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Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

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Título del Test:
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

Descripción:
General

Fecha de Creación: 2022/06/02

Categoría: Oposiciones

Número Preguntas: 30

Valoración:(8)
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De acuerdo con el art. 2 LPAC, ¿cuál de las siguientes no tiene la consideración de Administración Pública?. a) Las Entidades que integran la Administración Local. b) Los organismos públicos vinculados o dependientes de las AAPP. c) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las AAPP. d) Las Administraciones de las CCAA.

¿Cuál de los siguientes se considerará interesado en el procedimiento administrativo, de acuerdo con el art. 4 LPAC?. a) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan intereses que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. c) Quienes lo promuevan como titulares de intereses subjetivos individuales o colectivos. d) Quienes lo promuevan como titulares de derechos individuales, exclusivamente.

De acuerdo con el art. 13 LPAC, señale cuál de los siguientes no es uno de los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas: a) A comunicarse con las AAPP a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. b) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma. c) Al acceso a la información administrativa, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013. d) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.

De acuerdo con el art. 21 LPAC, señale la respuesta correcta: a) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos y en todo caso, cualquiera que sea su forma de iniciación. b) Se exceptúa de la obligación de dictar resolución expresa y de dictarla el supuesto de terminación del procedimiento por convenio, únicamente. c) La Administración sólo está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en los procedimientos iniciados a instancia de parte. d) Se exceptúa de la obligación de dictar resolución expresa y de notificarla el supuesto de terminación del procedimiento por pacto, entre otros.

¿Cuándo se suspenderá automáticamente el plazo máximo para resolver un procedimiento?. a) Cuando se acuerde la tramitación simplificada del procedimiento y se solicite Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en los casos en que sea preceptivo, hasta que éste sea emitido. b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la UE, por el tiempo que medie entre la petición y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora. c) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio. d) Cuando los interesados promuevan la recusación, de forma oral y antes del trámite de audiencia.

De acuerdo con el art. 27 LPAC, las copias auténticas de documentos privados: a) Surten plenos efectos ante todos. b) Surten únicamente efectos privados. c) Surten únicamente efectos administrativos. d) Surten efectos públicos.

El art. 30 LPAC determina que el plazo fijado en meses o años concluye el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o año de vencimiento. ¿Qué ocurre si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente?. a) El plazo se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente. b) El plazo se entiende prorrogado al primer día del mes siguiente. c) El plazo expirará el último día del mes de vencimiento. d) El plazo expirará el primer día del mes siguiente al de vencimiento.

¿De qué plazo dispone el interesado para interponer recurso contra el acuerdo de ampliación de los plazos?. a) De ninguno, no cabe recurso contra dicho acuerdo. b) De 1 mes, siempre que dicho acuerdo haya sido notificado a los interesados. c) En cualquier momento, desde que se haya tenido conocimiento del mismo. d) El interesado dispondrá de 3 días para interponer recurso de queja.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.3 LPAC, un acto administrativo que se dicta en sustitución de otro acto anulado: a) Excepcionalmente podrá tener eficacia retroactiva. b) Excepcionalmente podrá tener eficacia retroactiva, y únicamente si produce efectos favorables al interesado. c) Tendrá, en todo caso, eficacia retroactiva. d) No podrá tener eficacia retroactiva.

De acuerdo con el art. 40 LPAC, ¿cuál de los siguientes no es un requisito obligatorio del contenido de la notificación del acto administrativo?. a) El texto íntegro de la resolución. b) Fecha de publicación del acto. c) Indicación de si pone fin o no a la vía administrativa. d) Plazo de interposición de los recursos que procedan.

¿En qué casos se realizará la notificación mediante un anuncio publicado en el BOE?. a) Cuando la notificación haya sido rechazada. b) Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se haya accedido a su contenido. c) Cuando el representante del interesado rechace la notificación. d) Cuando, intentada la notificación, no se hubiere podido practicar.

Los actos de las AAPP serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a) Los dictados por órgano manifiestamente competente por razón de la materia o del territorio. b) Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. c) Los dictados separándose del criterio del dictamen de un órgano consultivo. d) Los que tengan un contenido imposible.

La LPAC integra, dentro del procedimiento general, el procedimiento de naturaleza sancionadora: a) Estableciendo la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, cualquiera que fuese su forma de iniciación. b) Con especialidades tanto en el inicio como en la resolución del procedimiento. c) Con especialidades en la resolución del procedimiento, pero no en el inicio del mismo. d) Estableciendo la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendadas al mismo órgano.

En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento: a) Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considera inequívoca la relación de causalidad. b) Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que existen suficientes medios de prueba. c) Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve. d) Únicamente en los casos en los que no haya oposición expresa por parte del interesado.

Salvo disposición expresa en contrario, la LPAC establece, en su art. 80, que los informes: a) Serán preceptivos y vinculantes. b) Serán preceptivos y, en determinados casos, vinculantes. c) Serán facultativos, vinculando únicamente a la Administración instructora cuando los solicite. d) Serán facultativos y no vinculantes.

