Ley General Presupuestaria: Control del gasto Público.

De acuerdo con la LGP, están sometidos a fiscalización previa: (AGE 2017). Los actos de la Administración General del Estado que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos. Los actos de la Administración General del Estado y las entidades públicas empresariales que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos. Los actos de la Administración General del Estado, las entidades públicas empresariales y las fundaciones del sector público que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos. Los actos de la Administración General del Estado y las fundaciones del sector público que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos.

Se ha financiado una actividad en Bielorrusia en el marco de un proyecto de colaboración por importe de 3.752 euros con cargo a fondos librados a justificar. ¿Está sometido este gasto a fiscalización previa? (AGE 2019 – Supuesto Práctico II). Sí, porque los servicios o prestaciones se han realizado en territorio extranjero. No, porque se trata de un gasto menor de 5.000 euros y los servicios o prestaciones se han realizado en territorio extranjero. Sí, porque se trata de un gasto superior a 3.000 euros y los servicios o prestaciones se han realizado en territorio extranjero. Sí, porque se trata de un gasto menor de 5.000 euros y los servicios o prestaciones se han realizado en territorio extranjero.

Un Ministerio concede una subvención nominativa de 60.000 €, ¿está sometida a fiscalización previa? (AGE 2003). Sí, por la Intervención Delegada. No está sometida a fiscalización previa. Sí, por la Intervención General de la Administración General del Estado. Sí, por el Consejo de Ministros.

La función interventora tiene como objeto, entre otros cometidos, el control de los actos del sector público estatal que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos en la fase del procedimiento señalada a continuación: En la elaboración del Presupuesto. Antes de la aprobación de dichos actos. En la fase de control del presupuesto. Simultáneamente a la aprobación de dichos actos.

Indique cuál de los principios que a continuación se relacionan no figura entre los que, de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria, rigen la actuación de la Intervención General del Estado: (AGE 2004). Autonomía. Jerarquía interna. Dependencia del Tribunal de Cuentas. Ejercicio desconcentrado.

Señale la respuesta correcta. NO estarán sometidos a fiscalización previa: (AGE 2008). Las subvenciones con asignación nominativa. Los anticipos de caja fija. Los fondos librados a justificar. Las nóminas del personal funcionario.

Según la LGP, ¿cuál de las siguientes actividades forma parte de la función interventora? (AGE 2014). El control financiero permanente. La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico. La auditoría pública. La auditoría contable.

De los siguientes expedientes, ¿cuál NO está sometido a fiscalización previa de la Intervención? (AGE 2021). Una subvención de carácter general no nominativa. Un expediente de contratación por el procedimiento abierto para la licitación de un servicio de valor superior a 100.000 euros. Un expediente de compra de un suministro de material informático por valor de 500.000€. Una subvención con asignación nominativa.

En aplicación de la Ley General Presupuestaria, cuando en el ejercicio de la función interventora se formula un reparo a la realización de un determinado gasto: (AGE 2005). El expediente de gasto deberá elevarse, en todo caso, a la consideración del Consejo de Ministros. Se da traslado del expediente y del reparo al Tribunal de Cuentas. El órgano gestor deberá motivar en el expediente las razones por las que la realización de ese gasto resulta inaplazable. Se suspende la tramitación del expediente hasta que el reparo sea solventado.

En la Ley General Presupuestaria, el término auditoría pública se refiere a: (AGE 2006). Cualquiera de las actuaciones de control que realiza la Intervención General de la Administración del Estado. Una de las formas de ejercer la función interventora. La verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera del sector público estatal. La verificación de forma continua de la situación y el funcionamiento de las entidades del sector público estatal en el aspecto económico-financiero.

Según se establece en el artículo 156 de la Ley General Presupuestaria, ¿qué órgano podrá acordar la convalidación de un gasto en aquellos supuestos en que siendo preceptiva la función interventora esta se hubiese omitido? (AGE 2007). El Ministro de Hacienda previo informe favorable de la Intervención General de la Administración del Estado. El Interventor General de la Administración del Estado. El Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento responsable de la tramitación del expediente. No cabe la convalidación en ningún caso.

¿Cuál es el régimen de fiscalización e intervención previa en gastos que deba aprobar el Consejo de Ministros?. Fiscalización e intervención previa limitada. Fiscalización e intervención previa plena. Exento de fiscalización e intervención. Control financiero permanente y auditoría de cuentas.

Según la LGP, la modalidad de intervención material de la función interventora consiste: (AGE 2010). En la comprobación real y efectiva aplicación de los fondos públicos. En la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo. En el examen de todos los documentos que, preceptivamente, deban estar incorporados al expediente. La fiscalización previa de los actos que acuerden movimientos de fondos y valores.

De acuerdo con el artículo 151 de la Ley General Presupuestaria no están sujetos a fiscalización previa: (AGE 2013). Los gastos menores de 5.000 euros cuyo pago se realice mediante el procedimiento especial de anticipo de caja fija. Los gastos menores de 5.000 euros. Los gastos menores de 5.000 euros que se realicen con cargo a fondos librados a justificar. Los gastos menores de 5.000 euros que correspondan a gastos de carácter periódico.

Según establece el Real Decreto 2188/1995, por el que se desarrolla el régimen del control interno ejercido por la IGAE, el control posterior de los derechos e ingresos del Tesoro Público se efectuará mediante: (AGE 2017). El ejercicio del control financiero permanente. La auditoría de cuentas. Un muestreo aleatorio simple. El control financiero posterior y auditoría de cuentas.

