Ley transparencia

Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia 19/13 ¿Se encuentra la Casa del Rey sujeta a las disposiciones sobre transparencia?. No, en ningún caso. Si, únicamente en lo referente a la publicidad activa. Si, pero únicamente sobre las cuestiones que deriven del gasto a cargo de la asignación de los Presupuestos Generales del Estado. Si, en todo caso.

Las obligaciones de publicidad activa de la Ley de Transparencia se podrán exigir a las entidades privadas que perciban, durante el periodo de un año, subvenciones superiores a: 100.000 euros. 200.000 euros. 500.000 euros. 1.000.000 euros.

Las entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros: Estarán exentas de cumplir las obligaciones que, en materia de publicidad activa, establece la Ley de Transparencia. Estarán exentas de cumplir las obligaciones que, en materia de publicidad activa, establece la Ley de Transparencia, cuando acrediten insuficiencia de recursos para llevarlo a cabo. Estarán exentas de cumplir las obligaciones que, en materia de publicidad activa, establece la Ley de Transparencia cuando no puedan garantizar la protección de datos de carácter personal. Podrán utilizar, para cumplir con las obligaciones de publicidad activa, los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración Pública de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones percibidas.

Señale cual de las siguientes informaciones no es necesario publicar por las Administraciones Públicas: Todas las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares, aunque no tengan efectos jurídicos ni supongan interpretación del Derecho. Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa, cuando se soliciten los dictámenes a órganos consultivos. Los proyectos de Reglamentos. Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación.

Indique cual de las siguientes informaciones de las Administraciones Públicas podrá ser objeto de publicación con carácter trimestral: La relación de los convenios suscritos. La información relativa a los contratos menores. Las subvenciones y ayudas públicas concedidas. Los presupuestos.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 19/13, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa: Tendrá la consideración de delito. Tendrá la consideración de infracción muy grave. Tendrá la consideración de infracción grave. Tendrá la consideración de infracción leve.

El artículo 10 de la Ley de Transparencia dispone la creación del Portal de la Transparencia para facilitar el acceso de los ciudadanos a toda la información, dicho portal dependerá: Del Consejo de Ministros. Del Ministerio de la Presidencia. De la Intervención General del Estado. De las Cortes Generales.

El ejercicio del derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando el acceso suponga un perjuicio para: Las relaciones exteriores. La protección del medio ambiente. La igualdad de las partes en un proceso judicial. Todas las anteriores son correctas.

Si la información solicitada hace referencia a datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias: No se podrá, en ningún caso, conceder el acceso. Se podrá conceder el acceso a los datos únicamente si estos hubieren sido previamente disociados. Se podrá conceder, siempre que se cuente con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, o que este hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad. No requiere un especial control, ya que no son datos especialmente protegidos.

El artículo 17 de la Ley de Transparencia dispone que no será obligatorio que en la solicitud de acceso a la información conste: La identidad del solicitante. Una dirección de contacto. La modalidad que se prefiera para acceder a la información. El motivo de la solicitud.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Transparencia será motivo de inadmisión a trámite de las solicitudes de acceso a la información: Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. Que se dirija la solicitud a un órgano que no ha redactado la información solicitada. Que se solicite respecto de materias que han sido objeto delegación de firma, encomienda de gestión o avocación. Que la información solicitada tenga atribuida reserva reglamentaria.

Cuando en la solicitud no se identifique suficientemente la información solicitada: Se requerirá al solicitante para la concrete en un plazo de veinte días, con indicación de queda en suspenso el plazo para resolver. Se requerirá al solicitante para la concrete en un plazo de treinta días, con indicación de que en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido. Se requerirá al solicitante para la concrete en un plazo de quince días, con indicación de queda en suspenso el plazo para resolver. Se requerirá al solicitante para la concrete en un plazo de diez días, con indicación de queda en suspenso el plazo para resolver y que en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido.

En el supuesto de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita lo hagan necesario ¿Podrá ser objeto de ampliación el plazo de un mes del que dispone el órgano para resolver?. No, en ningún caso, la resolución se tendrá que dictar en el mencionado plazo de un mes y su incumplimiento podrá ser castigado disciplinariamente. Si, en tales supuestos el plazo de un mes podrá ser ampliado por 10 días, sin necesidad de que la ampliación sea notificada al solicitante. Si, en ambos supuestos el plazo de un mes podrá ser ampliado por otro mes, previa notificación al solicitante. Si, el plazo podrá ser ampliado, sin necesidad de alegación de motivos por el órgano responsable, previa autorización por su superior jerárquico.

Indique la afirmación incorrecta en relación con el acceso a la información: Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido estimada.

El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución:. Deberá motivarse expresamente en la resolución. Deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días. Deberá identificarse a la autoridad o funcionario responsable. Todas las anteriores son correctas.

Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter: Preceptivo y posterior a su impugnación ante la jurisdicción contenciosa. Potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Discrecional y simultáneo a su impugnación ante la jurisdicción contenciosa. Extraordinario y sustitutivo de la vía contenciosa.

El procedimiento sancionador en materia de Buen Gobierno se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia, cuando el alto cargo tenga la condición de Secretario de Estado, el órgano competente para ordenar la incoación será: El Presidente del Gobierno. El Ministro de la Presidencia. El Consejo de Ministros. El Ministro jerárquicamente superior del Secretario de Estado.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estará compuesto por los siguientes órganos: La Secretaría de Estado de Transparencia y la Secretaría de Estado de Buen Gobierno. El Comisionado de Buen Gobierno y la Delegación del Gobierno para la Transparencia. El Instituto de Transparencia y la Comisión de Buen Gobierno. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Presidente del Consejo.

Indique quien de los siguientes no pertenecerá a la Comisión de Transparencia: Un senador. Un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias. Un representante del Defensor del Pueblo.

El Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el que se establecerá su organización, estructura, funcionamiento y los aspectos necesarios para el cumplimiento de sus funciones será aprobado por: El Consejo de Ministros mediante Real Decreto. Las Cortes Generales mediante Ley. El Ministro de Administraciones Públicas mediante Orden Ministerial. El Presidente del Gobierno mediante Decreto Legislativo.