LEY 9/2017.OBJETO Y AMBITO APLICACION. NEGOCIOS Y CONTRATOS EXCLUIDOS DE LA LEY

Según el artículo 1.1 de la Ley 9/2017 (LCSP), ¿cuál de los siguientes NO figura expresamente entre los principios a los que debe ajustarse la contratación del sector público para garantizar que se ajusta a la libertad de acceso a las licitaciones?. Publicidad y transparencia de los procedimientos. No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. Celeridad y economía procesal en la tramitación administrativa. Todos los anteriores figuran expresamente en el artículo 1.1.

Conforme al artículo 1.1 de la LCSP, la regulación de la contratación pública busca asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante: La exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. La adjudicación directa a las empresas con mayor solvencia técnica y financiera. La limitación de la concurrencia a empresas inscritas en el Registro Oficial de Licitadores. La subasta electrónica inversa como procedimiento ordinario de adjudicación.

De acuerdo con el artículo 1.2 de la LCSP, la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos se realiza en atención a: Los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar. La naturaleza jurídica del órgano de contratación que los adjudica. El valor estimado del contrato y su sujeción o no a regulación armonizada. Los principios de estabilidad presupuestaria y control del gasto público.

Según el artículo 1.3 de la LCSP, en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que: El valor estimado del contrato supere los umbrales de regulación armonizada. Guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Se trate de contratos celebrados exclusivamente por Administraciones Públicas en sentido estricto. El órgano de contratación lo justifique previamente en el expediente mediante memoria económica.

Además de los criterios sociales y medioambientales, el artículo 1.3 de la LCSP establece expresamente que se facilitará el acceso a la contratación pública de: Las uniones temporales de empresarios y las agrupaciones de interés económico. Las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social. Las empresas extranjeras de Estados miembros de la Unión Europea. Las fundaciones privadas sin ánimo de lucro y asociaciones declaradas de utilidad pública.

¿Qué Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo transpone al ordenamiento jurídico español la Ley 9/2017, según su artículo 1.4?. Las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Las Directivas 2014/24/UE y 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014. Las Directivas 2004/18/CE y 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014. Únicamente la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública.

Conforme al artículo 2.1 de la LCSP, son contratos del sector público y están sometidos a la presente Ley: Todos los contratos, onerosos o gratuitos, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3. Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3. Únicamente los contratos administrativos típicos celebrados por las Administraciones Públicas. Los contratos onerosos de naturaleza administrativa o privada celebrados por poderes adjudicadores.

A efectos del artículo 2.1 de la LCSP, ¿cuándo se entiende que un contrato tiene carácter oneroso?. Cuando el contratista percibe un precio directo con cargo a los presupuestos de la entidad contratante.3. En los casos en que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta. Cuando el contrato implique una transferencia patrimonial neta a favor del adjudicatario. Siempre que el contrato no sea calificado expresamente como donación o convenio gratuito.

Según el artículo 2.2 de la LCSP, ¿están sujetos a esta Ley los contratos subvencionados celebrados por particulares?. No, nunca, al ser celebrados por sujetos de derecho privado. Sí, todos los contratos que reciban cualquier tipo de subvención pública superior al 50 % por poderes adjudicadores. Sí, los contratos subvencionados por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores que celebren otras personas físicas o jurídicas en los supuestos previstos en el artículo 23 relativo a los contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada. Sí, siempre que la subvención supere el 25 % y el contrato sea de obras o suministros.

De acuerdo con el artículo 3.1 de la LCSP, ¿cuál de las siguientes entidades NO forma parte del sector público a efectos de esta Ley?. Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social. Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades del sector público sea exactamente del 50 %. Los fondos sin personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde los Presupuestos Generales del Estado.

Según el artículo 3.1 de la LCSP, ¿qué requisito deben cumplir los Consorcios para considerarse integrados en el sector público?. Estar participados exclusivamente por Entidades Locales. Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la legislación de régimen local, así como los consorcios regulados por la legislación aduanera. Contar con un presupuesto anual superior a un millón de euros. Carecer de personalidad jurídica propia y depender orgánicamente de una Comunidad Autónoma.

Según el artículo 3.1.h) de la LCSP, para que una sociedad mercantil forme parte del sector público, la participación directa o indirecta de las entidades públicas en su capital social debe ser: Igual o superior al 50 %, o en los casos en que sin superar ese porcentaje, se encuentre respecto de las referidas entidades en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Superior al 50%, o en los casos en que sin superar ese porcentaje, se encuentre respecto de las referidas entidades en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Superior al 50%. Superior al 25 % cuando ejerza funciones públicas delegadas.

