la Ley 39/2015 y otrasAI✦
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Título del Test:
![]() la Ley 39/2015 y otras Descripción: repaso 2 |



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Según la Constitución, ¿cuál es la característica de la enseñanza básica?. Obligatoria, gratuita, aconfesional y apolítica. Obligatoria, gratuita y aconfesional. Obligatoria y gratuita. Gratuita y apolítica. ¿Qué establece la Constitución Española en su artículo 6 sobre los partidos políticos?. Su creación y el ejercicio de su actividad son democráticos dentro del respeto a la Constitución y a los reglamentos. Su estructura interna y funcionamiento no deberán ser democráticos. Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación popular. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a los tratados internacionales. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Según la Constitución Española, ¿quién refrenda los actos del Rey en su artículo 64?. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Senado y, en su caso, por los Ministros competentes. De los actos del Rey no serán responsables las personas que los refrenden. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el art. 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso. El nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de su Casa también requiere el refrendo. El derecho de petición individual y colectiva, regulado en el artículo 29 de la Constitución Española, encuentra reflejo en el artículo 77 cuando establece que: Las Cámaras no pueden recibir peticiones individuales ni colectivas, ni por escrito ni de forma oral, quedando prohibida también la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. Las Cámaras no pueden recibir peticiones individuales, pero si colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, así como la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. Según el Estatuto de Autonomía, ¿quién tiene la iniciativa de la reforma del Estatuto?. Al Consell, a una tercera parte de los miembros de Les Corts, a dos grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados o al Senado. Al Consell, a una tercera parte de los miembros de Les Corts, a tres grupos parlamentarios o a las Cortes Generales. Al Consell, a una tercera parte de los miembros de Les Corts, a dos grupos parlamentarios o a las Cortes Generales. Solo al Consell en pleno por mayoría absoluta. ¿Qué institución del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana tiene como función la defensa de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y el propio Estatuto?. Comité Economic i Social. Síndic de Greuges. Consell Jurídic Consultiu. El Tribunal de Defensa de la Competencia. Según el Estatuto de Autonomía, ¿qué deben obtener los candidatos para ser proclamados electos y obtener escaño?. El 5% de los votos válidos. No dice nada al respecto. Ha sido rebajado al 3% de los votos válidos. El número de votos exigido por la Ley Electoral Valenciana. ¿Sobre cuál de las siguientes materias la Generalitat tiene competencia exclusiva?. Propiedad intelectual e industrial. Régimen minero y energético. Higiene. Todas las respuestas anteriores son correctas. La reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, en caso de ampliación del ámbito competencial, ¿cómo debe ser aprobada por Les Corts?. Mayoría absoluta. Por las dos terceras partes de sus miembros. Por la mayoría simple. Por la mitad más uno de los asistentes al pleno. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las relaciones entre el Consell y Les Corts es INCORRECTA?. Los años en que se celebre debate de investidura bien por la celebración de elecciones a Les Corts, bien por cualquier otra causa, no tendrá lugar el debate de política general. La relación ordinaria entre el Consell y Les Corts se canalizará a través de la Presidencia de Les Corts y del representante del Consell en la Junta de Portavoces. El Consell responde solidariamente de su gestión política ante Les Corts, sin perjuicio de la responsabilidad directa de sus miembros por su gestión. La responsabilidad del Consell es exigible por medio de la moción de censura y de la cuestión de confianza. Los miembros del Consell tienen acceso a las sesiones de Les Corts y la facultad de hacerse oír en ellas. Asimismo, a petición propia o cuando así se solicite por Les Corts, deberán comparecer ante las mismas para informar sobre un asunto determinado o celebrar una sesión informativa. Respecto a las secretarías autonómicas, la Ley del Consell establece: Que las mismas no pueden crearse bajo la dependencia de los vicepresidentes, pero sí de los consellers. Que sus titulares tendrán la consideración de alto cargo de nivel directivo. Que podrán crearse bajo la dependencia del President. Que llevan a cabo exclusivamente funciones de carácter no ejecutivo. Las atribuciones del Consell, según la Ley 5/1983 de 30 de diciembre, ¿cuál de las siguientes NO es una atribución INCORRECTA?. La planificación y desarrollo de la política valenciana. Nombrar y separar a los altos cargos de la Administración de la Generalitat, a propuesta del Conseller correspondiente. Proponer a Les Corts la creación de personas jurídicas públicas y privadas o, en su caso, crearlas, para el ejercicio de competencias de la Generalitat. Proponer a las Cortes Generales la reforma del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. ¿Cuál de las siguientes NO es una función del President de la Generalitat?. Nombrar y separar a los altos cargos de la Generalitat, a propuesta del conseller correspondiente. Proponer a Les Corts la reforma del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Emitir deuda pública para gastos de inversión, previo acuerdo de Les Corts. Nombrar, entre los vicepresidentes o los consellers, un secretario del Consell, para que ejerza las funciones establecidas en la Ley del Consell. ¿Cuál de las siguientes NO es una función del Consell en materia normativa?. Dictar decretos legislativos en los términos y con las formalidades previstas en la Ley del Consell. Nombrar y separar a los consellers. Ejercer