Según el artículo 77, cuando el instructor de un procedimiento administrativo acuerde la apertura de un periodo de prueba, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes, el plazo no podrá ser: a) Ni superior a veinte días ni inferior a diez. b) Ni superior a treinta días ni inferior a quince. c) Ni superior a veinte días ni inferior a quince. d) Ni superior a treinta días ni inferior a diez.

¿De qué plazo disponen los interesados para formular y practicar las alegaciones que tengan por pertinentes, una vez se haya acordado la realización de actuaciones complementarias?. a) Quince para formular; siete para practicar. b) Diez para formular; quince para practicar. c) Siete para formular; quince para practicar. d) Quince para formular; diez para practicar.

Conforme a lo dispuesto en el art. 85, en el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora y si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario el órgano competente para resolver aplicará reducciones de: a) Hasta un 20% sobre el importe de la sanción propuesta. b) Al menos un 20% sobre el importe de la sanción propuesta. c) Hasta un 10% sobre el importe de la sanción propuesta. d) Al menos un 10% sobre el importe de la sanción propuesta.

¿De qué plazo dispondrá el inculpado para aportar alegaciones cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución del procedimiento sancionador?. a) Un plazo no inferior a diez ni superior a quince días. b) Un plazo no inferior a veinte días. c) Un plazo de diez días. d) Un plazo de quince días.

De acuerdo con el art. 94, todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. ¿A quién afectará dicho desistimiento o la renuncia si el escrito de iniciación del procedimiento se hubiera formulado por dos o más interesados?. a) A aquellos que la hubieran formulado, únicamente. b) A todos los interesados, siempre que la Administración resuelva de forma motivada sobre la procedencia de declarar concluso el procedimiento o no. c) A aquellos que la hubieran formulado, salvo que habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados, instasen la continuación del procedimiento dejando sin efecto tal desistimiento o renuncia. d) A todos los interesados.

Cuando ante una resolución de tipo sancionador cabe algún tipo de recurso administrativo: a) La resolución es inmediatamente ejecutiva. b) La resolución no es ejecutiva, salvo indicación expresa en contra del órgano superior del que dictó el acto. c) La resolución no es ejecutiva. d) La resolución será ejecutiva previa aprobación del superior jerárquico del que dictó el acto.

De acuerdo con el art. 100 LPAC, uno de los medios de ejecución forzosa será la compulsión sobre las personas. ¿Cuándo podrá procederse con tal medio?. a) Cuando se trate de actos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar, y siempre que la ley lo autorice expresamente. b) Cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. c) Cuando se trate de actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona, y siempre que así lo autoricen las leyes. d) Cuando se trate de actos que, sean personalísimos o no, puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

De acuerdo con el art. 84 LPAC, no pone fin a un procedimiento: a) La resolución. b) El acuerdo entre la Administración Pública y el interesado. c) La declaración de caducidad. d) El desistimiento.

De acuerdo con el art. 106 LPAC, ¿es necesario dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma para declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo?. a) Sí, es preceptivo que haya dictamen favorable. b) Sí, es preceptivo que haya dictamen, si bien se podrá continuar con la declaración de oficio independientemente del sentido de aquel. c) No es preceptivo pedir dictamen, ni será vinculante aún cuando se pida. d) Es una decisión facultativa de la Administración, si bien no podrá apartarse de su criterio cuando lo pida.

¿Cuándo podrán las Administraciones Públicas revocar sus actos de gravamen o desfavorables?. a) En cualquier momento, de oficio o a instancia de parte. b) En cualquier momento, únicamente de oficio. c) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. d) Mientras no haya transcurrido el plazo de caducidad.

De acuerdo con el art. 121 LPAC, el recurso de alzada podrá interponerse: a) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o el inferior jerárquico de aquel. b) Ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto que se recurre, únicamente. c) Ante el competente para resolverlo. d) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna, únicamente.

¿Cabe algún recurso contra la resolución de un recurso de alzada?. a) Sí, cabe recurso extraordinario de reposición. b) Sí, cabe recurso potestativo de reposición, previamente a su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. c) No, la resolución de los recursos de alzada ponen fin a la vía administrativa. d) Sí, cabe recurso extraordinario de revisión en determinados supuestos.

Con el trámite de consulta pública de un reglamento previsto en el artículo 133.1 LPAC, se pretende recabar la opinión: a) De los Grupos parlamentarios y del resto de los Departamentos ministeriales. b) De los Grupos parlamentarios y de las organizaciones sindicales más representativas potencialmente afectados por la futura norma. c) De los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma. d) De los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas.

En el art. 129 LPAC se determinan los principios de buena regulación en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Uno de ellos es el principio de eficiencia, de acuerdo con el cual: a) La iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su gestión, la aplicación de los recursos públicos. b) La iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. c) La iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea. d) La iniciativa normativa deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

¿Se podrá prescindir de los trámites de consulta, audiencia o información pública?. a) Sí, en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado. b) Únicamente cuando concurran razones graves de interés publico que lo justifiquen. c) No, en ningún caso. d) Sí, cuando lo solicite la Administración competente, por razones de urgencia.

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