Para que una fundación sea considerada "fundación pública" integrante del sector público según el artículo 3.1.e de la LCSP, debe cumplir alguno de los siguientes requisitos: Que se constituya de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o bien reciba dicha aportación con posterioridad. Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter permanente. Que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector público. Cualquiera de los tres requisitos anteriores es válido para considerarla fundación pública.

De acuerdo con el artículo 3.1 de la LCSP, ¿cuál de las siguientes entidades forma parte del sector público a efectos de esta Ley?. Las asociaciones constituidas exclusivamente por particulares sin financiación pública. Los fondos sin personalidad jurídica. Las sociedades mercantiles con participación pública exactamente igual al 50 % y sin control efectivo. Las fundaciones privadas sin participación ni control mayoritario de poderes adjudicadores.

Según el artículo 3.2 de la LCSP, dentro de las Administraciones Públicas (AAPP) en sentido estricto se incluyen: Las Entidades Públicas Empresariales (EPE) estatales. Las Universidades Públicas. Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Las fundaciones públicas.

Conforme al artículo 3.2.b) de la LCSP, ¿qué consideración tienen las autoridades administrativas independientes y las entidades de derecho público vinculadas a una o varias Administraciones Públicas cuya actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro, y que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado?. Poderes adjudicadores que no tienen la condición de Administración Pública. Administraciones Públicas. Entes del sector público que no son poderes adjudicadores. Corporaciones de derecho público sujetas al derecho privado.

Según el artículo 3.2, de la LCSP, las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a su actividad de contratación tienen la consideración de: Poderes adjudicadores no Administración Pública. Administraciones Públicas. Órganos constitucionales excluidos del ámbito subjetivo. Entes del sector público no poderes adjudicadores.

¿Qué consideración tienen las Entidades Públicas Empresariales (EPE) estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales según el artículo 3 de la LCSP?. Son siempre Administraciones Públicas. Son entes del sector público que, por regla general, no tienen la consideración de Administración Pública, pudiendo ser poderes adjudicadores no AAPP si cumplen los requisitos del artículo 3.3.d), o resto de entes del sector público si tienen carácter industrial o mercantil. No forman parte del sector público. Se equiparan a los Organismos Autónomos a todos los efectos contractuales.

Según el artículo 3.3 de la LCSP, tienen la consideración de poderes adjudicadores, además de las Administraciones Públicas, las fundaciones públicas y las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social: Todas las demás entidades con personalidad jurídica propia creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general, tengan o no carácter industrial o mercantil, siempre que estén financiadas mayoritariamente por un poder adjudicador. Todas las demás entidades con personalidad jurídica propia creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios poderes adjudicadores financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. Las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente (100 %) a una Administración Pública y los consorcios adscritos a la Administración General del Estado. Todas las entidades incluidas en el sector público del artículo 3.1, incluidas las Entidades Públicas Empresariales y los fondos sin personalidad jurídica en todo caso.

Según el artículo 3.4 de la LCSP, ¿en qué supuesto quedan sujetos a la Ley los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, además de las fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos?. Cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador de acuerdo con la letra d) del apartado 3 del artículo 3, y respecto de los contratos sujetos a regulación armonizada (SARA), debiendo actuar conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y discriminación. Cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador de acuerdo con la letra d) del apartado 3 del artículo 3, y respecto de los contratos sujetos a regulación armonizada (SARA), debiendo actuar conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación. Únicamente cuando reciban subvenciones para campañas electorales. Cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador de acuerdo con la letra d) del apartado 3 del artículo 3, y respecto de los contratos sujetos a regulación armonizada (SARA), debiendo actuar conforme a los principios de publicidad, desconcentración, transparencia, igualdad y no discriminación.

Según el artículo 3.4 de la LCSP, ¿qué instrumento deben aprobar los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales sujetos a la Ley para adjudicar sus contratos SARA?. Un Pliego de Cláusulas Administrativas Generales aprobado por el Consejo de Ministros. Unas instrucciones internas en materia de contratación que se adecuarán a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación, y que deberán ser informadas antes de su aprobación por el órgano al que corresponda su asesoramiento jurídico. Unas instrucciones internas en materia de contratación que se adecuarán a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y discriminación, y que deberán ser informadas antes de su aprobación por el órgano al que corresponda su asesoramiento jurídico. Ninguno, aplican directamente el procedimiento abierto simplificado de la LCSP.

