Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Los miembros del órgano colegiado deberán participar en el despacho de los asuntos y autorizar las actas de las sesiones. Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros. Sólo podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan. Los miembros de un órgano colegiado podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan prohibido por una norma o por acuerdo válidamente adoptado por el órgano.
Según el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Los titulares de los órganos administrativos no podrán, en materias de su competencia que ostenten por delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia. Los titulares de los órganos administrativos podrán delegar la firma temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación.
Según el artículo 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas y, en su caso, para su cuantificación, se instruirá expediente que deberá contar con el siguiente trámite: Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de treinta días. Audiencia durante un plazo de quince días. Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. Alegaciones durante un plazo de quince días.
De conformidad con el artículo 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público: Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una disposición de rango reglamentario. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley. Las normas definidoras de infracciones y sanciones serán susceptibles de aplicación analógica. Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en dos grados: leves y graves.
Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, es un motivo de abstención: Tener parentesco de afinidad dentro del tercer grado con cualquiera de los interesados. Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. Tener relación de amistad con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto. Haberle prestado a algún interesado, hace cuatro años, servicios profesionales de cualquier tipo.
Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia suponen alteración de la titularidad de la competencia. La delegación de competencias y la suplencia suponen alteración de la titularidad de la competencia. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos determinantes de su ejercicio.
Señale la respuesta incorrecta: Respecto del principio de legalidad de la potestad sancionadora, el artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas no regula los principios de la potestad sancionadora. A Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores. Respecto del principio de legalidad de la potestad sancionadora, el artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la avocación: Se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiera, con posterioridad a la resolución final que se dicte. Se realizará mediante acuerdo que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiera, con anterioridad a la resolución final que se dicte. Se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiera, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte. Se realizará mediante acuerdo que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiera, simultáneamente a la resolución final que se dicte.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la sede electrónica se define como: La Ley 40/2015, de 1 de octubre, no define la sede electrónica. El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada. El registro electrónico único, de acceso libre y gratuito, el cual permitirá la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, durante las veinticuatro horas de todos los días del año. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
Que plazos de prescripción de las sanciones establece el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Tres años por faltas muy graves, dos años por faltas graves y un año por faltas leves. Tres años por faltas muy graves, dos años por faltas graves y seis meses por faltas leves. Tres años por faltas muy graves, un año por faltas graves y seis meses por faltas leves. Cuatro años por faltas muy graves, tres años por faltas graves y un año por faltas leves.
Según el artículo 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para la creación de órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos sólo se requerirá de norma específica, con publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en los casos en que se les atribuya la siguiente competencia: Competencias decisorias. Competencias de propuesta o emisión de informes, preceptivos o no, que sirvan de base a decisiones de otros órganos administrativos. Competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de cualquier Administración Pública. Todas son ciertas.
A tenor del artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con la potestad sancionadora de las Administraciones públicas: Se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una disposición de rango legal o reglamentario. Corresponde su ejercicio a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. Se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una disposición de rango reglamentario. Corresponde su ejercicio a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal.
Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán la consideración de órganos administrativos: Los dotados de autonomía orgánica y funcional. Los facultados para dirigir las actividades de unidades administrativas mediante instrucciones y órdenes de servicio, dotados de autonomía funcional. Aquellos que integran la administración y su estructura jerárquica, salvo cuando ejercen funciones de asesoramiento. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
Señale cual de las siguientes funciones no le corresponde al secretario de un órgano colegiado, conforme al artículo 16.2 de la ley 40/2015, del 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público: Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado. Certificar las actuaciones del mismo órgano. Notificar todos los actos y acuerdos del órgano colegiado. Garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.
Con arreglo al artículo 17 de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público, para la válida constitución del órgano colegiado, a efectos de la toma de acuerdos, se requerirá: La asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros. La asistencia presencial del Presidente o en su caso, de quien le supla, y la de la mitad, al menos, de sus miembros. La asistencia presencial del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de dos quintas partes de sus miembros. La asistencia presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, o la de la mitad, al menos, de sus miembros.
Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público la actuación de autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas en los que concurran motivos de abstención: no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que intervinieran. implicará, en todo caso, la invalidez de los actos en que intervinieran. implicará, necesariamente, y en todo caso, la nulidad de los actos en que intervinieran. implicará, necesariamente, la nulidad o anulabilidad del acto en que intervinieran, en atención al dispuesto en los artículos 62 y 63 de la ley.
Según el artículo 5.4 de la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público no podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. A este objeto, la creación de un nuevo órgano solo tendrá lugar: previa comprobación de que existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población. No se pueden crear nuevos órganos de las Administraciones públicas. previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población. si la administración competente lo estima oportuno de acuerdo con la Administración pública del Estado.
Conforme al artículo 30.1 de la Ley 40/2015 del 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público las infracciones que no fijan plazos de prescripción prescribirán: Las muy graves a los dos años, las graves al año y las leves a los seis meses. Las muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Las muy graves al año, las graves a los seis meses y las leves a los tres meses. Las muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.
