Ley de transparencia (II)

Ley 19/2013 vs. normativas autonómicas: En materia de publicidad activa, la Ley 19/2013 se aplicará sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica correspondiente, u otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio. En materia de derecho de acceso a la información pública, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica en el ámbito de sus competencias. b) es correcta, y para el resto de los casos se aplicará la Ley 19/2013, que además es la ley que desarrolla los términos de acceso previstos por el artículo 105.b de la Constitución Española. Todas son correctas.

Las resoluciones en materia de acceso a la información pública serán motivadas: Cuando la solicitud de acceso a la información no sea admitida a trámite. Cuando, admitida a trámite la solicitud, se deniegue el acceso, o se conceda el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada. Cuando se conceda el acceso pero haya habido oposición de un tercero. Se motivarán en todos los casos indicados.

En cuanto a las resoluciones de acceso a la información pública: Se desestimará la solicitud de acceso cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso. En ese caso, se indicará tal circunstancia en la resolución desestimatoria. Todas las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Todas son correctas.

En el supuesto de que se haya concedido el acceso pero haya habido la oposición de un tercero, el acceso tendrá lugar: No tendrá lugar hasta que el tercero haya presentado alegaciones o hasta que haya transcurrido el plazo para presentarlas sin que se hubiera hecho. A los 15 días, que es el plazo establecido para que éste pueda realizar las alegaciones que estime oportunas. Sólo cuando haya transcurrido el plazo para presentar un recurso contencioso-administrativo sin que se haya formalizado, o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información. c) es correcta, pero también puede presentarse simultáneamente una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en cuyo caso el acceso se producirá en un plazo máximo de 3 meses.

En cuanto a las resoluciones a las solicitudes de información pública: Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que haya sido dictada y notificada resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido estimada. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción muy grave. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo, al contrario que en materia de publicidad activa, tendrá la consideración de infracción grave. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo, al igual que en materia de publicidad activa, tendrá la consideración de infracción grave.

Sentido del silencio administrativo en las solicitudes de acceso a información pública: Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que haya sido dictada y notificada resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. a) es correcta, pero si se presenta reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y ésa no es resuelta y notificada en el plazo máximo de un mes, se entenderá estimada la solicitud. b) sería correcta si el plazo fuera de tres meses. a) es correcta: las solicitudes y las reclamaciones se entenderán desestimadas siempre que transcurra el plazo sin haberse dictado y notificado la correspondiente resolución.

El plazo para presentar/resolver una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es: Un mes para presentarla, a contar desde el día de la notificación electrónica del acto impugnado, o desde el día en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Un mes para presentarla, dos meses para resolver y notificar. 30 días para presentarla, tres meses para resolver y notificar. Un mes para presentarla, a contar desde el día siguiente a la notificación del acto impugnado, o desde el día siguiente en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Tres meses para resolver y notificar.

Serán objeto de publicidad: Las resoluciones en materia del derecho de acceso a la información pública que se dicten en aplicación de los límites al mismo. Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en materia de impugnaciones, por medios electrónicos y en los términos en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo. b) es correcta, pero los términos de la publicación se establecerán reglamentariamente. Son correctas a) y c), y se publicarán previa disociación y una vez que se haya notificado a los interesados.

Señale la afirmación correcta: La disociación de los datos personales del resto de la información se aplicará tanto en los casos de publicidad activa como en los casos de acceso a la información pública. En el ámbito de la Administración General del Estado, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno puede dictar resoluciones tanto en materia de impugnaciones en el derecho de acceso a la información pública, como en materia de control de las obligaciones de publicidad activa. La competencia para conocer las reclamaciones ante resoluciones dictadas por las Administraciones de las CCAA y su Sector Público, así como de las Entidades Locales, corresponderá al órgano específico e independiente que éstas determinen, salvo que hayan suscrito un convenio al efecto con la AGE. Todas son correctas.

De entre las resoluciones desestimatorias en materia de acceso de los siguientes organismos, señale en qué casos se podría interponer reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para su impugnación: Asambleas Legislativas de CCAA. Asociaciones constituidas por Administraciones y otros organismos y entidades que se encuentren sujetos a esta ley. Congreso de los Diputados y Senado. Consejo Jurídico Consultivo de la CCAA de Cantabria.

