Test Ley 40/2015

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece y regula (señala la incorrecta): las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora. el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas. la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.

El sector público institucional se integra por: cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas. las Universidades públicas. todas son correctas.

Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas: no quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley, salvo, cuando ejerzan potestades administrativas. no quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley, ni siquiera, cuando ejerzan potestades administrativas. quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, excepto, cuando ejerzan potestades administrativas.

Las Universidades públicas se regirán por: las previsiones de la presente Ley y supletoriamente por su normativa específica. su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley. exclusivamente por su normativa específica. exclusivamente por las previsiones de la presente Ley.

Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho y actúan de acuerdo con los principios de: eficacia, legalidad, descentralización, desconcentración y coordinación. eficiencia, legalidad, descentralización, desconcentración y cooperación. eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y cooperación.

Las Administraciones Públicas: se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios no electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas. garantizarán la protección de los datos de carácter personal. facilitarán preferentemente la prestación disociada de servicios a los interesados. todas son correctas.

Las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. responsabilidad por la gestión pública. todas son correctas.

La actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico, bajo la dirección de (señala la incorrecta): el Gobierno de la Nación. los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas. los órganos de gobierno de las Entidades Locales. los órganos de gobierno de las Universidades públicas.

Las Administraciones Públicas actúan para el cumplimiento de sus fines con: personalidad jurídica propia. personalidad jurídica única. personalidad jurídica plena. personalidad jurídica física.

Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán (señala la incorrecta): aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva. motivar su necesidad para la protección del interés público. justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, evitando en la medida de lo posible que se produzcan diferencias de trato discriminatorias. evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos.

Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias con los límites establecidos en: la legislación de protección de datos de carácter personal. el Código Civil. la Constitución Española. la ley de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

Tendrán la consideración de órganos administrativos: las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo. las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo. las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.

Respecto a los órganos administrativos (señala la incorrecta): corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización. en ningún caso podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes. la creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población. están regulados en el capítulo II del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de (señala la incorrecta): denominación y establecimiento de sus recursos humanos necesarios. determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica. delimitación de sus funciones y competencias. dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante:: circulares. reglamentos internos. instrucciones y órdenes de servicio. disposiciones de carácter general.

Las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno cuando: una disposición específica así lo establezca. se estime conveniente por razón de los destinatarios. se estime conveniente por razón de los efectos que puedan producirse. todas son correctas.

Sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir, el incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio: no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos. supone la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos. supone la nulidad de los actos dictados por los órganos administrativos. supone la anulabilidad de los actos dictados por los órganos administrativos.

La Administración consultiva podrá articularse: mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa. a través de los servicios de la Administración activa que prestan asistencia jurídica. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

En caso de que la Administración consultiva se articule a través de los servicios de la Administración activa, dichos servicios no podrán: estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea orgánica o funcional. recibir instrucciones o directrices. recibir cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta. todas son correctas.

La competencia es: renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación. renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación. irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación. irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación.

La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia: suponen alteración de la titularidad de la competencia y de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. no suponen alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. suponen alteración de la titularidad de la competencia, pero no de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.

La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos: podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos. podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente independientes de aquéllos. podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes o independientesde aquéllos. no podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos.

Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a: los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. los órganos superiores competentes por razón de la materia. los órganos superiores competentes por razón de la materia y del territorio. los órganos inferiores competentes por razón de la materia.

Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en: otros órganos de la misma Administración, siempre que sean jerárquicamente dependientes. los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

La delegación de competencias: deberá ser aprobada previamente en el ámbito de la Administración General del Estado, por el órgano máximo de dirección y en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante. deberá ser aprobada previamente en el ámbito de la Administración General del Estado, por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante y en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, por el órgano máximo de dirección. en el ámbito de la Administración General del Estado no necesitará ser aprobada previamente, en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes deberá ser aprobada por el órgano máximo de dirección. en el ámbito de la Administración General del Estado y en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, deberá ser aprobada previamente por el órgano máximo de dirección.

Respecto a la delegación de competencias cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente: será necesaria la aprobación previa del superior común si ambos pertenecen al mismo Ministerio. será necesaria la aprobación previa del órgano superior de quien dependa el órgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes Ministerios. a y b son correctas. no será necesario aprobación previa.

Cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el ejercicio de sus competencias propias en: cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público. sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes. sus entidades de derecho privado vinculadas o dependientes. ninguna es correcta.

En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a (señala la incorrecta): los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. la adopción de disposiciones de carácter especial. la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.

Respecto a la delegación de competencias, señala la correcta: las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste. las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el tablón de anuncios del ayuntamiento de la Administración delegante. las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el portal web de la Administración delegante. las delegaciones de competencias y su revocación no precisan publicarse para su validez.

Respecto a la delegación de competencias, señala la correcta: las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegado. salvo autorización expresa de una Ley, podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. la delegación una vez que el órgano delegante la haya conferido no será revocable. el acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio se requiera un quórum o mayoría especial, deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum o mayoría.

Respecto a la delegación de competencias: no constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe. podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

Cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda: ordinariamente a sus órganos administrativos dependientes. por delegación a sus órganos administrativos dependientes. ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes. ninguna es correcta.

