Ley 39/2015 titulos 3 y 4

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¿Cuál es el objeto principal del Título III de la Ley 39/2015?. La potestad sancionadora. Los derechos de los ciudadanos en su relación con las Administraciones Públicas. Los principios de la potestad sancionadora. Los órganos competentes para el ejercicio de la potestad sancionadora.

¿Qué derecho fundamental se consagra en el artículo 41 de la Ley 39/2015?. El derecho a la protección de datos personales. El derecho a la notificación de la resolución. El derecho a la información sobre el estado de la tramitación de los procedimientos. El derecho a ser oído en el procedimiento.

Según el Título III, ¿qué información debe proporcionar la Administración Pública sobre los procedimientos?. Solo la información relativa a la normativa aplicable. Información completa sobre el estado de la tramitación, plazos y efectos de la inactividad administrativa. Información limitada a la identificación del órgano instructor. No existe obligación de proporcionar información sobre la tramitación.

¿Qué significa el derecho a la 'asistencia jurídica' contemplado en el Título III?. El derecho a que la Administración asuma los costes de un abogado. El derecho a ser asistido por un profesional del derecho en las relaciones con la Administración. El derecho a recibir asesoramiento legal gratuito por parte de la Administración. El derecho a que la Administración facilite la representación legal cuando sea necesario.

¿Cuál es el alcance del derecho a la 'declaración responsable' en la Ley 39/2015?. La obligación de la Administración de emitir una declaración sobre la situación del ciudadano. La posibilidad de que el ciudadano declare bajo su responsabilidad que cumple determinados requisitos para el ejercicio de una actividad o la obtención de un derecho. La obligación del ciudadano de declarar todos sus bienes y rentas. La declaración de voluntad del ciudadano de renunciar a un derecho.

¿Qué establece el Título III respecto a la 'notificación' de los actos administrativos?. La notificación es opcional para la Administración. La notificación debe realizarse por correo certificado con acuse de recibo siempre. La notificación debe realizarse de forma que garantice la recepción por el interesado, y se deben identificar los recursos o reclamaciones que procedan. La notificación solo se realiza si el interesado la solicita expresamente.

¿Qué significa el principio de 'transparencia' según el Título III?. La Administración solo debe ser transparente en aquellos casos que le interese. El acceso a la información pública y la publicidad de las actuaciones administrativas. La transparencia se limita a la publicación de las leyes. La transparencia solo aplica a los procedimientos sancionadores.

¿Cuál es el derecho relativo a la 'copia de documentos' que ostentan los ciudadanos?. El derecho a obtener copias de cualquier documento público sin restricciones. El derecho a obtener copias de los documentos de los que sean interesados en un procedimiento, salvo excepciones legales. El derecho a solicitar copias solo de las resoluciones firmes. La Administración no está obligada a facilitar copias de documentos.

¿Qué derecho se relaciona con la 'participación ciudadana' en los procedimientos administrativos?. La obligación de la Administración de convocar a todos los ciudadanos a todos los procedimientos. El derecho a ser oído y a presentar alegaciones en los procedimientos que les afecten. El derecho a intervenir en la toma de decisiones de cualquier órgano administrativo. La Administración debe consultar a los ciudadanos sobre todas sus decisiones.

¿En qué consiste el derecho a la 'resolución expresa'?. El derecho a que la Administración resuelva siempre de forma oral. El derecho a obtener una resolución expresa sobre las peticiones y solicitudes presentadas, salvo silencio administrativo. El derecho a que la Administración resuelva en un plazo máximo de 10 días. El derecho a que la resolución sea siempre favorable al ciudadano.

¿Cuál es el objeto principal del Título IV de la Ley 39/2015?. Los procedimientos administrativos comunes. Los actos administrativos. La potestad sancionadora. La revisión de los actos administrativos.

¿Qué principio fundamental rige la potestad sancionadora según el Título IV?. El principio de analogía. El principio de presunción de inocencia. El principio de discrecionalidad absoluta. El principio de retroactividad de las normas sancionadoras más favorables.

¿Qué establece el principio de 'legalidad' en el Título IV?. Las sanciones solo pueden basarse en la voluntad de la Administración. Las infracciones y sanciones deben estar tipificadas previamente en una norma con rango de ley. La Administración puede sancionar cualquier conducta que considere perjudicial. La ley sancionadora puede aplicarse retroactivamente sin restricciones.

¿Qué significa el principio de 'tipicidad' en el contexto sancionador?. Las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de la infracción. La conducta infractora debe corresponderse exactamente con la descrita en la norma. La Administración debe tipificar nuevas infracciones de forma continua. La tipicidad solo se aplica a las infracciones leves.

¿Cuál es la aplicación del principio de 'irretroactividad' en materia sancionadora?. Las normas sancionadoras se aplican siempre a hechos pasados. Las normas sancionadoras no favorables no se aplican a hechos cometidos antes de su entrada en vigor. Las normas sancionadoras favorables no se aplican retroactivamente. La irretroactividad solo se aplica a las sanciones leves.

