Ley 40/2015; Ley 3/2003 y Ley 7/2010

Según el art. 3 de la Ley 40/2015, es uno de los principios de acuerdo con los que actúa la Administración Pública es el de buena fe, confianza legítima y: Lealtad insitucional. Proximidad a los ciudadanos. Servicio efectivo a los ciudadanos. Responsabilidad.

Según el art. 3 de la Ley 40/2015, uno de los principios de acuerdo con los que la Administración Pública es el de simplicidad, claridad y: Economía. Eficacia. Proximidad a los ciudadanos. Racionalización.

Según el art. 3 de la Ley 40/2015, uno de los principios de cuerdo con los que actúa la Administración Pública es el de participación, objetividad y: Transparencia de la actuación administrativa. Evaluación de los resultados. Adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. Colaboración.

¿Cuál es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos sancionadores y disciplinarios simplificados o abreviados?. Un año. Seis meses. Tres meses. Un mes.

Señala cuál de los siguientes no es uno de los objetivos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público: Regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Establecer los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora. Establecer la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector púbico institucional para el desarrollo de sus actividades. Regular los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.

Las Administraciones Públicas sirven con objetividad: Los intereses generales. Las políticas del Gobierno. Los valores superiores. Los derechos y deberes fundamentales.

Las Administraciones Públicas actúan con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y a: Los Tratados Internacionales. Los Derechos humanos. El Rey. El Derecho.

Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de: Reciprocidad. Imparcialidad. Proporcionalidad. Independencia.

De los siguientes, ¿Cuál no es un requisito exigido para la creación de cualquier órgano administrativo?. Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica. Delimitación de sus funciones y competencias. Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. Identificación de los órganos con los que vayan a causar duplicación de competencias.

En cuanto a la competencia de los órganos administrativos: La competencia es renunciable por los órganos que la tengan atribuida. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos no podrán ser desconcertadas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos. La encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. Si alguna disposición atribuye competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos superiores competentes por razón de la materia y del territorio.

En referencia a los órganos administrativos, podrán delegar competencias relativas a: Asuntos que s refieran a relaciones con la Jefatura del Estado. La adopción de disposiciones de carácter general. La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos de recurso. El ejercicio de la potestad sancionadora.

En relación a la delegación de competencias entre órganos administrativos, no es cierto que: La delegación puede ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. La delegación de competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio ordinario se requiera un quórum especial, deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum. Las competencias que se ejercen por delegación pueden ser delegadas. No podrán ser delegadas aquellas materias en que así se determine por norma con rango de ley.

En cuanto a la delegación de firma, es cierto que: La delegación de firma altera la competencia del órgano delegante. Para su validez es necesaria su publicación. Solo puede delegarse la firma en materias que se ostenten por atribución. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar la autoridad de procedencia.

En relación a los conflictos de atribuciones entre órganos administrativos, no es cierto que: El órgano administrativo que se estime incompetente p ara la resolución de un auto remitirá directamente ls actuaciones al órgano que considere competente. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente. Los interesados podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto. Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente.

En relación a las instrucciones y órdenes de servicio, no es cierto que: El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio supone la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos. Son normas de carácter interno, que no han de afectar a los administrados. No requieren un especial procedimiento de elaboración. Su cumplimiento se subordina al conocimiento de las mismas por sus destinatarios.

Señala la opción incorrecta. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones se abstendrán de intervenir en el procedimiento: Cuando tengan interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel. Si tienen parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado, con cualquiera de los interesados. Tener amistad íntima con los administradores de entidades o sociedades interesadas o con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento. Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

Señala la opción correcta en relación con la abstención en el procedimiento: La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. Los órganos jerárquicamente superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las circunstancias señaladas en el ar. 23 de la LRJSP que se abstengan de toda intervención en el expediente. La no abstención en los caos en que proceda no dará lugar a responsabilidad. La enemistad manifiesta no es motivo de abstención en el procedimiento de una autoridad de la Administración Pública.

En lo concerniente a la recusación, a la que se refiere el art. 24 de la LRJSP: La recusación deberá promoverse por los interesados antes de que se inicie la tramitación del procedimiento. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres meses, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia cabe recurso de alzada.

Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante: Instrucciones y Órdenes de servicio. Circulares. Notas de servicio y Recomendaciones. Directrices y Avisos.

