LEY 39/2015 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

A tenor del artículo 103 de la Constitución Española, la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con los principios de: Eficacia, igualdad, seguridad y transparencia jurídica. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Eficacia, eficiencia, economía en el gasto y publicidad. Eficacia, transparencia, legalidad y jerarquía normativa.

La ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, reconoce en su art. 3 que tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico siempre con la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Cuando una norma reglamentaria así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales que sean titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento, según la LPACAP es: Codificación. Autentificación. Digitalización. Autenticación.

¿Cuál es la actual Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Ley 35/2005, de 4 de octubre. Ley 39/2015, de 1 de octubre. Ley1/2015, de 8 de septiembre.

Señale la respuesta correcta en relación con la práctica de las notificaciones: Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, y la segunda notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Con carácter preceptivo, las Administraciones deberán publicar un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma, y con carácter facultativo en el tablón deedictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado.

Según el art. 65 de la LPCAP el acuerdo de iniciación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de 15 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. Se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de 10 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. Se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de 20 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. Se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de 7 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo.

¿Cómo se denominan los procedimientos que tienden a la realización material de una decisión anterior ya definitiva, como, por ejemplo, el procedimiento de apremio?. Procedimientos ejecutivos. Procedimientos declarativos. Procedimientos de simple gestión. Procedimientos de materialización o sustanciación.

En relación con el cómputo de plazos en la LPACP, NO es correcto que: Si el plazo se fija en meses o años, el plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo sólo los domingos y los declarados festivos.

Tal y como establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el contenido del acto: Podrá ser indeterminado en caso de extrema necesidad. Se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos. Podrá dictarlo cualquier órgano de la administración independientemente de su competencia. Podrá separarse del procedimiento.

¿Cuándo podrán los administrados conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados?. Sólo en la fase de instrucción. Únicamente en la fase de alegaciones. Tan solo en la fase de prueba. En cualquier momento.

De acuerdo con el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá: Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los cuatro años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece la posibilidad de la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. Contra los acuerdos de ampliación: Cabe interponer recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto. Cabe interponer recurso de alzada ante el órgano que dictó el acto. Cabe interponer recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto. No cabe interponer recurso alguno.

Señale qué recurso cabe contra el acuerdo de acumulación: Recurso de alzada. Recurso extraordinario de revisión. Recurso de reposición, en el plazo de un mes. Ningún recurso.

Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Formular solicitudes, desistir de acciones y renunciar a derechos.

¿Quiénes podrán interponer un recurso contencioso-administrativo? Señalar la respuesta falsa: Los particulares cuando obren por delegación. El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la Ley. Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos por las Leyes. Las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas para impugnar los actos o disposiciones que afecten al ámbito de sus fines.

¿Cuándo se iniciarán de oficio los procedimientos?. Por denuncia. Por acuerdo del órgano competente. Por propia iniciativa. Todas las respuestas son correctas.

De acuerdo al artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos: Cualquier disposición administrativa. Sólo las normas con rango de ley. Las normas con rango de ley y los reglamentos. Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas.

Según el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá en los siguientes casos: Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente. Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada. Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado.

Señale la respuesta incorrecta respecto al inicio del procedimiento por denuncia: Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos, que ponen en conocimiento de la Administración. La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el Patrimonio de las Administraciones Públicas, la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. Se entiende por denuncia el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.

De acuerdo al artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Todas las anteriores son correctas.

De acuerdo al artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la caducidad: No producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. Producirá por sí sola la prescripción de las actuaciones. No producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción. Producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

¿En qué caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento?. En casos de urgente necesidad. En situaciones excepcionales, como por ejemplo, situaciones de crisis sanitarias o epidemias. Las respuestas a) y b) son correctas. En ningún caso.

Según el artículo 129 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de la potestad reglamentaria las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los siguientes principios de buena regulación: Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Generalidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Necesidad, eficacia, proporcionalidad, singularidad, transparencia y eficiencia. Necesidad, eficacia, racionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo. Todos los ciudadanos deben disponer de DNI digital para poder hacer uso de los recursos de administración electrónica. Las firmas electrónicas son metadatos exigidos de los documentos electrónicos intercambiables. Ninguna de las anteriores.

¿Cuál de los siguientes datos no es necesario que figure en las solicitudes de iniciación del procedimiento por parte de los interesados?. Número de teléfono. Hechos, rezones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación. Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.

Según el artículo 43.1 de la ley 39/2015, las notificaciones por medios electrónicos a la administración pública se practicarán…. Mediante correo electrónico, designado por el interesado. Mediante SMS al dispositivo electrónico elegido y designado por el interesado. Mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración y Organismo actuante. A través del boletín oficial electrónico o portal web de la Administración u Organismo actuante.

¿En qué Ley se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos en la Comunidad Autónoma de Andalucía?. Ley 9/2015, de 12 de julio. Ley 9/2001, de 12 de julio. Ley 189/2001, de 8 de agosto. Ley 4/2013, de 1 de octubre.

Los documentos que los interesados dirijan a los organismos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. Todas las respuestas son correctas.

