Leyes Sagun 2

Según la Constitución Española, la iniciativa legislativa popular: Se exige mediante al menos 250.000 firmas acreditadas. No procede en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Puede ejercerse en cualquier materia siempre que se obtengan 500.000 firmas. Corresponde exclusivamente a los ciudadanos inscritos en el censo electoral que tengan más de 21 años.

En una investidura del presidente del Gobierno, si el candidato no obtiene mayoría absoluta en primera votación: Se celebra una segunda votación dentro de las 48 horas siguientes, en la que basta mayoría simple. Se celebra una segunda votación a los cinco días, en la que basta mayoría simple. Se inicia automáticamente un nuevo procedimiento de propuesta de candidato. El rey puede nombrarlo si obtiene el respaldo de un tercio del Congreso.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las Diputaciones Permanentes es correcta?. Solo existen en el Congreso de los Diputados. Continúan ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales y, en su caso, durante los períodos de disolución. Están integradas por todos los miembros de cada Cámara. Carecen de competencias durante los estados de alarma, excepción y sitio.

Respecto a la delegación legislativa de las Cortes Generales en el Gobierno: Puede realizarse para aprobar cualquier tipo de ley, incluidas las orgánicas. La delegación para refundir textos legales debe determinar el ámbito normativo al que se refiere. La delegación legislativa se entiende concedida por tiempo indefinido si no se establece plazo. La autorización para elaborar textos articulados debe otorgarse mediante ley ordinaria.

Cuando el Gobierno pierde una cuestión de confianza: El presidente del Gobierno debe presentar su dimisión al rey. Se produce automáticamente la disolución de las Cortes Generales. El Congreso debe presentar una moción de censura constructiva. El Gobierno continúa obligatoriamente en funciones hasta las siguientes elecciones generales.

En relación con el estado de excepción: Es declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. Es declarado por el Congreso de los Diputados a propuesta del presidente del Gobierno. Es declarado por el rey a propuesta del Consejo de Ministros. Su duración inicial puede alcanzar los 90 días sin autorización parlamentaria.

El Consejo General del Poder Judicial: Ejerce la potestad jurisdiccional en todo el territorio nacional. Es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Depende jerárquicamente del Tribunal Supremo. Está integrado exclusivamente por jueces y magistrados en servicio activo.

Según la Constitución, el Tribunal Supremo: Es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Es el órgano encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes. Está subordinado al Consejo General del Poder Judicial en el ejercicio de su función jurisdiccional. Tiene competencia exclusiva para resolver los conflictos entre comunidades autónomas.

Cuando una comunidad autónoma asume competencias en su Estatuto de Autonomía: Puede asumir cualquier competencia estatal, aunque el artículo 149 la reserve exclusivamente al Estado. Solo puede asumir las competencias que la Constitución permite y dentro del marco constitucional. Adquiere automáticamente todas las competencias que no estén expresamente atribuidas a las entidades locales. Necesita una ley orgánica estatal para cada ejercicio concreto de sus competencias.

Las leyes de armonización del artículo 150.3 de la Constitución: Pueden dictarse cuando lo exija el interés general, apreciado por mayoría absoluta de cada Cámara. Son aprobadas exclusivamente por el Senado. Requieren necesariamente la aprobación de todos los parlamentos autonómicos. Permiten modificar los Estatutos de Autonomía sin seguir su procedimiento de reforma.

Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, el Consell: Es el órgano colegiado de gobierno de la Generalitat, con funciones ejecutivas y administrativas. Es el órgano legislativo autonómico. Está integrado por los diputados elegidos por sufragio universal. Es un órgano consultivo dependiente de Les Corts.

En relación con la reforma del Estatuto de Autonomía valenciano: Puede realizarse mediante decreto legislativo del Consell. Requiere, con carácter general, aprobación de Les Corts por mayoría de dos tercios y aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica. Requiere exclusivamente mayoría absoluta de Les Corts. Puede aprobarse mediante referéndum autonómico sin intervención de las Cortes Generales.

