Ley 40

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 40/2015, en relación con el ámbito subjetivo de aplicación y la consideración de Administración Pública, señale la afirmación correcta: Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas tienen la consideración de Administraciones Públicas cuando ejerzan potestades administrativas. Las universidades públicas tienen la consideración de Administraciones Públicas a todos los efectos de la Ley 40/2015, aunque se rijan preferentemente por su normativa específica. Los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas tienen la consideración de Administraciones Públicas. Todas las entidades integrantes del sector público institucional tienen la consideración de Administraciones Públicas, con independencia de su naturaleza jurídica.

2. Según el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, ¿cuál de las siguientes combinaciones recoge exclusivamente principios expresamente incluidos en la enumeración de los que las Administraciones Públicas deben respetar en su actuación y relaciones?. Buena fe, confianza legítima, lealtad institucional, responsabilidad por la gestión pública y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Jerarquía, desconcentración, coordinación, descentralización y sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Servicio efectivo a los ciudadanos, seguridad jurídica, transparencia, planificación y dirección por objetivos y responsabilidad patrimonial. Economía, suficiencia, eficacia, autonomía institucional, proximidad a los ciudadanos y coordinación administrativa.

5. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, señale la afirmación incorrecta: Las Administraciones Públicas deberán relacionarse entre sí mediante medios electrónicos que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas. Las relaciones electrónicas entre Administraciones Públicas deberán garantizar la protección de los datos de carácter personal. Las Administraciones Públicas deberán prestar conjuntamente todos los servicios a los interesados, salvo que resulte materialmente imposible. Cada una de las Administraciones Públicas contempladas en el artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.

9. Conforme al artículo 7 de la Ley 40/2015, cuando la Administración consultiva se articule a través de los servicios de la Administración activa que prestan asistencia jurídica: Dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, orgánica o funcional, ni recibir instrucciones de los órganos autores de las disposiciones o actos objeto de consulta, debiendo actuar de forma colegiada para garantizar su independencia. Podrán recibir instrucciones de los órganos que hayan elaborado las disposiciones objeto de consulta, siempre que dichas instrucciones no afecten al contenido final del dictamen. Deberán contar necesariamente con autonomía orgánica respecto de toda la Administración activa y actuar mediante órganos unipersonales. Podrán estar sujetos a dependencia jerárquica orgánica, pero no funcional, respecto de los órganos que hayan producido los actos objeto de consulta.

12. En el ámbito de la AGE, cuando se pretenda delegar una competencia entre dos órganos que no están relacionados jerárquicamente y pertenecen a diferentes Ministerios, será necesaria, conforme al artículo 9.1 de la Ley 40/2015: La autorización previa del Consejo de Ministros, en todo caso. La aprobación previa del superior jerárquico común de ambos órganos. La aprobación previa del órgano superior de quien dependa el órgano delegado. La aprobación previa del órgano superior de quien dependa el órgano delegante, sin necesidad de intervención del Ministerio del órgano delegado.

13. De acuerdo con el artículo 9.5 de la Ley 40/2015, respecto de la delegación de la competencia para resolver procedimientos en los que esté prevista la emisión de un dictamen o informe preceptivo, señale la afirmación correcta: La mera previsión de un dictamen o informe preceptivo no impide delegar la competencia para resolver, pero dicha delegación no podrá efectuarse una vez emitido el dictamen o informe preceptivo acerca del procedimiento. La existencia de cualquier trámite de informe preceptivo impide delegar la competencia para resolver el procedimiento, incluso antes de su emisión. La competencia para resolver podrá delegarse en cualquier momento, incluso después de emitirse el informe preceptivo, siempre que este sea favorable. La emisión del dictamen o informe preceptivo únicamente impide la delegación cuando tenga carácter vinculante.

14. Un órgano administrativo dicta una resolución en ejercicio de una competencia que le ha sido delegada válidamente. Conforme al artículo 9 de la Ley 40/2015, señale la afirmación incorrecta: La resolución deberá indicar expresamente que ha sido adoptada por delegación. La resolución se considerará dictada por el órgano delegado, al ser este quien ejerce efectivamente la competencia. La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. La delegación y su revocación deberán publicarse en el boletín oficial correspondiente.

