LEY 39/2015 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: La estimación por silencio administrativo no tiene efecto finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo permite la interposición de recurso contencioso-administrativo, si éste es procedente. La desestimación por silencio administrativo no permite la interposición de recurso contencioso-administrativo, si éste es procedente. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el procedimiento administrativo común se aplica al sector público. Específicamente: A la Administración General del Estado, a las Administraciones de las Comunidades Autónomas, a las Entidades de la Administración Local y al sector público institucional. A la Administración General del Estado, en exclusiva. Sólo a las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Únicamente a las Entidades que integran la Administración Local.

Según los artículos 97 y 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la ejecución de un acto: Los actos no se ejecutan. No tendrá lugar si se produce la suspensión de la misma. No será adoptada en resolución. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según el artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concluida la instrucción del procedimiento de carácter sancionador: Se formulará propuesta de resolución por el órgano instructor del procedimiento. La propuesta de resolución no deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución no deberá indicar el plazo para formular alegaciones. No se formulará propuesta de resolución por el órgano instructor del procedimiento.

Según el artículo 91 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la resolución en los procedimientos de responsabilidad patrimonial: Podrá incluir el daño producido por el ciudadano a la Administración Pública. Podrá incluir la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda. No existe el procedimiento de responsabilidad patrimonial. No existe propuesta de resolución en estos procedimientos.

Señale la respuesta correcta respecto a la prescripción de las infracciones y sanciones: El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contar desde el día siguiente en que la infracción se hubiese cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

Según el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para la interposición del recurso potestativo de reposición frente a un acto administrativo expreso es de: 5 días. Un año. Un mes. No existe el recurso potestativo de reposición.

Según el artículo 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la facultad de revisión de los actos en vía administrativa: Continúa cuando prescriben las acciones. Es ilimitada en el tiempo. No podrá ser ejercida si resulta contraria a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. Todas las respuestas anteriores son correctas.

El recurso alzada contra actos que no agotan la vía administrativa es: Extraordinario. La regla general. Especial. Inexistente.

El artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, establece que: Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Se entenderá practicada la notificación con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante y en la dirección electrónica habilitada única. Todas son correctas.

Señala la afirmación correcta en relación con lo dispuesto en el Capítulo III del Título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas implicará la anulabilidad del acto. La nulidad o anulabilidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento sean o no independientes del primero. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. El acto de convalidación producirá siempre, efecto desde la fecha del acto convalidado.

¿En qué caso, las sanciones administrativas de naturaleza pecuniaria, podrán implicar privación de libertad?. Cuando la sanción sea por la comisión reiterada de infracciones muy graves. Cuando la sanción sea consecuencia de una infracción muy grave que afecte al interés público general. Cuando el infractor sea reincidente. En ningún caso.

De acuerdo con el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra el acuerdo de acumulación de procedimientos, puede interponerse: Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso de revisión. No procede recurso alguno.

Señala la afirmación correcta con respecto a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará necesariamente la terminación del procedimiento. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de finalización del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 25 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

De acuerdo con el artículo 84.1 de la Ley 39/2015, pondrán fin al procedimiento: La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la prescripción.   . La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.   . La resolución, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, y la prescripción. El desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la prescripción. .

Según el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el plazo para interponer un recurso extraordinario de revisión contra una resolución que se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme, será: Quince días desde que la sentencia judicial quedó firme. Un mes desde que la sentencia judicial quedó firme. Tres meses desde que la sentencia judicial quedó firme. Cuatro años desde que la sentencia judicial quedó firme.

El artículo 106.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señala que cuando el procedimiento de revisión se hubiera iniciado de oficio, se producirá la caducidad del mismo transcurridos: Tres meses desde su inicio sin dictarse resolución. Seis meses desde su inicio sin dictarse resolución. Un año desde su inicio sin dictarse resolución. Cuando es de oficio no se produce caducidad.

¿Cuándo prescriben las sanciones impuestas por faltas muy graves?. A los cinco años. A los tres años. A los dos años. Al año.

De acuerdo con el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones públicas, podrán revocar: Todos sus actos, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Todos sus actos, en cualquier momento, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los actos que contengan errores materiales, de hecho, o aritméticos. Sus actos de gravamen o desfavorables, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

Señala la afirmación correcta respecto a lo establecido en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con los recursos administrativos. Por una norma con rango de Ley se podrá sustituir el recurso de alzada por otros procedimientos de impugnación. Por una norma con rango de Ley el recurso de reposición podrá ser sustituido por otros procedimientos de impugnación, aunque en este caso, perderá su carácter potestativo. Contra las disposiciones administrativas de carácter general podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que la dictó. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los plazos y procedimientos establecidos en esta Ley.

Según el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada: Cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. En la fecha que la persona interesada manifieste el rechazo de manera expresa. Cuando hayan transcurrido veinte días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Las Administraciones Públicas, según el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán revocar: Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, todos sus actos administrativos. Mientras no haya transcurrido el plazo de un año, sus actos de gravamen o desfavorables. De oficio o a instancia de los interesados, todos sus actos administrativos. Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables.

