LEY 39/2015. TÍTULO VI

¿Quién ejerce la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la elaboración y aprobación de anteproyectos de Ley y su remisión a las Cortes Generales?. El Gobierno de la Nación. Las Comunidades Autónomas. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros.

¿Cómo ejercen la iniciativa legislativa los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas?. En los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía. De forma independiente a la Constitución. Mediante la aprobación de decretos-leyes. A través de acuerdos con el Gobierno central.

¿Qué tipo de normas puede aprobar el Gobierno de la Nación, además de los anteproyectos de Ley?. Reales decretos-leyes y reales decretos legislativos. Órdenes ministeriales y circulares. Decretos y reglamentos de desarrollo. Resoluciones y directivas.

¿Quién tiene la potestad reglamentaria según el artículo 128?. El Gobierno de la Nación, los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y los órganos de gobierno locales. Únicamente el Gobierno de la Nación. Los Ministerios y las Consejerías. Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas.

¿Qué no pueden vulnerar los reglamentos y disposiciones administrativas?. La Constitución o las leyes. Los acuerdos del Consejo de Ministros. Las directivas de la Unión Europea. Las resoluciones judiciales.

¿Qué tipo de materias no pueden tipificar los reglamentos?. Delitos, faltas o infracciones administrativas, penas o sanciones, tributos, exacciones parafiscales u otras cargas. Normas de procedimiento administrativo. Regulaciones técnicas específicas. Procedimientos de contratación pública.

¿A qué deben ajustarse las disposiciones administrativas en cuanto a jerarquía?. Al orden de jerarquía que establezcan las leyes. A la última norma publicada. A las directrices de la Unión Europea. A la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

¿Qué principio implica que la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general?. Principio de necesidad. Principio de eficacia. Principio de seguridad jurídica. Principio de transparencia.

¿Qué principio garantiza que la iniciativa que se proponga contenga la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma?. Principio de proporcionalidad. Principio de eficacia. Principio de eficiencia. Principio de buena regulación.

¿Qué principio busca generar un marco normativo estable, predecible e integrado?. Principio de seguridad jurídica. Principio de transparencia. Principio de necesidad. Principio de eficiencia.

¿Qué deben posibilitar las Administraciones Públicas en aplicación del principio de transparencia?. El acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración. La restricción del acceso a la información pública. La publicación exclusiva de normas aprobadas. La limitación de la participación ciudadana.

¿Qué principio busca evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar la gestión de los recursos públicos?. Principio de eficiencia. Principio de proporcionalidad. Principio de seguridad jurídica. Principio de necesidad.

¿Qué deben cuantificar y valorar las iniciativas normativas que afecten a gastos o ingresos públicos presentes o futuros?. Sus repercusiones y efectos. Únicamente los gastos presentes. Solo los ingresos futuros. Las posibles sanciones administrativas.

¿Qué deben hacer las Administraciones Públicas periódicamente según el artículo 130?. Revisar su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación. Crear nuevas leyes sin revisión previa. Ignorar los principios de buena regulación. Publicar únicamente las normas aprobadas.

¿Dónde se publicará el Plan Anual Normativo una vez aprobado?. En el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente. Solo en el Boletín Oficial del Estado. En las sedes electrónicas de los Ministerios. Se publicará de forma confidencial.

¿Qué se publicará anualmente en un Plan Normativo?. Las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. Los resultados de las evaluaciones normativas. Las sentencias del Tribunal Constitucional. Los informes de auditoría interna.

¿Qué efecto tienen las normas con rango de ley, reglamentos y disposiciones administrativas cuando se publican en el diario oficial correspondiente?. Entran en vigor y producen efectos jurídicos. Solo tienen carácter informativo. Requieren una aprobación adicional para tener efectos. Son meramente recomendatorias.

¿Qué medios complementarios de publicidad de las normas podrán establecer las Administraciones Públicas?. Otros medios de publicidad complementarios. Exclusivamente el diario oficial. Notas de prensa sin valor legal. Boletines informativos internos.

¿Qué carácter tiene la publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del Organismo competente?. Oficial y auténtico. Provisional y sujeto a confirmación. Meramente informativo. Dependiente de la edición impresa.

¿Qué se sustanciará con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento según el artículo 133?. Una consulta pública. Un debate parlamentario. Una audiencia a los expertos. Una aprobación por mayoría simple.

¿Qué se recabará en la consulta pública a través del portal web?. La opinión de los sujetos y organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma. Únicamente la opinión del órgano proponente. La aprobación de los ciudadanos sin posibilidad de opinión. El dictamen de expertos externos.

¿Qué se publicará en el portal web, además de la consulta previa, cuando la norma afecte a derechos e intereses legítimos de las personas?. El texto de la iniciativa para dar audiencia a los ciudadanos afectados. Un resumen de la norma aprobada. Las actas de las reuniones internas. La justificación del gasto presupuestario.

¿Qué se puede prescindir en el caso de normas presupuestarias u organizativas?. Los trámites de consulta, audiencia e información públicas. La publicación en el diario oficial. La aprobación por el Gobierno. La elaboración del anteproyecto.

¿En qué casos se puede omitir la consulta pública según el artículo 133.4?. Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes o regule aspectos parciales. Cuando la norma sea de gran relevancia económica. Cuando la norma afecte a derechos fundamentales. Cuando la norma sea de iniciativa legislativa directa.

¿Qué habilitación general se otorga para el desarrollo reglamentario de una ley?. Al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. Al Ministro de Justicia. A las Cortes Generales. A las Comunidades Autónomas de forma exclusiva.

¿Cuándo tendrá carácter excepcional la atribución directa de habilitaciones para el desarrollo reglamentario a titulares de departamentos ministeriales?. Cuando se justifique en la ley habilitante. Siempre que el Ministro lo solicite. Cuando no exista Gobierno. En cualquier circunstancia.