17. De conformidad con el artículo 10 de la Ley 40/2015, en relación con la avocación de competencias, señale la afirmación incorrecta: Los órganos superiores podrán avocar el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente a sus órganos administrativos dependientes, cuando concurran determinadas circunstancias que lo hagan conveniente. Cuando la competencia haya sido delegada en un órgano no dependiente jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado por el superior jerárquico del órgano delegado, siempre que motive su decisión. La avocación deberá realizarse mediante acuerdo motivado que se notificará a los interesados, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso autónomo, sin perjuicio de su impugnación en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.

19. Un órgano administrativo pretende encomendar a otro órgano de la misma Administración determinadas actividades de carácter técnico. Conforme al artículo 11 de la Ley 40/2015, señale la afirmación incorrecta: La encomienda podrá tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público cuando concurran razones de eficacia y el órgano encomendante carezca de medios técnicos idóneos. La encomienda deberá formalizarse conforme a la normativa propia y, en su defecto, mediante acuerdo expreso de los órganos o entidades intervinientes. El instrumento de formalización y su resolución deberán publicarse en el boletín oficial correspondiente para su eficacia. La regulación de los acuerdos deberá incluir, al menos, la actividad o actividades afectadas, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada.

20. Conforme al artículo 12 de la Ley 40/2015, respecto de la delegación de firma: Únicamente podrá delegarse la firma de resoluciones correspondientes a competencias atribuidas como propias, quedando excluidas las ejercidas por delegación. La delegación de firma deberá publicarse en el boletín oficial correspondiente para adquirir validez. Los titulares de órganos administrativos podrán delegar la firma de resoluciones y actos, dentro de los límites del artículo 9, en titulares de órganos o unidades administrativas dependientes de ellos, sin que ello altere la competencia del órgano delegante. Las resoluciones firmadas por delegación se considerarán dictadas por el titular del órgano o unidad administrativa que materialmente las firme.

21. En el ámbito de la AGE, conforme al artículo 13 de la Ley 40/2015, la designación de suplente podrá efectuarse: Exclusivamente mediante resolución del superior jerárquico inmediato del titular del órgano administrativo. En los reales decretos de estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales o en los estatutos de sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes, así como por el órgano competente para el nombramiento del titular, en el propio acto de nombramiento o en otro posterior cuando se produzca el supuesto que dé lugar a la suplencia. Únicamente mediante acuerdo del Consejo de Ministros cuando se trate de órganos directivos de la AGE. Por el titular del órgano administrativo que vaya a ser suplido, mediante designación expresa publicada en el boletín oficial correspondiente.

22. En relación con las decisiones sobre competencia reguladas en el artículo 14 de la Ley 40/2015, señale la afirmación incorrecta: El órgano que se estime incompetente para resolver un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, notificándolo a los interesados. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán solicitar al órgano que conoce del asunto que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente. Los interesados podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto. Los conflictos de atribuciones podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente, siempre que el procedimiento administrativo no haya finalizado.

23. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 40/2015, respecto de los órganos colegiados integrados por representaciones de distintas Administraciones Públicas: Podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento y quedarán integrados en la Administración correspondiente, aunque sin participar en su estructura jerárquica, salvo que así lo establezcan sus normas de creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano. Deberán someterse íntegramente a las normas generales de funcionamiento, sin posibilidad de establecer reglas propias. Quedarán integrados necesariamente en la estructura jerárquica de la Administración que ejerza su Presidencia. Sus normas de funcionamiento deberán aprobarse conjuntamente por todas las Administraciones representadas, sin que puedan establecerse excepciones.

30. Conforme al artículo 19 de la Ley 40/2015, en relación con las actas y los votos particulares de los miembros de los órganos colegiados de la AGE, señale la afirmación correcta: Los miembros discrepantes dispondrán de tres días hábiles para formular voto particular, que deberá incorporarse al acta antes de su aprobación. El Secretario no podrá expedir certificaciones de acuerdos adoptados mientras no se haya aprobado formalmente el acta correspondiente. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de dos días, que se incorporará al texto aprobado. Cualquier miembro podrá exigir la transcripción íntegra de su intervención sin aportar su texto, aunque no exista grabación de la reunión.

31. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 40/2015, para la constitución de un órgano colegiado en la AGE o sus organismos públicos, señale la afirmación incorrecta: Deberán determinarse sus fines u objetivos en la norma de creación o en el convenio correspondiente. Deberán establecerse su composición y los criterios de designación del Presidente y de los restantes miembros. Deberán determinarse las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como las demás que se le atribuyan. Deberá dotarse obligatoriamente al órgano de créditos específicos para su funcionamiento, incluso cuando no sean necesarios por utilizar medios ya existentes.

32. Se pretende crear un órgano colegiado interministerial de la AGE, con competencias de emisión de informes preceptivos que servirán de base a decisiones de otros órganos administrativos. Su Presidente tendrá rango superior al de Director general. Conforme al artículo 22 de la Ley 40/2015, ¿qué instrumento deberá utilizarse para su creación?. Real Decreto. Orden ministerial conjunta. Acuerdo del Consejo de Ministros, sin necesidad de disposición específica publicada en el BOE. Orden ministerial del departamento al que pertenezca su Presidente.

35. En un procedimiento administrativo, un interesado promueve la recusación de una autoridad por considerar que concurre una causa legal de abstención. La autoridad recusada niega la concurrencia de dicha causa. Conforme al artículo 24 de la Ley 40/2015: La recusación deberá formularse antes del trámite de audiencia y será resuelta por el superior jerárquico en cinco días. El recusado dispondrá de tres días para manifestar si concurre la causa alegada y el superior de cinco días adicionales para resolver. Contra la resolución que decida la recusación cabrá recurso de alzada autónomo, sin necesidad de esperar a la resolución del procedimiento principal. El recusado deberá manifestar a su superior inmediato al día siguiente si concurre la causa alegada y, si la niega, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.

36. De conformidad con el artículo 25 de la Ley 40/2015, relativo al principio de legalidad de la potestad sancionadora, señale la afirmación incorrecta: El ejercicio de la potestad sancionadora deberá corresponder a órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por disposición de rango legal o reglamentario. Las disposiciones del capítulo relativo a los principios de la potestad sancionadora se extienden al ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal al servicio de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de su relación de empleo. Las disposiciones del capítulo relativo a los principios de la potestad sancionadora se aplicarán también al ejercicio de dicha potestad respecto de quienes estén vinculados a las Administraciones Públicas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial. La potestad sancionadora deberá haber sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley, sin perjuicio de que su ejercicio corresponda a órganos designados por disposición legal o reglamentaria.

42. En relación con la prescripción de las sanciones administrativas y la concurrencia de sanciones, conforme a los artículos 30 y 31 de la Ley 40/2015: Cuando se produzca la desestimación presunta de un recurso de alzada interpuesto contra una resolución sancionadora, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para resolver dicho recurso. La iniciación del procedimiento de ejecución interrumpirá la prescripción de la sanción, aunque el infractor no tenga conocimiento de dicha iniciación. Cuando un órgano de la Unión Europea haya impuesto una sanción por los mismos hechos, el órgano administrativo español deberá abstenerse de sancionar, aunque no concurra identidad de sujeto y fundamento. La paralización de un procedimiento de ejecución durante un mes por causa no imputable al infractor determinará automáticamente la prescripción de la sanción.

44. En relación con la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por daños derivados de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, conforme al artículo 32.5 de la Ley 40/2015. Se exige que el particular haya obtenido sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa causante del daño, habiendo alegado la infracción posteriormente declarada; además, la norma debe tener por objeto conferir derechos a los particulares, el incumplimiento estar suficientemente caracterizado y existir una relación de causalidad directa. Bastará con que la norma haya sido declarada contraria al Derecho de la Unión Europea y que el daño sea económicamente evaluable, sin necesidad de acreditar otros requisitos. Será suficiente que el particular haya recurrido la actuación administrativa, aunque no haya alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. La indemnización procederá únicamente cuando el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea haya sido cometido de forma dolosa por la Administración responsable.

45. En relación con la responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, conforme al artículo 33 de la Ley 40/2015, señale la afirmación incorrecta: Cuando la responsabilidad derive de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones Públicas, estas responderán solidariamente frente al particular. En otros supuestos de concurrencia administrativa, la responsabilidad se determinará atendiendo a la competencia, el interés público tutelado y la intensidad de la intervención. Cuando no sea posible determinar la responsabilidad correspondiente a cada Administración en los supuestos de concurrencia distintos de la actuación conjunta, la responsabilidad será solidaria. En los supuestos de responsabilidad derivada de fórmulas conjuntas de actuación, las Administraciones responderán frente al particular en proporción a su participación financiera, salvo que el instrumento regulador establezca expresamente la solidaridad.