¿Qué ocurre si una Administración recibe un documento en papel procedente de otra Administración?. Se debería instar a la Administración de origen a que subsane esta deficiencia y mande los documentos en formato electrónico. Se digitaliza en la Administracion que lo recibe y se le envía a la de origen con un apercibimiento. Se manda a archivar en el Almacen de documetacion y se apercibe a la Administración de origen para que en el futuro envie los documentos en formato electrónico y no en papel. No sucede nada.

Según el artículo 27.3.b) de la Ley 39/2015, ¿qué se se entiende por digitalización?. El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico. El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico con un contenido resumido del original. El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento. El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico codificado.

Los interesados solo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá: Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los cinco años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Este derecho no prescribe.

Según la ley 39/2015, ¿los Registros Electrónicos de las Administraciones Públicas han de ser interoperables?. Sólo dentro de la misma comunidad autónoma. Para todas y cada una de las Administraciones. Para todas y cada una de las Administraciones, pero solo para los que vayan dirigidos a la Administación Central del Estado. Para todas y cada una de las Administraciones, pero no para todos los registros electrónicos.

En atención a lo establecido en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de: Transparencia, proporcionalidad y seguridad jurídica. Eficiencia, proporcionalidad, transparencia y seguridad legal. Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad legal y transparencia. Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

¿De acuerdo con qué principio se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo?. Con el principio de oficialidad. Con el principio de eficacia. Con el principio de simplificación administrativa. Con el principio de eficiencia.

De conformidad con el párrafo segundo del artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, cuando concurra alguno de los siguientes casos: Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad determinada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente realizada. Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente realizada. Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento.

Tal y como dispone el artículo 65.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas estimen pertinentes. Al respecto, ¿cuál es el plazo establecido para que los particulares presuntamente lesionados se personen en el procedimiento?. 5 días. 10 días. 15 días. 20 días.

Salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de: Siete días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Quince días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Un mes a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.

Conforme al artículo 122.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el recurso de alzada el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de: Un mes. Un mes, si el acto fuera expreso. Tres meses. Tres meses, si el acto fuera expreso.

El silencio administrativo positivo está considerado: Como un acto de trámite que decide de forma estimatoria sobre el fondo del asunto. Como una ficción jurídica que permite entender provisionalmente concedida la solicitud. Como un verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento. Como un acto firme y no revisable en el sentido estimatorio de la petición.

En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo para cumplimentarlo: De cinco días. De siete días. De diez días. De veinte días.

De acuerdo con el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, forma parte del expediente administrativo: La información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. Los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes preceptivos o facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. Una copia escrita de la resolución adoptada. Los documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

Indique cuál de estas afirmaciones es correcta: Los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa pueden ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa deben, en todo caso, ser impugnados mediante recurso de alzada o de reposición de forma previa a su impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Se podrá interponer recurso contencioso administrativo en cualquier momento, aunque previamente se haya interpuesto recurso de reposición contra los actos que agotan la vía administrativa. Para interponer recurso contencioso administrativo debe interponerse previamente un recurso de alzada contra los actos que agoten la vía administrativa.

Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un periodo de prueba, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes, por un plazo: No superior a treinta días ni inferior a diez. No superior a treinta días ni inferior a quince. No superior a veinte días ni inferior a diez. No superior a veinte días ni inferior a cinco.

Según el artículo 22 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá ¿en cuál de los siguientes casos?. Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la presente Ley. Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada. Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.

La declaración de lesividad de los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no podrá adoptarse: Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento que originó el acto. La declaración de lesividad podrá adoptarse en cualquier momento desde que se dictó el acto administrativo. Una vez transcurrido un año desde que se dictó el acto administrativo. Una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.

Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán: Vinculantes. Vinculantes y facultativos. Facultativos y no vinculantes. Nunca facultativos.

En relación a la exigencia de responsabilidad, regulada en el artículo 20 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, derivada de actuaciones que durante la tramitación del procedimiento pueda afectar a intereses legítimos de los interesados, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. La Administración a la que corresponda podrá solicitar la exigencia de responsabilidad al personal que tuviese a su cargo el despacho de los asuntos. Los interesados podrán solicitar la exigencia de responsabilidad al personal que tuviese a su cargo el despacho de los asuntos. La Administración competente en materia de impulso e inspección de servicios podrá exigir la responsabilidad a la Administración que corresponda dicho procedimiento. Los interesados podrán solicitar la exigencia de responsabilidad a la Administración Pública de que dependa el personal afectado.

Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para las solicitudes de iniciación del procedimiento: Las solicitudes de inicio de los procedimientos deberán realizarse a través de medios electrónicos, salvo que el interesado acredite que no dispone de los mismos. Cuando se opte por notificación electrónica, deberá indicarse en la solicitud una dirección de correo electrónico con el fin de que la administración ponga a disposición la notificación. Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos normalizados de uso obligatorio que permitan la presentación masiva de solicitudes, estos modelos podrán descargarse en las correspondientes sedes electrónicas.

¿Cómo se denomina el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla?. Dossier administrativo. Acto administrativo. Expediente administrativo. Procedimiento administrativo.

Con arreglo al artículo 74 LPACAR, las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones: Suspenderán la tramitación del procedimiento. No suspenderán la tramitación del procedimiento, salvo la recusación. No suspenderán la tramitación del procedimiento, en ningún caso. Siempre que lo estime oportuno el instructor del procedimiento y así lo motive suficientemente, suspenderá la tramitación del procedimiento.