Leyes de Contratos del Sector Público y Haciendas Locales

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52 ¿Existirá una Unidad de Igualdad de Género, según el artículo 14, de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha?. a)En cada Ayuntamiento. b)En cada Consejería. c)En cada Delegación Provincial. d)En cada Servicio.

53. Según el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos, celebrados por una Administración Pública, tendrán carácter de: a)Contratos de concesión de servicios. b)Contratos administrativos. c)Contratos privados. d)Contratos de obras.

54. De conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se regirán, en lo que respecta a su efectos, modificación y extinción: a)Por el derecho privado. b)Por el derecho administrativo. c)Por las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la Ley de Contratos del Sector Público. d)Por el Libro Primero de la Ley de Contratos del Sector Público.

55. Según el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la división en lotes del objeto del contrato: a)Está expresamente prohibida. b)Deberá preverse siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan. c)Es obligatoria para los contratos de valor estimado superior a 10.000 euros. d)No se contempla en la Ley de Contratos del Sector Público.

55. De acuerdo con el artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por presupuesto base de licitación se entenderá: a)El límite mínimo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. b)El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. c)El límite mínimo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. c)El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.

57. Según el artículo 107 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, presenten las mejores ofertas, deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía definitiva de un: a)5 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. b)3 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. c)5 por 100 del presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. d)3 por 100 del valor estimado del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

58. En los contratos de obras, según el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la actuación consistente en comprobar la realidad geométrica de las mismas y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución se denomina: a)Presentación del proyecto. b)Replanteo del proyecto. c)Supervisión del proyecto. d)Ejecución de la obra.

59. Según el artículo 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de las siguientes es causa de resolución del contrato de obras?: La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a 10 días. La suspensión de las obras por plazo superior a siete meses por parte de la Administración. El incremento del precio de los materiales en más de un 30% de su valor de mercado. La demora injustificada en la comprobación del replanteo.

60. En los contratos de concesión de obras, según el artículo 247 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión unas obras, el órgano que corresponda de la Administración concedente acordará la realización de: Un estudio de viabilidad. El replanteo de la obra. Un informe de cargas para la Administración. Un estudio de repercusiones.

61. En los contratos de concesión obras, según el artículo 253 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a quien corresponde el control de la ejecución de las obras que el concesionario contrate con terceros: A la Administración. Al órgano de contratación. Al concesionario. A quien ejecute la obra.

62. En los contratos de concesión de servicios, según el artículo 291 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el servicio revertirá a la Administración: Transcurridos 15 años desde la formalización del contrato. Finalizado el plazo de la concesión. En cualquier momento de la concesión. Finalizado el plazo para adjudicar el contrato.

63. En los contratos de suministros, de acuerdo con el artículo 300.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro: A los 20 días de la formalización del contrato. A los 20 días del pago del precio del contrato. En el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. Al día siguiente de la formalización del contrato.

64. Según el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se consideran contratos menores de servicios, los contratos: De valor estimado inferior a 40.000 euros. De valor estimado inferior a 15.000 euros. De presupuesto base de licitación inferior a 40.000 euros. De presupuesto base de licitación inferior a 15.000 euros.

65. Según el Artículo 193.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma: Antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. Antes de finalizar el mes de mayo del ejercicio siguiente al que corresponda. Antes de finalizar el mes de junio del ejercicio siguiente al que corresponda. Antes de finalizar el mes de octubre del ejercicio siguiente al que corresponda.

66. Según lo dispuesto en el artículo 184 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿cuál de las siguientes NO es una fase que comprende la gestión del presupuesto de gastos?: Autorización del gasto. Reconocimiento o liquidación de la obligación. Ordenación del pago. Declaración de ingreso indebido.

67. De conformidad con lo establecido en el Artículo 44.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, ¿cuál de las siguientes NO es una de las potestades que corresponden a los municipios en relación con sus bienes?: La potestad de investigación. La potestad de deslinde. La potestad de recuperación de oficio. La potestad de revisión de oficio.

68. En virtud de lo establecido en el Artículo 2.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, los bienes de las Entidades locales se clasificarán en: Bienes de dominio público y bienes patrimoniales. Bienes de uso o servicio público y bienes privativos. Bienes comunales o privativos. Ninguna es correcta.

69. En virtud de lo recogido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿cuál de las siguientes NO es una modalidad de modificación de crédito?: Transferencia de créditos. Suplemento de créditos. Generación de créditos. Supresión de créditos.