¿Qué se entiende por el principio de 'proporcionalidad' en la potestad sancionadora?. La sanción debe ser la más alta posible para disuadir. La sanción debe ser adecuada y no excesiva en relación con la gravedad de la infracción cometida. La Administración puede imponer cualquier sanción sin justificación. La proporcionalidad solo se aplica a las infracciones graves.

¿Cuál es el principio de 'non bis in idem' aplicado a la potestad sancionadora?. Se puede sancionar varias veces por la misma infracción si la Administración lo considera. No se puede sancionar dos veces por los mismos hechos, ni por una infracción cuando ya ha existido una sanción penal o administrativa por los mismos hechos. Solo se aplica a las infracciones administrativas, no a las penales. Se puede sancionar en vía administrativa y penal simultáneamente.

¿Quién es el sujeto que puede ser responsable de una infracción administrativa según el Título IV?. Únicamente las personas físicas. Las personas físicas y las personas jurídicas, así como los entes sin personalidad jurídica. Solo las personas jurídicas. Solo los funcionarios públicos.

¿Qué papel juega la 'culpabilidad' en el procedimiento sancionador?. La culpabilidad es irrelevante; basta con la comisión del hecho. La sanción requiere la existencia de dolo o culpa en el autor de la infracción. La culpabilidad solo se exige para las infracciones leves. La Administración presume la culpabilidad del imputado.

¿Cuándo se considera que una infracción es 'leve' según la Ley 39/2015?. Cuando la Administración así lo decide arbitrariamente. Cuando la ley así lo califica, atendiendo a la gravedad, intencionalidad y circunstancias. Las infracciones leves no existen en la ley. Cuando la infracción causa un daño mínimo.

¿Qué características definen una infracción 'grave'?. Cualquier infracción no leve. Aquella que la ley califica como tal, considerando la trascendencia de la misma, el daño causado y la intencionalidad. Una infracción que solo puede cometer una persona jurídica. Una infracción que requiere una sanción económica elevada.

¿Qué califica una infracción como 'muy grave'?. El incumplimiento de un solo requisito. La especial trascendencia de la misma, el daño o riesgo para el interés general, o la intencionalidad o reincidencia. Cualquier infracción que genere una denuncia. Una infracción cometida por un funcionario público.

¿Cuál es el plazo general para la prescripción de las infracciones administrativas?. No prescriben nunca. Varía según la gravedad de la infracción: 2 años para leves, 4 para graves y 6 para muy graves. Siempre son 3 años. La prescripción es a los 10 años.

¿Cuándo se interrumpe el plazo de prescripción de una infracción?. Únicamente cuando se notifica la resolución sancionadora. Por cualquier acto de instrucción del procedimiento o de iniciación, notificación o resolución, o de cualquier otro realizado con conocimiento formal del interesado, dirigido al esclarecimiento de los hechos. Solo si el interesado lo solicita expresamente. La interrupción no está contemplada en la ley.

¿Qué tipo de sanciones pueden imponerse en el ejercicio de la potestad sancionadora?. Solo sanciones económicas. Multas, inhabilitaciones, privación de derechos, decomiso de bienes, etc. Sanciones de arresto. La prohibición de circular por la vía pública.

¿Cuál es el plazo general para la prescripción de las sanciones administrativas?. No prescriben nunca. Varía según la gravedad de la sanción: 3 años para leves, 5 para graves y 7 para muy graves. Siempre son 4 años. La prescripción de las sanciones es a los 12 años.

¿Cuándo se interrumpe el plazo de prescripción de una sanción?. Cuando la Administración decide sancionar al infractor. Por cualquier acto de ejecución de la sanción dictado por órgano competente. Solo si el sancionado es informado por escrito. La interrupción de la prescripción de sanciones no está prevista.

¿Qué derecho tiene el ciudadano en caso de 'silencio administrativo' negativo?. Que la Administración le sancione por no resolver. Que se considere desestimada su solicitud y pueda interponer los recursos o acciones procedentes. Que la solicitud se archiva automáticamente. Que la Administración le obligue a presentar un nuevo escrito.

¿Qué implicación tiene el 'silencio administrativo' positivo?. Que la Administración tiene derecho a desestimar la solicitud. Que la solicitud se entiende estimada por la Administración, salvo que una norma con rango de ley establezca lo contrario. Que el silencio positivo no tiene efectos jurídicos. Que el ciudadano debe esperar a una resolución expresa.

¿Cuál es el plazo general para la resolución de los procedimientos administrativos según la Ley 39/2015?. No existe un plazo máximo legalmente establecido. Tres meses, salvo que una norma específica establezca uno distinto. Seis meses, prorrogables a voluntad de la Administración. Un año, para garantizar la exhaustividad.