Según el art. 7 de la LRJSP, la Administración consultiva podrá articularse a través de los servicios de la Administración activa que prestan asistencia jurídica. En tal caso, dichos servicios: Estarán sujetos a dependencia jerárquica orgánica pero no funcional. No podrán recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta. Podrán actuar como órganos individuales o como órganos colegiados. Podrán suponer duplicación de otros ya existentes para tener la posibilidad de contrastar pareceres.

Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio, conforme al art. 6 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es adecuada con relación a las mismas?. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio determina por si solo la invalidez del acto dictado. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio dará lugar en todo cao a responsabilidad disciplinaria. Para que surtan eficacia las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán siempre en el boletín oficial que corresponda. Ninguna es correcta.

Conforme el art. 11 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas las encomiendas de gestión se podrán efectuar: Con órganos de la misma o de distinta Administración. Con Entidades de Derecho Público siempre que sean de distinta Administración. Con Entidades de Derecho Privado siempre que sean de la misma Administración. Todas son correctas.

¿Qué ley regula el régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares?. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. La Ley 7/2010, de 21 de julio. La Ley 12/2007, de 13 de febrero. La Ley 3/2003, de 26 de marzo.

A tenor de la Ley 3/2003 de 26 de marzo, la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears actúa de acuerdo con los principios constitucionales de: Eficacia, jerarquía, descentralización, igualdad, desconcentración y coordinación, con sumisión plena a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, a la ley y al resto de ordenamiento jurídico. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sumisión plena a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, a la ley y al resto de ordenamiento jurídico. Eficiencia, jerarquía, descentralización, igualdad, desconcentración y coordinación, con sumisión plena a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, a la ley y al resto de ordenamiento jurídico. Eficacia, jerarquía, centralización, igualdad, concentración y coordinación, con sumisión plena a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, a la ley y al resto de ordenamiento jurídico.

Según establece la Ley de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en las relaciones con los ciudadanos y para el servicio efectivo a éstos, la Administración de la Comunidad Autónoma actúa con: Celeridad y objetividad. Igualdad y publicidad. Objetividad y transparencia. Igualdad y proporcionalidad.

En las relaciones con las otras administraciones la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears actúa de acuerdo con los principios de colaboración y de cooperación, con respeto pleno a los ámbitos competenciales respectivos, de acuerdo con el principio de: Desconcentración. Lealtad institucional. Solidaridad institucional. Eficacia.

La Administración de la Comunidad Autónoma se encuentra en: Órganos centrales y periféricos, si bien estos últimos tendrán carácter excepcional. Órganos centrales, periféricos e insulares. Órganos periféricos y centrales, si bien estos últimos tendrán carácter excepcional. Órganos centrales e insulares.

Bajo la superior dirección del presidente y del Gobierno, la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears se estructura en: Órganos centrales y órganos directivos. Órganos superiores y órganos auxiliares. Órganos superiores y órganos directivos. Órganos de dirección y órganos de apoyo.

Señala cuál de los siguientes es un órgano superior de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears: Los consejeros. Los secretarios generales. Los directores generales. Los directores.

¿A qué órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears les corresponde la ejecución y el desarrollo de los planes de actuación?. A los órganos superiores. A los órganos centrales. A los órganos directivos. A los consejeros.

¿Cómo se denominan los elementos organizativos básicos de la estructura orgánica de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears?. Consejerías. Unidades administrativas. Direcciones generales. Subdirecciones generales.

Las consejerías, para el ejercicio de sus funciones, se estructuran en: Secretaría General, Direcciones generales y Subdirecciones generales. Secretaría General y Direcciones generales. Secretaría General y Subsecretarías generales. Secretaría General, Subsecretarías generales, Direcciones generales y Subdirecciones generales.

Señala una de las atribuciones de dirección que corresponde, en todo caso, a los consejeros: Dirigir y coordinar la actuación de los titulares de los órganos directivos de la consejería. Dirigir los recursos humanos de la consejería, de acuerdo con la legislación específica. Nombrar o, en su caso, proponer, el representante de la consejería en los órganos colegiados. Gestionar los créditos para gastos de sus secciones presupuestarias y proponer sus modificaciones.

Señala una de las atribuciones de gestión que corresponde a los consejeros, en el ámbito de las competencias materiales atribuidas a su consejería: Plantear, en su caso, los conflictos de atribuciones contra órganos de otras consejerías. Suscribir contratos en nombre de la Administración de la comunidad autónoma. Fijar los objetivos de la consejería, aprobar sus planes de actuación y asignar los recursos necesarios para su ejecución dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias correspondientes. Desarrollar, mediante orden y coordinadamente con la relación de puestos de trabajo vigente, la estructura orgánica básica que determine las funciones de las unidades administrativas de la consejería.