70 De conformidad con lo previsto en el Artículo 168.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿cuál de los siguientes documentos NO debe unirse a la documentación del presupuesto de la Entidad Local formado por su presidente?: Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente. Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente. Anexo de personal de la Entidad Local. Informe de impacto normativo.

71.Según el artículo 18 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en el inventario de las Entidades Locales se reseñarán sus bienes por separado, según su naturaleza, pero NO figurarán como epígrafe: Los valores mobiliarios, créditos y derechos, de carácter personal de la Corporación. Los vehículos. Los semovientes. Los bienes mostrencos.

72. En la utilización de los bienes de dominio público, el artículo 75 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, distingue los posibles usos en cuatro categorías: Uso general, especial, normal y anormal. Uso normal, privativo, general y especial. Uso común, privativo, normal y anormal. Uso común, general, especial y privativo.

73. De conformidad con el Artículo 93.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, ¿cuál es el plazo máximo de duración de las concesiones demaniales, incluidas las prórrogas?: 99 años. 50 años. 75 años. 100 años.

74. De conformidad con el Artículo 3.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas: La situación de equilibrio o superávit estructural. La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley. Los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación. Todas son incorrectas.

75. Según el Artículo 21.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ¿cuál de los siguientes elementos NO forma parte del contenido mínimo exigido en los Planes Económico-Financieros?: Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento de la regla de gasto. Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios en las políticas fiscales y de gastos. La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán. La senda prevista para alcanzar el objetivo de deuda pública, desagregando los factores de evolución que permiten el cumplimiento de la misma.

76. Según el Artículo 177.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario: Se financiará únicamente con remanente de tesorería afectado. Se financia exclusivamente con el remanente liquido de tesorería, procedente de nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente. Se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente, y mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. Ninguna es correcta.

77. Para las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece un plazo, como mínimo, de exposición dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas: de 20 días. de 15 días. de 30 días. Todas son incorrectas.

78. De conformidad con el Artículo 212.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente: antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. antes del día 15 de octubre del ejercicio siguiente al que correspondan. antes del día 31 de diciembre del ejercicio siguiente al que correspondan. todas son incorrectas.

79. Según el Artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la cuenta general, con el informe de la Comisión Especial, será expuesta al público: por plazo de 30 días durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos u observaciones. por plazo de 1 mes durante el cual los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos u observaciones. por plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Ninguna es correcta.

80. De conformidad con el Artículo 217.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia. La Alcaldía-Presidencia se niegue a resolver la discrepancia. a y b son correctas.

81. Según lo recogido en el Artículo 11.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, la Sección de Enjuiciamiento estará integrada: Por su Presidente y los Consejeros de Cuentas a quienes, como órganos de primera instancia o adscritos a la Sala o Salas del Tribunal, corresponde conocer de los procedimientos jurisdiccionales. Por su Presidente, vicepresidentes, secretarios generales técnicos, fiscales, oficiales mayores y los Consejeros de Cuentas a quienes, como órganos de primera instancia o adscritos a la Sala o Salas del Tribunal, corresponde conocer de los procedimientos jurisdiccionales. Por un presidente y un secretario. Todas son falsas.

82. Procederá la emisión de un reparo suspensivo, según se dispone en el artículo 12.3 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local: Cuando el gasto se proponga a un órgano competente para su aprobación. Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor. Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la anulabilidad del acto, o cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería de la Entidad Local o a un tercero. Las respuestas a) y c) son correctas.

83. En el supuesto de que, una vez liquidado el ejercicio, se constate un incumplimiento en el objetivo de la regla de gasto, se deberá, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: Elaborar un plan de reequilibrio en el plazo máximo de un mes desde la constatación del incumplimiento, debiendo ser aprobado dicho plan en un plazo de dos meses por el Pleno de la Corporación. Elaborar un plan económico-financiero en el plazo máximo de un mes desde la constatación del incumplimiento, debiendo ser aprobado dicho plan en el plazo de un mes por el Pleno de la Corporación. Elaborar un plan económico-financiero en el plazo máximo de un mes desde la constatación del incumplimiento, debiendo ser aprobado dicho plan en el plazo de dos meses por el Pleno de la Corporación. Elaborar un plan económico-financiero en el plazo máximo de un mes desde la constatación del incumplimiento, debiendo ser aprobado dicho plan en el plazo de dos meses por la Presidencia de la Corporación.