¿Qué institución de la Unión Europea representa a los Gobiernos de los Estados miembros y ejerce funciones legislativas y presupuestarias junto con el Parlamento Europeo?. Consejo Europeo. Comisión Europea. Consejo de la Unión Europea. Comité Europeo de las Regiones.

Una directiva europea no ha sido transpuesta por un Estado miembro dentro del plazo establecido. Un particular pretende invocar una disposición de dicha directiva frente a una Administración pública. Para que pueda producirse el efecto directo vertical de esa disposición, esta debe: Ser suficientemente clara, precisa e incondicional, y haber expirado el plazo de transposición. Haber sido incorporada previamente al ordenamiento nacional mediante una ley orgánica. Ser aprobada por unanimidad del Consejo Europeo. Tener siempre carácter sancionador y reconocer una obligación al particular.

Una persona interesada en un procedimiento administrativo solicita acceso y copia de los documentos contenidos en el expediente. Según la Ley 39/2015: Solo puede acceder una vez finalizado el procedimiento. Tiene derecho a conocer el estado de tramitación y acceder y obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento, en los términos legalmente establecidos. Solo puede acceder si acredita un interés legítimo distinto de su condición de interesada. El acceso depende exclusivamente de la autorización del órgano instructor.

En relación con la práctica de las notificaciones electrónicas: Se entienden practicadas cuando se envían al correo electrónico del interesado. Se entienden practicadas en el momento en que se produce el acceso a su contenido. Se entienden rechazadas automáticamente a los cinco días naturales. Se consideran válidas únicamente cuando el interesado confirma su recepción mediante firma manuscrita.

Cuando una notificación electrónica sea obligatoria o haya sido expresamente elegida por el interesado, si transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición sin acceder a su contenido: Se considera rechazada, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. Se considera practicada al día siguiente de su puesta a disposición. Se produce la caducidad del procedimiento. La Administración debe repetir obligatoriamente la notificación en papel.

En un procedimiento administrativo, la Administración acuerda abrir un período extraordinario de prueba. Según la Ley 39/2015: Puede tener una duración máxima de veinte días. Puede tener una duración no superior a diez días. Puede tener una duración de quince días hábiles. No está permitido un período extraordinario de prueba.

El trámite de audiencia a los interesados deberá realizarse: Inmediatamente después de la presentación de la solicitud. Una vez instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución. Después de dictarse la resolución definitiva. Exclusivamente cuando el procedimiento se haya iniciado a solicitud del interesado.

El trámite de audiencia podrá omitirse: Cuando el interesado no haya presentado alegaciones durante la instrucción. Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos, alegaciones y pruebas que los aducidos por el interesado. Cuando el órgano instructor considere que la audiencia retrasaría el procedimiento. Siempre que el procedimiento se tramite electrónicamente.

En relación con los recursos administrativos, el recurso de alzada: Se interpone exclusivamente ante el órgano que dictó el acto. Se interpone ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto, pudiendo presentarse también ante el órgano que lo dictó para su remisión. Se interpone directamente ante el juzgado de lo contencioso-administrativo. Solo puede presentarse contra actos que pongan fin a la vía administrativa.

Una resolución administrativa expresa que no pone fin a la vía administrativa es notificada al interesado el 10 de marzo. ¿Cuál es el plazo general para interponer recurso de alzada?. Quince días hábiles. Un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación. Dos meses, contados desde la fecha de la resolución. Tres meses, contados desde el día siguiente a la notificación.

Respecto al recurso potestativo de reposición: Su interposición es obligatoria antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Se interpone ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto. Se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto y su interposición es potestativa. Puede interponerse contra cualquier acto de trámite no cualificado.

El padrón municipal: Constituye un registro administrativo donde constan los vecinos del municipio y sus datos constituyen prueba de la residencia y del domicilio habitual en el municipio. Es un registro exclusivamente estadístico sin efectos administrativos. Acredita la nacionalidad española de las personas inscritas. Solo puede incluir a ciudadanos españoles con residencia legal permanente.

En los municipios de gran población regulados en el título X de la Ley 7/1985: La Junta de Gobierno Local carece de funciones ejecutivas. Existe una organización municipal específica, con órganos y competencias diferenciados del régimen común. El Pleno pierde la potestad normativa municipal. El alcalde deja de ser el presidente de la corporación.