Los titulares de los órganos directivos serán nombrados libremente por el Gobierno atendiendo a criterios de: Eficacia y profesionalidad. Mérito y capacidad. Capacidad y experiencia. Competencia profesional y de experiencia.

¿Cómo se denomina los órganos directivos encargados de la gestión de los servicios comunes, así como de las funciones de asesoramiento jurídico y de apoyo técnico?. Consejeros. Secretarios generales. Directores Generales. Subdirectores generales.

¿Quién es el encargado de gestionar los recursos humanos de la consejería?. Los consejeros. Los Secretarios generales. Los Directores generales. Los Subdirectores generales.

¿Cómo se denominan los órganos directivos encargados de la gestión de una o de diversas áreas funcionalmente homogéneas de cada consejería?. Consejeros. Secretarios generales. Directores generales. Subdirectores generales.

Señala la respuesta incorrecta: Los directores generales serán nombrados y separados por decreto del Gobierno de las Illes Balears, a propuesta del titular de la consejería. Corresponde a los directores generales proponer al consejero la resolución de los asuntos que afecten áreas de su competencia, siempre que dicha facultad no esté expresamente atribuida a otro órgano, así como proceder a su resolución, cuando les corresponda. Los titulares de los órganos directivos podrán ejercer cualquier actividad profesional o mercantil, así como la administración de su patrimonio, personal o familiar. Cada consejería contará con un secretario general, que será nombrado y separado por decreto del Gobierno de las Illes Balears, a propuesta del titular de la consejería.

Para la creación de un órgano colegiado se debe prever expresamente: La adscripción administrativa o dependencia jerárquica. Las finalidades o los objetivos que persigue. La composición y los criterios para la designación del presidente y de los otros miembros. Todas las respuestas son correctas.

Los órganos superiores y directivos impulsan y dirigen la actividad administrativa por medio de: Instrucciones, circulares y acuerdos. Instrucciones, circulares u órdenes de servicio. Disposiciones, instrucciones, circulares y acuerdos. Acuerdos, órdenes de servicio y directivas.

Señala la respuesta incorrecta: La delegación de competencias, así como la revocación, producirán efectos a partir de su publicación en el BOE. No se puede delegar una competencia delegada, salvo que así lo permita una norma con rango de ley. No puede delegarse el ejercicio de las competencias atribuidas directamente por la CE o el Estatuto de Autonomía a un órgano determinado. Los órganos administrativos, mediante acto motivado, podrán delegar el ejercicio de sus competencias, conservando la titularidad de las mismas, en otros órganos de la Administración Autonómica del mismo rango o inferior, aunque no sean jerárquicamente dependientes.

Señala la respuesta correcta respecto a la suplencia de los titulares de los órganos directivos y de otros órganos de la Administración autonómica de las Islas Baleares: Los Secretarios generales, los directores generales y los otros órganos directivos los suplirá el órgano directivo que determine el consejero. En defecto de designación expresa, el director general más antiguo en el cargo suplirá al secretario general o, si dos o más tienen la misma antigüedad, el de menor edad. Si no se hubiese designado expresamente un suplente, el secretario general suplirá a los directores generales; en su defecto, el director general más joven en el cargo o, si dos o más tienen la misma antigüedad, el de menor edad. Todas las respuestas son correctas.

Respecto a la forma de los actos administrativos no es correcta la siguiente afirmación: Los actos dictados por el presidente adoptan la forma de decreto. Los actos dictados por el vicepresidente y por los consejeros adoptan la forma de resolución. Los actos dictados por el Gobierno y por las comisiones delegadas adoptan la forma de acuerdo. Los actos dictados por otros órganos adoptarán la forma de acuerdo y, si se trata de órganos colegiados, la de resolución.

Salvo que una ley establezca uno más amplio o así se prevea en la normativa comunitaria europea, los plazos máximos para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos de competencia de la comunidad autónoma son los que fije la norma reguladora de procedimiento correspondiente y no podrán exceder de: Seis meses. Tres meses. Dos meses. Un mes.

¿Cuál es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos sancionadores y disciplinarios ordinarios?. Un año. Seis meses. Tres meses. Un mes.