Ley 40/2015 LRJSP

De acuerdo con la LRJSP, EN NINGÚN CASO podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a: a) Los derechos fundamentales y libertades públicas. b) La adopción de disposiciones de carácter general. c) La aprobación de las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa. d) Las resoluciones relativas a la adjudicación de contratos de concesión de servicios.

Según el art. 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP, en adelante), tienen la consideración de órganos administrativos: a) Las unidades administrativas pertenecientes a cualquier Administración Pública. b) Las unidades administrativas que ejerzan competencias propias o delegadas. c) Las unidades administrativas con funciones que tienen efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tiene carácter preceptivo. d) Las unidades administrativas que ejercen potestades públicas.

Según el art. 49 de la LRJSP, en relación con el plazo de vigencia de los Convenios: a) Los convenios podrán tener duración determinada o indeterminada. b) Los convenios tendrán duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. c) Los convenios tendrán duración determinada, que no podrá ser superior a dos años, prorrogable hasta cuatro años. d) Los convenios tendrán duración determinada, sin que en ningún caso pueda superar los cinco años.

De conformidad con el art. 8 de la LRJSP, en relación a la competencia no es cierto que. a) Es irrenunciable. b) Es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación. c) Es irrenunciable y, en todo caso, se ejercerá por los órganos administrativo que la tengan atribuida como propia. d) El órgano competente podrá renunciar a la competencia en los términos que legalmente se establezcan.

No suponen la alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio: a) La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia. b) La delegación o avocación. c) La delegación de competencias, la avocación, la encomienda de gestión y la suplencia. d) Ninguna es correcta.

De conformidad con el Art. 10 de la LRJSP, contra el acuerdo de avocación: a) No cabrá recurso. b) Cabrá recurso de alzada o potestativo de reposición. c) Cabrá recurso de alzada. d) Cabrá recurso potestativo de reposición.

Según el Art. 6 de la LRJSP, el incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio: a) No afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad sancionadora en que se pueda incurrir. b) No afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. c) Afectará a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. d) Afectará a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos y conllevará responsabilidad sancionadora en que se pueda incurrir.

Según el artículo 5 de la LRJSP, tendrán la consideración de órganos administrativos: a) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo. b) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones administrativas, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. c) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. d) Ninguna es correcta.

Señala la opción incorrecta. De acuerdo con el artículo 2 de la LRJSP, la presente ley se aplica al sector público que comprende: La Administración General del Estado. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. El sector privado o institucional. Las Entidades que Integran la Administración Local.

Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de: a) Eficacia, jerarquía, desconcentración, coordinación y descentralización. b) Eficacia, economía descentralización, coordinación y celeridad. c) Eficiencia, jerarquía, cooperación, desconcentración y reciprocidad. d) Ninguna es correcta.

Las Administraciones Públicas deberán (señala la opción incorrecta): a) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras Administraciones. Prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias. Facilitar a los ciudadanos la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias o que sea necesaria para que estos puedan acceder de forma integral a la información relativa a una materia. Cumplir con las obligaciones concretas derivadas del deber de colaboración y las restantes que se establezcan normativamente.

¿Qué principio supone que la autoridad administrativa no puede adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquella, y en función de las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones?. a) El principio de buena fe. b) El principio de confianza legítima. c) El principio de seguridad jurídica. d) El principio de igualdad.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, conta de: 156 artículos, distribuidos en cuatro Títulos, veintidós Disposiciones Adicionales, cuatro Disposiciones Transitorias, Una Disposición Derogatoria y dieciocho Disposiciones Finales. 156 artículos, distribuidos en cuatro Títulos, veintidós Disposiciones Adicionales, cinco Disposiciones Transitorias, Una Disposición Derogatoria y dieciséis Disposiciones Finales. 158 artículos, distribuidos en cuatro Títulos, veintidós Disposiciones Adicionales, cinco Disposiciones Transitorias, Una Disposición Derogatoria y dieciséis Disposiciones Finales. 158 artículos, distribuidos en cuatro Títulos, veintidós Disposiciones Adicionales, cuatro Disposiciones Transitorias, Una Disposición Derogatoria y dieciocho Disposiciones Finales.

A tenor del art. 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de: a) Eficacia, igualdad, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. b) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. c) Eficacia, igualdad, centralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. d) Eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones el principio de: a) Responsabilidad por la gestión Pública. b) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. c) Servicio efectivo a los ciudadanos. d) Todas las respuestas son correctas.

¿Qué Título de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula la organización y funcionamiento del sector público institucional?. a) Título I. b) Título II. c) Título III. d) Título IV.

Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas Competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de: a) Proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva. b) Igualdad y elegir la medida menos restrictiva. c) Legalidad y elegir la medida menos restrictiva. d) Eficacia y elegir la medida menos restrictiva.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, se aplica al sector público que comprende: a) Entidades que integran la Administración local. b) El sector público institucional. c) La Administración General del Estado. d) Todas las respuestas son correctas.

¿Qué Título de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula las relaciones interadministrativas?. a) Título I. b) Título II. c) Título III. d) Título IV.

¿En qué Título de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se instaura la Conferencia de Presidentes y mantiene las Conferencias Sectoriales y las Comisiones Bilaterales de Cooperación?. a) Título I. b)Título II. c) Título III. d) Título IV.