la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución Española, el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana y las leyes. Emitir deuda pública para gastos de inversión, previo acuerdo de Les Corts. Señala la respuesta CORRECTA según el artículo 5.3 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, no hará falta acreditar la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá de aquella representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá de aquella representación. Solo hará falta acreditar la representación para formular solicitudes e interponer recursos. Para los actos y gestiones de mero trámite no se presumirá la representación. Según el artículo 6.5 de la ley 39/2015, ¿cómo se otorgará el apoderamiento apud acta?. El apoderamiento apud acta se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros. El apoderamiento apud acta solo se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta ley. El apoderamiento apud acta solo se otorgará mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros. Cada comunidad autónoma aprobará los modelos de apoderamiento apud acta, establecerá modelos y procedimiento para realizarlos con publicidad en los registros establecidos. Según el artículo 21.2 de la ley 39/2015, ¿cuál es el plazo máximo para notificar una resolución expresa?. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de tres meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la unión europea. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plano no podrá exceder del fijado en una norma con rango de ley o así venga previsto en el derecho de la unión europea. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la unión europea. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la unión europea. Según el art. 22.2 de la ley 39/2015, ¿cuándo se suspenderá el plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución?. Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario. Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la unión europea, por el tiempo que medie entre la petición y la notificación del pronunciamiento a la administración instructora. Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente. Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. ¿Cuáles son los medios para la ejecución forzosa de los actos administrativos por parte de las administraciones públicas?. Multa coercitiva, compulsión sobre las personas, ejecución subsidiaria o apremio sobre el patrimonio. Ejecución subsidiaria, compulsión sobre las personas, apremio sobre el patrimonio o reintegro bancario. Reintegro bancario, ejecución subsidiaria, multa coercitiva o apremio sobre el patrimonio. Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva, notificación electrónica. Si un recurso de alzada se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, este debería remitirlo al competente en el plazo de: 3 días. Una semana. 10 días. Un mes. ¿Cuál es el plazo para interponer un recurso de alzada en caso de acto expreso?. 3 días. Una semana. 10 días. Un mes. ¿Cuál es el plazo para interponer un recurso de reposición en caso de acto expreso?. Un mes. Una semana. 10 días. 3 días. Según el artículo 1.2, la ley establece que: Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley. Solo por ley podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar. Reglamentariamente, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley. Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar. Reglamentariamente, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley. Solo por ley podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley. Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar. ¿Por quién se integra el sector público institucional?. Cualquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley. Todas forman parte del sector público institucional. Según el art. 2, ¿qué comprende el sector público?. La administración general del estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local, y el sector público institucional. La administración general del estado, las administraciones de las comunidades autónomas que no tengan transferida las competencias, las entidades que integran la administración local, y el sector público institucional. Exclusivamente la administración general del estado, y las administraciones de las comunidades autónomas. Únicamente la administración general del estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local y la administración de justicia. De acuerdo con la ley 39/2015, el objeto de dicha ley es regular los requisitos: Legislativos y formales de los actos administrativos y el procedimiento común a todas las administraciones públicas. De validez y eficacia de los actos administrativos y el procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas. De validez y eficacia de los actos administrativos y el procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas que se acojan a esta ley. De validez y eficacia de los actos administrativos y el procedimiento administrativo común de la administración general del estado. La ley 39/2015 del procedimiento administrativo común, determina que cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza: Deberán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado. Podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado. Deberá realizarse un acto por cada uno de los interesados. Podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que generalicen los efectos del acto para cada interesado. De acuerdo con la ley 39/2015 del procedimiento administrativo común y de las administraciones públicas, la iniciativa legislativa se ejercerá por los órganos de gobiernos de las comunidades autónomas en los términos establecidos: En sus estatutos de autonomía y supletoriamente en la constitución. Exclusivamente en la constitución. Por la constitución y sus respectivos estatutos de autonomía. Solo por sus estatutos de autonomía. La ley 39/2015, señala que los interesados tienen derecho a formular alegaciones: En cualquier fase del procedimiento anterior a la finalización del mismo. En cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. Incluso tras la finalización del procedimiento. En cualquier fase del procedimiento anterior a la fase de ordenación. La ley 39/2015 del procedimiento administrativo común y de las administraciones públicas, determina que los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán: Siempre de oficio por acuerdo del órgano competente. Siempre a petición de parte. Siempre de oficio a petición de la autoridad judicial. De oficio o a petición de parte. De acuerdo con la ley 39/2015 del procedimiento administrativo común y de las administraciones públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, el derecho a reclamar: Prescribirá a los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Prescribirá al año de producido el hecho o acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. No prescribirá en ningún caso. Prescribirá a los seis años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Según la ley 39/2015 del procedimiento administrativo común y de las administraciones públicas, ¿cómo se producirán los actos administrativos?. Por escrito a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia. Siempre por escrito. Por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Por escrito a menos que su naturaleza permita otra forma más adecuada de gestión y comunicación. Según determina la ley, los interesados en un procedimiento tienen derecho a conocer: En cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en lo que tengan la condición de interesados. Únicamente con anterioridad a la fase de instrucción, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. En cualquier momento, el estado de la tramitación de cualquier procedimiento. Con anterioridad a la fase de terminación, el estado de la tramitación de cualquier procedimiento. La ley establece que en caso de que el órgano competente para resolver decida la realización de las actuaciones complementarias, el plazo para resolver el procedimiento: No se suspenderá. Quedará suspendido durante un plazo no superior a veinte días. Quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias. Quedará suspendido durante un plazo no inferior a diez días. La ley 39/2015 del procedimiento administrativo común y de las administraciones públicas, en lo relativo a las especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores, determina que la resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando: No quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía judicial. No quepa contra ella ningún recurso extraordinario en vía administrativa. No quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa. Quepa contra ella recurso ordinario en vía administrativa. Según la ley 39/2015, cuando los procedimientos se inicien de oficio, lo harán por acuerdo del órgano competente. ¿Qué se entiende por denuncia a efectos de esta ley?. El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento del órgano administrativo competente la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento de una obligación legal, pone en conocimiento del órgano administrativo competente la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. Según el artículo 11 de la ley 39/2015, las administraciones públicas no requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: Renunciar a derechos. Interponer recursos. Presentar alegaciones. Formular solicitudes. En los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, ¿cuál es el sentido del silencio?. Será estimatorio. Será desestimatorio. Producirá la caducidad del procedimiento. Todas son correctas. Según el artículo 30 de la ley que rige el procedimiento administrativo común, cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el derecho de la unión europea: Se computarán automáticamente en días hábiles. Se hará constar esta circunstancia en las notificaciones correspondientes. El interesado podrá solicitar su conversión en días hábiles. Todas las respuestas correctas anteriores son incorrectas. Según el artículo 35.1 de la ley 39/2015, ¿qué actos serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho?. La refundición en un único acto de una serie de actos de la misma naturaleza. Los actos que rechacen pruebas propuestas por las partes no interesadas. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. Todas son incorrectas. ¿Dentro de qué plazo deberá ser cursada toda notificación?. 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 5 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 20 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Los actos de las administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes (señala la incorrecta): Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Los que tengan un contenido imposible. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. Salvo en el caso de que en "la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de: 10 días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. 15 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. 5 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. 10 días a partir del del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Según el artículo 96 de la ley 39/2015, para tramitar el procedimiento administrativo común, las administraciones públicas podrán acordar: Tramitación ordinaria o tramitación simplificada. Tramitación ordinaria o tramitación abreviada. Tramitación ordinaria o tramitación de emergencia. Tramitación ordinaria o tramitación urgente. Según el artículo 106 de la ley 39/2015, ¿quién declarará de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo?. Las administraciones públicas únicamente de oficio. Las administraciones públicas únicamente a solicitud de interesado. Las administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado. Las administraciones públicas, en cualquier momento, previa interposición del recurso administrativo correspondiente. Según el artículo 122 de la ley 39/2015, ¿cuál es el plazo para la interposición del recurso de alzada si el acto fuera expreso?. Diez días. Dos meses. Quince días. Un mes. La ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, respecto de la representación indica que: Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, no será necesario acreditar la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables a comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. Para formular solicitudes, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación: para presentar declaraciones responsables o comunicaciones, y para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, realizar actos y gestiones de mero trámite, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Según la ley 39/2015, en el cómputo de plazos: Cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará hábil en todo caso. Cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. Cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará automáticamente ampliado en diez días. Cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, quedará automáticamente ampliado en cinco días el plazo de presentación de solicitudes. La ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, establece que: Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. Los actos administrativos siempre serán objeto de publicación. Los actos administrativos solo serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento. Los actos administrativos solo serán objeto de publicación cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. La ley 39/2015, establece que: La administración podrá convalidar los actos nulos, subsanando los vicios de que adolezcan. La administración en ningún caso puede convalidar sus actos. Solo los juzgados y tribunales pueden convalidar los actos administrativos. La administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. La administración podrá convalidar los actos anulables, aun sin subsanar los vicios de que adolezcan. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, el derecho a reclamar de los interesados: Prescribirá a los diez años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo, en caso de daños de carácter físico a psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Prescribirá a los cinco años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. No prescribirá nunca cuando se trate de daños de carácter físico o psíquico. Según la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, respecto al impulso de un procedimiento administrativo, éste estará sometido: Al principio de agilidad y se impulsará de oficio o a instancia de parte en todos sus trámites ya través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. Al principio de oportunidad y se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. Al principio de celeridad y se impulsará a instancia de parte en todos aquellos trámites que respeten los principios de transparencia y publicidad. Al principio de celeridad y sé impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. Respecto a la declaración de lesividad de actos anulables, la ley 39/2015, establece: Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. Transcurrido el plazo de 2 años desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. La declaración de lesividad podrá adoptarse en cualquier momento y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. La declaración de lesividad podrá adoptarse desde que se dictó el acto administrativo y no exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. Respecto al recurso potestativo de reposición: El plazo para la interposición del recurso de reposición será de tres meses, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de tres meses. Contra la resolución de un recurso de reposición podrá interponerse de nuevo dicho recurso. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. Cuando la resolución de un procedimiento sancionador sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente si el interesado manifiesta a la administración su intención de: Interponer recurso de alzada contra la resolución firme en vía administrativa. Interponer recurso contencioso administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Interponer recurso de casación contra la resolución que no sea firme en vía administrativa. Interponer recurso contencioso- administrativo contra la resolución que no sea firme en vía administrativa. Según el artículo 70, ¿qué NO formará parte del expediente administrativo?. La información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las administraciones Publicas. La información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las administraciones Publicas, salvo que se trate de informes preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. La información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos entre órganos o entidades administrativas. La información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las administraciones Publicas, salvo que se trate de informes preceptivos y vinculantes solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. Según la ley 39/2015, se consideran interesados en el procedimiento administrativo, entre otros: Los que, sin haber iniciado el procedimiento, puedan tener derechos que resulten afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Quienes, sin haber promovido el expediente, acrediten ser titulares de derechos o intereses individuales o colectivos. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses individuales o colectivos. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por una resolución, y se personen en el procedimiento aún después de haber recaído resolución definitiva. De acuerdo con la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos los siguientes sujetos: Las personas físicas, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Quienes representen a un interesado, aun cuando éste no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la administración. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para cualquier trámite y actuación que realicen con las administraciones públicas. Los empleados de las administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada administración. |