De acuerdo con el artículo 33 de la ley 40/2015 cuando de la gestión dimanante de formulas colegiadas de actuación entre varias administraciones públicas se derive responsabilidad: Las administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. Las administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma mancomunada. La responsabilidad se fijará para cada administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad recaerá sobre la administración pública con mayor participación en la financiación del servicio o según criterios de competencia.
En relación con la delegación de firma, la ley 40/2015 de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público señala que: El ministro puede delegar en un director general la firma de una ley. La delegación de firma tendrá que publicarse en la sede electrónica del órgano delegante. Se puede delegar la firma en cualquier órgano jerárquicamente inferior siempre que sea del mismo ministerio. En las resoluciones firmadas por delegación se indicará la autoridad de procedencia.
De acuerdo con la ley 40/2015 en la encomienda de gestión: Se produce una transferencia de la titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de su ejercicio. Se produce una transferencia de la titularidad de la competencia pero no de los elementos sustantivos de su ejercicio. No hay cesión de la titularidad de la competencia pero sí de los elementos sustantivos de su ejercicio. No hay cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.
De acuerdo con lo establecido en la ley 40/2015 en materia de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, señala la respuesta correcta: La anulación por el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. La anulación por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas dará lugar necesariamente a la correspondiente indemnización. La anulación en vía administrativa de los actos o disposiciones administrativas dará lugar necesariamente a la correspondiente indemnización. No cabe responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas en los casos de lesiones derivadas de la anulación en vía administrativa de una disposición de carácter general.
Según el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los tres años y las leves a los dos años. Las sanciones no prescriben. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. No interrumpirá la prescripción de una sanción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día siguiente en que la infracción se hubiera cometido. .
De conformidad con el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos, salvo en los casos de funcionamiento anormal o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. En todo caso, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. La anulación por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de las disposiciones administrativas presupone, por sí misma, derecho a la indemnización correspondiente. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. .
Según el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: La indemnización se calculará sólo con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación que regula los seguros de responsabilidad civil. La indemnización procedente no podrá sustituirse, en ningún caso, por una compensación en especie ni ser abonada mediante pagos periódicos. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. Ninguna de las anteriores es correcta. .
Conforme al artículo 11 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas las encomiendas de gestión se podrán efectuar: Con órganos de la misma o de distinta Administración. Con Entidades de D. Público siempre que sean de distinta Administración. Con Entidades de Derecho Privado siempre que sean de la misma Administración. Todas son ciertas.
Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio, conforme al artículo 6 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es adecuada con relación a las mismas? El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio determina por si solo la invalidez del acto dictado. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio dará lugar en todo caso a responsabilidad disciplinaria. Para que surtan eficacia las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán siempre en el boletín oficial que corresponda. Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.
Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que estarán delimitadas por: Ley. Ley o reglamento. Ley ,reglamento u otras disposiciones. Reglamento. .
En relación a las normas definidoras de infracciones y sanciones: Podrán ser susceptibles de aplicación analógica. No serán susceptibles de aplicación retroactiva en ningún caso. No serán susceptibles de aplicación analógica. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
¿Los particulares tendrán derecho a ser a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos? Si, en todo caso. No, en ningún caso. Si, cuando el administrado no tenga el deber jurídico de soportar y así se establezca en el acto legislativo. Todas las respuestas anteriores son falsas. .
La exigencia de responsabilidad penal al personal de las Administraciones Públicas: Suspenderá los procedimientos de responsabilidad patrimonial en todo caso. No suspenderá los procedimientos de responsabilidad patrimonial en ningún caso. No suspenderá los procedimientos de responsabilidad patrimonial, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. Todas las respuestas anteriores son falsas.
El Principio de la potestad sancionadora de la Administración que indica que como norma general sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley se conoce como: Principio de Legalidad. Principio de Proporcionalidad. Irretroactividad. Principio de Tipicidad. .
Según el artículo 42 de la ley 40/2015, el código seguir de verificación vinculado a la administración pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público permite: Identificar y garantizar una comunicación segura entre sedes electrónicas.
La comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente. La identificación y autenticación del ciudadano. Acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación.
De acuerdo con la ley 40/2015, ¿qué documentos utilizados en las actuaciones administrativas deberán almacenarse en archivos electrónicos? Solo los finalizadores de los procedimientos. Sólo los relevantes. Todos los documentos, salvo cuando no sea posible. Solo los aportados por los particulares.
Según la ley 40/2015, se entiende por actuación administrativa automatizada: Cualquier acto reglamentario realizado íntegramente a través de medios electrónicos por una administración pública en el marco del procedimiento administrativo. Cualquier acto o actuación realizada a través de medios electrónicos y en papel por una administración pública en el marco del procedimiento administrativo. Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una administración pública en el marco del procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un empleado público. Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una administración pública en el marco del procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.