En relación con la Comisión Especial de Cuentas: Es un órgano complementario cuya constitución depende de la voluntad del alcalde. Existe en todos los municipios y le corresponde el examen, estudio e informe de las cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias de la corporación. Aprueba definitivamente la Cuenta General. Sustituye a la Intervención municipal en el control interno económico-financiero.

Una entidad local necesita realizar un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito presupuestario. ¿Qué instrumento presupuestario procede?. Una transferencia de crédito. Un suplemento de crédito. Un crédito extraordinario. Una generación de crédito.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las modificaciones presupuestarias es correcta?. Las transferencias de crédito permiten modificar la cuantía total del presupuesto. Los créditos extraordinarios se utilizan cuando existe crédito insuficiente y no ampliable. Los suplementos de crédito se utilizan cuando existe crédito en el presupuesto, pero resulta insuficiente y no ampliable. Las generaciones de crédito pueden aprobarse sin que exista ningún ingreso que las justifique.

Un Ayuntamiento nombra a una persona funcionaria interina para cubrir una vacante. Según el artículo 10 del TREBEP: El nombramiento puede mantenerse indefinidamente mientras no exista una convocatoria pública. La cobertura de la vacante por personal funcionario de carrera debe realizarse mediante los procedimientos legalmente establecidos y, como regla general, la interinidad por vacante tiene un máximo de tres años. La persona interina adquiere automáticamente la condición de funcionaria de carrera transcurridos tres años. La vacante solo puede cubrirse mediante libre designación.

Según el TREBEP, cuando un funcionario de carrera es sancionado con suspensión firme de funciones: Pierde automáticamente su condición de funcionario de carrera. Queda privado temporalmente del ejercicio de sus funciones y de los derechos inherentes a su condición durante el tiempo de suspensión, en los términos establecidos legalmente. Se convierte en funcionario interino. La sanción no puede superar nunca los seis meses.

¿Cuál de los siguientes actos NO requiere, según la Constitución Española de 1978, una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en alguna de sus fases para su aprobación definitiva o validez?. La aprobación de un proyecto de ley orgánica. La autorización del Estado para la celebración de acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas. La convalidación de un Real Decreto-Ley por la Diputación Permanente del Congreso en caso de disolución o expiración del mandato. La destitución del Defensor del Pueblo por negligencia notoria en el cumplimiento de sus obligaciones.

De conformidad con la Ley 39/2015 (LPACAP), ¿qué efectos produce el vencimiento del plazo máximo estimado para resolver un procedimiento administrativo iniciado a solicitud del interesado, cuando este tiene por objeto la transferencia de facultades relativas al dominio público?. Se entenderá estimado por silencio administrativo positivo, al tratarse de una solicitud a instancia de parte. Se entenderá desestimado por silencio administrativo negativo, ya que el procedimiento afecta al dominio público. Se producirá la caducidad del procedimiento, debiendo la Administración archivar las actuaciones de oficio. El vencimiento sin resolución expresa no genera silencio, sino una obligación de resolver de tracto indefinido con responsabilidad disciplinaria para el funcionario.

Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, ¿cuál es el órgano colegiado de gobierno de la Generalitat, responsable de la dirección política y administrativa, y ante quién responde políticamente de forma solidaria?. Les Corts Valencianes. El Consell, ante Les Corts. La Sindicatura de Greuges. El President de la Generalitat, ante el Congreso de los Diputados.

En un municipio de gran población (Título X de la LBRL), ¿a qué órgano corresponde la aprobación de las ordenanzas municipales, los reglamentos orgánicos y los presupuestos, dentro del reparto competencial establecido?. A la Junta de Gobierno Local. Al Pleno del Ayuntamiento. Al Alcalde, mediante Decreto motivado. Al Consejo Social de la Ciudad, con carácter vinculante.

