Ley integral violencia sobre la mujer GVA

Señale la opción incorrecta respecto al concepto de violencia sobre la mujer recogido en el artículo 2: Requiere necesariamente la existencia de una lesión o daño efectivo, quedando excluidas las amenazas de causar tales actos. Incluye los daños económicos, aunque no existan daños físicos, sexuales o psicológicos. Debe basarse en la pertenencia de la víctima al sexo femenino y en una situación de desigualdad o relaciones de poder. Puede consistir en una acción o en una omisión.

De acuerdo con el artículo 2, la violencia sobre la mujer se considera: Una manifestación de conflictos familiares cuando existe una relación afectiva previa. Una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres por el hecho de serlo. Una conducta basada exclusivamente en daños físicos o sexuales. Una conducta contraria a la convivencia que puede generar responsabilidad administrativa.

¿Cuál de las siguientes manifestaciones de violencia sobre la mujer NO aparece expresamente mencionada en el artículo 3?. Mutilación genital femenina. Acoso laboral por razón de sexo. Tráfico de mujeres y niñas. Matrimonios forzosos.

Según el artículo 3 de la Ley 7/2012, ¿cuál de las siguientes relaciones de manifestaciones de violencia sobre la mujer es la correcta?. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, mutilación genital femenina u otras prácticas tradicionales o culturales nocivas, tráfico de mujeres y niñas, matrimonios forzosos y aborto o esterilización forzosa. Violencia física, violencia moral, violencia sexual, violencia económica, mutilación genital femenina, trata de seres humanos, matrimonios forzosos y esterilización no consentida. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial, tráfico de mujeres y niñas, matrimonios forzosos, aborto forzoso y acoso laboral. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, trata de personas, matrimonios concertados, mutilación genital femenina y aborto involuntario.

Según el artículo 4 de la Ley 7/2012, señale la afirmación correcta: Las medidas de la ley solo se aplican a víctimas empadronadas en la Comunitat Valenciana. La aplicación de la ley depende del lugar de residencia de la víctima en todos los casos. Las medidas se aplican a víctimas de violencia sobre la mujer cuyos hechos tengan lugar en la Comunitat Valenciana, con independencia de la residencia o empadronamiento. La ley solo se aplica si la víctima tiene residencia legal en España.

Según el artículo 4, respecto a la indemnización por violencia sobre la mujer con resultado de muerte, señale la afirmación incorrecta: Puede aplicarse a hechos cometidos fuera de la Comunitat Valenciana. Se exige que el hecho tenga resultado de muerte. Se requiere que las personas beneficiarias estén empadronadas o con residencia efectiva en la Comunitat Valenciana en la fecha del hecho. Se aplica a cualquier hecho de violencia sobre la mujer ocurrido fuera de la Comunitat Valenciana, aunque no haya resultado de muerte.

Según el artículo 5, señale la afirmación incorrecta: Se incluyen como víctimas los hijos e hijas menores que sufran perjuicio por la agresión. Se incluyen personas sujetas a tutela o acogimiento que sufran perjuicio como consecuencia de la agresión. Se incluyen únicamente los menores que sufran violencia directa. Se considera víctima a toda mujer o niña objeto de las conductas de violencia sobre la mujer.

Según el artículo correspondiente de la Ley 7/2012, señale la respuesta correcta sobre el concepto de agresor: Se considera agresor únicamente a la persona que realiza conductas de violencia sobre la mujer en el ámbito privado, quedando excluidos los supuestos de tráfico o matrimonios forzosos. Se considera agresor el hombre causante de actos contrarios a la ley, así como cualquier persona que realice las siguientes conductas: mutilación genital femenina u otras prácticas nocivas, tráfico de mujeres y niñas, matrimonios forzosos y aborto o esterilización forzosa. Solo se considera agresor el hombre que causa actos de violencia física o psicológica sobre la mujer en el ámbito de pareja o familiar. Solo se considera agresor a quien tenga relación conyugal o afectiva con la víctima.

Según el concepto de agresor, señale la afirmación incorrecta: El agresor puede ser el hombre causante de actos de violencia sobre la mujer recogidos en la ley. Puede ser cualquier persona en los casos de mutilación genital femenina, tráfico de mujeres y niñas, matrimonios forzosos y aborto o esterilización forzosa. En los supuestos de tráfico de mujeres y niñas, el concepto de agresor depende de la existencia de relación afectiva con la víctima. En los matrimonios forzosos se considera agresor quien obliga o engaña a la víctima para contraer matrimonio.

Según el artículo 7 de la Ley 7/2012, señale la opción que recoge todos los principios rectores de la ley: Equilibrio territorial, inmediatez, personalización, especialización, cooperación y coordinación, sensibilización, transversalidad y suficiencia financiera. Equilibrio territorial, inmediatez, individualización, especialización, coordinación institucional, sensibilización social, transversalidad y suficiencia financiera. Equilibrio territorial, urgencia, personalización, formación especializada, cooperación interadministrativa, sensibilización, transversalidad y suficiencia económica. Equilibrio territorial, inmediatez, personalización, especialización, cooperación y coordinación, prevención social, transversalidad y dotación financiera suficiente.

Según el artículo 7 de la Ley 7/2012, el principio de transversalidad implica que: Las actuaciones en materia de violencia sobre la mujer deben desarrollarse exclusivamente desde el ámbito de los servicios sociales especializados. La violencia sobre la mujer debe abordarse únicamente desde políticas específicas de igualdad, sin intervención de otras áreas de la Administración. La transversalidad se limita a la coordinación entre centros dependientes del departamento competente en materia de violencia de género. La consideración de la violencia sobre la mujer como eje prioritario en el diseño, implementación y evaluación de las políticas y planes de la Administración de la Generalitat.

Según el artículo 8, señale la opción que recoge correctamente el contenido del precepto: Las administraciones públicas garantizarán la efectividad de los derechos del título I, aplicándose la ley a todas las mujeres víctimas en el territorio de la Comunitat Valenciana con independencia de su nacionalidad, reconociendo derechos a mujeres inmigrantes en situación irregular y garantizando el derecho a la información de las mujeres con discapacidad mediante la eliminación de barreras y el desarrollo de protocolos específicos. Las administraciones públicas garantizarán los derechos del título I únicamente a mujeres con residencia legal en España, sin incluir a mujeres inmigrantes en situación irregular, aunque se contemplan medidas específicas para mujeres con discapacidad. La ley se aplicará exclusivamente a mujeres con nacionalidad española o residencia legal, garantizando la información a mujeres con discapacidad, pero sin previsión de protocolos específicos. La ley solo será aplicable a mujeres víctimas con residencia en la Comunitat Valenciana, excluyendo a mujeres inmigrantes en situación irregular y sin previsión específica sobre discapacidad.

Según el artículo 9 de la Ley 7/2012, en relación con la acreditación de la violencia sobre la mujer, señale la opción correcta: Resolución judicial, informe del Ministerio Fiscal o atestado policial, y certificado de atención especializada. Denuncia policial, parte médico y sentencia firme como únicos medios válidos. Sentencia firme, medida cautelar o informe del Ministerio Fiscal como medios principales de acreditación. Sentencia firme, medida cautelar, informe del Ministerio Fiscal y certificado de atención especializada por organismo público competente.

Según el artículo 9 de la Ley 7/2012, la acreditación de la violencia sobre la mujer: Sustituye completamente el régimen previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica estatal. Es más restrictiva que la normativa estatal para evitar duplicidades. Amplía los medios de acreditación previstos en la normativa estatal. Elimina la necesidad de resolución judicial o intervención del Ministerio Fiscal.