En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por: los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. el órgano delegante. el órgano delegante y cualquier otro que se encuentre en el mismo nivel jerárquico. ninguna es correcta.

La avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere:: simultáneamente a la resolución final que se dicte. con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte. simultáneamente o con posterioridad a la resolución final que se dicte. con posterioridad a la resolución final que se dicte.

Contra el acuerdo de avocación: podrá imponerse recurso de alzada. podrá imponerse recurso potestativo de reposición. no cabrá recurso, ni podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.

La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño, a otros órganos o Entidades de Derecho Público de: la misma Administración, siempre que entre sus competencias no estén esas actividades. la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias no estén esas actividades. la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades. distinta Administración, siempre que entre sus competencias no estén esas actividades.

Las encomiendas de gestión: en todo caso, podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. como regla general, podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. excepcionalmente, podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público.

La encomienda de gestión: supone cesión de la titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de su ejercicio. supone cesión de la titularidad de la competencia, aunque no de los elementos sustantivos de su ejercicio. no supone cesión de la titularidad de la competencia, pero sí de los elementos sustantivos de su ejercicio. no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá a: cualquiera de ellos. el órgano que determine el superior jerárquico común de estos. el superior jerárquico común de estos. ninguna es correcta.

Respecto a la encomienda de gestión, dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda, será responsabilidad de: el órgano o Entidad encomendada. el órgano o Entidad encomendante. cualquiera de los anteriores. ninguno de los anteriores.

No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén: la delegación de competencias, la avocación, la delegación de firma y la suplencia. la avocación, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia. la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia. la delegación de competencias, la avocación, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia.

Respecto a los datos de carácter personal a los que se pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión: la Entidad u órgano encomendante tendrá la condición de responsable del fichero o tratamiento. la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento. la Entidad u órgano encomendante tendrá la condición de encargado del tratamiento. la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de responsable del fichero o tratamiento.

Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones la formalización: se realizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas. deberá ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante. en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares se regirá por la legislación de Régimen Local. todas son correctas.

Dentro de los límites señalados en el artículo 9, los titulares de los órganos administrativos podrán delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan:: en materias de su competencia, que ostenten por atribución. en materias que no sean de su competencia, que ostenten por atribución. en materias que no sean de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias. en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias.

Respecto a la delegación de firma no es correcto: no alterará la competencia del órgano delegante. para su validez deberá ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración delegante. en las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia. ninguna es correcta.

Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente: en la forma que disponga cada Administración Pública. en la forma que se dispone en la presente Ley. en la forma que se disponga reglamentariamente. ninguna es correcta.

La suplencia: implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación. no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación. implicará alteración de la competencia y para su validez deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezcan los titulares de los órganos administrativos. no implicará alteración de la competencia y para su validez deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezcan los titulares de los órganos administrativos.

Se realizará mediante acuerdo motivado: la avocación. la delegación de firma. la suplencia. la encomienda de gestión.

No es correcto respecto a los órganos colegiados: el régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en la presente Ley, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran. el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran. las Administraciones no podrán publicar el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento en otros medios de difusión. cuando se trate de un órgano colegiado en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, la publicidad se realizará por la Administración a quien corresponda la Presidencia.

Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas: que cuenten con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. que no cuenten con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. que cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. ninguna es correcta.

No corresponderá al Secretario: velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado. fijar el orden del día. certificar las actuaciones del órgano colegiado. garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.

En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos (señala la incorrecta): la identidad de los miembros o personas que los suplan. el contenido de sus manifestaciones y el momento en que éstas se producen. la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real o diferido. la disponibilidad de los medios durante la sesión.

Se considerará incluido entre los medios electrónicos válidos para que los órganos colegiados celebren sesiones a distancia (señala la incorrecta): el correo electrónico. el portal web del departamento competente. las audioconferencias. las videoconferencias.

Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia: presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y de más de la de la mitad de sus miembros. presencial, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y de más de la de la mitad de sus miembros. presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la de la mitad, al menos, de sus miembros. presencial, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan: la mitad de sus miembros. dos tercios de sus miembros. tres quintos de sus miembros. todos sus miembros.

Respecto a las convocatorias de los órganos colegiados no es correcto: los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no está previsto por sus normas de funcionamiento. el régimen propio de convocatorias podrá prever una segunda convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesarios para constituir válidamente el órgano. en todo caso, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano colegiado a través de medios electrónicos. en las convocatorias se hará constar el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.

No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que: asista la mayoría de los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de todos los presentes. asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de todos ellos. asista la mayoría de los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría de los presentes. asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

En los órganos colegiados los acuerdos serán adoptados por: mayoría de votos. mayoría de dos tercios. la unanimidad de los miembros presentes. la unanimidad de sus miembros.

Cuando en los órganos colegiados se asista a distancia los acuerdos se entenderán adoptados: donde esté ubicada la presidencia y, en su defecto, en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado. en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia. donde esté ubicado el Secretario y, en su defecto, en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado. en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicado el Secretario.

Los miembros del órgano quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos cuando: voten a favor. voten a favor o se abstengan. voten en contra o se abstengan. ninguna es correcta.