46. En el procedimiento para exigir responsabilidad patrimonial a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas, conforme al artículo 36.4 de la Ley 40/2015, señale la secuencia de trámites y plazos correcta: Alegaciones durante 10 días; pruebas durante 15 días; audiencia durante 10 días; propuesta de resolución en 5 días; resolución en 10 días. Alegaciones durante 15 días; pruebas durante 15 días; audiencia durante 10 días; propuesta de resolución en 5 días desde la finalización de la audiencia; resolución en 5 días. Alegaciones durante 15 días; pruebas durante 20 días; audiencia durante 15 días; propuesta de resolución en 10 días; resolución en 5 días. Alegaciones durante 10 días; pruebas durante 10 días; audiencia durante 15 días; propuesta de resolución en 5 días; resolución en 5 días.

56. En relación con el archivo electrónico de documentos, conforme al artículo 46 de la Ley 40/2015, señale la afirmación incorrecta: Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas deberán almacenarse por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de particulares podrán conservarse en un formato distinto del original, siempre que se asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlos. Los medios de almacenamiento deberán incorporar medidas de seguridad conformes al Esquema Nacional de Seguridad que garanticen, entre otros aspectos, la autenticidad, confidencialidad y conservación de los documentos. Los documentos electrónicos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse necesariamente en su formato electrónico original, sin que resulte admisible su transformación a otro formato, aunque se garantice íntegramente la información.

57. De conformidad con el artículo 46 bis de la Ley 40/2015, relativo a la ubicación de determinados sistemas de información y comunicaciones: Los sistemas de información y comunicaciones relativos al censo electoral, los padrones municipales, los datos fiscales y los datos de los usuarios del Sistema Nacional de Salud deberán ubicarse necesariamente en territorio español. Los sistemas comprendidos en el artículo 46 bis podrán ubicarse en cualquier país del Espacio Económico Europeo, sin necesidad de atender a otras condiciones. Los sistemas de información y comunicaciones comprendidos en dicho artículo deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea. Los sistemas comprendidos en dicho artículo podrán ubicarse libremente en terceros países siempre que la Administración titular garantice contractualmente su seguridad.

62. Un convenio administrativo establece una duración inicial de cuatro años. Antes de su vencimiento, las partes desean acordar su prórroga. Conforme al artículo 49 de la Ley 40/2015. Podrá prorrogarse por un máximo de 2 años adicionales, mediante acuerdo de la mayoría de los firmantes. Podrá prorrogarse por un máximo de 4 años adicionales, mediante acuerdo de la mayoría absoluta de los firmantes. Podrá prorrogarse por un período de hasta 4 años adicionales, siempre que exista acuerdo unánime de los firmantes antes de finalizar el plazo de vigencia. Podrá prorrogarse indefinidamente por períodos sucesivos de 4 años, siempre que exista acuerdo unánime.

67. En relación con los efectos de la resolución de los convenios, conforme al artículo 52 de la Ley 40/2015, señale la afirmación incorrecta: El cumplimiento y la resolución de los convenios darán lugar a su liquidación para determinar las obligaciones y compromisos de las partes. Cuando existan actuaciones en curso de ejecución al concurrir una causa de resolución, las partes podrán acordar su continuación y finalización en los términos legalmente previstos. Si de la liquidación resulta que el importe de las actuaciones ejecutadas por una parte es superior a los fondos recibidos, las demás partes deberán abonar la diferencia correspondiente, dentro de los límites máximos comprometidos. Cuando existan actuaciones en curso al concurrir una causa de resolución, las partes podrán acordar su continuación estableciendo un plazo prorrogable sucesivamente hasta que finalicen todas las actuaciones previstas inicialmente.

70. Conforme al artículo 54.2 de la Ley 40/2015, las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios que no hayan sido atribuidas específicamente por ley a otro órgano de la AGE ni al Gobierno: Corresponderán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Corresponderán al Consejo de Ministros, como órgano superior de dirección de la AGE. Corresponderán al Ministerio de la Presidencia, por tratarse de competencias de coordinación administrativa general. Corresponderán a los respectivos Departamentos Ministeriales, en función de su ámbito material de actuación.