Dentro del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ¿qué distinción fundamental establece el Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) respecto al personal funcionario interino?. Se rigen exclusivamente por el Derecho Laboral y pueden ocupar plazas dotadas presupuestariamente de forma indefinida hasta su cobertura por funcionarios de carrera. Desempeñan funciones propias de funcionarios de carrera en casos de necesidad justificada, nombrándose por razones expresamente expresadas y con carácter temporal. Tienen derecho a la carrera administrativa y a la progresión en los grados en las mismas condiciones que los funcionarios de carrera. Su relación de empleo es de carácter indefinido no fijo y se extinguen obligatoriamente cuando se apruebe la Oferta de Empleo Público del año siguiente.

Conforme al artículo 30 de la Ley 39/2015, si un plazo se señala en días hágales, y la norma no indica lo contrario, ¿cómo se excluyen e incluyen los días en el cómputo si el plazo se ha fijado en días y el cómputo se inicia a partir de un día determinado?. El día en que tenga lugar la notificación o publicación se cuenta siempre como primer día hábil, y el último día del plazo se incluye por completo hasta las 23:59 horas. El día en que tenga lugar la notificación o publicación se entiende excluido del cómputo, el cual empezará a correr el día hábil siguiente, y si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán de fecha a fecha. Los días inhábiles (sábados, domingos y festivos) se descuentan del cómputo total, pero si el último día del plazo es inhábil, el plazo expira a las 12:00 horas del primer día hábil anterior. El cómputo de días hábiles comienza el mismo día de la notificación si esta se produce antes de las 12:00 h; en caso contrario, se computa a partir del segundo día hábil.

Respecto a las solicitudes de iniciación de los procedimientos a instancia de parte, ¿qué establece la LPACAP sobre los documentos aportados por los interesados y la obligación de la Administración de exigir originales?. Los interesados deben aportar obligatoriamente los documentos originales o copias compulsadas presencialmente en el registro general en el plazo de 10 días desde la presentación telemática. Con carácter general, los interesados no están obligados a aportar documentos originales, salvo que, excepcionalmente, la ley establezca lo contrario o la normativa reguladora exija la presentación de originales o copias auténticas debido a la naturaleza del procedimiento. La Administración puede exigir en cualquier caso la exhibición del documento original para su cotejo, decayendo la solicitud de forma automática si el interesado no comparece físicamente en el plazo improrrogable de 5 días. Los documentos presentados por los interesados pierden su validez jurídica transcurridos seis meses desde la fecha de inicio del procedimiento si no se ha dictado resolución expresa.

Sobre la ampliación de plazos y la tramitación de urgencia prevista en la LPACAP, señale la afirmación jurídicamente CORRECTA: La Administración podrá conceder, de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, siempre que no se perjudiquen derechos de tercero y contra la resolución que deniegue la ampliación cabe recurso de alzada. La ampliación de plazos por iniciativa del órgano competente debe solicitarse y acordarse, en todo caso, antes de que el plazo inicial esté vencido, y los acuerdos sobre ampliación o su denegación son susceptibles de recurso ordinario. La reducción a la mitad de los plazos establecidos para el procedimiento ordinario por razones de interés público (tramitación de urgencia) permite interponer recurso contra el acuerdo que la declara. Si se solicita la ampliación de un plazo, la presentación de dicha solicitud interrumpe ipso facto el transcurso del plazo perentorio hasta que la Administración notifique su resolución expresa.

¿Cuál de los siguientes vicios o defectos incurre estrictamente en causa de NULIDAD DE PLENO DERECHO de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 39/2015?. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas, siempre que la naturaleza del término o plazo imponga el cumplimiento extemporáneo. Los actos de las Administraciones Públicas que dicten los órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia o del territorio. Cualquier defecto de forma que produzca indefensión en los interesados o carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin. La divergencia notable entre los motivos fácticos expuestos en el preámbulo de la resolución y la parte dispositiva o fallo de la misma.

