Ley 40/2015, de 1 de octubre, RJSP Disposiciones generales y principios

¿Cuál es el objeto principal de la Ley 40/2015?. Regular el funcionamiento interno de los partidos políticos. Regular el régimen jurídico del sector público. Regular la contratación privada entre empresas. Regular la responsabilidad penal de los funcionarios.

La Ley 40/2015 establece que el sector público comprende: Solo la Administración General del Estado. Administraciones públicas, organismos autónomos, entidades públicas empresariales y fundaciones públicas. Solo empresas privadas con contratos públicos. Únicamente los órganos legislativos.

Según la Ley 40/2015, los principios de actuación de las Administraciones Públicas incluyen: Eficacia, jerarquía y discrecionalidad. Legalidad, responsabilidad, eficacia, transparencia y eficiencia. Autonomía, discrecionalidad y flexibilidad. Beneficio económico y lucro.

La autoridad o funcionario deberá abstenerse de intervenir en un procedimiento: Cuando tenga interés personal o familiar en el asunto. Cuando no tenga tiempo suficiente para resolver. Cuando el asunto sea de su competencia. Nunca, siempre debe intervenir.

La recusación es: La obligación de participar en un procedimiento. La solicitud para que un funcionario sea apartado de un procedimiento por causas legales. La capacidad de un funcionario para delegar su competencia. Una sanción administrativa.

¿Qué norma regula específicamente el funcionamiento electrónico del sector público?. Ley 39/2015. Ley 40/2015. Código Civil. Ley de Procedimiento Laboral.

La Ley 40/2015 establece que los órganos de las Administraciones Públicas: Son independientes y no rinden cuentas. Actúan de acuerdo con los principios de jerarquía, coordinación y colaboración. Solo pueden actuar bajo supervisión judicial. Pueden ignorar la ley en casos urgentes.

La publicación de normas en el Boletín Oficial es un ejemplo de: Publicidad institucional. Principio de transparencia. Principio de eficacia. Abstención y recusación.

La abstención debe ser declarada: Siempre de oficio por el órgano que resuelve. Solo a solicitud de parte interesada o de forma motivada por el propio funcionario. Nunca, ya que la abstención es opcional. Solo por la autoridad judicial.

El principio de responsabilidad en el sector público implica: Que los ciudadanos son responsables de la actuación administrativa. Que las Administraciones y sus autoridades responden frente al ordenamiento jurídico. Que los funcionarios pueden actuar libremente. Que los actos administrativos son siempre irrecurribles.

Las entidades públicas empresariales son: Entidades privadas contratadas por la administración. Entes del sector público con personalidad jurídica propia y actividad económica. Asociaciones sin ánimo de lucro. Organismos internacionales.

El principio de eficacia administrativa exige: Que los actos se realicen sin control. Que los recursos públicos se utilicen para cumplir los objetivos de forma eficiente. Que se evite la intervención de los ciudadanos. Que los funcionarios actúen sin responsabilidad.

¿Qué órgano puede resolver una recusación?. El mismo funcionario recusado. El superior jerárquico del funcionario recusado. El presidente del Gobierno. El Tribunal Constitucional.

La Ley 40/2015 permite que las Administraciones Públicas actúen electrónicamente: Solo en servicios internos. En todos los procedimientos que requieran relación con ciudadanos y otras administraciones. Solo con autorización judicial. Solo con empresas privadas.

Las Fundaciones Públicas se consideran: Parte del sector privado. Entidades del sector público con fines de interés general. Asociaciones de empleados públicos. Empresas con ánimo de lucro.

¿Qué principio garantiza que los actos de la Administración sean revisables y auditables?. Legalidad. Transparencia. Eficacia. Abstención.

La Ley 40/2015 regula la estructura y organización del sector público, incluyendo: Solo los ministerios. Órganos, entidades, organismos autónomos, entidades públicas empresariales y fundaciones públicas. Empresas privadas. Tribunales judiciales.

¿Qué debe hacer un funcionario si descubre que existe un conflicto de intereses en un procedimiento?. Ignorarlo. Abstenerse de intervenir y comunicarlo. Delegarlo sin informar a nadie. Continuar actuando normalmente.

La colaboración entre Administraciones Públicas se fundamenta en: Principio de coordinación. Principio de discrecionalidad. Principio de abstención. Principio de jerarquía.

La Ley 40/2015 establece que los actos administrativos deben ser: Secretos y no accesibles a los ciudadanos. Motivados, fundamentados y respetuosos con la legalidad. Siempre aprobados por un juez. Redactados solo en lenguaje técnico.