Ley Contratos del Sector Público

Según la LCSP (9/2017), establece que la contratación verbal: Está prohibida en todo caso. Solo se permite cuando el contrato tenga carácter de emergencia. Solo se permite cuando el contrato tenga carácter de urgencia. Se utiliza en los acuerdos marco.

Cuándo un contrato será invalido? (señala la INCORRECTA). Cuando concurra en ellos alguna de las causas que los invalidan de conformidad con las disposiciones del derecho civil. Cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación, por concurrir en los mismos alguna de las causas de derecho administrativo a que se refieren los artículos siguientes. Cuando exista carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en las normas presupuestarias de las restantes Administraciones Públicas sujetas a esta Ley, salvo los supuestos de emergencia. En aquellos casos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado.

Señala la INCORRECTA. En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes: Otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios. Los gastos generales de estructura. El beneficio industrial. El Impuesto sobre el Valor Añadido.

Señala la correcta: A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, no incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite mínimo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

La LCSP 9/2017 entró en vigor: 9 Marzo 2018. 10 Noviembre 2017. 1 Diciembre 2017. 9 Noviembre 2018.

Qué Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo se transponen al ordenamiento jurídico español para elaborar la LCSP?. 2014/27/UE y 2014/24/UE, de 22 de febrero de 2014. 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 2016/23/UE y 2016/24/UE, de 26 de febrero de 2016. 2014/22/UE y 2014/23/UE, de 5 de febrero de 2014.

Según el artículo 118 de la LCSP, cuáles son considerados contratos menores?. los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras. los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras. los contratos de valor estimado inferior a 20.000 euros, cuando se trate de contratos de servicios. los contratos de valor estimado inferior a 27.000 euros, cuando se trate de contratos de suministros.

LCSP: Los contratos que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o transformada, se considerarán: De concesión. Mixtos. De servicios. De suministro.

Cuando la celebración de un contrato responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público, se tramita como: De emergencia. De urgencia. De celeridad. De obligación.

Entre los contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada no figuran los de: Obras. Servicios. Suministros. Pueden serlo todos.

Qué jurisdicción es competente en las cuestiones relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos?. Contencioso-Administrativa. Social. Civil. Penal.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario: Podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas. en ningún caso podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades. únicamente podrá basarse en la solvencia y medios propios. ninguna es correcta.

Los contratos subvencionados que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de esta Ley, deban considerarse sujetos a regulación armonizada, se perfeccionarán: con su formalización. con su adjudicación. de conformidad con la legislación por la que se rijan. ninguna es correcta.

Los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan: con su formalización. con su adjudicación. de conformidad con la legislación por la que se rijan. ninguna es correcta.

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, determinados actos y decisiones, cuando se refieran a contratos que pretendan concertar las Administraciones Públicas o las restantes entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores si se trata de: concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere un millón de euros. concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los 2 millones de euros. concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los 3 millones de euros. concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los 4 millones de euros.

La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter: potestativo y será gratuito para los recurrentes. preceptivo y no será gratuito para los recurrentes. potestativo y no será gratuito para los recurrentes. preceptivo y será gratuito para los recurrentes.

La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en los servicios de información similares de las Comunidades Autónomas, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el medio de publicidad en que sea preceptivo, de conformidad con el artículo 135, conllevará la... Nulidad de pleno derecho. Anulabilidad. Anulabilidad convalidable. Invalidez.

En los contratos del Sector Público el precio debe ser siempre... Ajustado. Adecuado. Cierto. Correcto.

Según la LCSP, Cuál de los siguientes NO forma parte del Sector Público?. Los consorcios dotados de personalidad jurídica plena a los que se refiere la Ley 39/2015. Las entidades gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social. Las fundaciones públicas. Las Universidades públicas.

Si una empresa nos hace un programa informático personalizado para una entidad pública, estamos ante un contrato de... Suministro. Servicio. Mixto. Ninguno de los anteriores.

