Ley de transparencia (I)

A los efectos de lo previsto en el Título I, Cap 1 -ámbito subjetivo-, tendrán la consideración de Administración Pública: La Ad. Gral. del Estado, Administración de las CCAA y de Ceuta y Melilla, y las entidades que integran la Ad. Local. Las corporaciones de Derecho Público. Las fundaciones del Sector Público. Todas lo son.

Las disposiciones del Título I -transparencia de la actividad pública- se aplicarán a: Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social. a y b son correctas, y además a efectos de esta ley se considerarán Ad. Pública. a y b son correctas, pero no se considerarán Ad. Pública a efectos de esta ley.

A efectos de esta ley, se considerarán administración pública: Los organismos autónomos, Agencias Estatales y entidades públicas empresariales. Entidades de derecho público que tengas atribuidas funciones de regulación/supervisión externa sobre un sector o actividad. b) es correcta siempre que por ley tengan reconocidas independencia funcional o especial autonomía. a) y c).

Ámbito de aplicación subjetivo. Se incluyen: Universidades públicas y entidades de Derecho Pública vinculadas o dependientes de las AAPP. Asociaciones constituidas por Administraciones y organismos dentro del ámbito subjetivo de aplicación. Partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales. Todas lo son, pero c) solamente en lo referente a publicidad activa.

En lo relativo a actividades sujetas a derecho administrativo, estarán sujetos a esta ley: Corporaciones de derecho público. Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Banco de España, Casa del Rey, Consejo Gral del Poder Judicial, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Consejo Económico y Social. Instituciones autonómicas análogas a b). Todas.

El Título I (transparencia en la actividad pública) se aplicará en toda su extensión a: Sociedades mercantiles en las que participen directa o indirectamente las entidades previstas en este artículo en más de un 50% de su capital social. Entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas/subvenciones públicas por importe superior a 100.000€. Entidades privadas cuando al menos el 40% de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda/subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000€. Partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.

En cuanto a la obligación de suministrar información: Las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas, sin requerimiento previo, a suministrar a la Administración, organismo o entidad a la que se encuentren vinculadas toda la información necesaria para el cumplimiento por éstas de las obligaciones en materia de transparencia. a) es cierta, previo requerimiento. Se extenderá a los adjudicatarios de contratos del Sector Público en los términos previstos en esta ley. Ninguna es correcta.

El plazo máximo para dar acceso a la información pública es: Un mes, desde la recepción de la solicitud en el registro de la Administración o entidad a a la que se encuentren vinculadas las personas físicas o jurídicas que estén en posesión de la información. Un mes, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. El acceso se deberá producir necesariamente en el momento de la notificación de la resolución. Cuando no pueda otorgarse en el momento de la notificación de la resolución, deberá hacerse en un plazo no superior a diez días.

Si la información ya ha sido publicada previamente: La solicitud no se admitirá a trámite. La solicitud se admitirá a trámite, limitándose la resolución a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella. La solicitud se podrá admitir a trámite; en ese caso, la resolución podrá limitarse a indicar cómo se puede acceder a ella. La solicitud se admitirá a trámite, y la resolución podrá limitarse a indicar cómo se puede acceder a ella.

Serán objeto de publicidad: Las resoluciones que autoricen un acceso limitado a la información solicitada. Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Todas las resoluciones de autorización/denegación de acceso deberán ser publicadas. Son correctas a) y b), pero siempre previa disociación de los datos de carácter personal, y una vez hayan sido notificadas a los interesados.

Son principios generales de buen gobierno (señale la INCORRECTA): Dedicación al servicio público. Eficacia, eficiencia y economía. Desempeñar sus funciones con transparencia. Asumir la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen.

Son principios de actuación de buen gobierno (señale la INCORRECTA): Ejercer los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados. Evitar toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de la Administraciones. Incorporar al patrimonio de la A. Pública los obsequios de mayor relevancia institucional. Todas son correctas.

Señale la INCORRECTA: Desempeñar la actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses son principios generales de buen gobierno. Mantener una conducta digna y tratar a los ciudadanos con esmerada corrección son principios de actuación de buen gobierno. Asegurar un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones son principios de actuación. Todas son incorrectas.

De cara al acceso a la información pública, los datos especialmente protegidos: Requerirán, con carácter general el consentimiento de su titular. Habrán de someterse a un test de daño del interés que se salvaguarda con el límite. Se ponderará que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información. Es una potestad discrecional del titular del órgano que debe resolver, que ponderará su acceso para el caso concreto.

Señale la opción INCORRECTA, en cuanto a los límites al acceso a la información: En la medida en que la información afecte directamente a la organización o actividad pública del órgano, prevalecerá el acceso. El derecho de acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, siempre que se motive la solicitud. El derecho de acceso a la información pública es un derecho de los interesados en los procedimientos administrativos. Son incorrectas b) y c).