En virtud de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, NO estarán sometidos a la fiscalización previa: (AGE 2019). Los gastos a partir de 5.000 euros cuyo pago se realice mediante el procedimiento especial de anticipo de caja fija. Las subvenciones con asignación nominativa. Todos los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones. Los gastos igual o mayores de 5.000 euros que se realicen con cargo a fondos librados a justificar.

Cuando el órgano gestor no acepte un reparo, ¿ante qué órgano de la función interventora se planteará la discrepancia?. Ante la Intervención Delegada en cada Ministerio u Organismo autónomo. Ante el Consejo de Ministros. Ante la Intervención General de la Administración del Estado. Ante el titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Conforme al artículo 164 de la LGP, la auditoría pública NO adoptará una de las siguientes modalidades: (AGE 2021). Auditoría operativa. Auditoría de regularidad contable. Auditoría de control financiero. Auditoría de cumplimiento.

¿Qué expedientes NO están sometidos a la fiscalización previa, prevista en el artículo 150 de la LGP? (AGE 2021 - EXT). Las subvenciones con asignación nominativa. Los contratos que se aprueban por urgencia. Los convenios que no requieren autorización previa del Ministerio de Hacienda. Las cuotas voluntarias a organismos internacionales.

¿Qué órgano es competente para llevar a cabo la fiscalización previa en gastos que deba aprobar el Consejo de Ministros?. El Consejo de Ministros. El Interventor Delegado correspondiente. El Interventor General de la Administración del Estado. Ninguno, porque están exentos de fiscalización e intervención previa.

Señale la afirmación correcta en relación con la gestión de los gastos para procesos electorales: (AGE 2008). Están sometidos a fiscalización previa. Están sometidos a fiscalización en la fase de aprobación del gasto. No están afectados por la función de la Intervención Delegada. Quedan sometidos al control financiero permanente.

Según la LGP, ¿cuál de entre los siguientes gastos estará sujeto a fiscalización previa? (AGE 2009). Las subvenciones con asignación nominativa. Los gastos de cuantía indeterminada. Los contratos menores. Los gastos correspondientes a procesos electorales.

Según la Ley 47/2003, no están sujetos a fiscalización previa: (AGE 2009). Las órdenes de pago para la reposición de fondos de los anticipos de caja fija. Los contratos tramitados por procedimiento negociado por exclusividad. Las subvenciones con asignación nominativa. Los gastos referidos a convenios de colaboración con Comunidades Autónomas.

Las discrepancias planteadas por el órgano gestor a los reparos formulados por una Intervención Delegada son resueltas: Por la Intervención General de la Administración del Estado. Por el Tribunal de Cuentas. Por el titular del Ministerio de Hacienda. Por el Consejo de Ministros.

En un Ministerio, en el caso de que el órgano gestor no aceptara los reparos que hubiese puesto la Intervención Delegada, ¿podrá plantear discrepancia motivada ante la Intervención General de la Administración del Estado? (AGE 2011). Sí, a través de la Subsecretaría del Departamento en el plazo de 15 días desde que se formuló el reparo. Sí, directamente podrá hacerlo el órgano gestor en el plazo de un mes desde que se formuló el reparo. Sí, a través del Ministro del departamento en el plazo de 15 días desde que se formuló el reparo. Sí, a través de la Intervención Delegada del Departamento en el plazo de 15 días desde que se formuló el reparo.

De acuerdo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria, no estarán sometidos a fiscalización previa: (AGE 2013). Los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones, cualquiera que sea su importe. Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, sin limitaciones. Los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones que no estén sujetos a regulación armonizada. Los contratos no sujetos a regulación armonizada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 140 de la LGP, el control interno de la gestión económica y financiera del sector público estatal corresponderá a: (AGE 2013). Al Ministro de Hacienda. Al Tribunal de Cuentas. A la Intervención General de la Administración del Estado. Al Tribunal Económico Administrativo Central.

En los supuestos en los que la función interventora siendo preceptiva se hubiese omitido: (AGE 2015). Se podrá reconocer la obligación pero no tramitar el pago hasta que se subsane dicha omisión. Será preceptiva la emisión, por parte del órgano de la IGAE que tenga conocimiento de tal omisión, de un informe, que tendrá la naturaleza de fiscalización. Será preceptiva la emisión por parte del órgano de la IGAE que tenga conocimiento de la omisión de un informe que no tendrá la naturaleza de fiscalización. Será facultativa la emisión, por parte del órgano de la IGAE que tenga conocimiento de tal omisión, de un informe, que tendrá la naturaleza de fiscalización.

De conformidad con la LGP, están sometido a fiscalización previa los gastos correspondientes a: (AGE 2015). Los contratos menores, así como los asimilados a ellos en virtud de la legislación contractual. Expedientes de carácter plurianual. La celebración de procesos electorales a que se refiere la disposición adicional novena de la LGP. Las subvenciones con asignación nominativa.

Según el Real Decreto 2188/1995, la función interventora se ejerce en sus modalidades de intervención formal y material. ¿En qué consistirá la intervención formal? (AGE 2019). En la comprobación de la real y efectiva aplicación de los fondos publicos. En verificar el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción de un acuerdo, mediante el examen de todos los documentos que preceptivamente deban estar incorporados al expediente. La comprobación de la real y efectiva aplicación de los ingresos. En verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la adopción de un acuerdo, mediante el examen de los principios de estabilidad presupuestaria y regla de gasto.