Ley 40/2015 y Ley 39/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público y del P

La anulación judicial de los actos o disposiciones administrativas, ¿implica siempre derecho a indemnización?. La anulación no presupone, por sí misma, derecho a indemnización. No, salvo que se trate de una anulación del acto por el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Sí, la anulación judicial comporta siempre derecho a la indemnización. Sí, la anulación en vía administrativa o judicial comporta siempre derecho a la indemnización.

En relación al contenido de los actos de intervención, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. Será congruente con los motivos y fines que los justifiquen. Si fueren varios los medios admisibles, se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual. Las dos respuestas anteriores son correctas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

¿Bajo qué condición principal se ejerce la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas, según el artículo 25 de la Ley 40/2015?. Bajo la discrecionalidad del órgano administrativo competente. Cuando exista una necesidad administrativa justificada. Cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio. Por acuerdo unánime de los órganos colegiados competentes.

57. En el caso de que el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, ¿cómo responden ante las infracciones cometidas y las sanciones impuestas, de acuerdo con el artículo 28.3 LRJSP?. Cada persona responde de forma individual y proporcional a su grado de participación. La responsabilidad se determina según el criterio del órgano sancionador. Solo responde la persona que haya tenido la mayor participación en la infracción. Responden de forma solidaria de las infracciones y de las sanciones impuestas, aunque si la sanción es pecuniaria y posible, se individualizará en función del grado de participación de cada responsable.

58. Según el principio de proporcionalidad en la potestad sancionadora, ¿qué implicaciones tiene la comisión de infracciones tipificadas con respecto al beneficio del infractor?. La comisión de las infracciones puede resultar más beneficiosa que el cumplimiento de las normas. El beneficio obtenido por la infracción no se tendrá en cuenta para la imposición de la sanción. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. Las sanciones siempre serán proporcionales al daño causado, independientemente del beneficio obtenido.

59. Según el artículo 31 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿qué ocurre cuando unos mismos hechos han sido sancionados penal o administrativamente?. Se impondrá la sanción más grave de las dos. Se podrán acumular ambas sanciones si los fundamentos son distintos. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. La sanción administrativa se suspenderá hasta que se dicte sentencia firme en el procedimiento penal.

60. ¿Cuándo varias personas son responsables conjuntamente del cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley, ¿cómo responden ante las infracciones cometidas?. Cada persona responde de forma individual según su grado de participación. Responden de forma solidaria de las infracciones y de las sanciones impuestas. La responsabilidad se determina según el criterio del órgano sancionador. Solo responde la persona que haya tenido una participación principal en la infracción.

Según el artículo 34 de la Ley 40/2015, ¿qué tipo de lesiones producidas al particular serán indemnizables?. Todas las lesiones producidas por la actuación de la Administración Pública. Las lesiones derivadas de hechos que no se hubieran podido prever o evitar. Las lesiones provenientes de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. Las lesiones producidas en los cinco años anteriores a la reclamación.

Sobre restricciones a la invalidez de los actos administrativos, señale la correcta: La conversión permite reconducir a otro acto válido si concurren requisitos. La conservación exige repetir los actos conservados pero manteniendo sus efectos. La convalidación procede también en actos nulos de pleno derecho si se motiva debidamente. La convalidación elimina retroactivamente toda invalidez.

Conforme al artículo 104 de la Ley 39/2015, en la declaración de lesividad de actos anulables favorables, es correcto que: La anulación la realiza la propia Administración en la resolución. Puede instarla el interesado beneficiario del acto. Es presupuesto para impugnar judicialmente el acto. No exige audiencia a quienes aparezcan como interesados.

Conforme al artículo 112 de la Ley 39/2015, ¿cuál es la afirmación correcta sobre los procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos?. Sustituyen automáticamente cualquier recurso por ministerio de la ley. Requieren previsión legal o reglamentaria específica. Implican siempre una decisión vinculante para las partes. Solo pueden implantarse por acuerdo entre interesados.

Conforme a la regla general sobre trámites adicionales o distintos en el procedimiento común, su incorporación exige: Resolución del órgano instructor. Orden ministerial motivada. Instrucción interna del departamento. Ley motivada y proporcional.

Conforme al artículo 56 de la Ley 39/2015, ¿qué condición es exigible para que, antes de la iniciación del procedimiento, puedan adoptarse medidas provisionales?. Que exista informe del servicio jurídico en todo caso. Que se aprecie urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados. Que el interesado preste caución suficiente. Que se haya abierto formalmente la fase de instrucción.

La negativa del órgano instructor a abrir el período probatorio: Determina nulidad de pleno derecho en todo caso. Produce anulabilidad siempre, aunque no haya indefensión. Es anulable si causa indefensión. Carece de efectos jurídicos por el principio antiformalista.

Conforme al artículo 88 de la Ley 39/2015, si el órgano competente pretende resolver sobre cuestiones conexas no planteadas por los interesados, antes debe: Conceder audiencia por un plazo no superior a quince días. Abrir información pública por veinte días. Solicitar dictamen consultivo en todo caso. Requerir ratificación expresa del interesado.

El régimen de autorización consistente en que el interesado presenta un documento suscrito por él en el que manifiesta que cumple con los requisitos establecidos en la normativa para el ejercicio de un derecho o actividad, que dispone de la documentación que así lo acredita, y que se compromete a mantener el cumplimiento de sus obligaciones inherentes a dicho ejercicio, se denomina (art. 69 LPAC): Licencia de actividad. Comunicación previa al ejercicio de actividad. Concesión demanial. Declaración responsable.

Los procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora se iniciarán (art. 58 LPAC): De oficio por acuerdo del órgano competente o a instancia del interesado; bien por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos, o por denuncia. De oficio por acuerdo del órgano competente; bien por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos, o por denuncia. De oficio por acuerdo del órgano competente; bien por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos, o por traslado previo de diligencias previas judiciales. De oficio por acuerdo del órgano competente, pero siempre por propia iniciativa del instructor.

El plazo de prescripción para solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial es de (art. 67 LPAC): Cuatro años desde que se produjera el hecho o acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Un año desde que se produjera el hecho o acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Seis meses desde que se produjera el hecho o acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Tres meses desde que se produjera el hecho o acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.