Leyes Sagun

Según la Constitución Española, respecto a los valores superiores del ordenamiento jurídico: La libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La igualdad, la legalidad, la seguridad jurídica y el pluralismo político. La libertad, la autonomía, la justicia y la solidaridad.

Señala la afirmación CORRECTA sobre los derechos fundamentales y libertades públicas: Todos los derechos reconocidos en el título I vinculan a los poderes públicos con idéntico régimen de protección. Los derechos del capítulo segundo del título I vinculan a todos los poderes públicos y solo pueden regularse por ley, respetando su contenido esencial. Los principios rectores del capítulo tercero son directamente alegables ante los tribunales ordinarios con independencia de su desarrollo legislativo. El recurso de amparo constitucional protege todos los derechos reconocidos en el título I.

De acuerdo con el artículo 81 de la Constitución, son leyes orgánicas: Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, las que aprueban los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución. Todas las leyes que desarrollen derechos y libertades del título I. Las que regulan cualquier materia reservada al Estado por el artículo 149. Las aprobadas por mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto, cualquiera que sea su materia.

En relación con la cuestión de confianza y la moción de censura: La cuestión de confianza debe ser propuesta por el Congreso y aprobada por mayoría absoluta. La moción de censura requiere mayoría simple y puede ser presentada por una décima parte de los diputados. La cuestión de confianza se entiende otorgada cuando obtiene el voto favorable de la mayoría simple de los diputados; la moción de censura exige mayoría absoluta. La moción de censura no necesita incluir candidato alternativo a la Presidencia del Gobierno.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Senado es correcta?. Es una Cámara de representación exclusivamente territorial, sin participación en la función legislativa ordinaria. Puede vetar un proyecto de ley por mayoría absoluta, pero el Congreso puede levantar el veto inmediatamente por mayoría simple. El veto del Senado puede ser levantado por el Congreso por mayoría absoluta o, transcurridos dos meses desde su interposición, por mayoría simple. El Senado no puede introducir enmiendas a los proyectos de ley aprobados por el Congreso.

En relación con la reforma constitucional: La reforma ordinaria requiere siempre mayoría de tres quintos de ambas Cámaras y referéndum obligatorio. La reforma agravada se aplica cuando se propone una revisión total o una parcial que afecte al título preliminar, a la sección primera del capítulo segundo del título I o al título II. La reforma agravada puede aprobarse por mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta del Senado. La iniciativa de reforma constitucional corresponde exclusivamente al Gobierno y a las Cortes Generales.

En el procedimiento de reforma constitucional del artículo 167, si no existe acuerdo entre ambas Cámaras: Se disuelven automáticamente las Cortes Generales. El Congreso puede aprobar la reforma por mayoría de dos tercios si el Senado la ha aprobado por mayoría absoluta. El Congreso puede aprobarla por mayoría absoluta, aunque el Senado la haya rechazado. Se convoca obligatoriamente un referéndum vinculante.

Respecto a la organización territorial del Estado, señala la opción correcta: Las provincias carecen de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad y vela por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar privilegios económicos o sociales. La autonomía de las comunidades autónomas implica soberanía dentro de su territorio.

Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, la lengua propia de la Comunitat: Es el castellano, sin perjuicio del reconocimiento del valenciano como lengua cooficial. Es el valenciano, que tiene carácter oficial junto con el castellano. Es el valenciano, cuyo conocimiento es obligatorio para todos los ciudadanos. Es el valenciano, cuya normativa lingüística corresponde exclusivamente a Les Corts.

¿Cuál de las siguientes instituciones NO forma parte de las instituciones básicas de autogobierno de la Generalitat previstas en el Estatuto?. Les Corts. El president de la Generalitat. El Consell. Las diputaciones provinciales.

En relación con las instituciones de la Unión Europea: El Consejo Europeo ejerce conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y presupuestaria. La Comisión Europea representa exclusivamente los intereses de los Estados miembros. El Parlamento Europeo ejerce funciones legislativas y presupuestarias conjuntamente con el Consejo, además de funciones de control político. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea depende orgánicamente del Consejo Europeo.

Respecto a los reglamentos y las directivas de la Unión Europea: Los reglamentos necesitan siempre una norma nacional de transposición para producir efectos jurídicos. Las directivas son obligatorias en todos sus elementos y directamente aplicables en los Estados miembros. Los reglamentos tienen alcance general, son obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicables en cada Estado miembro. Las decisiones nunca son vinculantes para sus destinatarios.

Según la Ley 39/2015, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Únicamente las personas físicas mayores de edad y las personas jurídicas. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles, así como los menores para el ejercicio y defensa de aquellos derechos e intereses cuya actuación les permita el ordenamiento jurídico sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Los menores de edad únicamente cuando actúen representados legalmente. Las personas físicas, jurídicas y las comunidades de propietarios, en todo caso.