Señale la respuesta INCORRECTA: Las disposiciones del Título I (transparencia de la actividad pública) serán de aplicación al Consejo Económico y Social en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo. Las resoluciones sobre el acceso a la información pública del Defensor del Pueblo y del Banco de España son recurribles sólo ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sólo tendrá competencias en aquellas CCAA con las que se haya firmado un convenio al efecto. Todas son correctas.

Señale la respuesta INCORRECTA: El Título II (Buen gobierno) otorga rango de ley a los principios éticos y de actuación que deben regir la labor de los miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la Administración. El régimen sancionador busca que los servidores públicos ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, responsabilidad y, sobre todo, imparcialidad. El régimen sancionador busca que los servidores públicos ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, responsabilidad. El régimen sancionador está estructurado en tres ámbitos: conflicto de intereses, gestión económico-presupuestaria y ámbito disciplinario.

NO es correcto que: Los autores de infracciones muy graves no podrán ser nombrados para ocupar determinados cargos públicos durante 5-10 años. Los tipos de sanciones a efectos de esta ley son: destitución, no percepción de pensiones indemnizatorias, obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas, e indemnización a la Hacienda Pública. Se impondrán sanciones a quienes comprometan gastos, liquiden obligaciones y ordenen pagos sin crédito suficiente para realizarlos; a quienes infrinjan la normativa presupuestaria; y a quienes no justifiquen la inversión de los fondos. Todas son correctas.

Señale la opción correcta: La reclamación potestativa y previa a la vía judicial, de la que conocerá el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, no sustituye a los recursos administrativos. La publicidad activa implica, entre otras cosas, difundir una determinada información a solicitud de los administrados. Los adjudicatarios de los contratos del Sector Público deberán suministrar a la Administración, previo requerimiento, la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones de esta ley. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un órgano independiente de nueva creación, de supervisión y control para garantizar la correcta aplicación de esta ley. El nombramiento de su Presidente será respaldado por el Parlamento.

En cuanto a la publicidad activa (Título I, Cap. 2), señale la INCORRECTA: Los sujetos obligados publicarán de forma periódica y actualizada la información relevante para garantizar la transparencia. Las entidades sin ánimo de lucro que persigan fines exclusivamente de interés social/cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000€ podrán realizar la publicación en los medios electrónicos puestos a su disposición por la A. Pública de la que provengan la mayor parte de las ayudas/subvenciones que perciban. Para la publicidad activa serán de aplicación los mismos límites que se establecen para el derecho de acceso a la información pública. Las obligaciones de esta ley en materia de publicidad activa prevalecerán sobre las normativas autonómicas o cualquier otra disposición específica de rango inferior.

NO es cierto que: Cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos. La información sujeta a las obligaciones de transparencia se publicará en el respectivo portal de transparencia de cada organismo. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, interoperabilidad, calidad y reutilización de la información publicada, así como su identificación y localización. La reutilización de la información se refiere al uso privado que pueda hacerse de los documentos en poder de la Administración y organismos del Sector Público.

Publicidad activa: información institucional, organizativa y de planificación. NO es cierto: Las AAPP publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su ejecución. Todos los sujetos deberán publicar información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación y su estructura organizativa (que incluye un organigrama actualizado). El grado de incumplimiento y resultados de los planes y programas de actuación de las AAPP también serán objeto de evaluación y publicación periódica, junto con los indicadores de medida y la valoración, en la forma que determina esta ley. En el ámbito de la Administración General del Estado, la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas corresponde alas inspecciones generales de servicios.

Publicidad activa: información institucional, organizativa y de planificación: En cuanto a la estructura organizativa, se publicará un organigrama actualizado, que identifique a los responsables de los órganos, siendo opcional publicar su perfil y trayectoria profesional. Los sujetos indicados en la LOPD publicarán un inventario de actividades de tratamiento. Todos los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley publicarán los planes de programación anuales y plurianuales. Los indicadores de medida y la valoración no son de obligada publicación, aunque sí preferible.

¿Cuáles de los siguientes documentos deberán ser publicados por su relevancia jurídica?: Aquellos que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos, así como, conforme a la legislación sectorial vigente, aquellos que deban ser sometidos a un período de información pública. Anteproyectos de Ley, proyectos de Decretos Legislativos y proyectos de Reglamentos. Los que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, en particular, la memoria del análisis de impacto normativo. Todos.

¿En qué momento deben ser publicados los siguientes documentos?: Anteproyectos de ley y proyectos de Decretos Legislativos: cuando se soliciten los dictámenes preceptivos (si procede) de los órganos consultivos, o bien en el momento de su aprobación. Proyectos de reglamentos: una vez que hayan sido solicitados los dictámenes preceptivos, constituyendo la publicación la apertura de un trámite de audiencia pública. b) es correcta, pero no necesariamente supondrá la apertura de un trámite de audiencia pública. Son ciertas a) y c).