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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Ley 39/2015 (arts. 84 a 111)
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Título del Test:
Ley 39/2015 (arts. 84 a 111)

Descripción:
rkjenvcjerjnk

Autor:
Manuel
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Fecha de Creación:
22/04/2024

Categoría: Oposiciones

Número Preguntas: 30
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Temario:
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos: No existe un plazo máximo para adoptar dicha declaración. Un año desde que se dictó el acto administrativo. Dos años desde que se dictó el acto administrativo. Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
2. De acuerdo con el artículo 96 de la Ley 39/2015, señale el plazo en que los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán estar resueltos: Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, en sesenta días a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. En sesenta días a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, en treinta días a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. En treinta días a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. .
3. Según el artículo 109 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos de gravamen o desfavorables: Incluso cuando haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que ello no constituya dispensa o exención no permitidas por la ley, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Siempre, incluso cuando haya transcurrido el plazo de prescripción. Si ha transcurrido el plazo de prescripción y es debido a un error material o de hecho existente en sus actos. Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
4. El Ayuntamiento de León ha cometido un error aritmético en un acto administrativo. Señale la respuesta correcta conforme al artículo 109 de la Ley 39/2015: El plazo máximo para rectificar es de 3 meses desde que se dictó el acto. Para realizar la rectificación es necesario recabar el consentimiento del interesado afectado por el acto. La rectificación puede ser a instancia de los interesados o del propio Ayuntamiento. Para realizar la rectificación es necesario recabar el dictamen favorable del Consejo de Estado. .
5. En los procedimientos sancionadores, el artículo 85 de la Ley 39/2015 establece que si el infractor reconoce su responsabilidad se podrá aplicar reducciones de, al menos, el: (AGE 2017) 10 % sobre el importe de la sanción pecuniaria propuesta. 15 % sobre el importe de la sanción pecuniaria propuesta. 20 % sobre el importe de la sanción pecuniaria propuesta. 25 % sobre el importe de la sanción pecuniaria propuesta. .
6. En el ámbito de la Administración General del Estado, y de conformidad con el artículo 92 de la Ley 39/2015, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por: El órgano que incurrió en la acción u omisión a la que se imputa la producción del daño. El superior jerárquico del órgano que incurrió en la acción u omisión a la que se imputa la producción del daño. El Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros. El Subsecretario de Presidencia. .
7. De conformidad con el artículo 93 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir: Discrecionalmente, sin más requisitos. Discrecionalmente, pero motivando su decisión. Motivadamente en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes. Motivadamente y solo en los procedimientos sancionadores. .
8. De acuerdo con la Ley 39/2015, el órgano instructor resolverá la finalización de un procedimiento de carácter sancionador, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución: Cuando la persona o personas interesadas hayan celebrado un acuerdo con la Administración. Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción. Cuando los hechos pudiesen constituir una infracción de carácter leve. Cuando el infractor reconozca su responsabilidad. .
9. Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, ¿cuál es el órgano competente, en un Ayuntamiento, para declarar la lesividad de un acto anulable? El orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El Alcalde- Presidente o, en su defecto, el órgano colegiado superior de la entidad. El órgano competente por razón de la materia. El Pleno Corporativo o, en su defecto, el órgano colegiado superior de la entidad.
10. De acuerdo con el artículo 91 de la Ley 39/2015, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa recaída en el procedimiento para exigir responsabilidad patrimonial a la Administración es de: 3 meses desde que se inició el procedimiento, entendiéndose, a falta de resolución expresa, estimada la reclamación del particular. 6 meses desde que se inició el procedimiento, entendiéndose, a falta de resolución expresa, estimada la reclamación del particular. 3 meses desde que se inició el procedimiento, entendiéndose, a falta de resolución expresa, desestimada la reclamación del particular. 6 meses desde que se inició el procedimiento, entendiéndose, a falta de resolución expresa, desestimada la reclamación del particular.
11. De acuerdo con el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la revocación: Se puede acordar mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. Se puede acordar mientras no haya transcurrido el plazo de caducidad. Puede tener por objeto actos de carácter favorable. No pueden ser objeto de revocación los actos de gravamen. .
12. Respecto a la resolución de un procedimiento administrativo, señala la Ley 39/2015 que: La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados, sin que puedan valorarse las derivadas del mismo. En el caso de procedimientos sancionadores, el órgano instructor formulará necesariamente una propuesta de resolución cuando los hechos no pudieran constituir infracción, declarando en la misma el archivo de las actuaciones. En el caso de procedimientos sancionadores, en la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. En los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, si transcurren 3 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. .
13. Según el artículo 96 de la Ley 39/2015, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en: Dos meses. Un mes Treinta días Veinte días.
14. Según el artículo 111 de la Ley 39/2015, en el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables: Los Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los dictados por los Secretarios de Estado. Los Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado. Los Secretarios de Estado, respecto de sus propios actos y disposiciones. Los máximos órganos rectores de los Organismos públicos, respecto de sus propios actos y disposiciones. .
15. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la Administración Pública quiere impugnar un acto administrativo favorable a los interesados que sea anulable deberá: Declarar la nulidad de dicho acto. Declarar su lesividad al interés público e impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Revocar administrativamente dicho acto. Declarar la anulabilidad de dicho acto administrativo. .
16. De acuerdo con el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la Administración Pública quiere dejar sin efecto un acto administrativo desfavorable o de gravamen, deberá: Declarar la nulidad de dicho acto. Declarar su lesividad al interés público e impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Revocar dicho acto, siempre que ello no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes. Declarar la anulabilidad de dicho acto administrativo. .
17. De acuerdo con el artículo 87 de la Ley 39/2015, antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. Dichas actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo: De siete días. No inferior a diez días ni superior a quince. De veinte días. No superior a quince días.
18. De acuerdo con la Ley 39/2015, ¿quién revisa de oficio las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables de los Ministros? El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. Los Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones. Los Secretarios de Estado. .
19. De conformidad con el artículo 106 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos: Sin necesidad de dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente. Antes de haber transcurrido el plazo de cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. En los supuestos de anulabilidad previstos en el artículo 47.2 de la Ley. Por iniciativa propia o a solicitud del interesado.
20. De acuerdo con la Ley 39/2015, serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables de los Secretarios de Estado: Las Comisiones Delegadas del Gobierno. Los Ministros. Los Tribunales Superiores de Justicia. El Consejo de Ministros. .
21. Según el artículo 96 de la Ley 39/2015, en el caso del procedimientos sancionadores, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando: Exista reconocimiento de la responsabilidad por parte del presunto infractor. Se haya producido el pago voluntario por el presunto responsable en cualquier momento anterior a la resolución. No se hayan formulado alegaciones por parte del presunto infractor en el trámite de audiencia. El órgano competente para iniciarlo considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve.
22. Según la Ley 39/2015, ¿es posible que el órgano competente para la revisión de oficio de un acto o disposición nulos de la AGE inadmita a trámite las solicitudes formuladas por los interesados sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado? No. El Dictamen del Consejo de Estado es requisito imprescindible para la revisión de oficio de actos o disposiciones nulos, de acuerdo con el artículo 106 de la Ley 39/2015. Sí, cuando las solicitudes de revisión no se basen en alguna causa de nulidad de pleno derecho o carezcan de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. Sí, pero si no acude al Consejo de Estado debe impugnar la solicitud en vía contencioso-administrativa. Sí, pero debe hacerlo en el plazo de 6 meses o se producirá la caducidad del procedimiento y, en ese caso, deberá acudir bien al Consejo de Estado o bien a la Jurisdicción contencioso-administrativa para impugnar la solicitud del interesado. .
23. Conforme a lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, ¿puede la Administración revocar sus propios actos? Sí, sus actos de gravamen o desfavorables mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. Sí, siempre que se trate de errores materiales, de hecho o aritméticos y que éstos no hayan prescrito. Solo cuando sean nulos de pleno derecho por lesionar derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. No, la Administración nunca puede ir contra sus propios actos. .
24. De conformidad con el artículo 106.5 de la Ley 39/2015, si un procedimiento de revisión de oficio se hubiera iniciado a solicitud de interesado, transcurrido el plazo máximo sin dictarse resolución: Se producirá la invalidez del procedimiento. Se podrá entender la solicitud estimada por silencio administrativo. Se podrá entender la solicitud desestimada por silencio administrativo. Se producirá la caducidad del procedimiento.
25. Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en un procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos iniciado de oficio, de no dictarse resolución en el transcurso de seis meses desde su inicio se producirá: La suspensión de las actuaciones. La prescripción del procedimiento. La caducidad del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo de las pretensiones. .
26. Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, la declaración de lesividad de actos anulables NO podrá adoptarse transcurridos: Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. Tres años desde que se dictó el acto administrativo. Dos años desde que se dictó el acto administrativo. Un año desde que se dictó el acto administrativo. .
27. Es un medio de ejecución forzosa de los actos administrativos: La sanción subsidiaria. La multa coercitiva. La compulsa de documentos administrativos. La desviación de poder. .
28. Señale la respuesta correcta en relación con la declaración de lesividad de actos anulables: Podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. No exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. Será susceptible de recurso, debiendo notificarse a los interesados. Transcurrido 6 meses desde la iniciación del procedimiento sin haberse declarado la lesividad, se producirá la caducidad.
29. Según la Ley 39/2015, ¿qué actuación previa tienen que realizar las Administraciones Públicas para poder impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables? Declaración expresa de anulabilidad. Interponer recurso extraordinario de revisión. Declaración de lesividad para el interés público. Declaración de no procedencia de interposición de recurso potestativo de revisión. .
30. Según la Ley 39/2015, en un procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial, transcurridos seis meses desde que se inició sin que haya recaído y se notifique resolución expresa, ¿cómo puede entenderse la resolución? Es favorable a la indemnización del particular. Es contraria a la indemnización del particular. Se prorroga automáticamente el plazo para resolver otro mes, sin posibilidad de nueva prórroga. Se prorroga automáticamente el plazo para resolver otros diez días, sin posibilidad de nueva prórroga. .
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