Las reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Se tramitarán como un recurso administrativo, pero en sustitución de éstos. El Presidente del Consejo comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en materia del derecho de acceso a la información pública. Cuando la denegación del acceso se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros, se otorgará trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que puedan alegar lo que a su derecho convenga, previamente a la resolución. Todas son correctas.

Título II (Buen Gobierno). NO se encuentran en su ámbito de aplicación: Los altos cargos o asimilados de las CCAA y Entidades Locales, así como los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales. Miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y altos cargos de la Administración General del Estado y entidades del Sector Público Estatal. Altos cargos de entidades de Derecho Público y de Derecho Privado vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado. Se aplicará a todos los anteriores, así como a los que tengan consideración de altos cargos en la normativa en materia de incompatibilidades.

Sólo una de estas afirmaciones es correcta: La aplicación de lo dispuesto en el Título II afectará a los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación pudiendo afectar, en su caso, a la condición de cargo electo que pudieran ostentar. Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación del Título II observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución Española y resto del ordenamiento jurídico, y removerán el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas. Las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del Título II observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución Española y resto del ordenamiento jurídico, y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas. Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación del Título II observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución Española y resto del ordenamiento jurídico, y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación del Título II adecuarán su actividad a los siguientes principios generales (señale la incorrecta): Principio de imparcialidad, que implica mantener un criterio independiente y ajeno a todo interés particular. Asumirán las responsabilidades de sus decisiones y actuaciones propias y de los órganos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente. Desempeñarán su actividad con plena dedicación y pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de interés. Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección.

Son principios de actuación (señale la incorrecta): Actuar con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentar la calidad en la prestación de los servicios públicos. Ejercer los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados. Evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las Administraciones. No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales.

El plazo para resolver una solicitud de acceso a la información pública se suspenderá: Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información y se pida al solicitante su concreción en un plazo de 10 días. a) es ok, y en caso de no hacerlo se le tendrá por desistido en su solicitud. Cuando la información solicitada afecte a derechos o intereses de terceros debidamente identificados y éstos presenten alegaciones en un plazo de 15 días. El solicitante deberá ser informado. Se suspenderá en todos los casos anteriores.

En cuanto a la tramitación de la solicitud de acceso a la información: Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige se inadmitirá a trámite mediante resolución motivada, aunque se conociera el órgano competente. Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige pero se conociera éste, se admitirá a trámite y se remitirá al órgano competente informando de esta circunstancia al interesado. Cuando la información objeto de la solicitud obre en poder del sujeto al que se dirige pero haya sido elaborada íntegra o principalmente por otro, decidirá sobre el acceso previa consulta a éste. Cuando la solicitud se dirija a un órgano en cuyo poder no obre la información y se desconozca al competente, se admitirá a trámite indicando al solicitante el órgano que, a su juicio, es competente para conocerla.

La solicitud de acceso a información pública se dirigirá: Al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. Ante el registro de la Administración correspondiente, que se encargará de remitirlo al órgano competente dada la imposibilidad de su identificación y conocimiento por parte del solicitante. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que prestan servicios o ejerzan potestades disciplinarias, a la Administración en la que prestan sus servicios. Cuando se desconozca el órgano que posee la información, se podrá presentar al titular de cualquier órgano de la Administración y por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante y una dirección de contacto, preferentemente electrónica.

En cuanto a la solicitud de información y el derecho de acceso: La ausencia de motivación será causa de rechazo de la solicitud. El acceso a la información será gratuito, excepto la expedición de copias o la transposición de la información a otro formato diferente del original, en cuyo caso se aplicará la normativa autonómica o local o la Ley de Tasas y Precios Públicos. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, información que se solicita, una dirección postal a efectos de comunicaciones y, en su caso, la modalidad de acceso que se prefiera. Ninguna es correcta.

Señale la incorrecta: El Portal de la Transparencia es dependiente del Ministerio de la Presidencia y facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información en materia de publicidad activa de todas las Administraciones. La información del Portal de la Transparencia será publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente, conforme a los principios de accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. La interoperabilidad implica que la información publicada será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad y a las normas técnicas de interoperabilidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será el órgano de control de las obligaciones en publicidad activa en el ámbito de la Administración General del Estado.