Señale la respuesta incorrecta respecto al cómputo de los plazos: Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una Ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo así como el régimen de jornada y horarios de las mismas.
Según lo dispuesto en el artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo, como regla general, se presumirán válidos y producirán efectos: Siempre, desde el día siguiente a la fecha en que se notifiquen o publiquen. Desde el día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Desde la fecha en que se dictan, salvo que en ellos se disponga otra cosa. A los 20 días desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Según lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, serán actos motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Todas son correctas.
El registro electrónico permite la presentación de documentos: De lunes a viernes de 8 a 15 horas De lunes a viernes de 8 a 21 horas Todos los días del año de 8 a 21 horas Todos los días del año durante las veinticuatro horas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, se entenderán practicadas las notificaciones por medios electrónicos: En el momento en el que se produzca el acceso a su contenido mediante comparecencia en la Sede electrónica de la Administración. A las veinticuatro horas de su puesta a disposición en la Sede electrónica de la Administración. A los cinco días naturales de su puesta a disposición en la Sede electrónica de la Administración. A los cinco días de su puesta a disposición en la Sede electrónica de la Administración.
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de: Un día a partir del día en que el acto haya sido dictado. Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Un mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
¿En qué caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido? En los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares En aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España Siempre que así lo considere oportuno, y lo fundamente el instructor del procedimiento En ningún caso.
Según lo dispuesto en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa: Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, cuyo trámite se dará por finalizado, produciendo la terminación convencional. Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y produciendo la finalización del procedimiento. Se procederá a su publicación y discurrido el plazo establecido se dará notificado, siguiéndose el procedimiento. Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.
Según el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los siguientes casos: Los que carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Los que incurran en desviación de poder. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio, o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo: Los relativos a la presentación de solicitudes Los relativos a la presentación de recursos Las respuestas a) y b) son correctas Ninguna respuesta es correcta.
Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento de plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo: En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición. En los procedimientos que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público. En los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en generales. Excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.
Según el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), respecto de las alegaciones de los interesados en el procedimiento administrativo: Los interesados únicamente pueden presentar alegaciones en el trámite de audiencia. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones, que serán tenidas en cuenta en la resolución. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones, que serán tenidas en cuenta en la redacción de la propuesta de resolución. Los interesados pueden presentar alegaciones incluso tras el trámite de audiencia.
¿Qué recurso cabe contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento? Recurso de alzada Recurso extraordinario de revisión Recurso de reposición, en el plazo de un mes Ningún recurso.
En el presente caso, la notificación del acuerdo de inicio se realizó en el domicilio del interesado, en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre (En adelante, LPAC). De no hallarse presente en el mismo: Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de quince años que se encuentre en el domicilio. Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Ninguna es correcta.
Señale, a tenor de lo previsto en el artículo 53 de la LPAC, la opción que NO es un derecho del interesado en el procedimiento administrativo: Actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. No presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas. Exigir de la Administración que le envíen todos los documentos originales que consten en el expediente administrativo.
El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un periodo de información pública. A tal efecto se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a: Un mes Veinte días Diez días Una semana.
Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y de conformidad con lo previsto en la LPAC: Establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos de la Delegación Territorial competente en materia de artesanía. Al ser la competencia de la delegación territorial, la separación no es aplicable al caso concreto. Establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará al mismo órgano de la Delegación Territorial competente en materia de artesanía. Ninguna es correcta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la LPAC, cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial, es correcto que: Podrán no tener en cuenta la posible prescripción del derecho a la reclamación del interesado. El procedimiento iniciado se instruirá, aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido. El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de quince días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial no pueden iniciarse de oficio.
¿Cuál de las siguientes es una forma presunta de finalizar el procedimiento administrativo? La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas El desistimiento El silencio administrativo Todas las respuestas son correctas.
Según lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las administraciones podrán practicar las notificaciones por medios NO electrónicos en los siguientes supuestos: Cuando el expediente administrativo sea declarado urgente. Siempre que la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro. Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante. Todas las anteriores son correctas.
Según el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio son: Anulables. Convalidables. Nulos de pleno derecho. Subsanables.
El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que concurren la siguiente circunstancia: Cuando los hechos no resulten acreditados Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción Todas las respuestas son correctas.
Según establece el artículo 95 la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causas imputables al mismo, se producirá la caducidad del procedimiento: Transcurrido un mes. Transcurridos dos meses. Transcurridos tres meses. Transcurrido un año.
Según establece el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en todo caso estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: Las personas físicas. Las personas jurídicas. Los empleados públicos respecto a las actuaciones que realicen con la administración por razón distinta a la de su condición de empleado público. Todos los ciudadanos mayores de 18 años.
La resolución de un recurso: Debe circunscribirse a lo solicitado por el recurrente Resolverá cuantas cuestiones se deduzcan del expediente No es necesario que se motive Debe aceptar las razones en que se fundamente el propio recurso.
Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se consideran interesados en el procedimiento administrativo: Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estable que: La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será de 8 meses. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será de 2 meses. La Administración está obligada a dictar resolución expresa salvo en los casos de prescripción.
Como consecuencia del principio de congruencia, al resolver un recurso, la Administración Pública: Podrá agravar la situación inicial de recurrente Deberá ajustarse a las peticiones del recurrente Lo desestimará, manteniendo el acto administrativo Sólo decidirá sobre las cuestiones planteadas por el recurrente sin entrar en otras que deriven del procedimiento.
Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los recursos de alzada. Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 125.2. La resolución administrativa de los procedimientos de contratación. Las resoluciones de los órganos administrativos con superior jerárquico.
El artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos: Relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 40 de la Constitución de 1978. Que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente. Relativos a la responsabilidad de las Administraciones Públicas. De revisión de oficio iniciados de oficio.
Según el artículo 8 de la LPACAP (Ley 39/2015), si durante la instrucción de un procedimiento se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte: Se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento si éste no ha tenido publicidad Se suspenderá el procedimiento hasta que se les comunique el estado del procedimiento y se les dé un plazo para presentar alegaciones Se seguirá adelante con el procedimiento sin más Se les comunicará y se volverá a iniciar el procedimiento.
El artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estable que los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos: A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. A conocer a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas que tramitan los procedimientos. A presentar documentos salvo que la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. A nombrar un asesor cuando la Administración lo considere conveniente.
El artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estable que: Son nulos los actos de la Administración que incurran en el defecto de forma en cualquier caso. Son anulables los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Son anulables los que tengan un contenido imposible. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
¿Quién puede obtener copias de documentos contenidos en un procedimiento que se esté tramitando? Solo los interesados en él Cualquier ciudadano Nadie Solo otro órgano administrativo.
Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de de las Administraciones Públicas, toda notificación de un acto administrativo deberá ser cursada en: El plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. El plazo de cinco días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. El plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. El plazo de veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
Según el artículo 76 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: En cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución. En cualquier momento del procedimiento anterior a la propuesta de resolución. Pueden aducir alegaciones pero no aportar documentos u otros elementos. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
Si un interesado de una Comunidad Autónoma con lengua oficial específica se dirige a un órgano de la Administración General del Estado sito en su Comunidad, ha de hacerlo en: Castellano necesariamente Su lengua oficial exclusivamente Cualquiera de las dos anteriores, a su opción La que se indique por la citada Administración.
Si un interesado en un procedimiento conoce datos de otros que no han comparecido en el mismo: Puede dárselos a la Administración Pública actuante Está obligado a proporcionárselos a la anterior Para garantizar su intimidad, debe ocultarlos No tiene obligación alguna al respecto.
En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente el siguiente criterio: La naturaleza de los perjuicios causados El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa Todas las respuestas son correctas.
Según el artículo 115.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente: Será causa de inadmisión del recurso. No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. Será causa de desestimación del recurso. Será causa de deslegitimación del recurrente.
El artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que en la tramitación de urgencia, los plazos establecidos para el procedimiento ordinario relativos a la presentación de solicitudes y recursos: Se reducen en diez días. Se reducen a la mitad. No se reducen. Se reducen a cinco días.
Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer: Únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida Únicamente la sanción correspondiente a la infracción más leve cometida Únicamente la sanción correspondiente a la primera infracción cometida Todas y cada una de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas.
Según el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra las disposiciones administrativas de carácter general: Cabrá recurso extraordinario de revisión. No cabrá recurso en vía administrativa. Cabrá recurso potestativo de reposición. Cabrá recurso de alzada.
Según el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para interponer recurso de reposición si el acto fuera expreso, será de: Seis meses. Tres meses. Un mes. Quince días.
Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si estas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán: A los cinco años A los tres años Al año A los seis meses.
Según la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos: Son nulos de pleno derecho cuando incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que en ellos se disponga otra cosa. No pueden tener eficacia retroactiva en ningún caso. Nunca ponen fin a la vía administrativa, salvo los dictados por órgano manifiestamente incompetente.
Según lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las medidas provisionales: Podrán ser adoptadas por el instructor del procedimiento. No deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento. Se ajustarán a los principios de proporcionalidad, efectividad y mayor onerosidad. Podrán adoptarse de oficio o a instancia de parte y de forma motivada.
Las infracciones leves prescribirán: Al año A los seis meses A los tres meses Al mes.
¿Cuándo prescriben las sanciones impuestas por faltas graves? A los cinco años A los tres años A los dos años Al año.
Según lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones pública, respecto al trámite de audiencia: Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes. Los interesados en el plazo máximo de siete días podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. No podrá prescindirse del trámite de audiencia en ningún caso. La audiencia a los interesados será posterior a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado, en el caso de que éste forme parte del procedimiento.
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