Ley 39/2015 LPACAP Título Preliminar y Título I

los efectos de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) tienen la consideración de Administraciones Públicas: a) Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. b) Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas, así como las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas que ejerzan potestades administrativas. c) Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas, así como las Universidades públicas. d) Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas, las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas que ejerzan potestades administrativas y las Universidades públicas.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, se aplica al sector público, que comprende: a) Administración General del Estado, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional. b) Sector público institucional, Administraciones de las Comunidades Autónomas y Entidades que integran la Administración Local. c) Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas, Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional. d) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones públicas.

Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. b) Aquellos cuyos intereses exclusivamente individuales puedan resultar afectados por la resolución. c) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. d) Son correctas las respuestas A y C.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Marque la respuesta correcta: a) Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para formular solicitudes. b) Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para renunciar a derechos. c) Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para presentar declaraciones responsables. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

La Administración está obligada a dictar resolución expresa, según la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados: a) Sólo por el interesado. b) Sólo de oficio. c) En todos los procedimientos. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Según la ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: a) Renunciar a derechos, interponer recursos y desistir de acciones. b) Desistir de acciones, interponer recursos, formular solicitudes y enunciar a derechos. c) Renunciar a derechos, formular solicitudes, desistir de acciones, presentar declaraciones responsables o comunicaciones e interponer recursos. d) Renunciar a derechos, formular solicitudes, desistir de acciones, presentar declaraciones e interponer recursos.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley: Solo mediante ley. Reglamentariamente. No se puede.