Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sect

¿Qué tipo de actividades pueden ser encomendadas a otros órganos o Entidades de Derecho Público?. Actividades de planificación política. Actividades de carácter material o técnico. Actividades exclusivamente financieras. Actividades relacionadas con la seguridad nacional.

¿Qué finalidad justifica la encomienda de gestión a otro órgano o Entidad de Derecho Público?. El interés personal del órgano encomendante. La eficacia o la falta de medios técnicos idóneos para su desempeño. La reducción de costes administrativos. La creación de nuevos organismos públicos.

¿Qué no puede ser objeto de una encomienda de gestión según el artículo 11?. La prestación de servicios administrativos internos. La planificación de políticas públicas. Prestaciones propias de contratos del sector público. La gestión de recursos públicos.

¿Implica la encomienda de gestión la cesión de la titularidad de la competencia?. Sí, se transfiere totalmente la competencia. No, solo se encomiendan las actividades materiales o técnicas. Solo en casos específicos aprobados por Ley. Sí, pero únicamente en entidades jerárquicamente superiores.

¿Cuál es la responsabilidad del órgano encomendante en una encomienda de gestión?. Dictar los actos o resoluciones de carácter jurídico necesarios para la actividad encomendada. Ninguna, toda la responsabilidad recae en el órgano encomendado. Supervisar la actividad sin intervenir en el proceso. Elaborar informes sobre la eficacia del órgano encomendado.

¿Qué condición adquiere el órgano o Entidad encomendado en relación con el tratamiento de los datos personales?. Responsable del tratamiento. Controlador de los datos. Encargado del tratamiento. Titular de los datos.

¿En qué normativa se apoya la responsabilidad del tratamiento de datos personales en una encomienda de gestión?. En la normativa de seguridad del Estado. En la normativa de protección de datos de carácter personal. En la Ley de Contratos del Sector Público. En la normativa de transparencia.

¿Cómo se formaliza una encomienda de gestión entre órganos de la misma Administración Pública?. Mediante acuerdo verbal entre las partes. A través de un acuerdo expreso o conforme a su normativa propia. Por contrato privado entre los órganos implicados. Mediante resolución judicial.

¿Qué debe hacerse para que la encomienda de gestión sea eficaz?. Simplemente anunciarla en las oficinas administrativas. Publicar el instrumento de formalización en el Boletín Oficial correspondiente. Obtener la firma de todos los involucrados sin necesidad de publicación. Notificar únicamente a los empleados públicos.

¿Qué debe incluir el instrumento de formalización de la encomienda de gestión?. Solo la mención de los medios empleados. El plazo de vigencia y la naturaleza de la actividad encomendada. La justificación del gasto público. Un informe técnico detallado.

¿Cómo se formaliza una encomienda de gestión entre diferentes Administraciones Públicas?. A través de un contrato privado. Mediante la firma de un convenio entre las partes. Por orden judicial. Por acuerdo tácito entre los órganos implicados.

¿Qué condición debe cumplirse para que el convenio entre distintas Administraciones sea válido?. Debe firmarse en presencia de un notario público. Debe publicarse en el Boletín Oficial correspondiente. Debe ser aprobado por el Parlamento. Debe estar avalado por una autoridad superior.

En el caso de que una Diputación Provincial gestione servicios ordinarios de una Comunidad Autónoma, ¿cómo se regula esta gestión?. Por la normativa de transparencia. Por la Ley de Contratos del Sector Público. Por la legislación de Régimen Local. Por convenios internacionales.

¿Qué sucede si la encomienda de gestión incluye el acceso a datos personales?. El órgano encomendado es responsable de los datos. El órgano encomendado actúa como encargado del tratamiento. Los datos no pueden ser procesados bajo una encomienda de gestión. Se debe firmar un contrato adicional para gestionar los datos.

¿Qué debe justificarse en una encomienda de gestión?. La falta de capacidad técnica del órgano encomendante. La necesidad de compartir recursos económicos. La adecuación de la encomienda para alcanzar los fines de la Administración. La autorización previa del Congreso.