84. Según lo establecido en el Artículo 6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿cuál de los siguientes NO constituye uno de los principios de tributación local?: No someter a gravamen bienes situados, actividades desarrolladas, rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva entidad. No gravar, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del territorio de la Entidad impositora, ni el ejercicio o la transmisión de bienes, derechos u obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho territorio. No implicar obstáculo alguno para la libre circulación de personas, mercancías o servicios y capitales, ni afectar de manera efectiva a la fijación de la residencia de las personas o la ubicación de empresas y capitales dentro del territorio español, sin que ello obste para que las entidades locales puedan instrumentar la ordenación urbanística de su territorio. Las facultades de imposición, gestión, recaudación, inspección y sanción tributaria corresponden a todas las entidades locales, de acuerdo al principio de suficiencia financiera.

85. Los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo, según el artículo 79.2 del Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, podrán destinarse, entre otros, a los siguientes usos de interés social: Creación y promoción de suelo para el ejercicio de nuevas actividades empresariales o ampliación de las existentes, que en ambos casos generen empleo y sean compatibles con el desarrollo sostenible. Obras de urbanización y ejecución de sistemas generales y sistemas locales en suelo rústico. Construcción de equipamientos colectivos y otras instalaciones de uso público municipal, promovidos por personas jurídicas o físicas del sector privado. Operaciones de iniciativa privada de rehabilitación de viviendas, mejora de la accesibilidad universal, de eficiencia energética o, en general, de regeneración y renovación urbana.

86. Según el artículo 83.1 del Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, estarán sujetos al derecho de tanteo y, en su caso, de retracto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las transmisiones onerosas de los bienes inmuebles, sean terrenos o edificaciones, siguientes: Los comprendidos en ámbitos de actuaciones urbanizadoras en Municipios de más de 10.000 habitantes de derecho en los que, conforme a esta Ley, se deban prever reservas de suelo para garantizar que se destine a la construcción de viviendas sujetas a un régimen de protección pública parte de su edificabilidad. Los comprendidos en Planes de Singular Interés y Proyectos de Singular Interés con independencia del destino de los mismos. Las resultantes de operaciones de rehabilitación promovidas por cualquier persona física. Los que tengan la condición de bienes de interés cultural o estén situados en conjuntos de interés histórico o artístico.

87. En cuanto a la expropiación y ocupación del suelo destinado a sistemas generales y locales, el artículo 127.1 del Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, establece que cuando el planeamiento que legitime la actividad de ejecución prevea la obtención del suelo destinado a sistemas generales y locales mediante expropiación u ocupación directa, esta deberá tener lugar: dentro de los dos años siguientes a su entrada en vigor, salvo que se trate de suelos clasificados como urbanizables. dentro de los cuatro años siguientes a su entrada en vigor, salvo que se trate de suelos clasificados como urbanizables. dentro de los cinco años siguientes a su entrada en vigor, salvo que se trate de suelos clasificados como rústicos no urbanizables o urbanizables sin programar. dentro de los diez años siguientes a su entrada en vigor, salvo que se trate de suelos clasificados como rústicos no urbanizables o urbanizables sin programar.

88. De acuerdo con el artículo 14 del Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, la ordenación territorial y urbanística se establece, en el marco de esta Ley y de las normas reglamentarias generales de desarrollo o en el de aquellas a que el mismo remite, por los siguientes instrumentos: Únicamente mediante las Ordenanzas Municipales de la Edificación. Las Normas y las Instrucciones Técnicas del Planeamiento, las Ordenanzas Municipales de la Edificación y la Urbanización y los Planes e instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Las Normas y las Instrucciones Técnicas del Planeamiento y las Ordenanzas fiscales. Únicamente por medio de las Normas y las Instrucciones Técnicas del Planeamiento.

89. Según el artículo 42.3 del Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, los planes y otros instrumentos de ordenación territorial y urbanística tendrán una vigencia: de 10 años. de 20 años. de 30 años. Indefinida.

90. De acuerdo con el artículo 135.1 del Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, la conservación de las obras de urbanización, incluyendo el mantenimiento de las dotaciones y los servicios públicos correspondientes, incumbe a la Administración actuante, salvo en: el caso de actuaciones urbanizadoras autónomas de uso turístico o residencial de baja densidad poblacional de carácter aislado o complejos industriales o terciarios de similar carácter, en cuyo caso se podrán constituir entidades urbanísticas de conservación integradas por los propietarios de las mismas, de manera voluntaria u obligatoria, en los términos que reglamentariamente se determinen. el caso de actuaciones urbanizadoras autónomas exclusivamente de uso turístico, en cuyo caso se podrán constituir entidades urbanísticas de conservación integradas por los propietarios de las mismas, de manera voluntaria u obligatoria, en los términos que reglamentariamente se determinen. el caso de actuaciones urbanizadoras autónomas exclusivamente de uso residencial de alta densidad poblacional de carácter aislado o complejos industriales o terciarios de similar carácter, en cuyo caso se podrán constituir entidades urbanísticas de conservación integradas por los propietarios de las mismas, de manera obligatoria, en los términos que reglamentariamente se determinen. el caso de actuaciones urbanizadoras autónomas de uso turístico o residencial de alta densidad poblacional, en cuyo caso se podrán constituir entidades urbanísticas de conservación integradas por los propietarios de las mismas, de manera voluntaria, en los términos que reglamentariamente se determinen.