Dentro de los medios de ejecución forzosa de los actos administrativos que regula la LPACAP, ¿cuándo procede la aplicación de la multa coercitiva y qué característica principal posee respecto a las sanciones?. Procede exclusivamente para aquellos actos que deban ser cumplidos personalmente por el obligado cuando no sea coactiva la compulsión sobre las personas, y es compatible e independiente de las multas que puedan imponerse como sanción. Es un medio de apremio sobre el patrimonio que sustituye a la expropiación forzosa cuando el administrado se niega a abonar cantidades líquidas en el plazo reglamentario. Su imposición requiere una previa advertencia judicial mediante auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, siendo incompatible con la ejecución subsidiaria. Solo puede aplicarse si el acto administrativo proviene de una Entidad Local y ha sido ratificado previamente por el Pleno de la corporación por mayoría absoluta.

Conforme a la legislación de régimen local, ¿cuál de los siguientes órganos posee una naturaleza jurídica estrictamente de carácter complementario y su creación en un municipio de régimen común depende de la potestad de autoorganización del Ayuntamiento, sin ser preceptivo por ley estatal?. La Junta de Gobierno Local en municipios con población superior a 5.000 habitantes. Las Comisiones informativas y el Consejo Social de la Ciudad. Los Tenientes de Alcalde, nombrados libremente por el Alcalde de entre los concejales que formen parte de la Junta de Gobierno Local. El órgano para la defensa de los derechos de los vecinos a nivel municipal.

En relación con el funcionamiento del Pleno de una Corporación Local, cuando se debate un asunto para cuya aprobación se exige legalmente una mayoría absoluta y en la votación ordinaria se produce un empate en el número de votos tras dos votaciones sucesivas: El Alcalde decidirá el empate mediante su voto de calidad (voto dirimente), quedando el acuerdo aprobado por mayoría absoluta. El voto de calidad del Alcalde NUNCA puede utilizarse para adoptar acuerdos que requieran legalmente mayoría absoluta, por lo que el asunto se entenderá rechazado. Se someterá el asunto a una tercera votación de urgencia, donde bastará la mayoría simple de los miembros presentes. El expediente se elevará preceptivamente a la Comunidad Autónoma para que dicte resolución dirimente en el plazo de 30 días.

Respecto al ejercicio de competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación (es decir, las competencias impropias o actividades complementarias en materias relativas a la educación, la salud o la cultura), ¿qué requisito jurídico indispensable exige el artículo 7.2 de la LBRL para que un municipio pueda ejercerlas?. Que cuente con el informe previo favorable de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma que garantice la sostenibilidad financiera y evite duplicidades. Que se apruebe por mayoría absoluta del Pleno en una sesión extraordinaria convocada ex profeso. Que el municipio tenga una población superior a 20.000 habitantes y un remanente de tesorería positivo en el ejercicio anterior. Que se trate de un municipio de gran población acogido al Título X de la LBRL.

De conformidad con el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), ¿cuál de los siguientes tributos tiene la consideración de impuesto de exacción OBLIGATORIA para todos los ayuntamientos de España?. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU - Plusvalía). El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). La tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras domiciliarias.

En el ciclo de elaboración y aprobación del Presupuesto General de las Entidades Locales, una vez que el Presidente de la Corporación forma el proyecto de presupuesto y lo remite al Pleno antes del 15 de octubre, ¿qué trámite e hito temporal regula la normativa de haciendas locales para su aprobación definitiva?. Se aprueba inicialmente por el Pleno, se somete a información pública por plazo de quince días mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia para reclamaciones, y si no se presentan, se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. Se aprueba definitivamente de forma directa por la Junta de Gobierno Local en el mes de noviembre, publicándose el resumen por capítulos en el tablón de edictos. Requiere autorización previa del Ministerio de Hacienda si el Ayuntamiento supera el límite de deuda viva fijado en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. El Pleno debe aprobarlo definitivamente antes del 31 de diciembre del año anterior al que corresponda, de lo contrario los presupuestos del ejercicio anterior se consideran prorrogados automáticamente hasta la aprobación de los nuevos.

