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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESELey 39/2015 TÍTULO II-Test I-

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Título del test:
Ley 39/2015 TÍTULO II-Test I-

Descripción:
La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común Titulo II -Test I-

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
19/03/2019

Categoría:
Otros

Número preguntas: 60
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Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, del derecho: (señala la incorrecta) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma. Al acceso a la información pública, archivos y registros. A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos. A no ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, del derecho: (Señala la Incorrecta) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente. A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. A la protección de datos de carácter personal, excepto la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. Cualesquiera que les reconozcan la Constitución y las leyes.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no: Salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. Salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios no electrónicos con las Administraciones Públicas. No pudiendo estar obligadas a relacionarse a través de unos medios u otros con las Administraciones Públicas. Ninguna es correcta.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas: Podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. No podrá ser modificado con posterioridad al trámite de audiencia. Únicamente podrá ser modificado cuando de no hacerlo se corra riesgo de no alcanzarse las pretensiones del interesado. No podrá ser modificado de manera unilateral por el interesado.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: (Señala la Incorrecta) Las entidades con personalidad jurídica. Las personas jurídicas. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Las Administraciones: Podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos. Podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para ciertos colectivos de personas físicas. No podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos ni para ciertos colectivos de personas físicas. Podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será: El castellano. El castellano o cualquier otra lengua oficial en algún territorio del Estado. Preferiblemente el castellano. Ninguna es correcta.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma con lengua que sea cooficial en ella: Únicamente podrán utilizar el castellano. Únicamente podrán utilizar la lengua que sea cooficial en ella. Podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. Ninguna es correcta.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, El procedimiento dirigido a órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma con lenguas oficiales: Se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Se tramitará en la lengua elegida por la Administración. Se tramiará en castellano. Se tramitará en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua: Tanto el procedimiento como los documentos o testimonios que requieran los interesados se tramitarán en castellano. Tanto el procedimiento como los documentos o testimonios que requieran los interesados se tramitarán en la lengua elegida por los mismos. El procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. El procedimiento se tramitará en la lengua elegida por los mismos, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en castellano.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en: La presente Ley. En la legislación autonómica correspondiente. La presente Ley o, en su defecto, en la legislación autonómica correspondiente. La legislación autonómica correspondiente o, en su defecto, en la presente Ley.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente: La Administración Pública que inicie el prodemiento. La Administración Pública instructora del procedimiento. La Administración Pública encargada de resolver el procedimiento. El propio interesado.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Dispondrán de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos: La Administración General del Estado. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Las Entidades que integran la Administración Local. Cada Administración.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Respecto a las registros NO es correcto: Se podrán anotar en el Registro Electrónico General, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico. Los registros electrónicos de cada Organismo funcionarán como un portal que facilitará el acceso al Registro Electrónico General de cada Administración. En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en: El diario oficial correspondiente y su índice deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. La sede electrónica de acceso al registro y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en el diario oficial correspondiente. El diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. La sede electrónica de acceso al registro y su índice deberá estar disponible para consulta en el diario oficial correspondiente.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán: (señala la incorrecta) El órgano o unidad responsable de su gestión. La fecha y hora oficial. Los días declarados como hábiles. Todas son incorrectas.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de: Recepción de los documentos, e indicarán la fecha del día siguiente al día en que se produzcan. Recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. Recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día siguiente al día en que se produzcan. Recepción de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Concluido el trámite de registro, los documentos: Serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. Serán cursados en el plazo de un mes a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. Serán cursados en el plazo de un mes a sus destinatarios o a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. Serán cursados sin dilación a sus destinatarios o a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: (Señala la Incorrecta) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan. En las oficinas de Correos, en la forma que el interesado establezca. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. En las oficinas de asistencia en materia de registros.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados: Por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, debiendo permanecer los originales en custodia de la Administración. Por la Administración u Organismo en que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado. Por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado. Por la Administración u Organismo en que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, debiendo permanecer los originales en custodia de la Administración.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Respecto a los registros: Podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos. No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación. Todas son correctas.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Deberán mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados: La Administración General del Estado. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Las Entidades que integran la Administración Local. Cada Administración.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita: (Señala la Incorrecta) Garantizar la autenticidad del documento. Garantizar la integridad del documento. Garantizar la conservación del documento. Su consulta hasta transcurridos diez años desde su emisión.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, La eliminación de los documentos electrónicos: Deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable. Se hará de oficio transcurridos 20 años. Requerirá resolucíón judicial. No será posible en ningún caso.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados, de acuerdo con lo previsto en: La Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. El Esquema Nacional de Seguridad. Las oficinas de asistencia en materia de registros. La Agencia Española de Seguridad Informática.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Los medios o soportes en que se almacenen documentos asegurarán: La identificación de los usuarios. El control de accesos. El cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos. Todas son correctas.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Las personas colaborarán con la Administración facilitando a la Administración los informes, inspecciones y otros actos de investigación que requieran para el ejercicio de sus competencias, salvo que la revelación de la información solicitada por la Administración: (Señala la Incorrecta) Atentara contra el honor. Supusiera la comunicación de datos confidenciales de terceros de los que tengan conocimiento por la prestación de servicios profesionales de diagnóstico, asesoramiento o defensa. Pueda ser perjudicial para la persona a quien se le solicita. Atentara contra la intimidad personal o familiar.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él: Tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante si ésta lo solicita. No están obligados a proporcionárselos a la Administración actuante. No están obligados a proporcionárselos a la Administración actuante, salvo que ésta lo solicite. Tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas: Presencialmente, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma reglamentaria Ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. Presencialmente, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. Ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma reglamentaria.