El ministerio ha indemnizado, mediante un procedimiento de responsabilidad patrimonial, a un ciudadano lesionado durante la ejecución de unos trabajos de reparación efectuados por el personal al servicio de la administración. Una vez indemnizado, la administración va a exigir responsabilidad al personal que efectuó las reparaciones, ¿cómo exigirá esta responsabilidad de acuerdo con la ley 40/2015 de 1 de octubre? De oficio en vía penal, previa instrucción del correspondiente procedimiento. De oficio en vía administrativa cuando el personal a su servicio hubiera incurrido en dolo, culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. De oficio en vía administrativa cuando el personal a su servicio hubiera incurrido en dolo, o culpa o negligencia graves, sin necesidad de instruir un procedimiento al efecto, aplicando los baremos acordados mediante orden ministerial. A solicitud del lesionado en vía administrativa, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Según la ley 40/2015 de 1 de octubre, la realización de una actividad de carácter técnico de la competencia de un órgano administrativo que, por no poseer los medios técnicos idóneos para su desempeño, haya sido encomendada a otro órgano de la misma administración entre cuyas competencias también estén estas actividades, se denomina: Avocación. Delegación de competencias. Desconcentración. Encomienda de gestión.
Según la ley 40/2015, en el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada administración pública podrá determinar los supuestos de utilización de sistemas de firma electrónica entre los que se encuentra: Código seguro de verificación. Firma electrónica del titular del órgano. Firma electrónica del empleado público. Sello no electrónico de administración pública.
Según la Ley 40/2015 de, 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico la dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencia se denomina: Código seguro de verificación. Firma electrónica. Sede electrónica. Archivo electrónico institucional.
Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la competencia para fijar el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad corresponde a : Al propio Tribunal Constitucional previa audiencia al Consejo General del Poder judicial. Al Ministerio que tenga atribuidas las competencias en materia de justicia. Al Consejo de Ministros. Ninguna es correcta. .
De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuándo comenzará a contarse el plazo de prescripción de las sanciones en el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción? La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público no tiene previsión al respecto de la cuestión planteada. Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso. Desde el día siguiente a aquel en que se inicie el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso. Desde el día en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso.
¿Cuál de los siguientes criterios de graduación de las sanciones, relativos al principio de proporcionalidad no aparece expresamente recogido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público? Transcendencia social de la infracción. Continuidad o persistencia en la conducta infractora. Grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. Todos aparecen recogidos.
Según prevé la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 5, tendrán la consideración de órgano administrativo: Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que tienen por objeto realizar actividades de ejecución o gestión reservadas a la Administración. Aquellos que se creen formalmente y estén integrados por tres o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integrados en la Administración o en alguno de sus Organismos públicos. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Las unidades administrativas integradas en una Administración Pública, a las que se le confieren atribuciones específicas.
En los casos de responsabilidad patrimonial, la indemnización: Se calculará con referencia al día en que la lesión se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad. Comprenderá los daños producidos en el plazo de los cuatro años anteriores a la fecha de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la norma con rango de ley cuya aplicación ha producido la lesión. Será sustituida por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando así lo decida el órgano competente, por resultar más adecuado para el interés público. Se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
¿Puede delegar la firma de sus resoluciones el titular de un órgano administrativo en materia cuya competencia ostente por delegación? Sí, debiendo publicarse en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste. No. Sí, en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes. Sí, en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de él dependan.
De cada sesión que celebre un órgano colegiado se levantará acta. Señale el enunciado correcto: Los miembros del órgano colegiado podrán manifestar su conformidad o reparos al texto. Especificará los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, así como el contenido de los acuerdos adoptados, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones. Será elaborada por el Secretario, y levantada por el Presidente, con el Visto Bueno del resto de miembros del órgano colegiado. El acta de cada sesión deberá aprobarse en la siguiente reunión.
Durante la sesión de un órgano colegiado compuesto por cinco miembros se adopta un acuerdo con la asistencia presencial del Presidente suplente y el Secretario, y uno de los vocales a distancia por audioconferencia. El acuerdo adoptado: Es perfectamente válido. Es nulo de pleno derecho, ya que el órgano no estaba válidamente constituido. Será válido si es ratificado por el Presidente titular. Es anulable, ya que el órgano no estaba válidamente constituido.
Según lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en un supuesto de responsabilidad patrimonial en el que existe concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño: Las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. La responsabilidad resultará exigible para la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio. La responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será asumida por la Administración a la que se dirija el particular en su reclamación.
El acuerdo de avocación: Se publicará en el BOE. Se publicará en BOE o Diario oficial que corresponda. Se publicará en el BOE y en el Diario oficial que corresponda. No exige publicación.
Interrumpirá la prescripción de las infracciones: La iniciación del procedimiento sancionador. La iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador. La iniciación del procedimiento de ejecución. La iniciación del procedimiento sancionador y la iniciación del procedimiento de ejecución.
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