¿Qué tipo de normas se incluyen en el Título VI de la Ley 39/2015?. Iniciativa legislativa y potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. Procedimiento sancionador. Recursos administrativos. Contratación pública.

¿Qué establece el artículo 127.2 sobre el Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas respecto a normas con rango de ley?. El Gobierno de la Nación puede aprobar reales decretos-leyes y legislativos; las CCAA, normas equivalentes. Solo el Gobierno de la Nación puede aprobar este tipo de normas. Las CCAA tienen potestad exclusiva para aprobar normas con rango de ley. Ambos deben seguir el mismo procedimiento.

¿Cuál es una de las funciones de los reglamentos, sin perjuicio de su desarrollo o colaboración con la ley, según el artículo 128.2?. Desarrollo o colaboración con la ley. Establecer delitos y sanciones. Crear nuevos impuestos. Vulnerar la Constitución.

¿Qué se justifica en la exposición de motivos o preámbulo de los anteproyectos de ley o proyectos de reglamento?. La adecuación de la iniciativa a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. La opinión personal del redactor. El presupuesto asignado al proyecto. Los antecedentes históricos de la norma.

¿Qué debe basarse la iniciativa normativa en virtud de los principios de necesidad y eficacia?. En una clara identificación de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para su consecución. En la opinión de los partidos políticos mayoritarios. En la experiencia previa de otras administraciones. En la solicitud de organizaciones empresariales.

¿Qué deben contener las iniciativas normativas para garantizar el principio de seguridad jurídica?. Un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre. Disposiciones complejas y de difícil interpretación. Normas que solo beneficien a un sector específico. Regulaciones que cambien frecuentemente.

¿Qué deben definir claramente las Administraciones Públicas en aplicación del principio de transparencia?. Los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación. Los salarios de los altos cargos. Las cuentas bancarias de las entidades. Los datos personales de los ciudadanos.

¿A qué deben supeditarse las iniciativas normativas que afecten a gastos o ingresos públicos?. Al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. A la aprobación del partido en el gobierno. A la opinión favorable de los sindicatos. A la opinión de organismos internacionales.

¿Qué se plasmará en un informe como resultado de la evaluación periódica de la normativa vigente?. El resultado de la evaluación. Las propuestas de nuevas leyes. Los expedientes sancionadores. Los informes de auditoría externa.

¿Qué promueven las Administraciones Públicas según el artículo 130.2?. La aplicación de los principios de buena regulación y la cooperación para promocionar el análisis económico. La limitación de la participación ciudadana. La creación de barreras administrativas. La exención de la aplicación de principios.

¿Qué tipo de normas, además de las de rango de ley, deben publicarse en el diario oficial para entrar en vigor?. Reglamentos y disposiciones administrativas. Decretos forales. Órdenes ministeriales internas. Resoluciones de organismos públicos.

¿Qué efectos tendrán la publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración?. Los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa. Efectos meramente informativos. Efectos limitados a la administración electrónica. Efectos que requieren validación posterior.

¿Qué se podrá omitir en el caso de normas presupuestarias, organizativas o que no tengan impacto significativo en la actividad económica?. Los trámites de consulta, audiencia e información públicas. La publicación en el Boletín Oficial del Estado. La elaboración del anteproyecto de ley. La intervención del Consejo de Estado.

¿Qué organismo es el principal responsable de la iniciativa legislativa en el ámbito estatal?. El Gobierno de la Nación. Las Cortes Generales. El Consejo de Ministros. El Presidente del Gobierno.

¿Qué se regula en el Título VI de la Ley 39/2015?. La creación de normas y su tramitación inicial. La ejecución de sentencias. El régimen de personal al servicio de las Administraciones Públicas. La gestión presupuestaria.

¿Quiénes son los destinatarios de las normas desarrolladas en el Título VI, además del propio Gobierno?. Las Comunidades Autónomas y los entes locales. Exclusivamente los ciudadanos. Los funcionarios públicos. Las empresas privadas.

¿Qué principio exige que la iniciativa normativa sea coherente con el ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea?. Principio de seguridad jurídica. Principio de eficacia. Principio de proporcionalidad. Principio de transparencia.

¿Qué se debe garantizar para que los potenciales destinatarios de una norma puedan emitir su opinión durante la consulta pública?. Que se les pongan a disposición los documentos necesarios, claros y concisos. Que la consulta se realice en horario laboral. Que solo puedan opinar por escrito. Que las aportaciones sean vinculantes.

¿Qué habilitación puede darse directamente a Autoridades Independientes u otros organismos?. Habilitación para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija. Habilitación para legislar sin control. Habilitación para modificar la Constitución. Habilitación para crear impuestos nuevos.

¿Qué órgano tiene la potestad reglamentaria, además del Gobierno de la Nación y las CCAA?. Los órganos de gobierno locales. El Defensor del Pueblo. El Tribunal de Cuentas. Las Juntas Generales.

¿Qué tipo de regulación está prohibida para los reglamentos según el artículo 128.2?. Tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. Reglar procedimientos administrativos. Establecer normas técnicas sectoriales. Desarrollar leyes orgánicas.

¿Qué se deberá justificar suficientemente en la exposición de motivos o preámbulo de las iniciativas normativas?. La adecuación de la iniciativa a los principios de buena regulación (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia). La extensión del documento. El coste de la imprenta. La opinión favorable de la oposición.

¿Qué se busca al aplicar el principio de eficiencia en la iniciativa normativa?. Evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar la gestión de los recursos públicos. Aumentar la burocracia. Imponer más trámites a los ciudadanos. Reducir la transparencia.