91. Según el artículo 141 del Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, las Áreas de Rehabilitación Preferente podrán establecerse: Únicamente por los Municipios. Únicamente por la Junta de Comunidades. Únicamente por las Diputaciones Provinciales. Por los Municipios y la Junta de Comunidades.

92. En cuanto a la expropiación forzosa, de acuerdo con el artículo 147 del Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, el justiprecio se fijará: Por mutuo acuerdo, en cualquier caso. Por mutuo acuerdo o, en su caso y con carácter definitivo, por el Jurado Regional de Valoraciones. Por el Jurado Regional de Valoraciones, en cualquier caso. Por el Jurado Nacional de Valoraciones, en cualquier caso.

93. De conformidad con el artículo 61.6 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán: los de oposición y concurso que deberán incluir, en todo caso, varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. los de oposición y libre designación que deberán incluir, en todo caso, una prueba para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. los de oposición y concurso- oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. los de concurso y libre designación.

94. De acuerdo con el artículo 63 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera, entre otras: La incapacidad temporal por enfermedad o accidente. La pérdida de la nacionalidad. La jubilación parcial del funcionario. La sanción disciplinaria de separación del servicio sin carácter firme.

95. De conformidad con el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Corresponde a cada Corporación local aprobar trimestralmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Corresponde a cada Corporación local aprobar semestralmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Corresponde a cada Corporación local aprobar mensualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.

96. De acuerdo con el artículo 128.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local: Las Corporaciones locales aprobarán y publicarán trimestralmente, dentro del plazo de un mes desde la aprobación de su Presupuesto, la oferta de empleo público para el año correspondiente, ajustándose a la legislación básica del Estado sobre función pública y a los criterios que reglamentariamente se establezcan en desarrollo de la normativa básica estatal para su debida coordinación con las ofertas de empleo del resto de las Administraciones Públicas. Las Corporaciones locales aprobarán y publicarán trimestralmente, dentro del plazo de dos meses desde la aprobación de su Presupuesto, la oferta de empleo público para el año correspondiente, ajustándose a la legislación básica del Estado sobre función pública y a los criterios que reglamentariamente se establezcan en desarrollo de la normativa básica estatal para su debida coordinación con las ofertas de empleo del resto de las Administraciones Públicas. Las Corporaciones locales aprobarán y publicarán anualmente, dentro del plazo de dos meses desde la aprobación de su Presupuesto, la oferta de empleo público para el año correspondiente, ajustándose a la legislación básica del Estado sobre función pública y a los criterios que reglamentariamente se establezcan en desarrollo de la normativa básica estatal para su debida coordinación con las ofertas de empleo del resto de las Administraciones Públicas. Las Corporaciones locales aprobarán y publicarán anualmente, dentro del plazo de un mes desde la aprobación de su Presupuesto, la oferta de empleo público para el año correspondiente, ajustándose a la legislación básica del Estado sobre función pública y a los criterios que reglamentariamente se establezcan en desarrollo de la normativa básica estatal para su debida coordinación con las ofertas de empleo del resto de las Administraciones Públicas.

97. En cuanto a la función pública de Secretaría, según el artículo 3.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, la función de fe pública comprende, entre otros: Preparar los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de las sesiones que celebren el Pleno, la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano colegiado de la Corporación en que se adopten acuerdos que vinculen a la misma, de conformidad con lo establecido por el Alcalde o Presidente de la misma, y la asistencia a éste en la realización de la correspondiente convocatoria. Custodiar, desde el momento de la convocatoria, la documentación íntegra de los expedientes incluidos en el orden del día y tenerla a disposición de los miembros del respectivo órgano colegiado que deseen examinarla, no pudiendo facilitar la obtención de copias de la indicada documentación cuando le fuese solicitada por dichos miembros. Certificar todos los actos o resoluciones de la Presidencia y los acuerdos de los órganos colegiados exceptuando los acuerdos de la Junta de Gobierno Local. La superior dirección de los archivos y registros de Castilla la Mancha.