De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, ¿cuál de las siguientes afirmaciones en relación con Les Corts y su régimen de funcionamiento es jurídicamente CORRECTA?. Les Corts Valencianes son inviolables, sus miembros gozan de inmunidad absoluta por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, y su mandato fenece imperativamente a los cuatro años de su elección, sin posibilidad de disolución anticipada por el President de la Generalitat. El Estatuto prevé expresamente la facultad del President de la Generalitat para dissolver Les Corts de forma anticipada, convocando nuevas elecciones, con las limitaciones temporales y procedimentales establecidas en la ley y en el propio Estatuto. La iniciativa legislativa popular en la Comunidad Valenciana requiere la firma acreditada de al menos 50.000 ciudadanos electores, estando excluidas de dicha iniciativa las materias de índole tributaria y presupuestaria. Les Corts aprueban su Reglamento por mayoría simple de sus miembros, debiendo ser ratificado posteriormente por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica de armonización.

En cuanto al reparto competencial que establece el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, ¿cómo clasifica y delimita las competencias de la Generalitat en materia de exclusiva competencia respecto a la legislación civil valenciana?. La Generalitat tiene competencia exclusiva plena sobre la totalidad del derecho civil común, habiendo derogado por completo la aplicación del Código Civil español en el territorio autonómico. La Generalitat ostenta competencias de desarrollo legislativo del derecho civil valenciano, el cual se fundamenta en las normas de Derecho foral histórico de la Comunitat, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo de este por la vía estatutaria. El Estado ostenta la competencia exclusiva e indelegable sobre la legislación civil, limitándose la competencia de la Generalitat a la mera gestión administrativa de los Registros de la Propiedad. La competencia civil de la Generalitat se circunscribe exclusivamente al ámbito de los contratos mercantiles celebrados entre entidades locales de la Comunidad.

Según el Reglamento de Usos Lingüísticos del Ayuntamiento de Sagunto, ¿cómo se regula con carácter general la denominación institucional de la corporación municipal en la documentación escrita?. La corporación utilizará exclusivamente la denominación "Ajuntament de Sagunt" en cualquier tipo de documento, ya esté redactado en valenciano o en castellano, para evitar confusiones registrales. La corporación hará servir habitualmente la denominación "Ajuntament de Sagunt", y empleará "Ayuntamiento de Sagunto" de forma exclusiva en los escritos redactados en castellano en los que se mencione. Por imperativo legal del régimen local común, la denominación oficial única en los sellos y membretes oficiales debe ser bilingüe simultánea en la misma cabecera del documento. Se otorga libertad absoluta al firmante del documento para escoger la denominación según su preferencia personal o la del departamento emisores.

De conformidad con el régimen de atención al público y el uso del valenciano por el personal del Ayuntamiento de Sagunto recogido en su Reglamento de Usos Lingüísticos: El personal al servicio del Ayuntamiento se ha de dirigir normalmente al público en valenciano, por ser la lengua propia de la Administración y del municipio, debiendo respetarse en todo caso la opción lingüística elegida por el ciudadano. El uso del valenciano queda relegado al ámbito interno de la corporación y a las comunicaciones con la Generalitat, siendo el castellano la única lengua vehicular obligatoria de cara a los expedientes de atención ciudadana presencial. Los trabajadores municipales tienen la obligación de exigir al administrado que se dirija a ellos en valenciano si el escrito se inicia de oficio. Las empresas privadas concesionarias de servicios municipales quedan exentas de cumplir las directrices lingüísticas del Reglamento, rigiéndose exclusivamente por la normativa mercantil estatal.

En relación con los medios de comunicación electrónicos institucionales propios del Ayuntamiento de Sagunto (tales como páginas web, portales corporativos y redes telemáticas), ¿qué criterio de uso lingüístico impone el Reglamento?. Se utilizará obligatoriamente y de manera exclusiva el castellano para garantizar la difusión nacional e internacional de la información municipal. Se usará siempre el valenciano. En caso de que se hagan servir también otras lenguas, el valenciano aparecerá en un lugar predominante, como opción por defecto. Se aplicará un sistema de doble portal totalmente independiente, al 50% de inversión presupuestaria y sin preferencia de una lengua sobre otra en la página de inicio. El uso del valenciano quedará condicionado a que los usuarios pulsen un botón de selección de idioma, apareciendo por defecto la versión en castellano por defecto legal supletorio.