De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por: el Presidente. el Secretario. el miembro de menor edad del órgano colegiado. el miembro de mayor edad del órgano colegiado.

De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta en la que se especificará necesariamente (señala la incorrecta): los asistentes y el orden del día de la reunión. las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado. los puntos principales y secundarios de las deliberaciones. el contenido de los acuerdos adoptados.

Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella, se regirán: exclusivamente por las normas establecidas en esta Ley. exclusivamente por las previsiones que sobre ellos se establecen en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. por las normas establecidas en esta Ley, y por las previsiones que sobre ellos se establecen en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. por las normas establecidas en esta Ley, y supletoriamente por las previsiones que sobre ellos se establecen en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Al Presidente del órgano colegiado no le corresponde: acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias. fijar el orden del día. expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.

Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión: podrán acompañar al acta de las sesiones, haciendo constar en ella los puntos principales de las deliberaciones. deberán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones. podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones. deberán acompañar al acta de las sesiones, haciendo constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.

En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será sustituido por: el Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor antigüedad, jerarquía y edad, por este orden. el Secretario, y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden. el Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden. el Secretario, y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor antigüedad, jerarquía y edad, por este orden.

Los miembros del órgano colegiado deberán recibir la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones, con una antelación mínima de: 2 días. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en un plazo superior. 3 días. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en un plazo superior. 2 días. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo. 3 días. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo.

No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de: miembros natos de órganos colegiados. altos cargos de órganos colegiados. miembros eméritos de órganos colegiados. miembros honoríficos de órganos colegiados.

La designación y el cese, así como la sustitución temporal del Secretario en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad: será decidido libremente por el Presidente del órgano colegiado. se realizará según lo dispuesto en las normas específicas de cada órgano y, en su defecto, por acuerdo del mismo. se realizará por acuerdo del mismo y, en su defecto, según lo dispuesto en las normas específicas de cada órgano. ninguna es correcta.

No corresponde al Secretario del órgano colegiado: recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones. expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias.

En un órgano colegiado, los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de: 1 día. 2 días. 3 días. 5 días.

En los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos, podrá haber representantes de otras Administraciones Públicas: cuando éstas lo acepten voluntariamente. cuando un convenio así lo establezca. cuando una norma aplicable a las Administraciones afectadas lo determine. todas son correctas.

La creación de órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos sólo requerirá de norma específica, con publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en los casos en que se les atribuyan: competencias decisorias. competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban servir de base a decisiones de otros órganos administrativos. competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la Administración General del Estado. todas son correctas.

Es motivo de abstención tener un parentesco con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento: de consanguinidad dentro del segundo grado o de afinidad dentro del cuarto. de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo. de consanguinidad dentro del tercero grado o de afinidad dentro del primero. de consanguinidad dentro del primero grado o de afinidad dentro del tercero.

Es motivo de abstención tener relación de servicio con: persona jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en el último año servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. persona jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en el último año servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

En los casos previstos como motivos de abstención, podrá promoverse recusación por los interesados: en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. en cualquier momento anterior al trámite de audiencia. en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución. en cualquier momento anterior al inicio del procedimiento.

La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. El recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada: en el mismo momento. en el día siguiente. en el plazo de 2 días. en el plazo de 3 días.

Cuando el recusado manifieste que se da en él la causa alegada, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución: acto seguido. en el día siguiente. en un máximo de 24 horas. en un máximo de 48 horas.

Si el recusado niega la causa de recusación, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos, el superior resolverá en el plazo de: 1 día. 2 días. 3 días. 7 días.

Contra las resoluciones adoptadas en materia de recusación: podrá imponerse recurso de alzada. podrá imponerse recurso extraordinario de revisión. podrá imponerse el recurso pertinente. no cabrá recurso.

La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por: una Ley. una norma con rango de Ley. una norma con rango de Ley o un reglamento. un reglamento.

El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por: una Ley. disposición de rango legal. disposición de rango legal o reglamentario. disposición de rango reglamentario.

Sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por: una Ley. una norma con rango de ley. un reglamento. todas son correctas.

Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles: con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario. con la indemnización por los daños y perjuicios causados. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan: de forma solidaria. de forma subsidiaria. de forma indvidual. de forma mancomunada.

Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores: podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. no podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes no se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. no podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes no se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación.

Las sanciones administrativas: sean o no de naturaleza pecuniaria, podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. que no sean de naturaleza pecuniaria, podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. que sean de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.

En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar: la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer. la adecuación de la sanción a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios (señala la incorrecta): el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. la continuidad o persistencia en la conducta infractora. la naturaleza de los perjuicios causados. la reincidencia, por comisión en el término de dos años de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras: se deberá imponer la sanción en el grado superior. se deberán imponer todas las sanciones correspondientes. se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. ninguna es correcta.

Las infracciones y sanciones prescribirán: según lo dispuesto en la presente Ley. según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. según lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias que las desarrollen. todas son correctas.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde: el día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción. el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción. el día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

El plazo de prescripción de las infracciones continuadas o permanentes, comenzará a correr: desde el día en que la infracción se hubiera cometido. desde el día siguiente en que la infracción se hubiera cometido. desde que finalizó la conducta infractora. desde el día siguiente en que finalizó la conducta infractora.

Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia de: el funcionamiento anormal de los servicios públicos incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. el funcionamiento anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas: presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. no presupone, en ningún caso, derecho a la indemnización. ninguna es correcta.

Respecto a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas el daño alegado habrá de ser: efectivo. evaluable económicamente. individualizado con relación a una persona o grupo de personas. todas son correctas.

Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido: en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. en última instancia, sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. en última instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, aunque no se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. en cualquier instancia, sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, aunque no se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la: presente Ley. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma se seguirá el procedimiento previsto en: la Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Contratos del Sector Público. la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Contratos del Sector Público. la Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial solidaria, la Administración Pública competente, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de: 5 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. 10 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. 15 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. 20 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente.

Los convenios: podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la presente Ley. podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la presente Ley. no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público.

Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios: con sujetos de derecho público, que impliquen la cesión de la titularidad de la competencia. con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia. con sujetos de derecho público, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia. con sujetos de derecho público y privado, que impliquen la cesión de la titularidad de la competencia.

En el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, podrán celebrar convenios: los titulares de los Departamentos Ministeriales. los Presidentes o Directores de las dichas entidades y organismos públicos. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

La suscripción de convenios deberá (señala la incorrecta): mejorar la eficiencia de la gestión pública. facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos. contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y privada. cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Los convenios se perfeccionan: cuando son publicados. por su suscripción con sujetos de derecho público o privado. cuando comienzan a aplicarse. por la prestación del consentimiento de las partes.

Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes resultarán eficaces una vez: inscritos en la Sede del Punto de Acceso General del Registro Electrónico Común y publicados en el Boletín Oficial del Estado. inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicados en el Boletín Oficial del Estado. inscritos en la Sede del Punto de Acceso General del Registro Electrónico Común y publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea. inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Las normas del Capítulo "De los convenios": serán de aplicación a las encomiendas de gestión y los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos. serán de aplicación a las encomiendas de gestión, pero no a los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos. serán de aplicación a los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos, pero no a las encomiendas de gestión. no serán de aplicación a las encomiendas de gestión y los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos.

Respecto al plazo de vigencia de los convenios deberán tener una duración determinada, que: no podrá ser inferior a 2 años, salvo que normativamente se prevea un plazo inferior. no podrá ser superior a 4 años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. no podrá ser inferior a 4 años, salvo que normativamente se prevea un plazo inferior. no podrá ser superior a 2 años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

Respecto al plazo de vigencia del convenio en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto: los firmantes del convenio podrán acordar por mayoría su prórroga por un periodo de hasta 2 años adicionales o su extinción. los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta 2 años adicionales o su extinción. los firmantes del convenio podrán acordar por mayoría su prórroga por un periodo de hasta 4 años adicionales o su extinción. los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta 4 años adicionales o su extinción.

Los convenios interadministrativos suscritos con las Comunidades Autónomas: serán remitidos al Congreso por la Delegación de Gobierno. serán remitidos al Senado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. serán remitidos al Congreso por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. serán remitidos al Senado por la Delegación de Gobierno.

Los convenios se extinguen: por el incumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto. por incurrir en causa de resolución. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

Es causa de resolución del convenio: el transcurso del plazo de vigencia del convenio aunque se hubiera acordado la prórroga del mismo. el acuerdo de la mayoría de los firmantes. el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. por decisión judicial declaratoria de la suspensión del convenio.

Deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda los convenios cuyos compromisos económicos asumidos superen: los 300.000 euros dentro de los 3 meses siguientes a su suscripción. los 300.000 euros dentro de los 6 meses siguientes a su suscripción. los 600.000 euros dentro de los 3 meses siguientes a su suscripción. los 600.000 euros dentro de los 6 meses siguientes a su suscripción.

La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 3, así como los de: desconcentración funcional y descentralización funcional y territorial. descentralización territorial y desconcentración funcional y territorial. descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial. desconcentración territorial y descentralización funcional y territorial.

Las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios, no atribuidas específicamente conforme a una Ley a ningún otro órgano de la Administración General del Estado, ni al Gobierno, corresponderán a: el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. el Consejo de Estado. el Congreso. las Cortes Generales.

En la organización central son órganos superiores: los Subsecretarios y los Secretarios generales. los Ministros y los Secretarios generales técnicos. los Secretarios de Estado y los Directores generales. los Ministros y los Secretarios de Estado.

En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos: los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas. los Subdelegados del Gobierno en las provincias. los Subdelegados del Gobierno en las entidades locales. a y b son correctas.

Tienen la condición de alto cargo: los órganos superiores. los órganos superiores y directivos. los órganos superiores y directivos, excepto los Subdirectores generales y asimilados. los órganos superiores y directivos, excepto los Secretarios generales y asimilados.

Los estatutos de los Organismos públicos determinarán sus respectivos: los órganos superiores. órganos directivos. órganos superiores y directivos. ninguna es correcta.

Señala la correcta: corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su desarrollo y ejecución. corresponde establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y su desarrollo y ejecución a los órganos superiores. corresponde establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y su desarrollo y ejecución a los órganos directivos. corresponde a los órganos directivos establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos superiores su desarrollo y ejecución.

Los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas son: los órganos administrativos. las entidades dependientes. las unidades administrativas. los servicios comunes.