Conforme al artículo 3.5 de la LCSP, las Corporaciones de derecho público (como los Colegios Profesionales o Cámaras de Comercio) quedarán sujetas a esta Ley cuando: Celebren cualquier contrato de obras o servicios. Cumplan los requisitos para ser poder adjudicador de acuerdo con el apartado 3, letra d) del artículo 3. Reciban cualquier tipo de subvención de una Entidad Local. Actúen en ejercicio de funciones públicas delegadas, independientemente de su financiación.

Según el artículo 4 de la LCSP, las relaciones jurídicas, negocios y contratos excluidos del ámbito de la presente Ley se regirán por: Sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. El Código Civil y el Código de Comercio directamente, sin aplicación supletoria de la LCSP. Las normas de preparación y adjudicación de la LCSP y el Derecho Privado en cuanto a sus efectos. Por las disposiciones de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.

De acuerdo con el artículo 5.1 de la LCSP, en el ámbito de la defensa y de la seguridad quedan excluidos de la Ley: Todos los contratos celebrados por el Ministerio de Defensa, sin excepción. Los contratos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, así como aquellos a los que no resulte de aplicación dicha ley según su artículo 7. Los contratos de suministro de armamento y material de guerra. Los contratos celebrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales.

Conforme al artículo 5.2 y 5.3 de la LCSP, quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley: Los contratos de obras, suministros y servicios en el ámbito de la seguridad o de la defensa que deban adjudicarse de conformidad con un procedimiento de contratación específico establecido en un acuerdo o convenio internacional, o en virtud de normas de una organización internacional. Los contratos de suministro de material bélico y armamento que se adjudiquen mediante procedimiento negociado sin publicidad por el Ministerio de Defensa, quedando incluidos en la LCSP todos los contratos de obras y servicios. Los contratos de obras, suministros y servicios en el ámbito de la seguridad ciudadana adjudicados por las Entidades Locales, siempre que afecten a la organización interna de los cuerpos de Policía Local. Todos los contratos celebrados por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, con independencia de su objeto, importe o procedimiento de adjudicación, al regirse íntegramente por la Ley 24/2011.

Según el artículo 6.1 de la LCSP, ¿cuál es el requisito fundamental para que los convenios que celebren entre sí las Administraciones Públicas, las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las entidades con personalidad jurídica propia de ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que sea poder adjudicador, queden excluidos de la LCSP?. Que su cuantía no supere los umbrales de los contratos menores. Que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. Que tengan una duración máxima de cuatro años prorrogables por otros cuatro. Que se publiquen previamente en el Boletín Oficial del Estado.

Conforme al artículo 6.2 de la LCSP, los convenios que celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado estarán excluidos siempre que: El particular no obtenga ningún tipo de contraprestación económica ni en especie. Su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. Se trate de entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública. El convenio sea aprobado por el Pleno de la Corporación Local.

Según el artículo 6.3 de la LCSP, ¿Qué ocurre con los encargos a medios propios personificados regulados en los artículos 32 y 33 de la LCSP?. También están excluidos de la Ley en virtud del artículo 6.3. No son negocios excluidos por el artículo 6, sino que se regulan expresamente dentro de la LCSP (artículos 32 y 33). Se consideran convenios interadministrativos excluidos por el artículo 6.1. Quedan sujetos únicamente a los principios básicos de contratación del artículo 1.

Según el artículo 7 de la LCSP, ¿cuál de los siguientes negocios o contratos en el ámbito internacional NO queda excluido de esta Ley?. Los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con otros sujetos de derecho internacional. Los contratos que deban adjudicarse en virtud de normas específicas de una organización internacional. Los contratos celebrados por la Administración General del Estado con empresas extranjeras sin establecimiento en España mediante procedimiento ordinario. Los contratos adjudicados conforme a un procedimiento específico establecido en un instrumento jurídico que cree obligaciones de Derecho internacional público.

Conforme al artículo 7.3 de la LCSP, también están excluidos en el ámbito internacional los contratos de obras, suministros, servicios y concesiones que sean financiados mayoritariamente o íntegramente por: Una organización internacional o una institución financiera internacional, cuando los procedimientos de contratación aplicables hayan sido establecidos por dicha organización o institución. Cualquier banco privado extranjero con sede en la Unión Europea. Fondos de cohesión de la Unión Europea gestionados directamente por una Comunidad Autónoma. Empresas multinacionales mediante patrocinio público-privado.