En relación con la obligación de resolver expresamente, señala la respuesta correcta: La Administración está obligada a resolver expresamente todos los procedimientos, salvo los terminados por pacto o convenio. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación, con las excepciones legalmente previstas. La obligación de resolver solo existe en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. La caducidad del procedimiento exime siempre a la Administración de resolver.

Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para resolver y notificar: Será de tres meses. Será de seis meses. Será de un mes. Será de diez días hábiles.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el silencio administrativo tendrá, como regla general: Efecto desestimatorio, salvo que una norma establezca expresamente lo contrario. Efecto estimatorio, salvo que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable establezca lo contrario. Efecto estimatorio únicamente cuando el procedimiento afecte a derechos fundamentales. Efecto desestimatorio cuando la Administración no haya iniciado la instrucción.

De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 39/2015, son nulos de pleno derecho: Todos los actos administrativos dictados fuera del plazo establecido. Los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Los actos que incurran en defectos de forma que no produzcan indefensión.

Un acto administrativo que incurre en desviación de poder será: Nulo de pleno derecho en todo caso. Anulable. Irregular no invalidante. Inexistente jurídicamente.

En relación con la convalidación de actos administrativos: Los actos nulos de pleno derecho pueden convalidarse si no producen perjuicio a terceros. La Administración puede convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. La convalidación produce siempre efectos desde la fecha de la subsanación, sin excepción. Los actos anulables nunca pueden convalidarse.

Cuando los plazos se señalen por días en la Ley 39/2015: Se entiende que son naturales, salvo disposición expresa en contrario. Se entiende que son hábiles, excluyéndose sábados, domingos y festivos, salvo que una ley o el Derecho de la Unión Europea establezca otro cómputo. Se excluyen únicamente domingos y festivos. Se computan desde el mismo día de la notificación.

Si el último día de un plazo es inhábil: El plazo finaliza el día hábil inmediatamente anterior. Se prorroga al primer día hábil siguiente. Se prorroga dos días hábiles. La Administración debe conceder un nuevo plazo completo.

Respecto a la ampliación de plazos administrativos: Puede acordarse una ampliación que no exceda de la mitad del plazo establecido, salvo precepto en contrario. Puede ampliarse siempre el plazo por un período igual al inicialmente establecido. La ampliación puede acordarse una vez vencido el plazo si existen causas justificadas. La ampliación de plazos es un derecho automático del interesado.

De conformidad con la Ley 7/1985, son elementos del municipio: El territorio, la población y la organización. El territorio, la población y las competencias. La población, el término municipal y la autonomía financiera. El territorio, los órganos municipales y la hacienda local.

¿Cuál de las siguientes competencias corresponde en todo caso al Pleno municipal?. La aprobación de la oferta de empleo público. La jefatura superior de todo el personal. La dirección, inspección e impulso de los servicios y obras municipales. La aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Según la Ley de Bases de Régimen Local, el alcalde es elegido: Directamente por los vecinos mediante sufragio universal. Por los concejales o por los vecinos, conforme al procedimiento legalmente establecido. Por el Pleno municipal mediante mayoría absoluta en cualquier votación. Por la Diputación Provincial correspondiente.

En municipios de más de 5.000 habitantes, ¿cuál de los siguientes servicios debe prestarse obligatoriamente?. Protección civil. Transporte colectivo urbano de viajeros. Parque público. Medio ambiente urbano.

El presupuesto general de una entidad local: Tiene carácter anual y está constituido por el presupuesto de la propia entidad, los de sus organismos autónomos y los estados de previsión de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la entidad local. Tiene carácter bienal y comprende únicamente el presupuesto del Ayuntamiento. Tiene carácter anual y comprende exclusivamente los créditos destinados a gastos corrientes. Se aprueba definitivamente por la Intervención municipal.

Si el presupuesto general de una entidad local no se aprueba antes del primer día del ejercicio económico correspondiente: Se produce la suspensión automática de todos los servicios municipales. Se considera prorrogado automáticamente el presupuesto del ejercicio anterior, con las limitaciones legalmente establecidas. Se prorroga el presupuesto anterior sin ninguna limitación. La Diputación Provincial asume temporalmente la competencia presupuestaria.

Según el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en: Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo y personal directivo. Funcionarios de carrera, personal estatutario, personal laboral y personal eventual. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral temporal y personal directivo.

De acuerdo con el TREBEP, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el código de conducta de los empleados públicos es correcta?. Los principios éticos y de conducta constituyen recomendaciones sin consecuencias jurídicas. Los principios éticos y de conducta informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos. Los principios de conducta solo son aplicables al personal funcionario de carrera. El código de conducta únicamente resulta aplicable cuando el empleado público ejerce potestades administrativas.

