papel) elegido por el ciudadano, salvo que esté obligado a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (art.14.1). debe realizar la notificación a través de medios electrónicos (por ejemplo, email) solo en el caso que quede acreditado que el ciudadano tiene acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios (art. 14.3). debe realizar la notificación a través de medios electrónicos porque las Administraciones Públicas non podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos (art.14.1).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo a la obligación de resolver, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo: Este será de tres meses. Este será de un mes. Este será de 6 meses. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según lo establecido en el artículo 52 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, el acto de convalidación producirá efecto: Desde su publicación. Desde la fecha que indique la norma reguladora del procedimiento. Desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3. Desde su notificación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 41.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones. Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. Cuando los destinatarios sean personas físicas. La a) y la b) son correctas.

Según el artículo 80 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la fase de instrucción de un procedimiento administrativo, los informes serán emitidos: En el plazo de quince días, salvo que Una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. En el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. En el plazo de veinte días, salvo que Una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. En el plazo de cinco días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, forma parte del expediente administrativo: La información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas. Un informe de carácter preceptivo. Los informes internos. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según el artículo 14 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de Un procedimiento administrativo los siguientes sujetos: Las personas jurídicas. Quienes ejerzan Una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma que se determine reglamentariamente por cada Administración. Todas las respuestas anteriores son correctas.

De acuerdo con el artículo 74 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones... No suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación. Suspenderán la tramitación del mismo, en todo caso. Suspenderán la tramitación del mismo, salvo la abstención. En un procedimiento administrativo no se pueden suscitar cuestiones incidentales.

De acuerdo con el art. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por las Cortes Generales. las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública y, supletoriamente, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. las Corporaciones de Derecho Público se regirán íntegramente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Tal como prevé el art. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se motivarán, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: los acuerdos que acepten pruebas propuestas por los interesados. los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de leyes o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de conciliación. los actos que se dicten en el ejercicio de potestades regladas. los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el art 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De acuerdo con el art. 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: generalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulables, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses subjetivos de otras personas. excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar. cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en último lugar. cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera realizado en papel. cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido electrónicamente.

Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: los hechos irrelevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. en los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien. cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter facultativo. el órgano competente para resolver sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

Las facultades de revisión establecidas en el Capítulo I del Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la eficacia, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. no podrán ser ejercidas cuando por caducidad de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

De acuerdo con el art. 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión se interpondrá contra los actos firmes en vía administrativa: cuando al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, dentro del plazo de 3 meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución, dentro del plazo de 3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida, dentro del plazo de 4 años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. cuando la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme, dentro del plazo de 4 años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

Según prevé el art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: el plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso o tres meses, si el acto fuera presunto. el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición será de un mes. el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición será de tres meses. contra la resolución de un recurso de reposición podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

En relación a la práctica de las notificaciones de la Administración Pública y de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las notificaciones en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. Las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos cuando para asegurar la eficacia de i la actuación administra-va resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante. La falta de práctica de un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las notificaciones que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.

Según lo dispuesto en el artículo 106 de la LPAC, la potestad de revisión de los actos administrativos nulos... Puede ser ejercida por la Administración a iniciativa propia o a solicitud del interesado, siempre y cuando se hubiese interpuesto previamente el correspondiente recurso administrativo. Solamente puede ser ejercida a iniciativa propia de la Administración que lo dictó. Puede ser ejercida por la Administración a iniciativa propia o a solicitud del interesado. Solamente puede ser ejercida por la Administración a iniciativa propia, previo dictamen favorable del Consejo de Estado.

Según lo dispuesto en el artículo 35 de la LPAC serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que no rechacen pruebas propuestas por los interesados. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. Los actos que limiten derechos objetivos o intereses legítimos. Los actos que no se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.

Según el artículo 102 de la Ley 39/2015, en relación a la ejecución subsidiaria de los actos administrativos, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. Las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo 101. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según la LPAC, el recurso extraordinario de revisión procederá: Contra los actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 120.1. Contra los actos que no sean firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1. Contra los actos que no sean firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 120.1. Contra los actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.

Según la LPAC, respecto a la revisión de disposiciones y actos nulos cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo: (art.106.5). De 1 mes desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. De 2 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. De 3 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. De 6 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.

De conformidad con el artículo 96.2 de la Ley39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si en un determinado procedimiento administrativo, en el que concurren varios interesados, la Administración acuerda la tramitación simplificada ¿Qué ocurre si uno de ellos manifiesta su oposición expresa a tal decisión?. Que en el supuesto de ese interesado se podrá continuar con la tramitación ordinaria. Que continuará con la tramitación ordinaria, salvo en los procedimientos de responsabilidad inferiores a 5.000 euros. Que la administración podrá seguir con la tramitación simplificada. Que la administración deberá seguir coa tramitación ordinaria.

El art. 125 de la Ley 39/2015 establece que contra los actos firmes en vía administrativa: Podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. Podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano administrativo que los dictó. Podrá interponerse recurso extraordinario de revisión ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. Podrá interponerse recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó.

Los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución se denominan actos de: (art.75.1). Resolución. Instrucción. Ordenación. Ejecución.

Según lo dispuesto en el artículo 109.1 de la ley 39/2015 las Administraciones públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables siempre que: Tal revocación constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes y sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Ninguna de estas afirmaciones son correctas.

Notificada la resolución de un acto que pone fin a la vía administrativa, de forma expresa, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, será: Dos meses. Un mes. Seis meses. Veinte días.