La organización en Departamentos ministeriales no obsta a la existencia de: órganos superiores o directivos u Organismos públicos integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general del Ministerio que con carácter general se adscriban directamente al Ministro. órganos superiores o directivos u Organismos públicos integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general del Ministerio que con carácter excepcional se adscriban directamente al Ministro. órganos superiores o directivos u Organismos públicos no integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general del Ministerio que con carácter general se adscriban directamente al Ministro. órganos superiores o directivos u Organismos públicos no integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general del Ministerio que con carácter excepcional se adscriban directamente al Ministro.

Los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas son: las Secretarías. las Direcciones Generales. las Subscretarías. las Subdirecciones Generales.

Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen por: Ley de las Cortes Generales, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Ley de las Cortes Generales, a iniciativa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y a propuesta del Ministro interesado. Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y a propuesta del Ministro interesado.

Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen: por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado. por orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. por orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previa autorización del Ministro respectivo. a través de las relaciones de puestos de trabajo.

Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen: por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado. por orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. por orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previa autorización del Ministro respectivo. a través de las relaciones de puestos de trabajo.

Los Secretarios generales tienen categoría de: Director general y los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de Subsecretario. Subsecretario y los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de Director general. Subdirector general y los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de Director general. Subsecretario y los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de Subdirector general.

A los Ministros, les corresponde: evaluar la realización de los planes de actuación del Ministerio por parte de los órganos superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la actuación de dichos órganos y de los Organismos públicos dependientes. nombrar y separar en todo caso a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los Organismos públicos o entidades de derecho público dependientes del mismo. elevar al Congreso de los Diputados las propuestas de nombramientos que le estén reservadas de órganos directivos del Ministerio y de los Organismos Públicos dependientes del mismo. autorizar las comisiones de servicio sin derecho a indemnización para altos cargos dependientes del Ministro.

Son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica: los Ministros. los Secretarios de Estado. los Directores generales. los Secretarios generales técnicos.

Los Subsecretarios: ostentan la representación ordinaria del Ministerio. dirigen los servicios comunes. ejercen las competencias correspondientes a los servicios comunes. todas son correctas.

Ejercerá las competencias propias de los servicios comunes de los Departamentos en relación con el área de la Presidencia del Gobierno: la Secretaría del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en coordinación con la Subsecretaría General de la Presidencia del Gobierno. la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. la Secretaría del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la Subsecretaría General de la Presidencia del Gobierno.

Los Subsecretarios serán nombrados y separados por: Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. Ley de las Cortes Generales a propuesta del Presidente del Gobierno. Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno. Ley de las Cortes Generales a propuesta del titular del Ministerio.

Los Secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos la categoría de: se encuentran bajo la inmediata dependencia del Subsecretario. tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el Real Decreto de estructura del Departamento. tendrán las competencias relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. todas son correctas.

Son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio: los Secretarios generales técnicos. los Directores generales. los Secretarios generales. los Subsecretarios.

Los Directores generales serán nombrados y separados por: Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del Gobierno. Ley de las Cortes Generales, a propuesta del titular del Departamento. Ley de las Cortes Generales, a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del Gobierno. Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento.

Ostentan la representación ordinaria del Ministerio: los Secretarios de Estado. los Ministros. los Subsecretarios. los Secretarios generales.

Los Subdirectores generales: son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del Secretario general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la Subdirección General. serán nombrados, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, y cesados por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan. sus nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras Administraciones, cuando así lo prevean las normas de aplicación, pertenecientes al Subgrupo A2. todas son correctas.

Las Delegaciones del Gobierno tendrán su sede en: la localidad elegida por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía. la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía. la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía. la localidad donde elegida por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía.

Las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente a: el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. el Ministerio del Interior. la Administración General del Estado.

Se determinarán las islas en las que existirá un Director Insular de la Administración General del Estado: por Real Decreto. reglamentariamente. mediante Ley. ninguna es correcta.

Respecto a los servicios territoriales es correcto: la organización de los servicios territoriales no integrados en las Delegaciones del Gobierno se establecerá mediante Real Decreto. los servicios territoriales no integrados dependerán del Delegado del Gobierno, o en su caso Subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General. los servicios territoriales integrados dependerán del órgano central competente sobre el sector de actividad en el que aquéllos operen. ninguna es correcta.

En las Comunidades Autónomas, en caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la Delegación del Gobierno, será suplido por: el Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe y, en su defecto, al de la provincia en que tenga su sede. el Subdelegado del Gobierno de la provincia en que tenga su sede y, en su defecto, al que el Delegado designe. el Subdirector General que el Delegado designe. el Secretario de Estado.

Los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen: orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia. orgánicamente del Ministerio competente por razón de la materia y funcionalmente del Presidente del Gobierno. orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón del territorio. orgánicamente del Ministerio competente por razón del territorio y funcionalmente del Presidente del Gobierno.

Es correcto respecto a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas: ejercerán la potestad sancionadora, expropiatoria y cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas. les corresponde proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. podrán recabar de los titulares de los servicios territoriales toda la información relativa a su actividad, estructuras organizativas, recursos humanos, inventarios de bienes muebles e inmuebles o a cualquier otra materia o asunto que consideren oportuno. todas son correctas.