Según el artículo 8 de la LCSP, los contratos de servicios de investigación y desarrollo (I+D) están excluidos de la Ley, EXCEPTO cuando se den las dos circunstancias siguientes de forma cumulativa: Que los beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador para su utilización en el ejercicio de su propia actividad, y que el servicio prestado sea remunerado íntegramente por el poder adjudicador. Que los resultados sean patentables y que el contratista sea una Universidad Pública. Que el contrato supere los umbrales SARA y se financie con fondos europeos. Que la investigación tenga carácter aplicado y no básico, y sea remunerada al menos en un 50 % por el poder adjudicador.

Según el artículo 9.1 de la LCSP, están excluidos de la presente Ley: Las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos de explotación de bienes patrimoniales distintos a los definidos en el artículo 15, que se regularán por su legislación específica salvo en los casos en que expresamente se declaren de aplicación las prescripciones de la presente Ley. Las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos de explotación de bienes patrimoniales distintos a los definidos en el artículo 14, que se regularán por su legislación específica salvo en los casos en que expresamente se declaren de aplicación las prescripciones de la presente Ley. Las autorizaciones y concesiones sobre bienes patrimoniales y los contratos de explotación de bienes de dominio público distintos a los definidos en el artículo 14, que se regularán por la presente Ley salvo en los casos en que su legislación específica disponga lo contrario. Las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos de explotación de bienes patrimoniales distintos a los definidos en el artículo 14, que se regularán por su legislación específica sin que en ningún caso resulten de aplicación las prescripciones de la presente Ley.

Conforme al artículo 9.2 de la LCSP, quedan excluidos los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales. ¿Qué importante excepción establece este artículo respecto a las propiedades incorporales?. Los derechos de autor sobre obras literarias y artísticas, que se rigen por la LCSP. Los programas de ordenador, que se regirán por la LCSP (calificándose como contratos de suministro o de servicios según corresponda). Las patentes industriales y marcas registradas, que siempre son contratos de suministro. Ninguna, todas las propiedades incorporales están excluidas sin excepción.

Según el artículo 9.2, segundo párrafo de la LCSP, los contratos excluidos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales tendrán siempre el carácter de: Contratos administrativos especiales. Contratos privados, y se regirán por la legislación patrimonial. Negocios jurídicos unilaterales sujetos al derecho administrativo. Contratos típicos de servicios.

De acuerdo con el artículo 10 de la LCSP (negocios y contratos excluidos en el ámbito financiero), ¿cuál de los siguientes contratos está EXCLUIDO de la Ley?. Los contratos de servicios de auditoría contable y financiera de una Entidad Local. Los contratos de préstamo y crédito, estén o no relacionados con la emisión, venta, compra o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros. Los contratos de servicios de seguros privados suscritos por un Ayuntamiento. Los contratos de servicios bancarios de recaudación de tributos municipales.

Según el artículo 10 de la LCSP, también están excluidos en el ámbito financiero: Los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión, compra, venta o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros en el sentido de la Directiva 2004/39/CE, así como las operaciones destinadas a la obtención de fondos o capital por los poderes adjudicadores y los servicios prestados por el Banco de España y las operaciones de tesorería. Los servicios de asesoramiento fiscal y tributario. El arrendamiento financiero (leasing) de vehículos para la Policía Local. Los contratos de consultoría financiera para la elaboración de presupuestos.

Conforme al artículo 11.1 de la LCSP, está excluida del ámbito de la Ley: La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral. La relación de servicio de los funcionarios de carrera, pero no la del personal laboral temporal ni la del personal eventual. La relación estatutaria de los funcionarios públicos, rigiéndose los contratos laborales por la LCSP en cuanto a su selección. Los contratos de alta dirección del sector público, que se califican como contratos de servicios.

De acuerdo con el artículo 11.3 de la LCSP, ¿qué ocurre con los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación?. Se tramitan como contratos menores de servicios por razón de la cuantía. Están excluidos del ámbito de aplicación de la LCSP. Se adjudican mediante procedimiento negociado sin publicidad por razones de confidencialidad. Están sujetos a la LCSP solo cuando la cuantía del litigio supere los 100.000 euros.

Según el artículo 11.2 de la LCSP, quedan excluidas las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de: Un precio privado fijado libremente por el concesionario. Una tarifa, tasa o precio público de aplicación general. Una subvención directa del Estado. Un canon concesional anual.

