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leyes en examenes de madrid

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Título del Test:
leyes en examenes de madrid

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Fecha de Creación: 2026/09/25

Categoría: Otros

Número Preguntas: 28

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En relación con el derecho fundamental a la libertad de cátedra y la creación de centros docentes, desarrollado en el artículo 27 de la Constitución, señale qué principio rige la intervención de la comunidad educativa según el marco constitucional: La gestión exclusiva por parte del titular del centro en el caso de centros privados, sin posibilidad de intervención de padres y alumnos. La obligatoriedad de que todos los centros docentes, sin excepción, cuenten con participación de forma asamblearia por los alumnos, padres, profesorado y representación de la Administración. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. La excepcionalidad de que las personas jurídicas puedan crear centros docentes, bajo supervisión de la Administración, para garantizar la calidad de la enseñanza.

De conformidad con lo regulado en el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, identifique a quién corresponde la potestad reglamentaria en la Administración de la Comunidad: A las direcciones de las diferentes consejerías. A las viceconsejerías de las diferentes consejerías. A las secretarías generales técnicas. Al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Artículo 35 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho (señala la CORRECTA): Los actos que admitan pruebas propuestas por los interesados. Los actos que amplíen derechos subjetivos o intereses legítimos. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. Los actos que no se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.

Según los dispuesto en el artículo 36 de ley 19/2013, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno está compuesta, entre otros: 1 Diputado y 1 Senador. 2 Diputados y 2 Senadores. 3 Diputados y 3 Senadores. 5 Diputados y 5 Senadores.

Clasificación empleados públicos: Funcionarios. Funcionarios de Carrera y Funcionarios Interinos. Personal Laboral y Personal Eventual. Funcionarios de Carrera, Personal Laboral (Fijo, por tiempo indefinido o temporal), Funcionarios Interinos y Personal Eventual.

Aprobación presupuesto de Comunidad de Madrid: Asamblea de Madrid. Cortes Generales. Consejo de Gobierno de Madrid. Todas son correctas.

Señala la CORRECTA: La caducidad NO producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular, pero los procedimientos caducados NO interrumpirán los plazos de prescripción. La caducidad NO producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular, pero los procedimientos caducados interrumpirán los plazos de prescripción. La caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular, pero los procedimientos caducados NO interrumpirán los plazos de prescripción. La caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular y los procedimientos caducados interrumpirán los plazos de prescripción.

Artículo 1 CE, España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico: La soberanía, la independencia, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La justicia, la independencia, la igualdad y la libertad. La integridad territorial y el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.

CE, el Estado tiene competencia exclusiva sobre: La gestión en materia de protección de medio ambiente. Sanidad e higiene. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

Están obligadas a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad las empresas de: 50 o más trabajadores. 100 o más trabajadores. 125 o más trabajadores. 201 o más trabajadores.

ley igualdad de trato, las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de entre: 7.501 y 10.000 euros. 10.001 y 40.000 euros. 40.001 y 500.000 euros. 5.001 y 7.500 euros.

Ley 19/2013, tienen derecho a acceder a la información pública: todas las personas. todas las personas empadronadas en españa. todos los españoles. todos los ciudadanos de la unión europea.

Cuando un funcionario sea activado como reservista voluntario para prestar servicios en las Fuerzas Armadas, será declarado en situación de: Servicios especiales. Suspensión de funciones. Servicio en otras Administraciones Públicas. Excedencia.

Estatuto Básico del Empleado Público, infracciones LEVES prescribirán: A los 9 meses. Al año. A los 6 meses. A los 2 años.

Procedimiento Administrativo Común, son actos anulables: Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de materia. Los que incurran en desviación de poder. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

Procedimiento Administrativo Común, son nulos de pleno derecho: los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Todas son correctas.

Procedimiento Administrativo Común, son nulos de pleno derecho: los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Las disposiciones administrativas que establezcan retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Todas son correctas.

Qué recurso procede para actos FIRMES que ponen fin a la vía administrativa: Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión. Recurso potestativo de reposición y Recurso extraordinario de revisión.

La resolución será firme a menos que se interponga un recurso de alzada en el plazo de: 1 mes. 2 meses. 3 meses. 6 meses.

Transcurridos 3 meses sin que caiga resolución de un recurso de alzada: Se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo. Se podrá entender estimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo. Se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 28, tercer párrafo. Se podrá entender estimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 28, tercer párrafo.

Transcurrido el plazo de 1 mes para la interposición de recurso potestativo de reposición, únicamente podrá interponerse: Recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. Recurso extraordinario de revisión. Recurso de alzada. Ninguna es correcta.

El recurso extraordinario de revisión se interpondrá: Contra actos firmes en vía administrativa. Contra actos que no ponen fin a la vía administrativa. Contra actos que ponen fin a la vía administrativa. Ninguna es correcta.

Contra una resolución que no pone fin a la vía administrativa, procede: Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión. Recurso de alzada. Recurso contencioso administrativo directo.

Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres: Implica la ausencia de toda diferencia de trato, incluso cuando esté objetivamente justificada. Supone la ausencia de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo. Solo es exigible en el ámbito laboral del sector privado. Tiene carácter programático y no produce efectos jurídicos directos.

Conforme al Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, señale la afirmación correcta en relación con los derechos individuales de los empleados públicos ejercidos colectivamente: El derecho de huelga queda expresamente prohibido a todos los empleados públicos. El derecho a la negociación colectiva se reconoce únicamente al personal laboral. Los empleados públicos tienen derecho a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, con las garantías y límites establecidos por la Constitución y la ley. El derecho de reunión requiere autorización previa de la Administración en todo caso.

De acuerdo con la Constitución Española de 1978, la competencia sobre bibliotecas se distribuye del siguiente modo: El Estado ostenta competencia exclusiva sobre todas las bibliotecas públicas, cualquiera que sea su titularidad. Las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en materia de bibliotecas de interés para la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias estatales sobre las de titularidad estatal. Las bibliotecas municipales dependen orgánicamente de la Administración General del Estado por tratarse de un servicio público esencial. La competencia en materia de bibliotecas corresponde exclusivamente a las Diputaciones Provinciales.

Conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Es un órgano dependiente jerárquicamente del Ministerio de la Presidencia. Tiene como función principal resolver los recursos contencioso-administrativos en materia de transparencia. Es un organismo público con personalidad jurídica propia que actúa con plena independencia en el cumplimiento de sus fines. Carece de competencias para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.

La Constitución Española de 1978 consta de: 10 Títulos, 169 artículos, 6 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final. Un Título preliminar, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final. 11 Títulos, 169 artículos, 9 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final. Un Preámbulo, un Título preliminar, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.

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