A los Subdelegados del Gobierno les corresponde: dirigir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia. dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia. ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que les confiera las normas o que les sea desconcentrada o delegada. todas son correctas.

La asistencia jurídica y las funciones de intervención y control económico financiero en relación con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se ejercerán por: la Abogacía del Estado y la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera respectivamente. la Fiscalía y la Intervención General de la Administración del Estado respectivamente. la Fiscalía y la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera respectivamente. la Abogacía del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado respectivamente.

La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado: es un órgano colegiado, adscrito al Ministerio de la Presidencia. se encargará de coordinar la actuación de la Administración periférica del Estado con los distintos Departamentos ministeriales. mediante Ley se regularán sus atribuciones, composición y funcionamiento. todas son correctas.

Las entidades que integran el sector público institucional están sometidas en su actuación a los principios de: legalidad, concentración, seguridad jurídica y sostenibilidad financiera así como al principio de buena fe en su gestión. jerarquia, subsidiariedad, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera así como al principio de valuación de resultados en su gestión. legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera así como al principio de transparencia en su gestión. eficacia, eficiencia, seguridad jurídica y sostenibilidad financiera así como al principio de evaluación de resultados en su gestión.

Todas las Administraciones Públicas deberán establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes (señala la incorrecta): con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera. con el objeto de comprobar su sostenibilidad financiera. que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción. que deberá revisarse anualmente.

El titular del máximo órgano de dirección de la entidad notificará, a través de la intervención general de la Administración correspondiente, la información necesaria para la inscripción definitiva en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, en los términos previstos reglamentariamente, de los actos relativos a su creación, transformación, fusión o extinción, en el plazo de: 20 días naturales a contar desde que ocurra el acto inscribible. 30 días naturales a contar desde que ocurra el acto inscribible. 20 días hábiles a contar desde que ocurra el acto inscribible. 30 días hábiles a contar desde que ocurra el acto inscribible.

Respecto a las entidades integrantes del sector público institucional estatal el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Intervención General de la Administración del Estado, verificará, al menos: la subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación. su sostenibilidad financiera. la concurrencia de la causa de disolución prevista en esta ley referida al incumplimiento de los fines que justificaron su creación o que su subsistencia no resulte el medio más idóneo para lograrlos. todas son correctos.

Las entidades integrantes del sector público institucional tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico cuando se acredite que: disponen de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad que se corresponda con su objeto social, de acuerdo con su norma o acuerdo de creación. sea una opción más eficiente que la contratación privada y resulta sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica. resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer de los bienes o servicios suministrados por medios ajenos. todas son correctas.

Son organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, bien directamente o bien a través de otro organismo público, los creados para: la realización de actividades administrativas, sean de fomento, prestación o de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas. la supervisión o regulación de sectores económicos, y cuyas características justifiquen su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia. todas son correctas.

Los organismos públicos tienen: personalidad jurídica única, patrimonio y tesorería ajenos, así como autonomía de gestión, en los términos previstos en esta Ley. personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, en los términos previstos en esta Ley. personalidad jurídica pública o privada diferenciada, patrimonio y tesorería ajenos, así como autonomía de gestión, en los términos previstos en esta Ley. personalidad jurídica pública o privada diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, en los términos previstos en esta Ley.

Respecto a la creación de organismos públicos estatales: la creación de los organismos públicos se efectuará por Ley. la Ley de creación establecerá el tipo de organismo público que crea, con indicación de sus fines generales, así como el Departamento de dependencia o vinculación. la Ley de creación establecerá en su caso, los recursos económicos, así como las peculiaridades de su régimen de personal, de contratación, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que, por su naturaleza, exijan norma con rango de Ley. todas son correctas.

Respecto a la creación de organismos públicos estatales, el anteproyecto de ley de creación del organismo público que se eleve al Consejo de Ministros deberá ser acompañado de: los estatutos definitivos. un plan final de actuación. en su caso, informe facultativo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. ninguna es correcta.

El plan de actuación y los anuales, así como sus modificaciones, se hará público en:: la página web del organismo público al que corresponda. el Boletín Oficial del Estado. el Boletín Oficial de la provincia correspondiente. el tablón de anuncios del organismo público al que corresponda.

Los estatutos de los organismos públicos se aprobarán por: Ley de las Cortes Generales a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio al que el organismo esté vinculado o sea dependiente. Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta conjunta del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio al que el organismo esté vinculado o sea dependiente. Ley de las Cortes Generales a propuesta conjunta del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio al que el organismo esté vinculado o sea dependiente. Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio al que el organismo esté vinculado o sea dependiente.

La fusión de organismos públicos estatales se llevará a cabo mediante: norma reglamentaria siempre que no suponga modificación de la Ley de creación. norma reglamentaria aunque suponga modificación de la Ley de creación. modificación de los estatutos siempre que no suponga modificación de la Ley de creación. modificación de los estatutos aunque suponga modificación de la Ley de creación.