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente: (señala la incorrecta) El lugar, fecha, hora. Los medios disponibles. El objeto de la comparecencia. Los efectos de atenderla.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia: En todo caso. En ningún caso. Cuando el interesado así lo solicite. Cuando la Administración lo considere conveniente.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Será/n responsable/s directo/s de su tramitación y adoptará/n las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos: Los titulares de las unidades administrativas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos. El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviese a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos. Ninguna es correcta.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos: Iniciados a solicitud del interesado. Cualquiera que sea su forma de iniciación. Salvo caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud. Salvo en los casos de prescripción o renuncia del derecho.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, La resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables en los casos de: Prescripción o renuncia del derecho. Caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud. Desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. Todas son correctas.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será: De 10 días hábiles. De 1 mes. De 3 meses. El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, El plazo en el que debe notificarse la resolución expresa, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea, no podrá exceder de: 10 días hábiles. 1 mes. 3 meses. 6 meses.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para notificar la resolución expresa, éste será de: 10 días hábiles. 1 mes. 3 meses. 6 meses.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, El plazo para notificar la resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio se contará: Desde la fecha del acuerdo de iniciación. Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. Desde el día siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. Desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de iniciación.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de: Los recursos que procedan contra el procedimiento. Los plazos mínimos de duración de los mismos. Los recursos que procedan contra el procedimiento y los efectos que produzca el silencio administrativo. Los plazos máximos de duración de los mismos y los efectos que produzca el silencio administrativo.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Se exceptúa de la obligación de la Administración de dictar resolución expresa: (Señala la Incorrecta) Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto. Los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. Los supuestos de terminación del procedimiento por convenio. La desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo: El órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste. El órgano instructor, a propuesta razonada del órgano competente para resolver, o el órgano competente para resolver, a propuesta del superior jerárquico de éste. El órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente instructor, a propuesta de éste. El órgano instructor, a propuesta razonada del órgano competente para resolver, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo: Los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir. Los titulares de los órganos administrativos competentes para resolver. El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos. Todas son correctas.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender cuando: Deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios. Se pida un pronunciamiento previo y optativo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición y la notificación del pronunciamiento. Exista un procedimiento finalizado de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate. Todas son correctas.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender cuando: Deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados. Se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio. Sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional. Todas son correctas.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Podrá suspenderse el plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de: 3 meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, caducará el procedimiento. 1 mes. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. 1 mes. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, caducará el procedimiento. 3 meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles a los que se refiere el artículo 21.5, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación: El órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver. El órgano instructor, a propuesta, en su caso, del órgano competente para resolver o el superior jerárquico del órgano competente para resolver. El superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el órgano competente para resolver. El órgano instructor o el órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del superior jerárquico del órgano competente para resolver.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles a los que se refiere el artículo 21.5 se podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser éste superior a: La mitad del plazo establecido para la tramitación del procedimiento. El establecido para la tramitación del procedimiento. El doble del plazo establecido para la tramitación del procedimiento. Ninguna es correcta.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados: Procederá el recurso de alzada. Procederá el recurso potestativo de reposición. Procederá el recurso extraordinario de revisión. No cabrá recurso alguno.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, El plazo en el que debe notificarse la resolución expresa no podrá exceder de 6 meses: Salvo que una norma reglamentaria establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. Salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho Internacional. Salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. Salvo que una norma reglamentaria establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho Internacional.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá cuando: Una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es legal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias. El órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87. Cualquier persona promueva la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento. Todas son correctas.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Como regla general, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla: Estimada por silencio administrativo. Desestimada por silencio administrativo. Caducada por silencio administrativo. Ninguna es correcta.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos: (Señala la Incorrecta) Relativos al ejercicio del derecho de petición. Cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público. Que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente. De responsabilidad civil de las Administraciones Públicas.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, El plazo para notificar la resolución expresa en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado se contará: Desde la fecha del acuerdo de iniciación. Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. Desde el día siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. Desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de iniciación.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, En los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones el sentido del silencio: Será estimatorio. Será desestimatorio. Producirá la caducidad del procedimiento. Todas son correctas.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa: Se entenderá estimado el recurso de alzada que se haya interpuesto contra la estimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo. Se entenderá desestimado el recurso de alzada que se haya interpuesto contra la estimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo. Se entenderá desestimado el recurso de alzada que se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo. Se entenderá estimado el recurso de alzada que se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Respecto al silencio administrativo: (señala la incorrecta) La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso que proceda. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración teniendo en cuenta el sentido del silencio.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer ante: La Administración. Cualquier persona física. Cualquier persona jurídica, pública o privada. Todas son correctas.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Los actos administrativos producidos por silencio administrativo producen efectos: Desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido. Desde que se obtenga el certificado acreditativo del silencio producido. Pasados tres meses desde el vencimiento del plazo máximo en el que debía haber dictado y notificado la resolución expresa. Ninguna es correcta.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, El certificado acreditativo del silencio producido se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de: 10 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. 20 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. 30 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, En los procedimientos de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados el sentido del silencio: Será estimatorio. Será desestimatorio. Producirá la caducidad del procedimiento. Todas son correctas.
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