Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común

¿Cuál es el objeto principal de la Ley 39/2015?. Regular el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común. Regular la protección de datos de carácter personal en las Administraciones Públicas. Establecer el régimen de responsabilidad de los funcionarios públicos.

¿A qué sector se aplica la Ley 39/2015?. Únicamente a la Administración General del Estado. A todas las Administraciones Públicas y al sector público institucional. Exclusivamente a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Solo a las universidades públicas.

¿Quiénes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas según la Ley 39/2015?. Solo las personas físicas mayores de edad. Las personas físicas y jurídicas con capacidad de obrar según el Código Civil, los menores de edad en ciertos casos y, expresamente declarado por Ley, grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica, y patrimonios independientes o autónomos. Únicamente las personas jurídicas con poder notarial. Personas físicas y jurídicas, así como aquellos que hayan cumplido 16 años.

¿Qué se considera un interesado en un procedimiento administrativo según la Ley 39/2015?. Solo quien inicia el procedimiento. Quien lo promueve como titular de derechos o intereses legítimos, quienes sin haberlo iniciado tienen derechos afectados por la decisión, y aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados y se personen en el procedimiento. Cualquier persona que tenga interés en el asunto. Solo las personas jurídicas que representen a un colectivo.

¿Qué sistemas de identificación electrónica se admiten según la Ley 39/2015?. Solo sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica. Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma o sello electrónico, o cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido y esté comunicado a la Secretaría General de Administración Digital. Únicamente sistemas con clave concertada. Solo los sistemas de identificación proporcionados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

¿Cuál es el plazo máximo legal para resolver y notificar un procedimiento administrativo si no se especifica uno diferente?. Un mes. Tres meses. Seis meses. No hay plazo máximo establecido.

¿Qué ocurre si la Administración no notifica una resolución expresa en el plazo máximo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado?. El procedimiento se archiva automáticamente. El interesado puede entenderla estimada por silencio administrativo, salvo excepciones legales. El silencio administrativo es siempre desestimatorio. El interesado debe solicitar la resolución expresa.

¿Cuándo se considerará rechazada una notificación electrónica?. Cuando el interesado no acceda a ella en un plazo de 5 días. Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Cuando el aviso de notificación no llegue al dispositivo electrónico del interesado. Inmediatamente después de ser enviada.

¿Qué medio se utiliza preferentemente para la práctica de las notificaciones según la Ley 39/2015?. Notificaciones en papel. Notificaciones por medios electrónicos. Anuncios en el Boletín Oficial del Estado. Correos electrónicos no seguros.

¿Cuál es el plazo para interponer un recurso de alzada si el acto es expreso?. Cinco días. Diez días. Un mes. No hay plazo establecido.