La Ley 9/2017, de contratos del Sector Público, tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de: Publicidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la contratación pública. Eficacia y eficiencia en la contratación. No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores y coordinación entre las Administraciones Públicas. Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

De acuerdo con la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público, son contratos de obras aquellos que tienen por objeto: La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto. La realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la Ley. La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de obra. Todas las respuestas anteriores son correctas.

¿A qué tipo de contrato corresponde la siguiente definición?: “Tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles”. Contrato de obras. Contrato de servicios. Contrato de concesión de servicios. Contrato de suministro.

De acuerdo con el art. 25 de la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público (LCSP), los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por: La LCSP; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho público y, en su defecto, las normas de derecho privado. Las disposiciones de desarrollo de la LCSP; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho público. La LCSP y sus disposiciones de desarrollo, supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. Por las normas de derecho privado que les resulten de aplicación.

De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público, los contratos privados que celebren las administraciones públicas, se regirán por el derecho privado, en cuanto a: Su preparación y adjudicación. Sus efectos, modificación y extinción. Su preparación, adjudicación y extinción. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta ya que se regirán, en defecto de normas específicas, por la presente ley.

Según el artículo 107 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, la garantía definitiva en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas, consiste generalmente en: El 5% del valor estimado del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. El 5% del presupuesto anual del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. El 5% del importe final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. El 7% del valor estimado del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Según lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, el órgano competente para acordar la enajenación de un bien patrimonial en un Ayuntamiento de gran población es: El Pleno. El Alcalde. La Junta de Gobierno. La Comisión Especial de Contratación.

Según el artículo 29 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, los contratos de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración, incluyendo las posibles prórrogas, de: Cuatro años. Cinco años. Seis años. Diez años.

Para hacer efectivas las garantías, tanto provisionales como definitivas, la Administración contratante tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que derive su crédito. Verdadero. Falso. Solo tendrá preferencia en los contratos sujetos a regulación armonizada. Solo tendrá preferencia en contratos no menores.

PRÁCTICO. La subdirección de un Ministerio precisa contratar un servicio de atención telefónica para un periodo de 15 meses. Que comience el 1 de Octubre de 2022 y finalice el 31 de Diciembre de 2023. Se prevé un a prórroga de 15 meses más, pero sin posibilidad de modificación. El presupuesto total de licitación es de 300.000€ (IVA incluido) y que se distribuirá de la siguiente manera: 2022: 50.000€ y 2023: 250.000€. Este contrato, está sujeto a regulación armonizada?. No. Si, porque su valor estimado supera los 140.000€. No, porque es un contrato de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos. Si, porque abarca dos ejercicios distintos.

PRÁCTICO. La subdirección de un Ministerio precisa contratar un servicio de atención telefónica para un periodo de 15 meses. Que comience el 1 de Octubre de 2022 y finalice el 31 de Diciembre de 2023. Se prevé un a prórroga de 15 meses más, pero sin posibilidad de modificación. El presupuesto total de licitación es de 300.000€ (IVA incluido) y que se distribuirá de la siguiente manera: 2022: 50.000€ y 2023: 250.000€. El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir una garantía. ¿Cómo se calculará esta?. De un 10% del importe de adjudicación, excluido el IVA. De un 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA. De un 5% del importe de adjudicación, incluido el IVA. De un 7% del importe de adjudicación, incluido el IVA.

PRÁCTICO. La subdirección de un Ministerio precisa contratar un servicio de atención telefónica para un periodo de 15 meses. Que comience el 1 de Octubre de 2022 y finalice el 31 de Diciembre de 2023. Se prevé un a prórroga de 15 meses más, pero sin posibilidad de modificación. El presupuesto total de licitación es de 300.000€ (IVA incluido) y que se distribuirá de la siguiente manera: 2022: 50.000€ y 2023: 250.000€. ¿Qué plazo máximo se establece para este contrato en la Ley 9/2017?. 5 años, incluyendo posibles prórrogas. 10 años, incluyendo posibles prórrogas. 5 años, sin incluir una eventual prórroga. 10 años al ser un contrato de prestación sucesiva.