Según el artículo 11.4 de la LCSP, están excluidos los contratos que tengan por objeto servicios relacionados con campañas políticas cuando sean adjudicados por un partido político. ¿A qué códigos CPV concretos se refiere expresamente este artículo?. A los incluidos en los códigos CPV 79341400-0 (Servicios de campañas de publicidad), 92111230-3 (Producción de películas de propaganda) y 92111240-6 (Producción de cintas de vídeo de propaganda), con independencia de que se adjudiquen dentro o fuera del contexto de una campaña electoral. A los incluidos en los códigos CPV 79341400-0 (Servicios de campañas de publicidad), 92111230-3 (Producción de películas de propaganda) y 92111240-6 (Producción de cintas de vídeo de propaganda), cuando sean adjudicados por un partido político en el contexto de una campaña electoral. A los incluidos en los códigos CPV 79341400-0 (Servicios de campañas de publicidad), 79311000-7 (Servicios de estudios y encuestas) y 92111240-6 (Producción de cintas de vídeo de propaganda), cuando sean adjudicados por un partido político en el contexto de una campaña electoral. A los incluidos en los códigos CPV 79341400-0 (Servicios de campañas de publicidad), 92111230-3 (Producción de películas de propaganda) y 92111250-9 (Producción de cintas de audio de propaganda), cuando sean adjudicados por un partido político en el contexto de una campaña electoral.

Conforme al artículo 11.5 de la LCSP, ¿está excluida de la Ley la prestación de servicios sociales por entidades privadas sin necesidad de celebrar contratos públicos?. Sí, cuando se realice a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, dentro de los límites y cuotas establecidos anualmente, y que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación. Sí, cuando se realice a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación. Sí, cuando se realice a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades sin ánimo de lucro que cumplan las condiciones fijadas con posterioridad por el órgano de contratación, sin límites ni cuotas, y que dicho sistema se ajuste exclusivamente a los principios de igualdad y libre concurrencia. Sí, cuando se realice a través, entre otros medios, de la adjudicación directa de estos servicios o la concesión de subvenciones nominativas a las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.

Según el artículo 11.6 de la LCSP, quedan excluidos de la presente Ley los contratos cuyo objeto principal sea permitir a los órganos de contratación la puesta a disposición o la explotación de: Redes públicas de comunicaciones o la prestación al público de uno o varios servicios de comunicaciones electrónicas. Redes de abastecimiento de agua potable y alcantarillado municipal. Instalaciones deportivas municipales de uso público. Sistemas informáticos internos de gestión de expedientes administrativos.

En relación con el ámbito subjetivo del artículo 3 de la LCSP, ¿qué consideración tienen las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social?. Forman parte del sector público y tienen la condición de poder adjudicador, pero NO tienen la consideración de Administración Pública. Son Administraciones Públicas a todos los efectos, igual que las Entidades Gestoras de la Seguridad Social. Son entes del sector público que no tienen la condición de poder adjudicador. Están excluidas del ámbito de aplicación de la LCSP.

Según el artículo 3.1.a) de la LCSP, ¿forman parte del sector público las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local?. Sí, en todo caso, y además tienen la consideración de Administraciones Públicas. Forman parte del sector público, pero solo tienen la consideración de Administraciones Públicas los municipios de gran población. Las Entidades Locales sí, pero las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla tienen la consideración de poderes adjudicadores no Administración Pública. Solo respecto de los contratos sujetos a regulación armonizada.

De acuerdo con el artículo 9.2 de la LCSP, si un Ayuntamiento celebra un contrato de compraventa de un bien inmueble que incluye además prestaciones propias de un contrato de obras, ¿en qué supuesto se regirá dicho negocio por la LCSP en lugar de por la legislación patrimonial?. Cuando el valor de las prestaciones propias de los contratos típicos supere el 50 por 100 del importe total del negocio y, además, no mantengan con la prestación característica del contrato patrimonial relaciones de vinculación y complementariedad en los términos previstos en el artículo 34.2. Cuando el valor de las prestaciones propias de los contratos típicos supere el 50 por 100 del importe total del negocio o cuando no mantengan con la prestación característica del contrato patrimonial relaciones de vinculación y complementariedad en los términos previstos en el artículo 34.2. Cuando el valor de las prestaciones propias de los contratos típicos sea igual o superior al 50 por 100 del importe total del negocio o cuando no mantengan con la prestación característica del contrato patrimonial relaciones de vinculación y complementariedad en los términos previstos en el artículo 18. Cuando el valor de las prestaciones propias de los contratos típicos supere el 40 por 100 del importe total del negocio o cuando mantengan con la prestación característica del contrato patrimonial relaciones de vinculación y complementariedad en los términos previstos en el artículo 34.2.