Los Organismos públicos estatales deberán disolverse (señalala incorrecta): cuando así lo acuerde el Consejo de Ministros siguiendo el procedimiento determinado al efecto en el acto jurídico que acuerde la disolución. porque la mayor parte de sus fines y objetivos sean asumidos por los servicios de la Administración General del Estado. cuando del seguimiento del plan de actuación resulte el incumplimiento de los fines que justificaron la creación del organismo o que su subsistencia no es el medio más idóneo para lograrlos y así se concluya en el control de eficacia o de supervisión continua. porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos, de forma que no se justifique la pervivencia del organismo público, y así se haya puesto de manifiesto en el control de eficacia.

Los Organismos públicos estatales deberán disolverse por encontrarse en situación de desequilibrio financiero durante: dos ejercicios presupuestarios consecutivos. tres ejercicios presupuestarios consecutivos. dos ejercicios presupuestarios alternativos. tres ejercicios presupuestarios alternativos.

El acuerdo de disolución se adoptará por: la Secretaría de Estado en el plazo de un mes desde la recepción de la comunicación de incurrir en alguna de las causas de disolución. el Consejo de Ministros en el plazo de un mes desde la recepción de la comunicación de incurrir en alguna de las causas de disolución. la Secretaría de Estado en el plazo de dos meses desde la recepción de la comunicación de incurrir en alguna de las causas de disolución. el Consejo de Ministros en el plazo de dos meses desde la recepción de la comunicación de incurrir en alguna de las causas de disolución.

Una vez formalizada la liquidación del organismo público se producirá: su extinción automática. su extinción en el plazo de 1 mes. su extinción en el plazo de 2 meses. su extinción en el plazo de 3 meses.

Los organismos autónomos dependen de la Administración General del Estado a la que corresponde: su dirección estratégica. la evaluación de los resultados de su actividad. el control de su eficacia. todas son correctas.

Los organismos autónomos tendrán, para el cumplimiento de sus fines: Los organismos autónomos tendrán, para el cumplimiento de sus fines:. Los organismos autónomos tendrán, para el cumplimiento de sus fines:. Los organismos autónomos tendrán, para el cumplimiento de sus fines:. Los organismos autónomos tendrán, para el cumplimiento de sus fines:.

Los recursos económicos de los organismos autónomos podrán provenir de las siguientes fuentes (señala la incorrecta): los bienes y valores que constituyen su patrimonio excepto los productos y rentas de dicho patrimonio. las consignaciones específicas que tuvieren asignadas en los presupuestos generales del Estado. las transferencias corrientes o de capital que procedan de la Administración o entidades públicas. las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares.

Las entidades públicas empresariales dependen de: la Administración General del Estado. un Organismo autónomo vinculado o dependiente de la Administración General del Estado. la Administración General del Estado o de un Organismo autónomo vinculado o dependiente de ésta. la Administración General del Estado o de un Organismo autónomo independiente de ésta.

Respecto a las entidades públicas empresariales: las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de éstas a los que los estatutos se les asigne expresamente esta facultad. a los efectos de esta Ley, los órganos de las entidades públicas empresariales son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración General del Estado, salvo las excepciones que, a determinados efectos se fijen, en cada caso, en sus estatutos. todo el personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho laboral. todas son correctas.

Las entidades públicas empresariales podrán financiarse: con los ingresos que se deriven de sus operaciones, obtenidos como contraprestación de sus actividades comerciales. con los recursos económicos que provengan de los bienes y valores que constituyen su patrimonio. con los recursos económicos que provengan de los productos y rentas de su patrimonio y cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido. todas son correctas.

Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal: son entidades de derecho público vinculadas a la Administración General del Estado y sin personalidad jurídica propia. tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter interno sobre sectores económicos o actividades determinadas. su desempeño requiere de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado. todas son correctas.

Se entiende por sociedad mercantil estatal aquella sociedad mercantil sobre la que se ejerce control estatal: porque la participación directa, en su capital social de la Administración General del Estado o alguna de las entidades que integran el sector público institucional estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior al 50 por 100. porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores respecto de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos vinculados o dependientes. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

Respecto a las sociedades mercantiles estatales no es correcto: al acuerdo de creación de la sociedad mercantil estatal se acompañará de un informe preceptivo favorable o no del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o la Intervención General de la Administración del Estado. el Programa de Actuación Plurianual que conforme a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, deben elaborar las sociedades cada año incluirá un plan de actuación anual que servirá de base para el control de eficacia de la sociedad. la liquidación de una sociedad mercantil estatal recaerá en un órgano de la Administración General del Estado o en una entidad integrante del sector público institucional estatal. la responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que lo designó.

Los consorcios: son entidades de derecho público o privado. tienen personalidad jurídica propia y común. son creados por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias. todas son correctas.

Respecto a los consorcios, sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y extinción: en lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus Estatutos se estará a lo previsto en el Código Civil sobre el régimen de liquidación, incluida la sociedad civil. en lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus Estatutos se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación. en lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus Estatutos se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, incluido el régimen de liquidación. en lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus Estatutos se estará a lo previsto en el Código Civil sobre el régimen de liquidación, salvo la sociedad civil.

En el supuesto de que participen en el consorcio: entidades públicas, el consorcio tendrá ánimo de lucro. entidades privadas, el consorcio no tendrá ánimo de lucro. entidades públicas, el consorcio no tendrá ánimo de lucro. entidades privadas, el consorcio tendrá ánimo de lucro.

Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un plazo: no superior a 3 meses, contados desde el momento en que se produjo el cambio de adscripción. no superior a 6 meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de adscripción. no superior a 6 meses, contados desde el momento en que se produjo el cambio de adscripción. no superior a 3 meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de adscripción.

En los consorcios en los que participe la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes: requerirá que su creación se autorice por ley. el convenio de creación precisará de autorización previa del Consejo de Ministros. del convenio formarán parte los estatutos, un plan de actuación y una proyección presupuestaria trienal, además del informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. todas son correctas.

Son fundaciones del sector público estatal aquellas que: se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración General del Estado o cualquiera de los sujetos integrantes del sector público institucional estatal, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución. el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público institucional estatal con carácter permanente. la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector público institucional estatal. todas son correctas.

El cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos que deberá realizarse en un plazo no superior a: dos meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquél en se produjo el cambio de adscripción. dos meses, contados desde el final del ejercicio presupuestario siguiente a aquél en se produjo el cambio de adscripción. tres meses, contados desde el final del ejercicio presupuestario siguiente a aquél en se produjo el cambio de adscripción. tres meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquél en se produjo el cambio de adscripción.

Los estatutos de las fundaciones del sector público estatal se aprobarán por: Real Decreto Ley, a propuesta conjunta del Ministerio que ejerza el protectorado. Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio que ejerza el protectorado. Real Decreto Ley, a propuesta conjunta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio que ejerza el protectorado. Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio que ejerza el protectorado.

Las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas de acuerdo con el principio de: lealtad institucional. colaboración. cooperación. todas son correctas.

Los posibles costes que pueda generar el deber de colaboración entre las Administraciones Públicas: podrán ser repercutidos cuando así se acuerde. serán repercutidos en todo caso. no serán repercutidos en ningún caso. ninguna es correcta.

Respecto a las técnicas de Cooperación: se podrá dar cumplimiento al principio de cooperación de acuerdo con las técnicas que las Administraciones interesadas estimen más adecuadas. en los convenios y acuerdos en los que se formalice la cooperación se preverán las condiciones y compromisos que asumen las partes que los suscriben. cada Administración Pública mantendrá actualizado un registro electrónico de los órganos de cooperación en los que participe y de convenios que haya suscrito. todas son correctas.

Deberán inscribirse en el Registro estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación para que resulte válida su sesión constitutiva los órganos de cooperación entre distintas Administraciones Públicas en los que participe/n: la Administración General del Estado. la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas. la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

Los órganos de cooperación, salvo oposición por alguna de las partes: podrán adoptar acuerdos a través de un procedimiento complejo y por suscripción sucesiva de las partes, por cualquiera de las formas admitidas en Derecho. podrán adoptar acuerdos a través de un procedimiento simplificado y por suscripción simultanea de las partes, por cualquiera de las formas admitidas en Derecho. podrán adoptar acuerdos a través de un procedimiento complejo y por suscripción simultanea de las partes, por cualquiera de las formas admitidas en Derecho. podrán adoptar acuerdos a través de un procedimiento simplificado y por suscripción sucesiva de las partes, por cualquiera de las formas admitidas en Derecho.

La Conferencia de Presidentes: tiene por objeto la deliberación de asuntos. tiene por objeto la adopción de acuerdos de interés para el Estado y las Comunidades Autónomas. está asistida para la preparación de sus reuniones por un Comité preparatorio del que forman parte un Ministro del Gobierno, que lo preside, y un Consejero de cada Comunidad Autónoma. todas son correctas.

La Conferencia Sectorial es un órgano de cooperación: de composición unilateral y ámbito sectorial indeterminado. de composición multilateral y ámbito sectorial indeterminado. de composición unilateral y ámbito sectorial determinado. de composición multilateral y ámbito sectorial determinado.

Las Conferencias Sectoriales pueden ejercer funciones: consultivas. decisorias. de coordinación orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias comunes. todas son correctas.

Las Conferencias Sectoriales cuando afecten de manera directa al ámbito competencial de las otras Administraciones Públicas o cuando así esté previsto en la normativa sectorial aplicable, bien a través de su pleno o bien a través de la comisión o el grupo de trabajo mandatado al efecto serán informadas sobre: los proyectos de leyes y los reglamentos del Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. los anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. las leyes y los reglamentos del Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. los proyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.

Corresponde al Ministro que presida la Conferencia Sectorial acordar la convocatoria de las reuniones por iniciativa propia: al menos una vez al año, o cuando lo soliciten, al menos, la mitad de sus miembros. al menos una vez cada tres meses, o cuando lo soliciten, al menos, la tercera parte de sus miembros. al menos una vez cada tres meses, o cuando lo soliciten, al menos, la mitad de sus miembros. al menos una vez al año, o cuando lo soliciten, al menos, la tercera parte de sus miembros.

Corresponde al secretario de la Conferencia Sectorial preparar las reuniones y asistir a ellas: con voz y voto. con voz pero sin voto. sin voz pero con voto. sin voz ni voto.

Las Comisiones Bilaterales de Cooperación: son órganos de cooperación de composición bilateral. reúnen a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado. reúnen a miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o representantes de la Ciudad de Ceuta o de la Ciudad de Melilla. todas son correctas.

Las decisiones adoptadas por las Comisiones Territoriales de Cooperación revestirán la forma de: recomendación. acuerdo. norma. convenio.