Según la Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos: Desde la entrada en vigor de la ley. A los dos años de la entrada en vigor de la Ley. A partir del día 2 de octubre de 2020. Todas las anteriores son falsas.
Según el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si en un procedimiento administrativo desarrollado ante los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma con lengua cooficial, concurrieran varios interesados en el procedimiento y existiera discrepancia entre ellos en cuanto a la lengua: Todo el procedimiento, sin excepción, se tramitará en castellano. Todo el procedimiento se tramitará, sin excepción, en la lengua utilizada por el primero de los administrados intervinientes. Todo el procedimiento se desarrollará en la lengua que elija el titular del órgano administrativo, sin perjuicio de que los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. El procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán establecerse especialidades del procedimiento: Solo mediante ley, referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar. Reglamentariamente, referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar. Reglamentariamente, referidas a trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación e informes a recabar. Reglamentariamente, referidas a los requisitos de validez y eficacia, trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley y plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a la tramitación de urgencia, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?: Cuando razones de interés público lo aconsejen, el órgano competente acordará de oficio la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. No se podrá acordar la aplicación de la tramitación de urgencia a los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad todos los plazos establecidos para el procedimiento ordinario. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
La emisión de informes, según el artículo 80 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se realizará con carácter general en el plazo de: Cinco días. Diez días. Quince días. Veinte días.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se exceptúan de la obligación de dictar resolución expresa y notificarla: Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración y los casos de desaparición sobrevenida del objeto. Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud. Los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán: Incorporar los metadatos mínimos exigidos. Incorporar firma electrónica que permita que sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos cuando no formen parte de un expediente administrativo o se publiquen con carácter informativo. Incorporar una referencia local y temporal del momento en que han sido emitidos. Contener la identificación de los destinatarios del documento.
Según el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todas las notificaciones que se practiquen en papel: Podrán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. Deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. Podrán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, el resto de las notificaciones deberán realizarse a través de medios electrónicos. Deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante cuando contengan medios de pago a favor de los obligados.
A tenor del artículo 61 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, para el inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos: Se entiende por petición razonada, la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que haya tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación. Se entiende por petición razonada la formulada por el órgano que tiene atribuida la competencia de la iniciación cuando su actuación derive del conocimiento directo o indirecto de circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento. Se entiende por petición razonada la emitida por un órgano superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. En los procedimientos de naturaleza sancionadora no podrá iniciarse el procedimiento por petición razonada de otros órganos.
El artículo 43 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Publicas, establece que, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando: Hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se haya accedido a su contenido. La Administración u organismo haya optado por la exposición pública en el tablón de anuncios o en un diario oficial. El interesado inicie un nuevo procedimiento ante la misma Administración u organismo. Hayan transcurrido 30 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Según el artículo 56.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Publicas, iniciado un procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver podrá adoptar medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución, de acuerdo con los principios de: Eficacia, eficiencia y seguridad. Eficacia, suficiencia y simplicidad. Proporcionalidad, eficacia y seguridad. Proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
Según dispone el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de un procedimiento, cuando no venga previsto en su norma reguladora: No podrá exceder de un mes. No podrá exceder de tres meses. No podrá exceder de seis meses. No podrá ser superior a la mitad del término establecido para la tramitación del procedimiento.
Según dispone el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas, la falta de acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate: siempre que se aporte aquella dentro del plazo de diez días ampliables en cinco días más cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. siempre que se aporte aquella dentro del plazo de quince días ampliables en cinco días más cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. siempre que se aporte aquella dentro del plazo de diez días, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. siempre que se aporte aquella dentro del plazo de quince días, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
Según dispone el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas, la ampliación del plazo máximo para resolver: Solo necesita motivación en los procedimientos iniciados de oficio. No podrá ser superior a la mitad del plazo establecido en el procedimiento. Se podrá recurrir ante el órgano competente. Tiene carácter excepcional.
Según el artículo 24.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer: tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. ante cualquier medio de prueba admitido en Derecho. ante la Administración pública. ante la persona física o jurídica, pública o privada.
Las Administraciones Públicas solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma en el procedimiento administrativo para: Formular solicitudes, presentar comunicaciones oficiales, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Formular solicitudes, solicitar declaraciones o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Formular y presentar declaraciones juradas o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos.
¿Qué normativa de la siguiente contempla el cómputo de plazos en la Administración General? Ley 40/2015, del 1 de octubre, de Régimen Jurídico de el Sector Público. Ley 39/2015, del 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y el Real Decreto Legislativo 5/2015, del 30 de octubre, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia.
Conforme a la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos que se separen del criterio seguido por órganos consultivos: Deberán ser motivados. Deberán contener de forma expresa la indicación de que pueden ser recurridos directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. No podrán ser objeto de delegación. No serán susceptibles de recurso de alzada, debiendo impugnarse directamente ante los órganos jurisdiccionales. .
De acuerdo con el artículo 36.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos se producirán por escrito: Y se notificarán inmediatamente a los interesados, ya sea por medios electrónicos o no. A través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. A través de medios de notificación personal, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. A través de publicación edictal, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
No es causa de nulidad de pleno derecho de un acto administrativo: Que se haya dictado separándose del criterio del dictamen de un órgano consultivo. Que se haya dictado por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Que tenga contenido imposible. Que sean constitutivo de infracción penal o se dicte como consecuencia de ésta. .
En el supuesto de iniciación de un procedimiento administrativo debido a una solicitud de un interesado, si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la Ley 39/2015 y, tras haber sido requerido debidamente, el interesado no subsana los defectos: El procedimiento administrativo sigue su tramitación, aunque el instructor debe hacer constar que los defectos no han sido subsanados por el interesado. Al interesado se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución. El procedimiento administrativo sigue su tramitación, salvo que el mismo carezca de fundamento. El procedimiento se archiva sin más trámites. .
Los interesados en un procedimiento administrativo pueden aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: En cualquier momento del procedimiento, anterior al trámite de audiencia. En cualquier momento del procedimiento, anterior a dictar resolución. En cualquier momento del procedimiento, anterior a la notificación del mismo. Únicamente pueden aducir alegaciones o aportar documentos u otros elementos de juicio en el momento procedimental que indique el instructor del procedimiento.
.
De acuerdo con el artículo 53.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿tienen derecho los interesados en un procedimiento administrativo a conocer el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo?:
No, el sentido del silencio administrativo se recoge en la normativa que sea de aplicación al procedimiento, pero no se configura como un derecho de los interesados. Sí. Sí, salvo que la norma de aplicación del procedimiento establezca que no debe facilitarse la información acerca del sentido del silencio administrativo. No, el sentido del silencio administrativo es una información, pero no se configura como un derecho para los interesados. .
El acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento de responsabilidad patrimonial se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho que será de: 5 días. 10 días. 15 días. 30 días.
La relación con la Administración Pública para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo será obligatoriamente a través de medios electrónicos: Para las personas físicas que ya se hayan relacionado electrónicamente con la Administración en un procedimiento administrativo anterior. Cuando así haya sido señalado por el interesado al inicio del procedimiento sin que exista posibilidad de cambiar a otro medio de comunicación durante el mismo. Cuando el interesado esté en posesión del DNI electrónico. Para aquellas personas que representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. .
|