Según el artículo 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de: Dos meses. Un mes. Tres meses. Seis meses.

Con carácter general, las infracciones graves prescribirán: Al año. A los dos años. A los tres años. A los cinco años.

Según el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que limiten derechos objetivos. Los actos que acuerden el inicio de un procedimiento. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. Los actos que admitan pruebas propuestas por los interesados.

Según el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo de subsanación y mejora de la solicitud es de: Quince días. Siete días. Cinco días. Diez días.

Según lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no están obligados a relacionarse de forma electrónica con las Administraciones públicas: Las personas jurídicas. Las comunidades de bienes. Las personas físicas salvo que reglamentariamente se determine. Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

Interrumpirá la prescripción de la infracción, la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante: Un mes por causa no imputable al presunto responsable. Más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. Más de quince días por causa no imputable al presunto responsable. Más de veinte días por causa no imputable al presunto responsable.

En relación con la aportación de documentos por los interesados a un procedimiento administrativo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ha establecido: La prohibición de aportar cualquier documento. La obligación de aportar los documentos exigidos en las normas reguladoras de los procedimientos, aunque hubieran sido presentados con anterioridad. La prohibición de exigir la presentación de documentos originales salvo que con carácter excepcional la norma reguladora aplicable establezca lo contrario. La obligación de presentar los documentos en copia compulsada.

En relación con el cómputo de plazos en los registros electrónicos, el artículo 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que: Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que reside el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. Los días inhábiles serán los que se determinen como tal en el calendario oficial aprobado por cada Comunidad Autónoma. Sólo se consideran como inhábiles los sábados y festivos. Todos los días serán hábiles.

El plazo para la interposición del recurso potestativo de reposición contra un acto expreso es de: Treinta días. Un mes. Quince días. Dos meses.

De conformidad con la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015), es interesado en un procedimiento administrativo: Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar. Cualquier ciudadano independientemente de su capacidad de obrar. Quien presente una solicitud en un registro de una Administración Pública. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

Según la Ley 39/2015, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán primeramente con: El que figure en último lugar. El que acredite mayor solvencia o conocimiento administrativo. El interesado que expresamente hayan señalado, y en su defecto, con el que figure en primer término. Cualquiera de los que figuren en la solicitud, escrito o comunicación.

Un acto anulable, ¿puede ser revisado de oficio por la Administración Pública, una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó?. Si, cuando así lo determine el Consejo de Estado. No. Si, cuando incurra en nulidad de pleno derecho y así lo dictamine el Consejo de Estado. Si, cuando la ilegalidad sea manifiesta y así lo dictamine el Consejo de Estado.

Según la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: Formular petición de acciones. Renunciar a derechos. Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. Interponer recursos.

¿Es posible interponer un recurso administrativo contra un acto de trámite?. No, sólo son recurribles los actos definitivos. Es posible en procedimientos que afecten a derechos fundamentales. No, sólo son recurribles en vía judicial. Es posible si el acto determina la imposibilidad de continuar el procedimiento.

En los procedimientos sancionadores el plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse: Desde el día en el que la infracción se hubiera cometido. Desde el día siguiente a aquél en que se hubiera cometido la infracción. Desde el día siguiente a aquél en el que la Administración haya tenido conocimiento de la infracción. Desde el día en que se imponga la sanción correspondiente.

¿Qué recurso se podrá interponer contra un acto firme en vía administrativa?. Recurso de alzada. Recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el artículo 125 de la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ninguno. Recurso de reposición.

Según la Ley 39/2015, cuando la norma reguladora de un procedimiento no fije el plazo máximo de notificación de la resolución expresa, éste será de: De un mes. De tres meses. De seis meses. De un año.

Entre los límites de la revisión de los actos administrativos se encuentra: La prescripción de la acción. Su ilegalidad manifiesta. Que atente a derechos subjetivos. Que incurra en nulidad de pleno derecho.

Según la Ley 39/2015, en relación con el cómputo de plazos, cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará: Inhábil sólo para los interesados que residan en el municipio o Comunidad Autónoma en el que hubiese un día inhábil. Inhábil sólo para los interesados que residan en la localidad del organismo administrativo en el que hubiese un día inhábil. Inhábil en todo caso. Hábil para todos los interesados, independientemente del lugar de residencia.

Según la Ley 39/2015, transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá: Estimado. Desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional penal. Desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa. Desestimado, pudiendo el interesado recurrir en amparo al Tribunal Supremo.

Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración podrá conceder una ampliación de los plazos establecidos: Que no exceda de la mitad de los mismos. Que no exceda de un tercio de los mismos. Por el mismo plazo establecido. No es posible la ampliación de plazos.

Según los artículos 41 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la práctica de la notificación de un acto administrativo: Serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. Será válida la entrega a cualquier persona mayor o menor de edad que se encuentre en el domicilio. Será válida la entrega a cualquier persona mayor de 12 años que se encuentre en el domicilio. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.