Una Administración inicia de oficio un procedimiento sancionador. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución, ¿qué sucede?. Se produce silencio administrativo estimatorio. Se produce la caducidad del procedimiento, debiendo acordarse el archivo de las actuaciones. Se produce silencio administrativo desestimatorio. El procedimiento continúa hasta que se dicte resolución expresa, sin límite temporal.

Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, cuando el silencio administrativo tenga efecto estimatorio: La resolución expresa posterior podrá confirmar o revocar libremente el acto presunto. La resolución expresa posterior solo podrá dictarse para confirmar el sentido del silencio. La Administración podrá dejar sin efecto el acto presunto mediante una resolución motivada. El acto presunto carecerá de eficacia hasta su certificación administrativa.

Una persona presenta una solicitud ante un órgano administrativo que considera incompetente. Si el órgano es incompetente por razón de la materia o del territorio: Podrá resolver si existe autorización de su superior jerárquico. Deberá remitir directamente la solicitud al órgano competente, sin necesidad de resolución. El órgano deberá remitir las actuaciones al órgano que considere competente, si pertenece a la misma Administración, de acuerdo con las reglas legales aplicables. Deberá inadmitir automáticamente la solicitud.

En relación con la acumulación de procedimientos administrativos, señala la respuesta correcta: Es obligatoria cuando dos procedimientos tengan idéntico objeto. Puede acordarse cuando exista identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitarlos y resolverlos. Solo puede acordarse a solicitud de los interesados. El acuerdo de acumulación es siempre recurrible de forma independiente.

La Administración concede un plazo de subsanación de diez días a una persona interesada cuya solicitud no reúne los requisitos exigidos. Si no subsana: Se producirá automáticamente la desestimación de la solicitud. Se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución dictada en los términos del artículo 21. Se declarará la caducidad del procedimiento. Se archivará el expediente sin necesidad de resolución.

La revisión de oficio de actos administrativos nulos de pleno derecho: Puede ejercerse únicamente durante los cuatro años siguientes a la fecha del acto. Requiere dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, cuando exista. Puede realizarse libremente sin audiencia de los interesados. Solo puede iniciarse a solicitud del interesado.

¿Cuál de las siguientes circunstancias permite ampliar el plazo máximo de resolución y notificación de un procedimiento?. La acumulación de solicitudes de los interesados, automáticamente. La insuficiencia estructural de personal de la Administración. Que se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles y concurran los requisitos legales para acordarla. La mera conveniencia organizativa del órgano instructor.

En relación con la tramitación de urgencia: Reduce todos los plazos a la mitad, incluidos los relativos a presentación de solicitudes y recursos. Reduce a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a presentación de solicitudes y recursos. Solo puede acordarse a petición del interesado. No puede acordarse en procedimientos iniciados de oficio.

Cuando un interesado rechaza una notificación: Se entiende practicada al día siguiente del rechazo. Se hace constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación, y se tiene por efectuado el trámite. Debe realizarse obligatoriamente una segunda notificación presencial. Se suspende el procedimiento hasta que el interesado acepte la notificación.

En un municipio de régimen común, ¿cuál de las siguientes competencias corresponde al Pleno?. La aprobación de la oferta de empleo público. La aprobación de las bases de las pruebas para la selección del personal. La aprobación de la plantilla de personal. La jefatura superior de todo el personal.

En relación con las competencias municipales propias: Se ejercen siempre bajo la dependencia jerárquica de la comunidad autónoma. Se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas. Solo pueden ejercerse mediante delegación del Estado. Se limitan a las materias expresamente atribuidas por la legislación estatal, sin posibilidad de atribución autonómica.

Un municipio tiene 18.000 habitantes. ¿Cuál de los siguientes servicios debe prestar obligatoriamente?. Transporte colectivo urbano de viajeros. Protección civil. Parque público. Prevención y extinción de incendios.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 7/1985, corresponde al alcalde: Aprobar el reglamento orgánico municipal. Aprobar los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. Aprobar definitivamente el presupuesto general municipal. Aprobar la plantilla de personal.

Respecto a la Junta de Gobierno Local: Existe obligatoriamente en todos los municipios. Existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos cuando así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno. Está integrada por todos los concejales del Ayuntamiento. Sus miembros son elegidos directamente por los vecinos.

En relación con la delegación de competencias municipales: El alcalde puede delegar todas sus atribuciones, incluidas las que la ley declara indelegables. El Pleno puede delegar cualquier competencia en la Junta de Gobierno Local. Las atribuciones que la legislación declara indelegables no pueden ser objeto de delegación. La delegación supone la pérdida de la titularidad de la competencia por el órgano delegante.

La alteración de los términos municipales: Puede producirse libremente mediante acuerdo de los municipios afectados. No puede suponer modificación de los límites provinciales. Requiere siempre autorización de las Cortes Generales. Solo puede producirse mediante referéndum municipal.