PRÁCTICO. La subdirección de un Ministerio precisa contratar un servicio de atención telefónica para un periodo de 15 meses. Que comience el 1 de Octubre de 2022 y finalice el 31 de Diciembre de 2023. Se prevé un a prórroga de 15 meses más, pero sin posibilidad de modificación. El presupuesto total de licitación es de 300.000€ (IVA incluido) y que se distribuirá de la siguiente manera: 2022: 50.000€ y 2023: 250.000€. Hasta qué fecha tiene el órgano de contratación para avisar al empresario que se va a efectuar la prórroga del contrato?. Máximo hasta el 31 de Octubre de 2023. Máximo hasta el 30 de Diciembre de 2023. Máximo hasta el 30 de Junio de 2023. No está obligado a realizar tal preaviso.

PRÁCTICO. La subdirección de un Ministerio precisa contratar un servicio de atención telefónica para un periodo de 15 meses. Que comience el 1 de Octubre de 2022 y finalice el 31 de Diciembre de 2023. Se prevé un a prórroga de 15 meses más, pero sin posibilidad de modificación. El presupuesto total de licitación es de 300.000€ (IVA incluido) y que se distribuirá de la siguiente manera: 2022: 50.000€ y 2023: 250.000€. Según la Ley 9/2017, ¿el contrato de servicio de atención telefónica a los ciudadanos exigirá clasificación del empresario?. Si, se exige en todos los casos. No, los contratos de servicio no exigen la clasificación del empresario. No, no se exige ya que su valor estimado no alcanza un millón de €. Si, en este tipo de contratos se necesita acreditar la capacidad del contratista.

Usted representa a una Empresa que presta servicio de limpieza en edificios que decide presentarse a una licitación que ha publicado el Ayuntamiento de Bilbao, para limpiar centros educativos de competencia municipal, por un periodo inicial de 2 años prorrogable por otros 2. El importe de licitación es de 430.000€ (390.909,09 de presupuesto neto y 39.090,91 del IVA-10%), ¿Cuál sería el valor estimado del contrato?. 781.818,88€. 430.000€. 628.325,26€. 390.909,09€.

El régimen aplicable a los negocios excluidos del ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), se regirán según el art. 4 de la citada ley, por: Sus normas especiales, aplicándose los principios de la LCSP para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. Exclusivamente por el derecho privado que le resulte de aplicación. Se regirán por la LCSP en cuanto a su preparación y adjudicación en defecto de normas específicas, y en lo que respecta a efectos, modificación y extinción, se regirán por el derecho privado. Exclusivamente por las normas de derecho administrativo que le resulten de aplicación.

Según el art. 44.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación: Los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia. Actos de trámite no cualificados. La formalización del contrato. La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no cumplan los requisitos legales.

Según el art 46 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no podrán crear órgano competente propio para la resolución del recurso especial en materia de contratación: Todos los Ayuntamientos de los municipios capitales de provincia. Las Diputaciones Provinciales. Las Comunidades Autónomas. Los Ayuntamientos de los municipios de gran población a que se refiere el art. 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Según el art. 145.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el precio podrá ser el único factor determinante de la adjudicación en: Contratos de servicios sociales, sanitarios o educativos a que se refiere la Disposición adicional cuadragésima octava. Contratos de servicios de seguridad privada. Contratos de servicios intensivos en mano de obra. Contratos de servicios con prestaciones definidas en los que no sea posible introducir variaciones.

La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas jurídicas, según el art. 84 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se acreditará: Mediante la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, o en los casos en que lo exija la ley, se encuentren debidamente clasificadas. Mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. Con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. Todas las respuestas son correctas.

De conformidad con el art. 205.2 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indique qué condición de las siguientes no es necesaria para poder modificar un contrato por circunstancias sobrevenidas e imprevisibles: Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever. Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. Que la modificación no suponga el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

Según el art. 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público la demora en el cumplimiento de los plazos por porte del contratista: Es causa de resolución del contrato. Implica siempre la imposición de penalidades. Supone siempre la obligación de indemnizar a la administración por los daños y perjuicios causados. No implica consecuencias si no se acreditan daños y perjuicios.