Señala cuál de los siguientes no es uno de los principios que las Administraciones Públicas han de respetar en su actuación y relaciones: a) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. b) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. c) Economía, racionalidad y publicidad de los medios a los fines institucionales. d) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

A tenor del art. 31.2 de la Constitución Española de 1978, "el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de": a) Eficacia y legalidad. b) Igualdad y progresividad. c) Eficiencia y economía. d) Economía e igualdad.

A tenor del art.2 de la Ley 40/2015m de 1 de octubre, el sector público institucional se integra por: a) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica. b) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. c) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas cuando ejerzan potestades administrativas. d) Todas las respuestas son correctas.

¿En qué Título de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, podemos encontrar una minuciosa regulación de los Convenios que celebren las Administraciones Públicas?. Título Preliminar. Título I. Título II. Título III.

¿En qué Título de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula las relaciones interadministrativas?. Título II. Título III. Título IV. Título V.

Las decisiones adoptadas por las Comisiones Bilaterales de Cooperación revestirán forma de: a) Orden. b) Recomendación. c) Acuerdo. d) Dictamen.

En relación a las Comisiones Territoriales de Coordinación, señala la respuesta correcta: a) Sus decisiones adoptarán la forma de recomendaciones. b) Tendrán composición bilateral. c) Se regulan en el artículo 155. d) El régimen de las convocatorias y la secretaría será el mismo que el establecido para las Conferencias Sectoriales en los artículos 149 y 150, salvo la regla prevista sobre quién debe ejercer las funciones de secretario, que se designará según su reglamento interno de funcionamiento.

El Director del Grupo de Trabajo, podrá solicitar con el voto a favorable de la mayoría de sus miembros, la participación en el mismo de las organizaciones representativas de intereses afectados, con el fin de recabar propuestas o formular consultas y deberá ser un representante de. a) La Administración Central. b) La Administración Institucional. c) La Administración General del Estado. d) Ninguna es correcta.

No corresponde a la Secretaría de las Conferencias Sectoriales: a) Redactar y autorizar las actas de las sesiones. b) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. c) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del Presidente. d) Moderar el desarrollo de los debates.

Cada Conferencia Sectorial tendrá un secretario que será designado por: a) El Secretario de Estado. b) Un miembro del Consejo de Gobierno. c) El delegado del Gobierno. d) El Presidente de la Conferencia.

En relación a las Conferencias Sectoriales es cierto que: a) Disponen de su reglamento de organización y funcionamiento interno aprobado por sus miembros. b) No tiene representación de Ceuta y Melilla. c) No es necesario su inscripción en el Registro Electrónico estatal de órganos e Instrumentos de Cooperación para su válida Constitución. d) Todas son correctas.

¿Qué forma revestirán las decisiones adoptadas por las Comisiones Territoriales de Coordinación?. a) Dictamen. b) Resolución. c) Acuerdo. d) Orden.

En relación a la convocatoria de las reuniones de las Conferencias Sectoriales es cierto que: a) S e desarrollan en el artículo 150 de la Ley 40/2015. b) Corresponde al Director General acordar la convocatoria de las reuniones por iniciativa propia. c) La convocatoria de las reuniones será al menos una vez al año o cuando lo soliciten, al menos, la tercera parte de sus miembros. d) Todas son correctas.

Establecer planes específicos de cooperación entre Comunidades Autónomas en la materia sectorial correspondiente, procurando la supresión de duplicidades, y la consecución de una mejor eficiencia de los servicios públicos es función de: a) La Conferencia de Presidentes. b) Las Conferencias Territoriales. d) Las Comisiones Sectoriales. c) Los Grupos de Trabajo.

La Conferencia de Presidentes regulada en el artículo 146 de la Ley 40/2015: a) Es un órgano unilateral. b) Tiene por objeto la deliberación de asuntos y la adopción de acuerdo de interés para el Estado y las Comunidades Autónomas. c) La preside un miembro del Gobierno. d) Todas son correctas.

¿De qué plazo disponen los órganos de cooperación y los convenios vigentes, a contar desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015, para solicitar su inscripción en el Registro Electrónico Estatal?. Dos años. Un año. Nueve meses. Seis meses.

¿Cuándo quedarán extinguidos los órganos de cooperación?. a) Si no se han reunido en un plazo de cinco años desde su creación o en un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015. b) Si a los dos años de la entrada en vigor de la Ley 40/2015, no se han reunido. c) Si no se han reunido en el plazo de tres años desde su creación en un plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015. d) Ninguna es correcta.

Cada Administración, conforme a lo indicado en el artículo 155.1 e la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, del capítulo IV Relaciones electrónicas entre las Administraciones, deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos elativos a los interesados que obre en su poder: a) Especificando las condiciones, restricciones y operadores funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad. b) Especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, accesibilidad y disponibilidad. c) Especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad. d) Especificando las condiciones, restricciones y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, accesibilidad y disponibilidad.

El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende, conforme al artículo 156.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el conjunto de criterios y recomendaciones sobre: a) Materia de seguridad, conservación y ejecución de la información, de los modelos y de las aplicaciones. b) Materia de seguridad, confidencialidad y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones. c) Materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones. d) Materia de seguridad, conservación y digitalización de la información, de los modelos y de las aplicaciones.