El principio de universalidad presupuestaria implica: Que todos los ingresos y gastos deben figurar en el presupuesto, sin compensaciones entre ellos. Que los gastos deben financiarse exclusivamente mediante impuestos. Que los ingresos deben destinarse a financiar gastos concretos. Que los presupuestos de los organismos autónomos deben quedar excluidos del presupuesto general.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la aprobación inicial del presupuesto municipal es correcta?. Corresponde al alcalde mediante decreto. Corresponde al Pleno de la corporación. Corresponde a la Intervención municipal. Corresponde a la Junta de Gobierno Local.

Una vez aprobado inicialmente el presupuesto general de una entidad local: Se somete a información pública durante quince días hábiles, durante los cuales los interesados pueden examinarlo y presentar reclamaciones. Se somete a información pública durante treinta días naturales. Se publica definitivamente sin período de exposición pública. Se remite directamente al Ministerio de Hacienda para su aprobación.

¿Quiénes tienen la consideración de interesados a efectos de presentar reclamaciones contra el presupuesto general?. Exclusivamente los concejales de la corporación. Los habitantes del término municipal, exclusivamente. Los habitantes del territorio de la entidad local, quienes resulten directamente afectados aunque no habiten en dicho territorio y los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente previstas. Únicamente los contribuyentes que acrediten estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

En relación con los créditos presupuestarios de gastos: Tienen carácter limitativo y vinculante, con el alcance establecido en las bases de ejecución del presupuesto. Tienen carácter estimativo y pueden superarse libremente. Pueden destinarse a cualquier finalidad, sin necesidad de modificación presupuestaria. Son ampliables en todos los casos.

El nombramiento de funcionarios interinos puede producirse: Exclusivamente para cubrir vacantes hasta que se provean por funcionarios de carrera. Para alguna de las circunstancias previstas legalmente, entre ellas la existencia de plazas vacantes, sustitución transitoria, ejecución de programas temporales y exceso o acumulación de tareas. Para desempeñar cualquier puesto de trabajo de manera permanente. Únicamente mediante concurso-oposición.

Según el TREBEP, la condición de funcionario de carrera se adquiere mediante el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: Superación del proceso selectivo, nombramiento por el órgano competente, publicación en el diario oficial correspondiente y acto de acatamiento de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico y toma de posesión dentro del plazo establecido. Superación del proceso selectivo, firma del contrato administrativo y alta en Seguridad Social. Superación del proceso selectivo, nombramiento y toma de posesión, sin necesidad de publicación oficial. Superación del proceso selectivo y asignación provisional del puesto.

¿Cuál de las siguientes situaciones constituye una causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera?. La suspensión provisional de funciones. La jubilación parcial. La renuncia a la condición de funcionario, aceptada expresamente por la Administración. El traslado forzoso.

Respecto al régimen de incompatibilidades de los empleados públicos: Pueden desempeñar libremente cualquier segundo puesto de trabajo en el sector público. La compatibilidad para un segundo puesto o actividad pública requiere el reconocimiento previo de compatibilidad en los términos legalmente establecidos. La actividad privada siempre es compatible con el empleo público. El personal funcionario de carrera está excluido del régimen de incompatibilidades.

Según el TREBEP, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la potestad disciplinaria es incorrecta?. Las faltas muy graves prescriben a los tres años. Las faltas graves prescriben a los dos años. Las faltas leves prescriben a los seis meses. Las sanciones por faltas muy graves prescriben a los dos años.

Según el artículo 150.2 de la Constitución Española, el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación: Mediante ley ordinaria. Mediante ley orgánica, previendo en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. Mediante decreto legislativo aprobado por el Gobierno. Mediante acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación.

En relación con el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, señala la respuesta correcta: El president de la Generalitat es elegido directamente por sufragio universal de los ciudadanos valencianos. El president de la Generalitat es elegido por Les Corts de entre sus miembros y nombrado por el rey. El president es nombrado por el Consell mediante mayoría absoluta. El president es elegido por el rey a propuesta del Gobierno de España.

¿Cuál de las siguientes instituciones de la Unión Europea tiene atribuida la iniciativa legislativa con carácter general?. El Parlamento Europeo. El Consejo Europeo. La Comisión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Respecto a la aplicación del Derecho de la Unión Europea: El principio de primacía implica que una norma nacional contraria al Derecho de la Unión aplicable debe dejarse inaplicada en el caso correspondiente. El principio de primacía implica la nulidad automática de toda norma nacional contraria al Derecho de la Unión. Las directivas carecen siempre de efectos jurídicos para los particulares. Los reglamentos europeos necesitan obligatoriamente una ley estatal de incorporación para ser aplicables.