Ley 39 y 40

1. Según el artículo 1 LPACAP, la presente Ley tiene por objeto: Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, excluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Establecer y regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades. Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Establecer y regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora y su procedimiento, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.

2. Señale la respuesta incorrecta. El artículo 3 LRJSP dispone que las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley al Derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. La protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.

8. Señale la respuesta incorrecta. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: Los empleados de las Administraciones Públicas, para cualquier trámite administrativo. Las entidades sin personalidad jurídica. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. Las personas jurídicas.

9. De conformidad con el artículo 143 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Las Administraciones podrán cooperar al servicio del interés general y acordarán de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este principio. Las Administraciones podrán cooperar al servicio del interés general y podrán acordar de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este principio. Las Administraciones cooperarán al servicio del interés general y acordarán de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este principio. Las Administraciones cooperarán al servicio del interés general y podrán acordar de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este principio.

11. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa, según el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: Será de seis meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. Será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Será de tres meses. Será de tres meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

12. Señale la respuesta incorrecta respecto a la ampliación de plazos prevista en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. Cuando como consecuencia de un ciberincidente se hayan visto gravemente afectados los servicios y sistemas utilizados para la tramitación de los procedimientos y el ejercicio de los derechos de los interesados que prevé la normativa vigente, la Administración podrá acordar la ampliación del plazo concreto por el que se haya visto afectado el procedimiento administrativo. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.

20. Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el correspondiente acto presunto desestimatorio: El órgano administrativo acordará la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. El órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial, siempre que tal pronunciamiento sea en sentido positivo. El órgano administrativo acordará la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial, siempre que tal pronunciamiento sea en sentido negativo. El órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.

22. Respecto a la recusación, el artículo 24 de la Ley 40/2015, determina que si el recusado niega la causa de recusación: El superior resolverá en el plazo de 2 días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. El superior resolverá en el plazo de 3 días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. El superior resolverá en el plazo de 4 días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. El superior resolverá en el plazo de 5 días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.

25. Señale la respuesta incorrecta respecto a la forma en que deben producirse los actos administrativos, regulado en el artículo 36 LPACAP: En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Para el supuesto previsto en la letra anterior, si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, deberán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.

26. La inderogabilidad singular del artículo 37 LPACAP significa que: Las leyes sólo se derogan por otras posteriores y que por la simple derogación de una ley no recobra vigencia las que ésta hubiere derogado. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario. Las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición particular.

27. Las infracciones y sanciones administrativas prescribirán: Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año. Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves al año; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves a los 6 meses. Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves al año y las leves a los 6 meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año. Según lo dispuesto en las leyes que las establezcan.

32. De acuerdo con el artículo 125 de la Ley 39/2015, contra un acto administrativo firme en el que se hubiera incurrido al dictarlo en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, ¿se podrá interponer recurso extraordinario de revisión?: Sí, en el plazo de 4 años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. Sí, en el plazo máximo de 3 meses siguientes a la fecha de conocimiento de los documentos. Sí, en el plazo máximo de 3 meses siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada. No, en ese caso no se podrá interponer este tipo de recurso.

33. El artículo 112.3 de la Ley 39/2015, establece que contra las disposiciones administrativas de carácter general: Cabrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes desde que se dictó la disposición. Cabrá interponer recurso de alzada o, en su caso, recurso extraordinario de revisión. Cabrá interponer recurso de reposición, o en su caso, recurso extraordinario de revisión. No cabrá recurso en vía administrativa.

34. De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 39/2015 los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: El día siguiente al de la fecha en que se dicten. La fecha en que se dicten, en todo caso. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La fecha en que sea publicado el acto.

36. Son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas: Los Subdirectores Generales. Las unidades administrativas. Las oficinas administrativas. Los Departamentos ministeriales.

37. Resolver de los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos cuando les corresponda, es una función de: Los Secretarios de Estado. Los Subsecretarios. Los Secretarios Generales Técnicos. Los Ministros.

38. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento, es una función de: Los Secretarios de Estado. Los Subsecretarios. Los Secretarios Generales Técnicos. Los Ministros.

39. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste: Conservación. Convalidación. Conversión. Contradicción.

40. A los efectos de iniciación del procedimiento administrativo de oficio por la Administración, indica el artículo 61 LPACAP que se entiende por petición razonada: La emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación. La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación. El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.

41. Por la LRJSP se admite la posibilidad de que no reúna la condición de funcionario para su nombramiento: Los Subsecretarios. Los Subdirectores generales. Los Secretarios generales técnicos. Los Directores generales.

44. Las entidades integrantes del sector público institucional estatal estarán sometidas al control de eficacia y supervisión continua: El control de eficacia será ejercido por el Departamento al que estén adscritos, a través de las inspecciones de servicios. La supervisión continua tendrá por objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad específica de la entidad y la adecuada utilización de los recursos. El control de eficacia será ejercido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Intervención General de la Administración del Estado. Las entidades integrantes del sector público institucional estatal contarán, en el momento de su creación, con un plan de actuación, que contendrá las líneas estratégicas en torno a las cuales se desenvolverá la actividad de la entidad, que se revisarán cada dos años, y que se completará con planes anuales que desarrollarán el de creación para el ejercicio siguiente.

45. Señale la respuesta incorrecta en cuanto a los medios y período de prueba en el procedimiento administrativo: Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días. En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. Cuando el interesado alegue discriminación, corresponderá a éste la aportación de indicios fundados sobre su existencia y de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo.

46. En cuanto al régimen jurídico de las entidades públicas empresariales, éstas se rigen por: Por la LRJSP y, en su marco, por el estatuto propio de cada una de ellas; y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación. El Derecho privado. Su Ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores económicos sometidos a su supervisión. Lo previsto en la LRJSP, por lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y por el ordenamiento jurídico privado.

47. Señale la respuesta incorrecta. Las obligaciones que se derivan del deber de colaboración, de conformidad con el artículo 142 LRJSP, se harán efectivas a través de las siguientes técnicas: La creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa con el fin de disponer de datos actualizados, completos y permanentes referentes a los diferentes ámbitos de actividad administrativa en todo el territorio nacional. La prestación de medios materiales, económicos o personales a otras Administraciones Públicas. El desarrollo de la Plataforma Digital de Colaboración entre las Administraciones Públicas. El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que se hallen a disposición del organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la Administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias.

50. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento: El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de 5 días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de 6 días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de la mismas. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de 7 días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de 8 días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas.

51. Es un órgano de cooperación multilateral entre el Gobierno de la Nación y los respectivos Gobiernos de las Comunidades Autónomas, según lo prevenido en el artículo 146 LRJSP: La Conferencia Sectorial. Las Comisiones Bilaterales de Cooperación. Las Comisiones Territoriales de Coordinación. La Conferencia de Presidentes.

52. Comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad: El Esquema Nacional de Protección de Datos. El Esquema Nacional de Interoperabilidad. El Esquema Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación. El Esquema Nacional de Seguridad.

53. De acuerdo con el artículo 94 LPACAP, todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos: La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, pero no podrá declarar concluso el procedimiento. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento. La Administración podrá aceptar el desistimiento o la renuncia, pero no podrá declarar concluso el procedimiento. La Administración podrá aceptar el desistimiento o la renuncia, declarando, en su caso, concluso el procedimiento.

54. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá, en un plazo determinado, que se producirá la caducidad del procedimiento. ¿De qué plazo se trata?: 3 meses. 4 meses. 6 meses. 1 año.

56. Señale la respuesta incorrecta. Serán causas de inadmisión en la interposición de un recurso administrativo: Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. Carecer de legitimación el recurrente. Carecer el recurso manifiestamente de fundamento. La caducidad del procedimiento.