98. En cuanto a la clasificación de las Secretarías, de acuerdo con el artículo 8.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, serán Secretarías de clase segunda las siguientes: Secretarías de Ayuntamiento de municipios cuya población está comprendida entre 4.001 у 20.000 habitantes, así como los de población inferior a 4.001 habitantes, cuyo presupuesto supere los 3.000.000 de euros. Secretarías de Ayuntamiento de municipios cuya población está comprendida entre 4.001 у 20.000 habitantes, así como los de población inferior a 4.001 habitantes, cuyo presupuesto no supere los 3.000.000 de euros. Secretarías de Ayuntamiento de municipios cuya población está comprendida entre 5.001 у 20.000 habitantes, así como los de población inferior a 5.001 habitantes, cuyo presupuesto supere los 3.000.000 de euros. Secretarías de Ayuntamiento de municipios cuya población está comprendida entre 5.001 у 20.000 habitantes, así como los de población inferior a 5.001 habitantes, cuyo presupuesto no supere los 3.000.000 de euros.

99. En cuanto a la cobertura de los puestos reservados, de conformidad con el artículo 48 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, con independencia de la provisión de puestos de trabajo por concurso y libre designación y de la asignación de puestos mediante nombramientos de primer destino, las Comunidades Autónomas podrán efectuar la cobertura de los puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, mediante los siguientes tipos de nombramiento: Nombramientos provisionales, comisiones de servicios, acumulaciones, nombramientos accidentales, nombramientos interinos y comisiones circunstanciales. Únicamente por medio de comisiones de servicios y nombramientos provisionales. Nombramientos provisionales, comisiones de servicios, acumulaciones, nombramientos accidentales y comisiones circunstanciales en municipios de más de 2000 habitantes. Únicamente por medio de nombramientos interinos.

100.De acuerdo con el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones, entre otras: Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado o de las Comunidades Autónomas ya que las Entidades Locales no pueden conceder subvenciones nominativas. Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma reglamentaria. Aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés privado o económico, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

101 Preguntas de reserva: Según el artículo 67 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de Régimen Local, si una Entidad local adoptara actos o acuerdos que atenten gravemente al interés general de España: El Delegado del Gobierno, previo requerimiento para su anulación al Presidente de la Corporación efectuado dentro de los diez días siguientes al de la recepción de aquéllos, podrá revocarlos y adoptar las medidas pertinentes para la protección de dicho interés previa autorización de la Comunidad autónoma. El Delegado del Gobierno, previo requerimiento para su anulación al Presidente de la Corporación efectuado dentro de los diez días siguientes al de la recepción de aquéllos, podrá suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes para la protección de dicho interés. El Delegado del Gobierno, previo requerimiento para su anulación al Presidente de la Corporación efectuado dentro de los quince días siguientes al de la recepción de aquéllos, podrá revocarlos y adoptar las medidas pertinentes para la protección de dicho interés previa autorización de la Comunidad autónoma. El Delegado del Gobierno, previo requerimiento para su anulación al Presidente de la Corporación efectuado dentro de los veinte días siguientes al de la recepción de aquéllos, podrá suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes para la protección de dicho interés.

102. En los contratos de concesión de servicios, según el artículo 287.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el caso de que la concesión recaiga sobre un servicio público, la Administración: Conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios. Supervisará los servicios objeto del contrato, sólo al finalizar el mismo. Tiene expresamente prohibida la celebración de contratos que tengan por objeto la concesión servicios públicos. Deberá realizar un estudio de viabilidad.

103. En los contratos de suministros, de conformidad con el artículo 300.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en caso de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración: El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización, salvo que la Administración hubiera incurrido en mora al recibirlos. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización, incluso si la Administración hubiera incurrido en mora al recibirlos. El adjudicatario tendrá derecho a indemnización en todo caso. El adjudicatario tendrá derecho a indemnización sólo si se tratara de suministro de bienes perecederos.

104.En virtud de lo establecido en el Artículo 164.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán: El presupuesto de la propia entidad; los de los organismos autónomos dependientes de esta; los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local. La previsión de gastos e ingresos de la corporación local. La previsión de gastos e ingresos y el estado del remanente de crédito en el momento de elaboración del proyecto del presupuesto general de la entidad. Ninguna es correcta.

105. De conformidad con el Artículo 182.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿en cuál de los siguientes supuestos NO podrán incorporarse los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente, siempre que existan para ello los suficientes recursos financieros?: Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las transferencias de crédito, que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio. Los créditos que amparen los compromisos de gasto a que hace referencia el apartado 2.b) del artículo 176 de esta ley. Los créditos por operaciones de capital. Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto.