LEY 39/2015 LEY 40/2015 REGLAMENTO DE LA UE 2016/679

El Delegado de Protección de Datos tendrá las siguientes funciones: Realiza las auditorías en materia de protección de datos. Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento. Define las responsabilidades de cada perfil en Sistemas.

¿Cuándo podrá formular el interesado recusación contra el funcionario que tramite un expediente?. En cualquier momento. Dentro del plazo de 10 días tras la solicitud. Dentro del plazo de 10 días tras la iniciación.

¿Cómo se define la sede electrónica en la Ley 40/2015,de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ?. Se establece simplemente como nueva denominación para el registro telemático, ya definido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, LRJPAC. Es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias. Es el centro de procesos de datos correspondiente a cada órgano público, donde se localizan los aplicativos mediante los cuales aquel ejerce sus competencias.

¿En virtud de qué principio previsto por el Reglamento General de Protección de Datos, los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados?. Principio de exactitud. Principio de limitación de la finalidad. Principio de minimización de datos.

Según el TREBEP, los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales, indique la respuesta falsa. Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificados como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en la situación de servicio activo. Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas. Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas si no perciben retribuciones periódicas por la realización de la función.

Según lo dispuesto en el artículo 46 del Estatuto Público, están legitimados para convocar una reunión, además de las Organizaciones Sindicales, directamente o a través de los Delegados Sindicales: Los Delegados de Personal, Los Comités de Empresa y los Empleados Públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40% del colectivo convocado. Los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los Empleados Públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40% del colectivo convocado. Los Delegados de Personal, Los Comités de Empresa y los Empleados Públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 30% del colectivo convocado.

Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas: Sistemas de firma electrónica basados en certificados digitales. Sistema de firma electrónica avanzada. Certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.

La conversión de los actos administrativos se aplica: A los actos anulables y nulos. Solamente a los actos nulos. Solo a los actos anulables.

En relación con las notificaciones electrónicas, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Se practicarán mediante comparecencia en sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas. En ningun caso se efectuarán por medios electrónicos las notificaciones que contengan medios de pago a favor de las Administraciones.

Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria son: Válidas. Temporalmente válidas. Nulas.

Conforme al artículo 9 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponde: A funcionarios públicos y personal laboral siempre que sea fijo. Exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca. A funcionarios públicos, personal laboral fijo y directivo.

A tenor del artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, son funcionarios interinos: Los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera. Los que son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera sin necesidad de justificación. Los que son nombrados sin necesidad de respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, debido a la urgencia en su nombramiento.

En atención de lo reconocido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, es un derecho de las personas: (Señalar la respuesta incorrecta). Derecho de oposición. Derecho a la objetividad. Derecho de acceso.

Según el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma colectiva: A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. A la inamovilidad de la condición de funcionario de carrera. A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo.

Según el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, tendrá la consideración de responsable del tratamiento: Quien actuando por cuenta de otro, establezca relaciones con los afectados aun cuando exista un contrato o acto jurídico con el contenido fijado en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679. Quien figurando como encargado utilizase los datos para finalidades propias y ajenas. Quien figurando como encargado utilizase los datos para sus propias finalidades.

Conforme al artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos: No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas, salvo por razones justificadas y autorización previa de su superior jerárquico. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas, a no ser que tenga participación en ésta.

Conforme al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos tratarán con atención y respeto: A los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos. A los ciudadanos siempre, y a sus superiores y a los restantes empleados públicos, siempre que haya reciprocidad. A los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos, siempre y cuando esté dentro de sus funciones.

De conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos cuando se trate de las siguientes entidades: (Señalar la respuesta incorrecta). Los establecimientos financieros de crédito. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Las empresas de seguridad pública.

Según el artículo 28.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, quienes determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el Reglamento (UE) 2016/679, con la referida ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable, son: Sólo los responsables. Los responsables y los encargados. Sólo los encargados.

En atención a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señalar la afirmación incorrecta respecto a la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos: Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el envío de su contenido.

De conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos: (Señalar la respuesta incorrecta). Cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente realizada. Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. Cuando lo aconsejen razones de interés general apreciadas por los/las interesados/as.

- Según el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en: Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral fijo,. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal directivo.

Conforme al artículo 95 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se considera falta muy grave (Señalar la respuesta incorrecta). La grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados. La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 9/2017, se consideran contratos menores: Los contratos de suministros y servicios de valor estimado inferior a 40.000 o los contratos de obra de valor estimado inferior a 15.000. Los contratos de suministros y servicios de valor estimado inferior a 30.000 o los contratos de obra de valor estimado inferior a 10.000. Ninguna de las respuestas es correcta.

Según la Ley 9/2017, ¿los contratos menores deben ser objeto de publicación en el perfil del contratante del órgano de contratación ?. No, por la escasa trascendencia y relevancia de los mismos. Si. Sólo los contratos cuyo objeto contractual afecte directa o indirectamente la seguridad nacional.

Conforme a lo preceptuado en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente que: Se iniciará por la mesa de contratación motivando la necesidad del contrato y deberá ser publicado en el BOE. Se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y deberá ser publicado en el perfil de contratante. Se iniciará por la Junta de contratación motivando la necesidad el contrato y deberá ser publicado, en todo caso, en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Según el artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura: Del proceso selectivo. Del periodo de información pública. Del procedimiento de adjudicación.

Conforme el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los expedientes de contratación podrán ser objeto de tramitación urgente: En todos los contratos sujetos a regulación armonizada. En los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional.

Según el artículo 131.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la adjudicación por una Administración Pública de un contrato se realizará ordinariamente, utilizando: El procedimiento abierto o el procedimiento restringido. La tramitación de emergencia o la tramitación de urgencia. El procedimiento abierto y la tramitación de emergencia.

En relación con lo dispuesto en el artículo 30.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los plazos expresados por horas: Se contarán de hora en hora y de minuto en minuto y de segundo en segundo desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. Se contarán de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. Se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿ser asistido en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas es un derecho que ostentan quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas en sus relaciones con ellas?: Si. No. Solo si eres Español.

En el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se establece que en los contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000€ y los contratos de suministros y de servisios de valor estimado inferior a 60.000€ se aplicará. El diálogo competitivo. El procedimiento abierto simplificado. El procedimiento negociado sin publicidad.

- Según el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el contrato de suministro consiste en: La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. La adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles. Prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, no es contrato del sector público: Contrato de concesión de obras. Contrato de servicios. Contrato de concesión de suministro.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 80.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán: Facultativos y no vinculantes. Preceptivos y no vinculantes. Facultativos y vinculantes.

Según el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la totalidad de los supuestos que ponen fin al procedimiento son: La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, la declaración de caducidad y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico y la declaración de caducidad. la resolución, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, la declaración de caducidad y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.

De conformidad con el artículo 33. 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual: Se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Se reducirán a la mitad, sólo, los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de recursos. Se reducirán a la mitad todos los plazos establecidos para el procedimiento ordinario.

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece que en el ejercicio de los derechos no está incluido el derecho. De eliminación. De oposición. De supresión.

Según el artículo 12 de la Ley de Protección de Datos, el responsable del tratamiento: estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. podrá informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden, si este lo solicita. no puede informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden.

El procedimiento administrativo, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de: Jerarquía y transparencia. Transparencia y publicidad. Simplicidad y urgencia.

El plazo del trámite de audiencia no podrá ser inferior a: 15. 10. 20.

De acordarse la ampliación del plazo máximo que esté establecido para resolver el procedimiento, este: No podrá exceder de tres meses. No podrá ser superior al que estuviera establecido para la tramitación del procedimiento. No podrá ser superior a la mitad del inicialmente previsto por la ley.

EI periodo de prueba tendrá una duración: No superior a 30 días ni inferior a 15. No superior a 20 días ni inferior a 10. No superior a 30 días ni inferior 10.

Según el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, estará n integradas única y exclusivamente por: El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional. El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional y los trienios. El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, los trienios y las pagas extraordinarias.

Según lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en lo relativo a la participación en la promoción interna: Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, un año de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, seis meses de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas.

De acuerdo en lo previsto en la LPACAP y en el resto del ordenamiento jurídico, quienes tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, del derecho a utilizar las lenguas oficiales: En todo el territorio español. Únicamente ante las administraciones que expresamente lo contemplen en su normativa de funcionamiento. En el territorio de la Comunidad Autónoma.

Indique la respuesta incorrecta. Iniciado el procedimiento administrativo, se podrán adoptar las medidas provisionales que se estimen oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. De forma motivada. Si existiesen elementos de juicio suficientes para ello. Siempre que no se afecte a los derechos de los interesados en el procedimiento.

Señala la respuesta incorrecta: Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita: garantizar su consulta hasta transcurridos cinco años desde su emisión. garantizar la autenticidad del documento. garantizar la integridad del documento.

El artículo 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que en los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por: Causa no imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. Causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. Causa imputable al interesado, no se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.

En la notificación de todo acto administrativo no es necesario que conste siempre: Los motivos en que se basa la decisión. El plazo de interposición de los recursos. Los recursos que contra el mismo procedan.